Clínicas privadas dentro de hospitales públicos - Pablo Lavado
Eliminemos la estabilidad laboral absoluta - Arturo Rodríguez
Incorrecto - Luis Davelouis
Keiko y Alan contra la renovación de la política peruana - Carlos Monge
La normalización de lo abyecto - Jorge Bruce
La sexta demanda, por César Azabache - César Azabache
Llamada para el choro - Mirko Lauer
Todos en la baraja de Odebrecht - Alejandro Ramírez Merino
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Agro para superar la pobreza
Carolina Trivelli
La medición de la
pobreza para el 2016 muestra que los peruanos en situación de pobreza viven
tanto en el área urbana (el 51.5% del total de personas en pobreza) como en
el área rural (48.5%). A pesar de que muchos pobres viven en las ciudades,
59% del total de personas en pobreza se dedica a la agricultura, pesca o
minería. Sobre todo dependen del agro y de sus servicios complementarios
(transformación, transporte, venta de insumos, etc.). El desarrollo de la agricultura
puede tener una fuerte relación con la reducción de pobreza (rural, pero
también urbana), puede generar empleo, mayores ingresos y nuevas
oportunidades para los más pobres.
En el caso de la
pobreza extrema, los que pasan hambre sí o sí, siguen estando en el área
rural (82%). Más del 80% de quienes viven en situación de pobreza dependen
casi (exclusivamente) de la agricultura y la pesca.
Las políticas
orientadas a acabar con la pobreza extrema, a las que como país nos hemos
comprometido, solo serán efectivas si son más que solo políticas sociales
(del Midis, de salud y educación). Exigen un desarrollo rural y del agro que
traiga nuevas oportunidades para los productores, pero también nuevas fuentes
de empleo en el agro y en el sector servicios –transporte, servicios
financieros, comercialización de insumos y productos, asistencia técnica y
mucho más– y que fortalezca las relaciones entre lo urbano y lo rural.
¿Cómo le avisamos
al ministro de Agricultura y a los gobernadores regionales que es su responsabilidad
tomar acciones para que el desarrollo del agro sea parte central de las
políticas para la reducción de la pobreza y erradicación de la pobreza
extrema?
http://peru21.pe/opinion/carolina-trivelli-agro-superar-pobreza-2282550
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Clínicas privadas dentro de hospitales públicos
Pablo Lavado
A principios de
los 90, frente a la escasez de recursos del Estado para resolver los
problemas de salud de la población, se creó la modalidad del llamado
“Servicio de Salud con Tarifa Diferenciada” (STD) como una forma de
autofinanciamiento. El autofinanciamiento consistía básicamente en armar una
especie de clínica privada dentro de un hospital público. Y con el dinero del
privado, mantener lo público.
Las consecuencias
de ese modelo no necesariamente fueron buenas. Dentro de los hospitales
públicos se crearon dos estándares de atención: uno para ricos y otro para
pobres.
Este formato ha
avanzado con los años y naturalmente ha ido deformándose. Listas de espera de
más de cuatro meses para los pacientes pobres, frente a la atención inmediata
para los pagantes. Pobres en ambientes hacinados y con largas estancias
frente a los pagantes con áreas disponibles y con mayor confort.
Ese trato
diferente constituye una discriminación por pobreza y una limitación al
acceso de salud de los que menos tienen.
Felizmente, la
realidad económica de principios de los 90 ha cambiado para bien. El Estado
ha robustecido su economía y ha ido asignando progresivamente mayores
recursos para la salud.
Se han creado el
Seguro Integral de Salud (SIS) y el Fondo Intangible Solidario de Salud
(Fissal) para atender a los sectores sociales menos favorecidos. Además el
SIS y el Fissal han tenido incrementos de presupuesto progresivos y
considerables.
Por ello, es
momento de terminar con esta distorsión de la política de Salud Nacional. El
Estado debe dar la mejor atención posible al ciudadano, sin discriminar
económicamente a ninguno.
