OPINIONES 03/03/2017

Escondida: Huelga en una de las mayores minas de cobre del mundo  Franck Gaudichaud
Hora de meterse con ellos - Marco Sifuentes
JAVIER VILLA STEIN - Luis Davelouis
La cuestión de confianza de PPK - Augusto Álvarez Rodrich
Modelo económico y corrupción - Germán Alarco Tosoni
No sólo de gasoductos vive el hombre - Iván Alonso
Otro delito interminable - Mirko Lauer
Que se vayan todos en código pasivo - Juan de la Puente
Tres urgencias: inseguridad, corrupción y trabajo - Santiago Pedraglio
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Escondida: Huelga en una de las mayores minas de cobre del mundo Franck Gaudichaud Desde el pasado 9 de febrero 2.500 trabajadores están en huelga en la mina «Escondida», situada en el norte de Chile. En manos de dos gigantes del sector privado, BHP Billiton y Río tinto PLC (capitales anglo-australianos), Escondida es la mayor productora de «oro rojo» del mundo con la extracción de 900.000 toneladas anuales, es decir, el 20 % de la producción chilena (nación que posee la principal reserva mundial de este mineral). Frente al anuncio de una huelga «ilimitada», el grupo empresarial paralizó las actividades de la mina alarmando a los especuladores de la Bolsa de Londres. A pesar de las amenazas del presidente de la mina, Marcelo Castillo, y la presión del Gobierno de Michèle Bachelet (socialista), los mineros mantienen su postura y han establecido un piquete de huelga por turnos y un campamento en el exterior de la mina (a 3.100 metros de altitud en pleno desierto de Atacama), después de haber reunido un importante fondo de apoyo solidario. El ministro de Economía, Rodrigo Valdés, no ha esperado para denunciar esta lucha y legitimar a las transnacionales: «esta huelga podría afectar más gravemente al Producto Interior Bruto que los incendios forestales –los más graves de la historia de Chile- que asolaron el país a finales de enero». Fue después de romper las negociaciones colectivas y frente a la tozudez de la empresa cuando el principal sindicato de Escondida se lanzó a la huelga con la reivindicación principal de una revalorización de los salarios, mientras el precio del cobre ha conocido un aumento del 27 % en 2016 y se prevé que seguirá subiendo al mismo ritmo hasta 2020, para mayor beneficio de los accionistas extranjeros. «Lo mínimo que pedimos –reiteró el dirigente del sindicato Jaime Thenoux– es poder mantener los beneficios del convenio colectivo actual», en particular para los jóvenes mineros que se acaban de incorporar a la plantilla de Escondida. Una posición estratégica en el neoliberalismo... La orientación de las empresas mineras en los últimos años ha sido siempre buscar cada vez más flexibilización laboral, mientras miles de empleos fueron suprimidos por los numerosos subcontratistas. Por su parte el sindicato número uno de Escondida exige un aumento salarial del 7 % y un bono excepcional de alrededor de 38.000 dólares por persona. Aunque a menudo se califica a los mineros de «aristocracia obrera» debido a sus altos salarios en comparación con la inmensa mayoría del pueblo chileno, esos trabajadores tienen que soportar condiciones de trabajo extremas y peligrosas. Y sobre todo es la posición estratégica que ocupan en la economía «primo-exportadora» neoliberal del país la que da un gran peso a sus resistencias y reivindicaciones. En un contexto de fuerte atomización del movimiento sindical y obrero, heredada de la dictadura y de 25 años de modelo ultraliberal (administrado en gran parte por las fuerzas social-liberales de los gobiernos de la Concertación), esta huelga podría señalar el camino de futuros conflictos de clases. Sobre todo cuando la Central Unitaria de los Trabajadores (CUT) continúa en manos de una burocracia poco legítima y ampliamente cooptada por los partidos del Gobierno (entre los cuales se encuentra el Partido Comunista). En los últimos días ronda el fantasma de la gran huelga de Escondida de 2006, para disgusto de los medios conservadores y de la patronal. Aquel severo conflicto, que duró 25 días, hizo temblar al sector minero mundial y contribuyó a la revitalización sindical en todo el país. En su época Salvador Allende señaló hasta qué punto el cobre representa el «sueldo de Chile». En la actualidad estos recursos están de nuevo ampliamente en las manos del capital transnacional: en estas condiciones los llamamientos a la renacionalización de los recursos mineros bajo control democrático de la población y de los asalariados resuenan con fuerza. (Traduccion: Caty