OPINIONES 24/05/2017

Contraloría, Chinchero y Petroperú - Humberto Campodónico
"Despacio que estamos apurados," - Enzo Defilippi
Gobierno Lobista, “Democracia sin partidos” y Ciudadanía - Manuel Dammert Ego Aguirre
Morir matando II - Luis Davelouis
Paisaje desde Chinchero - Mirko Lauer
"Tanto por cinco miloncitos" - Sigrid Bazán
"Una voz de alerta" - Walter Albán
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Contraloría, Chinchero y Petroperú Humberto Campodónico La Contraloría se acaba de pronunciar en forma desfavorable sobre el contrato del aeropuerto de Chinchero y la adenda firmada por el actual gobierno, lo que ha motivado la renuncia del Ministro de Transportes, Martín Vizcarra. Además, se han formulado denuncias penales contra funcionarios del MTC. El resultado final de estos acontecimientos aún está por verse y el gobierno analiza las diferentes alternativas para, de todas maneras, llevar adelante el proyecto, en una situación de alto costo político. En el caso de la inversión en la Refinería de Talara de Petroperú, la Contraloría ha emitido hace poco un informe de seguimiento y monitoreo donde se establece que “no encuentra razones que justifiquen el incremento de los montos de inversión de la Refinería de Talara de US$ 1.335 a 4.155 millones, sin que existan cambios significativos en la capacidad de producción ni en la calidad de los productos finales del proyecto” (1). Agrega la Contraloría que Petroperú debe sustentar adecuadamente los incrementos de la inversión y que no se ha afectado la rentabilidad del proyecto para asegurar que “se generen los beneficios esperados o, en su defecto, determinar si las cifras iniciales eran correctas”. Estos requerimientos de la Contraloría en su Informe de Seguimiento y Monitoreo son claves pues esta debe emitir un Informe Previo a las operaciones de endeudamiento externo tal como lo establece la Ley 28563. Dice la Contraloría que este Informe Previo “no constituye en sí mismo una autorización o aprobación sobre la operación o materia de análisis, sino tiene como propósito cautelar que las operaciones de endeudamiento que se tramiten cuenten con la documentación sustentatoria respectiva y las opiniones favorables de las unidades competentes”. En la situación actual queda claro que este Informe Previo tiene una importancia central. El endeudamiento de Petroperú necesita, además, esta vez sí, la autorización del MEF, como manda el Artículo 40 de la ya mencionada Ley 28563. Esta autorización para emisión de hasta US$ 2,000 millones en bonos fue otorgada el pasado 7 de mayo con la RM 170-2017. Agrega la RM que han opinado favorablemente la Dirección la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público y la Oficina General de Asesoría Jurídica del MEF. El presidente de Petroperú, Eduardo García Rosell, ha respondido a la Contraloría diciendo que los aumentos se justifican porque, en el tiempo, hay diferentes niveles de ingeniería del proyecto. Los primeros análisis de la consultora Arthur D. Little del 2008 fueron hechos bajo un esquema de ingeniería conceptual. Luego se desarrolló una ingeniería básica, después una extendida y, finalmente, una de detalle, donde ya se llega a altos niveles de precisión en los elementos a cotizar. Eso es lo que explica los diferentes montos de inversión del proyecto. Además, Petroperú ha colgado en su Portal Internet todos los contratos firmados con Técnicas Reunidas de España, comenzando por el contrato de ingeniería de detalle firmado en mayo del 2010 (llamado FEED), así como las evaluaciones de la ingeniería y los montos de inversión realizados (con el FEED ya terminado) por Arthur D. Little (2012) y Technip de Francia (2013). Ambos informes dieron opinión favorable. Finalmente, también está colgado el contrato de construcción del proyecto, que fue firmado en mayo del 2014. Para responder a la Contraloría acerca de sus requerimientos de sustentación, García Rosell ha pedido un nuevo informe a Arthur D. Little para que “se encargue de demostrar o no la viabilidad económica, financiera y técnica del proyecto”, el mismo que debiera estar listo en junio (3). Nos parece muy bien. Y en eso estamos. Lo central a entender es que este no es solamente un tema “técnico”. Está ligado a objetivos de mejora ambiental, aumento del valor agregado, aprovechamiento de los recursos, ahorro en importación de combustibles caros, por lo que el proyecto es rentable y clave para la reconstrucción de Piura y para el país por sus impactos directos e indirectos. Y así. Finalmente, debe quedar claro que en la situación actual se necesita no solo el más alto grado de transparencia