Si una persona con
altos ingresos necesita atención de salud en un hospital público, deberá
recibir las mismas condiciones en que son tratados todos los pacientes. No
debe existir ningún tipo de privilegio, porque a fin de cuentas, los pobres
también son pagantes a través del SIS y del Fissal.
Imagínese qué
ocurriría en un mismo colegio público si los alumnos de familias con más
ingresos tuvieran aulas especiales, mejores equipos y profesores mejor
remunerados que el resto de los alumnos del mismo colegio. Ese doble estándar
dentro de una entidad pública es inadmisible.
Desde el año 2008
hasta el 2012, se han dado ocho resoluciones ministeriales para prorrogar el
cierre de estas clínicas privadas dentro de hospitales públicos. Además,
informes de la Contraloría han demostrado ingresos ilegales por algunas
personas y discriminación.
A la fecha, el
funcionamiento de las llamadas clínicas privadas dentro de los hospitales
públicos (STD) no tienen marco legal. Nuestra gestión ha notificado a los
directores de los hospitales públicos para recordarles que ha caducado la
habilitación normativa para brindar el STD. Cada uno de los directores debe
entregar un informe documentado y final de su funcionamiento, poniendo
especial énfasis sobre el uso de los recursos.
Además, se le ha
informado a los directores que el Ministerio de Salud apoyará en todo el
proceso para que las atenciones no se vean perjudicadas y, por el contrario,
estas se puedan ampliar.
Esta adecuación de
la ley debe ser una buena noticia para todos. El acceso a la salud será más
igualitario y el Estado cumplirá mejor su función de garantizar salud para
todos, sin discriminación. Todos los peruanos, independientemente si se tiene
dinero o no, tenemos derecho a gozar de buena salud y a una atención de
calidad.
http://larepublica.pe/impresa/opinion/878148-clinicas-privadas-dentro-de-hospitales-publicos
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Eliminemos la
estabilidad laboral absoluta
Arturo Rodríguez
Cada vez que algún
gobierno de turno anuncia su intención de promover reformas laborales, uno de
los primeros temas que el empresariado pretende poner en agenda es el
referente a la estabilidad laboral, exigiendo, obviamente, su eliminación:
“inhibe la formalización laboral”, “genera sobrecostos laborales”, “retraerá
las inversiones”, entre otros argumentos, propios de una novela de Edgar
Allan Poe (terror).
La estabilidad
laboral fue restituida (para el sector privado Decreto Legislativo 728) desde
el año 2002 en que el TC, interpretando sistémicamente los artículos 1º, 22º
y 27º de la Constitución, declaró inconstitucional el despido arbitrario y
por ende, cabe la reposición del trabajador.
En el ámbito
académico, la estabilidad laboral ha sido diferenciada entre la estabilidad
laboral “absoluta” y la “relativa”, así para el empresariado el modelo de
restitución en el trabajo en caso el trabajador sea despedido
arbitrariamente, es una muestra de “estabilidad absoluta”, calificación
compartida por la mayoría de abogados laboralistas.
Discrepo con dicha
diferenciación, asumir que existe una estabilidad laboral “absoluta” nos pone
a la defensiva, es un término creado para que se acepte que, en otras
palabras, cierto tipo de estabilidad laboral (absoluta) es nociva y por ende
el propio trabajador debe rechazarla.
El profesor
sanmarquino Jorge Rendón Vásquez señala claramente: “En el trabajo
dependiente la estabilidad nunca es absoluta. Si la fuera, el trabajador no
podría ser retirado del empleo aunque cometiera falta grave o se invalidara
para el trabajo, o la empresa tuviera graves motivos que le impidieran
continuar la labor encomendada. El único caso de estabilidad absoluta sería
el del dueño de la empresa registrado como trabajador de esta, que no podría
despedirse a sí mismo, salvo que estuviera loco”.