R.) http://rebelion.org/noticia.php?id=223604 https://npa2009.org/actualite/international/chili-greve-dans-lune-des-plus-grandes-mines-de-cuivre-du-monde ___________________ Hora de meterse con ellos Marco Sifuentes ¿De qué le sirvió a PPK humillarse públicamente delante de Fujimori y Cipriani? ¿Recuerdan? Pasó hace solo un par de meses. El presidente de la República se puso literalmente de rodillas con las cabezas visibles de los movimientos político y religioso que lograron la censura de su ministro más popular, Jaime Saavedra. ¡Estadista! Dijeron varias voces interesadas entonces. Dos meses después, la alianza conservadora vuelve a poner a este débil gobierno –que jamás se recuperó de la batalla por Saavedra– contra las cuerdas. Mañana tendremos una marcha que enarbola exactamente el mismo discurso por el cual tuvimos la crisis a fines del año pasado. Lo único que consiguió PPK arrodillándose fue posponer el enfrentamiento. Pésima estrategia. En ese momento podría haber aglutinado fuerzas alrededor suyo. Haber planteado cuestión de confianza, como se le insistió. No lo hizo. Ahora –con Odebrecht y Chinchero encima– a PPK lo tienen como en aquella célebre fotografía de su primera campaña. Y han empezado a apretar. Esta semana, la nueva ministra de Educación fue llevada al Congreso para ser maltratada por congresistas fujimoristas evangélicos. Quizás las formas hubieran sido lo de menos si las preguntas hubieran tenido algún tipo de asidero con la realidad. Pero no. La congresista Nelly Cuadros (mucho gusto), entre otras cosas, recriminó a la ministra la existencia de un decreto legislativo que sanciona “con pena privativa de la libertad a aquellos padres o personas que no estén de acuerdo con la ideología de género”. Pero no solo eso. El especialista sobre el fenómeno evangélico Juan Fonseca alerta de las giras nacionales de los voceros de #ConMisHijosNoTeMetas. Por ejemplo, “Pregón”, el diario judicial de Apurímac, reseña acríticamente una conferencia de prensa sobre la “ideología de género” que dio la vocera fundamentalista Beatriz Mejía en Abancay. Según Mejía, el gobierno pretende implementar “normas para que los niños puedan cambiarse de sexo a los 11 años” y que, con ese fin, se les repartirán hormonas femeninas (producidas en un “megalaboratorio” chileno por órdenes de Bachelet). Además, “para evitar que las niñas de 11 años queden embarazadas serán también obligadas a consumir píldoras anticonceptivas, preservativos, píldora del día siguiente” que causan cáncer. Mañana marchará mucha gente que genuinamente cree todas estas idioteces. A la cabeza, manipuladores que tienen intereses esencialmente políticos. Han conseguido distorsionar el debate. Es imposible desarmar argumentos cuando estos no son tales sino una sucesión de mentiras y cuentos de terror, machacados una y otra vez por todo el territorio nacional y con aliados en los medios masivos de más llegada a los sectores populares. Por eso resultan francamente candorosos los videos para Facebook que han grabado algunos miembros del Gabinete. No menospreciemos la marcha de mañana: será la encarnación y el resumen del espectro ideológico conservador, que no tiene a nadie que les haga frente articuladamente. Nadie que, en serio, se meta con ellos. http://elcomercio.pe/opinion/rincon-del-autor/hora-meterse-ellos-marco-sifuentes-noticia-1972976 ___________________ Javier Villa Stein Luis Davelouis Desde 1999 defendía en sus columnas a los delincuentes Calmell del Solar y a Moisés Wolfenson, quienes vendieron las líneas editoriales de sus medios a Montesinos. Fue asesor de Blanca Nélida Colán y Víctor Joy Way, condenados ambos por corrupción durante el fujimorato. En 2009, siendo presidente del Poder Judicial, Javier viajó a El Salvador representando al Poder Ejecutivo (Alan García). Ratificó el archivamiento del caso de falsificación de firmas de Perú 2000 (fallo de un juez montesinista) y anuló los cargos de malversación de fondos contra varios funcionarios del fujimorato. Anuló el juicio contra Dionisio Romero por tráfico de influencias pese a los ‘vladivideos’ en los que aparece conspirando con Montesinos. Tras firmar varios convenios con el entonces presidente regional de Áncash –hoy preso por corrupción– para la construcción del edificio de la Corte Superior y la compra de camionetas para los jueces, se negó a asistir a la comisión investigadora del Congreso alegando “independencia de poderes”. También impidió que declararan sus colegas. Absolvió al ex ministro aprista Aurelio Pastor del delito de tráfico de influencias