y una adecuada sustentación ante la Contraloría, sino a la par y también un consenso positivo con los partidos políticos en el Congreso, así como con los académicos, los técnico-profesionales y representantes de la sociedad civil. En ese camino, sería importante que se haga una presentación pública del proyecto, digamos, en el Colegio de Ingenieros del Perú, donde se pueda expresar todas las opiniones. Ese podría ser un buen primer paso que luego sería replicado en otros foros profesionales y académicos. ¿No es cierto? (1) Informe de Seguimiento y Monitoreo de Proyectos N°00003-2017-CG/GCIP, Gestión y Control No. 47, mayo 2017, Contraloría General de la República, www.contraloria.gob.pe (2) Comunicado de Petroperú https://www.petroperu.com.pe/Main.asp?Seccion=3&IdItem=852 (3) Entrevista del16 de mayo https://goo.gl/lW5Kei http://larepublica.pe/impresa/opinion/878881-contraloria-chinchero-y-petroperu ___________________ "Despacio que estamos apurados," Enzo Defilippi Estuve el fin de semana en el Cusco y pude comprobar la decepción que ha causado la decisión del gobierno de resolver el contrato del aeropuerto de Chinchero. No soy un experto midiendo la temperatura política, pero mi impresión es que hay que tener cuidado con los politiqueros que están queriendo lanzarse al estrellato agitando los más retrógrados sentimientos regionalistas. Menudo problema generará el Ejecutivo con esta decisión, la cual aumenta exponencialmente la probabilidad de que el Estado tenga que indemnizar al concesionario ante una eventual demanda ante el Ciadi. En efecto, si en vez de forzar una adenda, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) solicitaba una nueva propuesta de financiamiento y el concesionario no cumplía, hubiese sido sensato resolver el contrato. Ante una demanda, el Estado hubiese podido demostrar que el concesionario no cumplió con presentar una propuesta de financiamiento de acuerdo con lo establecido en el contrato, así como tampoco inició las obras cuando debió hacerlo (diciembre del 2015). Pero no. Para poder justificar la adenda, el MTC cambió radicalmente su posición (la que asumió cuando rechazó la propuesta de financiamiento por considerarla contraria a los intereses del Estado) y consideró razonables los argumentos del concesionario. También se comprometió a transferirle en marzo US$40 millones como adelanto, algo que al final no hizo. ¿Cómo va a poder argumentar el Estado que fue el concesionario quien incumplió sus obligaciones contractuales? Sobre las razones de por qué creo que esta adenda es ilegal, ya he escrito en anteriores oportunidades. Solo añadiré que es tremendamente débil el argumento del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de que la adenda no traslada el riesgo financiero al Estado porque el contrato original ya se lo asignaba. Según este ministerio, el Estado asumió este riesgo al obligarse a repagar al concesionario el costo de la obra más los intereses del financiamiento. Esto no es así. El riesgo financiero de un proyecto lo asume quien tiene que financiar la construcción de la obra (pues corre el riesgo de no poder financiarla), no quien tiene que repagarla cuando ya esté construida. De hecho, los lineamientos de asignación de riesgos del propio MEF lo definen así (RM 167-2016-EF/15). Si este argumento fuese cierto, quien asumiría el riesgo financiero de construir un edificio no sería el constructor sino quienes se obligan a comprar los departamentos una vez construidos. ¿Tiene esto sentido? No lo creo. Es interesante notar que si bien la contraloría no se ha pronunciado sobre el contrato original, sí ha recomendado al Ejecutivo restablecer las condiciones técnicas, legales y económicas consideradas en él. En mi opinión, esto revela que, a su criterio, el contrato sí es implementable, a pesar de los errores que pudiese contener (todos los tienen). Sería una contradicción que haga esta recomendación y luego diga que implementarlo resulta lesivo a los intereses del Estado. Creo que este caso ilustra bastante bien los problemas de querer destrabar inversiones al caballazo. Las obras siguen sin empezar, el Estado será probablemente denunciado ante el Ciadi y una decena de funcionarios tendrán que enfrentar una denuncia penal por apoyar una decisión que, estoy seguro, no tomaron. Ahora, más que nunca, queda claro que hay que ir despacio cuando se está apurado. http://elcomercio.pe/opinion/mirada-de-fondo/despacio-apurados-enzo-defilippi-425567 ___________________ Gobierno Lobista, “Democracia sin partidos” y Ciudadanía Manuel Dammert Ego Aguirre Ante las posibilidades reales de una opción de