Es por ello que,
considero, se debe rechazar el término “estabilidad laboral absoluta”, la
misma que como refiriera el maestro sanmarquino en realidad no existe, por el
contrario debemos afirmar la estabilidad laboral a secas, que es
concretamente el derecho de toda persona a tener un empleo digno y no ser
apartado de él sin que exista una causa justa, conforme la propia
Constitución de 1979 disponía en su artículo 48: “El Estado reconoce el
derecho de estabilidad en el trabajo. El trabajador solo puede ser despedido
por causa justa, señalada en la ley debidamente comprobada”.
Retornando una vez
más al maestro Jorge Rendón: “Como todos los derechos sociales, la defensa de
la estabilidad es un deber de los trabajadores y, en particular de los
trabajadores con conciencia de su condición, de su clase y de su poder si se
unieran”, y más en momentos en que el empresariado, de la mano del ministro
de Trabajo, pretenden imponer una nueva reforma laboral precarizadora.
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Incorrecto
Luis Davelouis
Lo he escrito aquí
varias veces: la verdad siempre ofende a alguien y si no ofende a nadie,
entonces no es verdad. Y esto no quiere decir que algo es cierto solo porque es
ofensivo.
Por eso hay tanto
papanatas que cree que ser “políticamente incorrecto” es mentarle la madre a
alguien que no cree lo mismo que él o llenarlo de ad hominem que van de
“maricón” hasta “terruco”. Como siempre, estos ataques dicen más de quienes
los rebuznan que de aquellos a quienes van dirigidos.
Las redes sociales
(pero no exclusivamente) son un permanente recordatorio de i) la generalizada
y deficiente comprensión de lectura que padecemos; ii) la paupérrima
capacidad argumentativa de quienes participan en el debate público,
incluyendo periodistas y padres de la patria que rebotan mensajes de odio,
insultos y ataques difamatorios (o que son presidentes de comisiones y
adelantan opinión, señora Bartra, buenos días); iii) la brutal intolerancia
que se expresa en lo anterior ante la mínima expresión que no esté alineada
con otra o que algún grupo perciba como ofensiva. La incorrección política
es, en realidad, una vieja incomprendida. Afirmar todo esto es políticamente
incorrecto.
Ser políticamente
incorrecto es llamar a las cosas por su nombre aun si esto puede acarrear
consecuencias no deseadas pero posibles. Políticamente incorrecto es decirle
a tu mejor amigo “no me gusta tu enamorada porque te va a hacer puré”;
preguntar por qué en el FA solo Arana es capaz de llamar dictador a Maduro;
es tener amigos en la Presidencia del Consejo de Ministros y aún así
cuestionar el adefesio del contrato del aeropuerto de Chinchero y la adenda;
es preguntar por qué los fiscales que viajaron a Brasil no le pidieron a
Marcelo Odebrecht que les diga qué significa AG Olmos.
http://peru21.pe/opinion/luis-davelouis-incorrecto-2282565
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Keiko y Alan contra la renovación de la política
peruana
Carlos Monge
El debate sobre la
reforma electoral está que arde. Los organismos del Sistema Electoral y el
Poder Ejecutivo han presentado iniciativas que apuntan a la renovación de la
política, a democratizar la toma de decisiones internas en los partidos y a
controlar el uso de dineros sucios en las campañas electorales.
Las propuestas del
fujimorismo y el APRA apuntan en la dirección contraria, manteniendo o
incrementando la valla del 4% del padrón para registrar nuevos partidos,
permitiendo que lavadores de activos o intereses privados financien las
campañas y que las direcciones partidarias manejen las elecciones internas.
En el caso de la
valla electoral, la experiencia nacional e internacional es que logran
registrarse quienes tienen abundantes recursos para montar maquinarias de
recojo de firmas, y para también comprarlas a cambio de regalos.
Está demostrado
también que lograr el registro no es lo mismo que tener funcionamiento real.
Hoy día hay varios “partidos” registrados que en realidad no existen, pues ni
tienen militantes organizados ni tienen organismos territoriales o
sectoriales.