por pedirle S/60 mil a la alcaldesa de Tocache para ayudarla con sus problemas legales usando sus influencias. Ella grabó la conversación, pero Villa Stein dijo que Pastor solo estaba trabajando. En setiembre de 2016, Villa Stein absolvió a Elsa Cjuno, quien había captado a una niña de 14 años para ponerla a trabajar como dama de compañía en un bar de mineros ilegales en Madre de Dios. Como Cjuno le sugirió una única vez a la menor que se acostara con ellos y como ser dama de compañía no cansa porque solo hay que estar sentado, Villa Stein dejó ir a la tratante de menores. Mientras estuvo en el PJ, el patrimonio de Javier se incrementó en S/2 millones. http://peru21.pe/opinion/luis-davelouis-javier-villa-stein-2272677 ___________________ La cuestión de confianza de PPK Augusto Álvarez Rodrich El presidente Pedro Pablo Kuczynski se ha puesto fuerte ahora, ante la inminencia de que el congreso se tumbe, con Martín Vizcarra, a otro ministro, pero si hubiera hecho lo mismo cuando censuraron a Jaime Saavedra, otra sería la relación de respeto frente a un parlamento faltoso. El problema debe verse en dos planos. El primero es el del propio proyecto del aeropuerto de Chinchero, el cual ha sido manoseado de tal modo que ya parece que no despegará. El contrato original –firmado por el gobierno previo– fue impreciso y, por ello, mal hecho. El de PPK quiso, en medio de las presiones, encontrar la manera de sacarlo adelante, pero mal y con tantas marchas y contramarchas que ya parece hundido. Ahora el gobierno ha decidido no desembolsar ningún adelanto hasta que la contraloría culmine un informe –no antes de tres meses– y no descarta anular el contrato de concesión. Lo anterior busca desactivar la censura en progreso al ministro Vizcarra, pero parecería que el congreso quiere, igual, llegar hasta las últimas consecuencias con el apoyo del fujimorismo, el Apra y Acción Popular. La defensa de Vizcarra es, en este contexto, crucial no solo por ser el segundo ministro que se tumbarían, sino por ser el primer vicepresidente, uno de los ‘seguros’ de los que PPK habló en la campaña. Su caída debilitaría aún más al presidente. Todo esto plantea, de paso, la inconveniencia de poner en cargos con riesgo político a un vicepresidente que, como la llanta de repuesto, es mejor no exponer al desgaste. Frente a ello, PPK advirtió ayer que “yo haré cuestión de confianza, eso sí no lo dudo, porque aquí una cosa es hacer preguntas sobre un proyecto en Chinchero, que es un buen proyecto, y otra cosa es hacer acusaciones absolutamente falsas”. Eso es lo que Kuczynski debió haber hecho en diciembre ante un congreso infectado por intereses privados de algunas universidades con bancada, que amenazó al gobierno con tumbarle a un ministro que estaba haciendo bien las cosas, y todo lo que recibió como respuesta fueron titubeos y una actitud vacilante. Si PPK le advierte al congreso que, si insiste en tumbarse ministros, puede ser disuelto –siguiendo el rigor constitucional–, habría otra actitud por parte de varios de los desorientados ganapanes con curul que solo quieren pasar por caja a fin de mes. No son todos, ciertamente, pues ahí hay gente capaz, pero de esos hoy abundan en el congreso, sobre todo en el fujimorismo, algo comprensible por su alto número de parlamentarios. http://larepublica.pe/impresa/opinion/853231-la-cuestion-de-confianza-de-ppk ___________________ Modelo económico y corrupción Germán Alarco Tosoni Los poderes económicos y mediáticos están desesperados en buscar explicaciones a la corrupción que no comprometan al sistema de las asociaciones público privadas (APP), al modelo económico y a la tecnocracia. Circulan diversas hipótesis. Nos llamaron la atención las planteadas por el presidente de la mayor empresa de encuestas de opinión del país, la del presidente de la primera empresa de consultoría nacional y del último viceministro de Economía del gobierno anterior. La lista de mentiras y argumentos falaces es larga. Según el primero, la megacorrupción fue impulsada por una alianza infame entre los líderes del Foro de Sao Paulo y empresas mercantilistas brasileras que se beneficiaron de la falta de ética de políticos populistas y técnicos de segundo nivel en el Perú. Para los otros, el problema radica en una institucionalidad débil; asimismo, de que los problemas de corrupción son mayores en la inversión pública directa que en las APP y que los problemas en estas últimas son casos puntuales. De partida, Farid Kahhat recordó que los proyectos IIRSA se plantearon durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, a los que se unió Fujimori en agosto del 2000, dos años y medio antes de que Lula llegara al gobierno. En segundo lugar, habría que preguntarnos de qué gobiernos populistas se habla: ¿García II, Toledo y Humala? Si esto es cierto habría que buscar una nueva definición del término. Por último, ¿acaso los ministros que firmaron los contratos y las adendas de los proyectos aludidos fueron funcionarios de segundo nivel? Hay diversos argumentos falaces. Falacia de distracción cuando se cambia el tema a la corrupción de los años ochenta (que nadie niega). Tampoco hay que olvidar sus mayores niveles en los noventa. Tenemos una falacia por autoridad cuando se repite que el actual sistema de APP incorpora las mejores prácticas de la OCDE, ¿cuáles en concreto? También falacias estadísticas cuando se dice que la corrupción por obra pública es mayor a la de APP. Solo como ejemplo, el tramo 1 del Metro de Lima costó US$ 519 millones y US$ 885 millones el tramo 2, pero las carreteras IIRSA costarían US$ 4,662 millones sumando pagos realizados y deuda pendiente. La corrupción es un fenómeno histórico en el Perú, siendo muy pocos los gobiernos donde esta no existe o es poco significativa. Efectivamente, la institucionalidad es débil. No hay que olvidar que durante García II y Humala se debilitó más a los reguladores sectoriales. También es innegable que la cultura del capitalismo neoliberal es un caldo de cultivo más propicio para la corrupción. No puede exonerarse a los tecnócratas que participaron por corrupción, sumisión u omisión, ni dejar de reconocer que se debe hacer una reingeniería del marco regulatorio de las APP. http://diariouno.pe/columna/modelo-economico-y-corrupcion/ ___________________ No sólo de gasoductos vive el hombre Iván Alonso Mientras el gobierno asegura que en nueve meses volverá a licitar el gasoducto del sur –un plazo, a decir verdad, poco o nada realista–, el presidente del comité de operación económica del sistema eléctrico (COES) aconseja suspender indefinidamente la licitación. No se necesita en este momento un gasoducto, ha dicho; y en el futuro cercano tampoco. Hay un exceso de capacidad en el sistema eléctrico. ¿Para qué bombear más gas, si su uso principal es alimentar centrales térmicas que por ahora no se van a encender? Los comentarios del ingeniero Butrón son una buena ocasión para insistir en un tema que ya hemos tratado en diversas oportunidades: la infraestructura no es buena en sí misma, sino solamente en la medida en que presta servicios útiles a la sociedad. Una forma de medir la utilidad de sus servicios es lo que la gente esté dispuesta a pagar por ellos. Si el inversionista puede ganar plata con la tarifa que cobra a los usuarios, casi con seguridad la infraestructura es buena. No es, por supuesto, la única forma de medir su utilidad. Pero no queremos entrar hoy en esa discusión. Lo que nos interesa es aprovechar para explicar por qué el culto aparentemente tan difundido de “la inversión por la inversión” es erróneo y nocivo. La inversión, ciertamente, crea empleo. Alguien tiene que fabricar los tubos de acero por donde va a pasar el gas. Alguien tiene que llevarlos a los frentes de construcción. Alguien tiene que soldarlos, y alguien más, cavar las zanjas. Alguien, finalmente, tiene que ponerlos ahí. ¿Cuántos empleos se han creado? Cientos, si no miles. Toda esa gente recibe ingresos durante el tiempo que dura la construcción. Y eso, supuestamente, aumenta la capacidad de consumo y le da un impulso a la economía. Pero ¿qué ha producido el resto de la economía entretanto para satisfacer sus necesidades de consumo? Pues lo mismo que ya venía produciendo. La misma cantidad de carnes, frutas y verduras; la misma cantidad de ropa, de medicinas y de útiles escolares. Solamente que ahora hay más gente que los demanda y que tiene los medios para comprarlos. El aumento de la demanda es motivo para que otras personas se pongan a trabajar, incrementando la producción de todas esas cosas. Esas personas, a su vez, con los ingresos que reciben, harán nuevamente aumentar la demanda. Y así sucesivamente. Repita usted el proceso cuantas veces quiera, pero al final no se podrá escapar de una realidad: que todos los trabajadores demandan bienes de consumo, pero no todos han contribuido a la producción de bienes de consumo. La contribución de una parte de ellos son unos tubos de acero que yacen bajo tierra a cientos de kilómetros de distancia. Nadie come ni se viste con tubos de acero; menos si están tan lejos. La