gobierno patriótica, democrática y popular de cambios ciudadanos en el 2021, el gobierno actual pretende cerrar aún más el sistema político y el Estado a favor de la plutocracia lobista gobernante. En este contexto, he actualizado el Proyecto de Ley 2378-2012, que presenté el 20 de junio 2013, y que plantea la Reforma Democrática Electoral Ciudadana. No fue incorporada en esos años, y se votó en conjunto la ley, manteniendo nuestras discrepancias, pero dando voto a favor por la necesidad general ante un proceso ya en serios problemas. Es urgente cambiar el actual régimen cerrado de “democracia sin partidos”, sujeto al poder y la corrupción de la plutocracia (financiera y mediática). El 2013, el JNE informaba que solo el 20% de los locales partidarios funcionaba. La mayoría de “partidos” inscritos son de membrete y firmas, basados en el clientelaje, y en el corrupto “mercado de firmas”, que activan en cada evento electoral. Estos años han elevado la “barrera de acceso”, pasando de 40,000 firmas a 733,716 firmas (4%) para inscribir, debiendo pagar 2 millones de soles por la verificación. ¡Y lo hacen partidos (AP, APRA, APP, FP, etc.) que entre 2004 y 2012 se inscribieron con 122 o 146 mil firmas! La valla electoral debe ser menor al 1% e incluso, plantean expertos, no exigir firmas. Debe renovarse el sistema de partidos políticos. Reitero tres medidas básicas. Para su reconocimiento deben contar con asambleas fundacionales de comités provinciales, en un porcentaje representativo de militantes y de provincias, reconocidos en asambleas supervisadas por la ONPE, con un mínimo nacional de 6,500 militantes, organizados en comités provinciales activos. Deben realizarse elecciones primarias abiertas y simultáneas, organizadas por la ONPE para que los militantes escojan a sus candidatos. Debe establecerse la publicidad electoral a través de la Franja Electoral en TV, de acceso gratuito e igualitario a los diversos partidos, prohibiéndose la publicidad pagada en TV. Y debe prohibirse y sancionarse drásticamente la compra de votos, y la corrupción del dinero sucio. Estas normas deben hacerse efectivas para todos, e inscribirse con ellas los nuevos partidos para las elecciones futuras, del 2018 y del 2021. http://diariouno.pe/columna/gobierno-lobista-democracia-sin-partidos-y-ciudadania/ ___________________ Morir matando II Luis Davelouis La lista de objetivos estaba definida desde antes de la emergencia. Vizcarra, Basombrío y García. Si tras esto no había mucho alboroto, podían escoger un ministro más y, antes del año, el fujimorismo se habría bajado al menos a cuatro ministros. El costo posible –o probable, ¿qué importa?– era relativamente bajo: faltan cuatro años para las próximas elecciones oficiales y un gobierno que se deja bajar los ministros como calzoncillos sin elástico no tendrá tanto apoyo porque, digámoslo, a nadie le gusta que lo represente un lorna a menos que se ponga a todos al hombro. Y no es el caso. El aeropuerto de Chinchero era –y es– un problema que este gobierno eligió comprarse gratis, así como eligió asumir el costo político de la decisión de defenderlo inexplicablemente con un capital político más bien exiguo y sin operadores ni experiencia. Pues bien, el costo es la cabeza de Vizcarra: con un informe como el de Contraloría –con 10 funcionarios demandados penalmente–, luego de que Vizcarra dijera que todo estaba en orden y, aunque mal hecho, era transparente, el Congreso estaba obligado a censurarlo. Por supuesto, todo esto estaba preparado. El informe hubiera sido la excusa perfecta. Ahora es diferente. No se pudieron bajar a Vizcarra ni manchar su investidura como vicepresidente y entonces exigen su renuncia como manotazo de ahogado. Ahora van por Carlos Basombrío y luego por Patricia García. No hay que confundir el legítimo derecho –y deber– que tiene el Congreso de llamar e interpelar ministros, pero todos sabemos que es solo una excusa para seguir debilitando al gobierno. ¿Para qué? Todavía no sabemos. O sabemos, pero hay profecías que no se mencionan, para que no se cumplan. http://peru21.pe/opinion/luis-davelouis-morir-matando-ii-2282839 ___________________ Paisaje desde Chinchero Mirko Lauer La ruptura del contrato para construir el aeropuerto de Chinchero abre nuevas posibilidades en el tema, y confirma algunas viejas. La obvia es que el gobierno asuma la obra, aunque para eso necesitará una empresa de construcción privada. Otra, que casi no tiene defensores, es olvidarse del proyecto e invertir en ampliar el aeropuerto del Cusco. En el tiempo que ha transcurrido desde que el sueño de Chinchero se puso en marcha algunos