La alternativa es
eliminar el requisito de las firmas o rebajar sustantivamente la valla, y al
mismo tiempo ser más exigentes con los requisitos para permanecer como
partido legalmente registrado.
Pero, ¿qué hay
detrás de estas propuestas opuestas a lo que en verdad hay que hacer? Miedo.
Lo que hay es miedo. Miedo a que nuevos partidos como el Movimiento Nuevo
Perú y el Partido Morado logren su registro. Miedo a que Verónika Mendoza y
Julio Guzmán participen en el 2021.
Si había alguna
duda de que esta es la motivación de Keiko y Alan, el congresista aprista
Mauricio Mulder la ha disipado al proponer que –además de mantener la valla
alta- se exija que los nuevos partidos logren su registro tres años antes de
participar en una elección. Es decir, que para participar en el 2021, Mendoza
y Guzmán tendrían que registrar al Movimiento Nuevo Perú y al Partido Morado
en este año 2017.
Esa es la madre
del cordero. Quieren cerrar el sistema político. No quieren competencia. Esto
hay que denunciarlo y hay que derrotarlo.
http://diariouno.pe/columna/keiko-y-alan-contra-la-renovacion-de-la-politica-peruana/
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La normalización de lo abyecto
Jorge Bruce
En una suerte de
aceleración cuesta abajo o de regresión permanente, la sociedad peruana se
levanta cada mañana un poco peor que el día anterior. Y se adapta. La
censura, aberrante por donde se la mire, al ministro Saavedra, fue el
campanazo que dio inicio a la temporada del absurdo. El Banco Mundial se
apresuró a contratarlo para el cargo más importante en educación, pero ese
consuelo no nos sirve de nada y a Fuerza Popular le es ancho y ajeno.
El indulto al
dictador encarcelado, Alberto Fujimori, se discute como si fuese lo más normal
del mundo. El Gobierno se contradice al respecto día por medio y nosotros nos
vamos acostumbrando a la incoherencia. Adaptación, decía. Laura Bozzo regresa
y vocifera sus habituales mentiras y despropósitos. Como si todos hubiésemos
caído en una súbita amnesia. La fobia ultraconservadora contra los grupos
LGTBI es ahora un tópico. Pastores, sí pastores, religiosos los estigmatizan
y algunos, como el infame Rodolfo Gonzales Cruz, señalado por Pedro Salinas
en La República, piden a gritos que se los mate.
Hay una evidente
colusión entre políticos conservadores y pusilánimes, a fin de permitir
“excesos” con tal de conservar sus cuotas de poder. Exactamente como funciona
un síntoma psicopatológico o una elección peruana: siguiendo la estrategia
del mal menor.
Por eso no sería
raro que censuren al ministro Basombrío, precisamente porque lo está haciendo
bien. Enfrentarse a las mafias, fuera y dentro del sector Interior es una
tarea hercúlea. Pero como el ministro es caviar, según los exiguos criterios
políticos que hoy regulan el funcionamiento del Congreso, hay que bajárselo.
O a Vizcarra. Lo que se requiere es un trofeo, una cabeza que será colgada
como la de un jabalí en el hall de los Pasos Perdidos.
El bien común, los
intereses de la sociedad, no tienen la menor importancia. Peor aún, son un
estorbo para los designios de un grupo político incapaz de hacer el duelo de
su derrota presidencial, carente de brújula en cuanto a las acuciantes
necesidades del Perú en estos tiempos de estancamiento económico.
Por abajo, en el
submundo de las redes sociales, el trabajo de lo negativo, como lo llamó el
psicoanalista André Green, entra en ebullición. El odio, los agravios, las
calumnias, el lenguaje cada vez más procaz y violento contra el otro, atacan
la posibilidad de pensar y argumentar. La enrarecida atmósfera de corrupción
que nos llega, como una peste aparentemente nueva –siempre estuvo entre
nosotros en realidad– favorecen esta normalización de lo abyecto.