contribución de esos trabajadores a la sociedad solamente adquiere valor cuando el gas comienza a fluir y hay quienes tienen algún uso que darle a la salida del ducto. Recién entonces podemos decir que, así como hay unos que producen infraestructura y demandan bienes de consumo, así también hay otros que producen bienes de consumo y demandan infraestructura. Mientras eso no ocurra, no hay un intercambio mutuamente beneficioso. Algo se evaporó en el camino. Si la infraestructura y la inversión, en general, no se transforman en servicios útiles para el público, no han cumplido su función. http://elcomercio.pe/opinion/mirada-de-fondo/no-solo-gasoductos-vive-hombre-ivan-alonso-noticia-1972989 ___________________ Otro delito interminable Mirko Lauer La nueva norma según la cual los delitos de corrupción no prescriben suena bien, como una decisión a la altura de los tiempos. Más todavía al haber sido aprobada por unanimidad en el Congreso. Se supone que en la segunda votación confirmatoria, la próxima legislatura, esos 111 congresistas que aprobaron mantendrán su voto. Pero no todos están igual de contentos. Incluso algunos congresistas que votaron a favor hubieran preferido otro camino para endurecer la posición frente al problema. Pero parece haber consenso respecto de que la prescripción, como extinción del poder del Estado para enjuiciar por corrupción, funciona ahora como una ventana para la impunidad. Se trata de un debate para abogados penalistas, mucho más que para periodistas. Sin embargo a los laicos nos queda hacer algunas preguntas. La mayoría de ellas acerca de la diferencia entre los delitos imprescriptibles y los que sí pueden prescribir. Si hemos entendido bien, ahora los primeros son sobre todo contra el Estado, los segundos contra la sociedad. Hay argumentos a favor de la prescripción de los delitos en general. Un texto de las especialistas argentinas Vanina Pieczanski y Olivia Sohr recoge algunos de ellos: el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, el derecho a no estar sometido a los tiempos de la Justicia, o al celo con que se persigue los delitos. La imprescriptibilidad, en cambio, existe para salirle al paso a todas las formas de medida dilatoria que en muchos casos convierten en una burla los procesos judiciales. Esto sobre todo en los casos donde el acusado no tiene manera lógica de demostrar su inocencia ante los jueces. Así, el Estado cuenta con tiempo indefinido para juzgar. La nueva norma parte de la difundida convicción de que leyes más duras desaniman a los potenciales delincuentes. Algo que todavía está por ser demostrado en el país. Que la justicia cuente con todo el tiempo del mundo para perseguir a los presuntos corruptos no parece un incentivo para darle celeridad a sus trámites, ya de por sí conocidos por morosos. En todo caso la decisión del gremio político (Ejecutivo y Legislativo) de enfrentarle grandes remedios a grandes males está allí, y eso merece ser saludado. http://larepublica.pe/impresa/opinion/853228-otro-delito-interminable ___________________ Que se vayan todos en código pasivo Juan de la Puente Las dos encuestas publicadas recientemente (IPSOS Perú y GfK Perú) revelan que las facturas de la crisis del Lava Jato peruano han empezado a ser giradas al sistema, con las cuentas más cargadas a unos que a otros. La tendencia más importante que dibujan los sondeos es la aparición de un “que se vayan todos”, débil todavía pero consistente, un fenómeno a la espera de liderazgos y de movimiento. Fuera de la caída de la aprobación presidencial de varios puntos en dos meses, los datos indican la pérdida de la posición personal del presidente en percepciones cruciales como la confianza y liderazgo, una aguda individualización de su papel en esta crisis. La aprobación/desaprobación de PPK se ha transformado en una discusión alrededor de PPK, fortaleciendo los dilemas de la oposición acerca de la intensidad de la crítica al gobierno en esta hora. Si se pasa al detalle de las expectativas, las demandas se refieren a un abanico de problemas donde la corrupción es solo un dato, un cuadro amplio en el que se exige con igual o mayor intensidad seguridad, atención a los desastres naturales y reactivación de la economía. Esta diversidad contrasta con la percepción de la elite peruana enfocada en abordar la corrupción, de modo que se produce una politización de la crisis del Lava Jato arriba y una despolitización abajo. Por ahora no veo a nadie intentando resolver esa brecha. Esta despolitización es compleja por donde se le mire; su