sectores del Cusco lo han pensado dos veces. Hoy hay sectores comerciales de la ciudad que han entendido la inconveniencia de fabricarse competidores (hoteles, restaurantes, tiendas) a muy pocas horas de distancia. La rivalidad entre la economía del Cusco y la que se desarrollará en torno de Chinchero, y la que crecerá en Urubamba y otros valles gracias a una mayor proximidad del aeropuerto, es una ruta crítica hacia el conflicto. Sin embargo hoy los propios cusqueños están entre los fans más decididos de Chinchero. Luego están los tiempos. Si la demora en producir una indispensable segunda pista en el aeropuerto Jorge Chávez significa algo, el paso de la maqueta a la realidad en las alturas de Chinchero es algo que este gobierno no va a conocer, y ojalá sí el próximo. Lo cual dará pie a nuevas movilizaciones en la región. El sector privado que conducía el proyecto introdujo la promesa, ciertamente atractiva, de que el nuevo aeropuerto será internacional. Lo cual debería significar más turistas en la zona. Pero el peso y los argumentos de los importantes intereses del negocio turístico de Lima no deben ser obviados en dicha propuesta. La cosa puede demorar mucho. Con la renuncia de Martín Vizcarra el tema de Chinchero se ha consolidado como una papa caliente política y como un generador publicitario, a donde concurren el Congreso, la Contraloría y los políticos de la región Cusco. Esto no va a cambiar en un tiempo previsible, y menos todavía con elecciones regionales-municipales a las puertas. Algo nos dice que los cusqueños harían mejor en esperar sentados la inauguración de un nuevo aeropuerto internacional en Chinchero. Aunque seguiremos viendo las presiones de quienes con claro ánimo especulativo compraron la tierra circundante al proyecto por unos cobres, y las de quienes esperan desguazar el actual aeropuerto del Cusco.Algo nos dice que los cusqueños harían mejor en esperar sentados la inauguración de un nuevo aeropuerto internacional en Chinchero. http://larepublica.pe/impresa/opinion/878879-paisaje-desde-chinchero ___________________ "Tanto por cinco miloncitos" Sigrid Bazán La Contraloría está planteando, en su más reciente informe sobre el caso Chinchero, denuncias penales para más de diez funcionarios involucrados en este contrato por negociación incompatible. ¿Que el contrato de Chinchero y la adenda firmada eran escandalosos? Lo eran. ¿Que de por sí, la construcción de un aeropuerto en este lugar sea una locura? Para muchos técnicos e ingenieros lo es. Fuera de ello, la salida de Vizcarra y el cumplimiento de la vendetta fujimorista es responsabilidad de un gobierno en crisis, que ha terminado de venderse al fujimorismo”. Pero algo igual de evidente, aunque menos comentado, emana desde la Contraloría. ¿Qué está pasando con sus informes? ¿A quién responde el contralor? ¿Cómo (¡y cuándo!) vemos los resultados de su trabajo? Ojo que una denuncia mal planteada puede socavar todo un caso, ya lo hemos visto antes… “Tanto ruido por cinco milloncitos”, esa fue la frase con la que el actual contralor, Edgar Alarcón, minimizó el caso de la frustrada adquisición de 980 computadoras, esas que la gestión de Luz Salgado quiso comprar casi a la medianoche, ¿recuerdan? Yo dudo de que un contralor se exprese así en otras partes del mundo. Lo destituyen al día siguiente. Pero bueno, sigamos en el Perú. ¿Qué le pasó a Luz Salgado, presidenta del Congreso y responsable de esa gestión? ¿No pasó nada porque “solo” eran cinco milloncitos?… pero, esperen. ¿Acaso el contralor Edgar Alarcón no contrató a un ex congresista fujimorista como coordinador parlamentario? Ah, ahora lo recuerdo. Juan Díaz Dios fue nombrado por el mismo contralor para ser gerente de la Oficina de Coordinación Parlamentaria de la Contraloría. Alarcón defendió esta designación a capa y espada, aunque el escándalo pudo más. A menos de un mes de ser nombrado, Díaz Dios renunció solito. Es que era muy evidente, ¿no les parece? Es que ES muy evidente. Los 5 milloncitos por las computadoras, 10 mil solcitos en turrones para los congresistas en su mes morado, canastas de 920 solcitos cada una (cerca de 4 millones en total) para nuestros abnegados parlamentarios… todos estos “gastitos” en la gestión de la fujimorista Luz Salgado como presidenta del Congreso fueron prácticamente pasados por alto en la Contraloría. ¿Por qué, señor Alarcón? ¿Por qué no les dice de una vez a los peruanos algo sobre su corazoncito naranja? Y mientras estas cosas se pasan por agua tibia, ¿qué pasa con el resto, sobre los temas que sí se “trabajan”? ¿Qué pasa con Chinchero? ¿Por qué tantos informes de la Contraloría