Es entonces
urgente advertir que si no resistimos, esa tendencia a sobrevivir a cualquier
precio, que en política se conoce como “malmenorismo”, será nuestro hábitat
de manera estable. Claro, estable hasta que llegue el próximo huaico y arrase
con esa combinación letal de resignación, conformismo y cobardía. Esto
significa que si no reaccionamos ahora, lo único seguro es que nos aguarda
alguna salida extrema. Ustedes elijan de qué variante estamos hablando.
http://larepublica.pe/impresa/opinion/878147-la-normalizacion-de-lo-abyecto
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La sexta demanda, por César Azabache
César Azabache
La demanda
presentada el viernes por Liza Ramos supone el sexto intento por provocar una
revisión a la condena impuesta a Alberto Fujimori en abril del 2009. No creo
que Ramos ignore que todas las razones por las que pide esta nueva revisión
fueron ya desestimadas por el Tribunal Constitucional en la sentencia del 3
de mayo del 2016. Tampoco creo que ignore que también fueron desestimadas por
una sala de la Corte Suprema, presidida por el juez Javier Villa Stein, en
noviembre del 2014.
Cuestiones legales
complejas como la cosa juzgada son ahora parte de nuestro vocabulario
cotidiano. Entonces, es simple entender que demandar sobre algo que ya fue
resuelto por los tribunales solo funciona cuando tenemos un hecho nuevo que
proponer. Ramos no lo tiene y estoy seguro de que lo sabe. Y aunque no sea
claramente ilegal, es por lo menos extraño que le pida al Tribunal
Constitucional revisar una condena que fue ratificada por la Corte Suprema
hace más de siete años.
Debo entender
entonces que Liza Ramos supone que puede desvincularse de todos los límites
legales que impiden que su caso prospere. Pero, ¿cómo podría escabullirse de
tantos obstáculos?
Ramos puede
intentar que una sala penal, es decir, un tribunal de segunda instancia,
acepte contradecir al Tribunal Constitucional y a la propia Corte Suprema, y
anule la condena que cumple ahora Alberto Fujimori. Extraño, ¿verdad? ¿Por
qué podría pasar esto? Puede pasar, en teoría, porque nuestro ordenamiento
legal tiene una antigua regla que declara que los casos sobre hábeas corpus
pueden terminar de forma definitiva si un tribunal de segunda instancia
ampara la demanda y da la razón al solicitante.
En realidad, en
agosto del 2010, después de un largo debate, el tribunal limitó los alcances
de esta regla, declarando que él mismo puede intervenir siempre que un caso
fuera especialmente grave de acuerdo a la Constitución, sin límites. Por no
observar este cambio, la defensa de Nadine Heredia fracasó en su intento por
anular las investigaciones sobre sus ingresos empleando la decisión de una
sala penal. En esa oportunidad, la Fiscalía de la Nación pidió la
intervención del Tribunal Constitucional, el TC se declaró competente para
intervenir y autorizó, anulando la decisión de la sala penal, que las
investigaciones continúen.
Entonces Ramos no
solo debe lograr que una sala penal decida contradecir al Tribunal
Constitucional y a la propia Corte Suprema. Además debe lograr que el
Tribunal Constitucional decida no aplicar al caso la sentencia de mayo del
2016. Pero aunque parezca una cuestión de ciencia ficción, el objetivo no es
imposible.
En el telón de
fondo de este caso hay otro que interfiere de manera absoluta en el decurso
de los hechos. Hace solo unas semanas, cuatro magistrados del Tribunal
Constitucional han sido denunciados ante el Congreso por haber modificado una
parte de la sentencia del TC en el caso El Frontón. En abril del 2016,
atendiendo una serie de recursos propuestos por tres ONG y una procuraduría
sobre los alcances de la sentencia, los cuatro magistrados en cuestión
decidieron interpretar el sentido del voto escrito del señor Vergara Gotelli,
uno de los magistrados que había firmado la sentencia original. El caso es
muy serio porque las sentencias de los tribunales deben considerarse
intangibles. Además, una revisión minuciosa de los documentos del caso
muestra que el TC podría no estar en posición de defender la modificación de
esta sentencia ante el Congreso.