terminan en el tacho y la mayoría de denuncias no proceden? Porque algunos mamarrachos legales, mal planteados, terminan favoreciendo a la total impunidad… esperemos que no sea el caso. Y esperamos que el contralor de una vez salga y dé la cara, porque al fujimorismo sí no le hace ningún informe, ni siquiera uno mal hecho. http://larepublica.pe/impresa/opinion/878883-tanto-ruido-por-cinco-milloncitos ___________________             "Una voz de alerta" Walter Albán En el contexto de los escándalos de corrupción desatados a propósito del denominado Caso Lava Jato y la actuación de las empresas constructoras brasileñas, cuyos contratos con el Estado Peruano, solo entre los años 2004 y el 2015, suman más de US$17.000 millones (informe Pari), el gobierno del presidente Kuczynski, en uso de las facultades delegadas por el Congreso y a través del Decreto Legislativo 1341 de enero de este año, tomó una muy importante decisión al establecer que los conflictos que surgieran entre empresas contratistas y entidades del Estado (que la ley obliga someter a tribunales arbitrales) serían tramitados necesariamente de manera institucional y no bajo la modalidad de los denominados arbitrajes ad hoc. De esta manera, el gobierno prestó atención a una expresa recomendación de la Comisión Presidencial de Integridad que lideró el ex defensor del Pueblo Eduardo Vega y que, conforme a su mandato, entregó al presidente en diciembre del año pasado un conjunto de propuestas que debían ser ejecutadas para atacar frontalmente los graves problemas de corrupción que nos aquejan. Pues bien, en una decisión ciertamente desconcertante, sin razón aparente y sin que haya tenido lugar un mínimo debate al respecto, en su sesión del 4 de mayo el pleno del Congreso aprobó derogar lo dispuesto por el Ejecutivo y volver a abrir la posibilidad de que las diferentes instituciones del Estado puedan acudir al arbitraje ad hoc. La diferencia es simple, el arbitraje institucional supone acudir a los servicios arbitrales de organizaciones privadas especializadas, que compiten en el mercado en función de los estándares de eficiencia, calidad y apego a reglas éticas, cuyos alcances pueden advertirse en los reglamentos y códigos que regulan su actuación, manteniendo además un registro ordenado de estos procesos. Desde luego, no todas las instituciones arbitrales guardan los mismos estándares o son igual de rigurosas, pero, en todos los casos, las posibilidades de evaluar esa actuación son mucho más accesibles que en el modelo alternativo. En efecto, los arbitrajes ad hoc, más allá de la formalidad de su instalación al inicio del proceso, no guardan mayor obligación que la de entregar copia de su resolución final (el laudo arbitral) al organismo público supervisor (OSCE). En definitiva, es evidente que el procedimiento ad hoc resulta a todas luces opaco y muy difícil de controlar. Por eso no sorprende que, en uno de los pocos estudios realizados al respecto, la Contraloría General de la República constatara que las entidades del Estado acudían en su gran mayoría a los arbitrajes ad hoc (más del 62%) y que de ellos, el Estado resultaba perdiendo más del 70% de las controversias, originando una enorme pérdida de recursos al erario nacional. Por su parte, un informe de IDL Reporteros de diciembre último arrojó fuertes indicios de la existencia de mafias de profesionales dedicados a este negocio. Por esa razón, no se puede soslayar lo que viene ocurriendo en el Congreso ahora. No solamente se trata de la anotada derogatoria que subrepticiamente ha sido aprobada hace poco, sino además de otro proyecto de ley que se viene impulsando en la Comisión de Justicia, por el que se impediría que las instituciones arbitrales puedan establecer exigencias y filtros más rigurosos para evitar que accedan a sus servicios profesionales de escasa credibilidad o idoneidad. El arbitraje ofrece sin duda la posibilidad de resolver los conflictos de una manera más eficiente a la que brinda el sistema judicial ordinario, que arrastra los consabidos problemas de congestión de causas, demora de los procesos o corrupción, generando enorme desconfianza ciudadana en el mismo. Pero los riesgos de deslegitimarlo y atentar contra sus objetivas ventajas, sin embargo, no solamente son potenciales, sino que se verifica que ello viene ya ocurriendo. El Congreso de la República no puede prestarse a este juego y es de esperar, en consecuencia, que entre sus propios miembros surjan voces suficientes para impedir este despropósito. http://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/voz-alerta-walter-alban-425558 ___________________