Pues bien, estos
cuatro magistrados votaron en contra de Fujimori en mayo del 2016. Y mientras
el caso El Frontón esté abierto, podría ser mejor que se abstengan de
intervenir en el nuevo proceso.
Pero uno de los
otros tres magistrados del TC, el señor Óscar Urviola, ha cumplido su período
y puede ser reemplazado en cualquier momento. Otro de ellos, el señor Ernesto
Blume, votó en contra del caso Fujimori en mayo del 2016. Pero el último, el
señor José Luis Sardón, votó a favor. Entonces, si el Congreso reemplaza al
señor Urviola, el nuevo designado podría terminar tomando la decisión final
del caso en una sala de tres miembros.
Para evitar una
situación como esta, el Congreso debería abstenerse de modificar la
conformación del Tribunal mientras se está discutiendo este caso. Pero,
además, el Tribunal debería dejar sin objeto la denuncia que ahora afecta a
cuatro de sus miembros. ¿Cómo lograr esto? Es muy sencillo, hay que anular el
procedimiento por el que se modificó la sentencia del caso El Frontón. A fin
de cuentas, esa sentencia jamás debió modificarse. Resuelto el caso El
Frontón los riesgos de interferencias desaparecen y el TC podrá tomar una
decisión definitiva sobre el caso Fujimori libre de interferencias y
sospechas.
Claro, si pasa
esto, el caso Fujimori será desestimado inevitablemente.
Es que el caso
Fujimori merece una solución final. Pero no por este camino.
http://elcomercio.pe/opinion/columnistas/alberto-fujimori-sexta-demanda-cesar-azabache-424963
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Llamada para el choro
Mirko Lauer
Los robos de
celulares son una epidemia mundial, con cifras ubicadas en los cientos de
miles por año en cada país. Los especialistas informan que el atractivo no
está en la información que estos aparatos contienen, sino en su valor de
reventa, el cual es alto, pero no tanto como para producir una persecución en
serio de los rateros.
Pero a la vez el
precio de un teléfono inteligente no es tan bajo como para desanimar la
compra de ejemplares robados. Con lo cual muchas de las víctimas se suman al
círculo delictivo y salen a buscar un aparato robado. Las cifras sugieren que
los aparatos no son cuidados precisamente como oro: el descuido es una buena
parte de la historia.
Los equipos pasan
su vida sostenidos al extremo de una mano, con la mirada o el oído del
propietario concentrados en ellos, lo cual produce una indiferencia al
entorno. Son, entonces, objetos extraordinariamente arranchables, es decir
fáciles de robar. Que el robo sea fácil no significa que deje de ser
violento, incluso fatal.
Los intentos de
atajar la epidemia van desde la creación de un registro de la propiedad hasta
recursos tecnológicos para neutralizar el botín. Pero a la fecha ni aquí ni
en ningún otro país la batalla está dando resultados significativos. Los
números se reducen, pero siguen siendo irritantemente altos. Todavía no ha
aparecido el invento decisivo.
Un aspecto notable
del problema es el verdadero ejército de rateros que se desplaza cada día
para producir los centenares de teléfonos robados, mediante un abanico de
modalidades que van de lo sutil a lo violento. El robo en las calles
evidentemente se ha concentrado allí, en lo que es un mercado particularmente
líquido y lucrativo.
No ha ayudado el
que los teléfonos inteligentes se hayan ido sofisticando y subiendo de precio
con los años. Incluso entre los sectores populares son una inversión
importante, y en ello han reemplazado lo que fueron algunas prendas de vestir
como símbolo de status. En conjunto representan, pues, un enorme capital
suelto en plaza y poco protegido.
La mejor solución
hasta el momento parece ser no sacar al teléfono a pasear a la calle. Aunque
no tener un teléfono que entregar al ratero puede ser peligroso.
http://larepublica.pe/impresa/opinion/878144-llamada-para-el-choro
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Todos en la baraja de Odebrecht
Alejandro Ramírez Merino
Pueden llamarlo
terremoto, huracán, tsunami, o como quieran. Pero la verdad es que el caso
Odebrecht es una caja de Pandora repleta de corrupción y que amenaza arrasar
con la mayoría de personajes de la vieja y caduca clase política nacional.
La noticia que ha
remecido recientemente el ambiente político, han sido las declaraciones de
Marcelo Odebrecht, quien reveló que su constructora apoyó económicamente-en
el 2011 las campañas presidenciales de Keiko Fujimori y Mercedes Aráoz. Esta
última, hoy PPkausa, era la candidata del Apra. La fuente de esta declaración
es IDL Reporteros, que afirma que el ex CEO de la constructora brasileña hizo
estas declaraciones durante el interrogatorio al que fue sometido por la
fiscalía peruana, el pasado lunes.
De comprobarse
esta grave acusación se estaría ratificando que casi todos los referentes
políticos del país estarían comprometidos en la baraja de corrupción de
Odebrecht. Antes, Marcelo Odebrecht ya había confesó que financió con 3
millones de dólares la campaña presidencial de Ollanta Humala, haciendo la
salvedad que dicho depósito había sido una “colaboración ideológica”.
Lo gracioso en
torno a estas graves denuncias, es la actuación cínica, propia de un
caradura, que adopta el expresidente Alan García cada vez que es aludido como
partícipe del sistema corrupto de Odebrecht. Poco le falta decir que él es
“San Alan”, un “angelito” que jamás recibió coimas, cuando las sospechas y
evidencias de corrupción en este caso, y su pasado, lo delatan.
Suena raro, pues,
que funcionarios de mando medio de su segundo gobierno estén presos por
corrupción en la construcción del tren eléctrico y que García esté libre
diciendo que no “sabía nada”. ¿Tanto poder tenían aquellos funcionarios de
bajo nivel para actuar como Pedro en su casa sin que Alan esté enterado? Eso
no es creíble bajo ningún punto de vista. García tarde o temprano tendrá que
rendir cuentas sobre este caso y sus acciones distractoras de nada le
servirán. A otro perro con ese hueso, señor García.
Siguiendo con el
caso Odebrecht, es lamentable que este no solo alcance a los principales
líderes de los partidos políticos y funcionarios de varios gobiernos, sino
también a los caudillos de los movimientos regionales del país. Así tenemos
el caso del exgobernador del Callao, Félix Moreno, recientemente encarcelado,
y del exgobernador regional del Cusco, Jorge Acurio, quien ha sido detenido
hace unos días. Lo malo es que no son los únicos. En los próximos días
veremos desfilar muchos más por los calabozos del Ministerio Público.
En junio, por
ejemplo, se anuncia una larga lista de delaciones desde Brasil sobre el caso
Odebrech, que comprometería a personajes políticos, empresarios y
funcionarios públicos. De ser así, a la orden de captura del expresidente
Alejandro Toledo, les seguirían Ollanta Humala, Alan García y hasta el propio
presidente Kuczynski, lo que pondría en jaque la gobernabilidad del Perú, al
mismo estilo de lo que está sucediendo en Brasil con la investigación por
corrupción contra el presidente Michel Temer.
Finalmente,
diremos que el escándalo Odebrecht no lo para nadie. Y si a esto le agregamos
que la Fiscalía de la Nación se encuentra en manos del respetable fiscal
Pablo Sánchez y el Poder Judicial a cargo de un notable magistrado como
Duberlí Rodríguez, nos hace abrigar esperanzas de que por fin se hará
justicia, caiga quien caiga. Por la salud moral del Perú y el desarrollo de
nuestra patria, esperamos que así sea.
http://diariouno.pe/columna/todos-en-la-baraja-de-odebrecht/
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