principal elemento consiste en que para la mayoría, la corrupción no tiene ni modelo económico ni ideología. Es cierto que más personas están informadas sobre los escándalos de la corrupción brasileña, aunque las conclusiones de este conocimiento son la convicción de que todos son corruptos y que la solución es un gobierno de “mano dura”, el código social que identifica a un poder que no se detiene en las formas. Del populismo político hemos pasado al populismo penal y de allí al populismo anti corrupción que es igualmente político, en clave recargada. Es cierto que ante a los casos denunciados el sistema está funcionando –en un desempeño relativo, caótico y fragmentado–, lo que es advertido por una opinión pública que no parece estar sedienta de sangre pero sí de resultados tangibles. El único desempeño estatal aprobado y de modo ligero es el de la fiscalía, con un registro inferior al de la prensa, señal inequívoca del predominio del juicio mediático que a diferencia de Brasil, no ha sido todavía superado por las indagaciones del Estado. Estos datos indican que el juicio público se ha independizado del juicio mediático. No obstante, ¿Por cuánto tiempo más el consumo de imágenes y de datos atajará la exigencia de resultados? Difícil estimarlo en un país donde casi todos creen que la mayoría o todos los políticos son corruptos y, al mismo tiempo, que los peruanos son igualmente corruptos (IPSOS). En la idea de “tu corrupción es mi corrupción” puede residir en parte la explicación de un “que se vayan todos” todavía pasivo y poco callejero; al fin y al cabo, más allá de la disposición de la gran mayoría de salir a las calles para exigir castigo a los responsables (GfK), otra mayoría también piensa en que no vale la pena denunciar un acto de corrupción porque “igual no pasa nada”, o que denunciar un acto de corrupción es peligroso porque “después se la agarran contigo” (GFK). El “que se vayan todos” peruano no tiene todavía representación política; es un instante revolucionario sin revolucionarios, una crisis sin liderazgos que fuercen los cambios, y una tendencia con poco movimiento. Alberto Adrianzén llama a esto una crisis sin actores, es decir, un extraño momento donde las fuerzas parecen libradas a su suerte. En algún momento me ha parecido que los protagonistas de este período y las tendencias que encarnan, a pesar de la virulencia con la que se expresan en las redes sociales y en los medios, y del modo en que anatemizan a sus adversarios, vagan en un drama a la espera de un guion que no aparece. http://larepublica.pe/impresa/opinion/853230-que-se-vayan-todos-en-codigo-pasivo ___________________ Tres urgencias: inseguridad, corrupción y trabajo Santiago Pedraglio En el último informe de GfK (febrero de 2017), el ítem delincuencia/inseguridad (61%) sigue a la cabeza de la lista de aquello que los peruanos perciben como principales problemas del país. Le sigue el porcentaje de los que consideran que lo principal es la corrupción, con un porcentaje que ha crecido de 41% a 52% en un año. Las denuncias que vinculan a Odebrecht con altos funcionarios, incluidos ex presidentes de la República, deben de haber catapultado este ascenso. No obstante ese crecimiento, no es conveniente soslayar cuál sigue siendo el “problema principal” para los peruanos. Vale la pena mencionarlo, ahora que la popularidad presidencial baja bruscamente, mientras que un ligero aire de vacancia flota en el ambiente y algunos columnistas estimulan a PPK a asumir con fuerza la bandera de la anticorrupción –cosa que está bien, pero es insuficiente–. La “delincuencia/inseguridad” tiene tres componentes centrales: la delincuencia pura y dura; la sensación (y la realidad) de inseguridad que reina, sobre todo, en las grandes ciudades (en Lima, 74% lo consideran el problema principal y en el norte, 68%); y, por último, el impacto mediático que generan los actos de delincuencia y los que crean inseguridad. Porque es un grave error reducir la percepción de inseguridad a la delincuencia. El comportamiento de cierta policía con los ciudadanos, el caos vehicular y los accidentes de tránsito, el desastre del transporte colectivo, la falta de consideración por los espacios públicos también generan inseguridad. Dicho de otra manera, la inseguridad no es una responsabilidad exclusiva del Ministerio del Interior, sino también de otras esferas de gobierno, como el Ministerio de Transportes y las municipalidades. Si hay oídos para lo que expresa la gente, PPK debería, con urgencia, ponerles atención a los señalados como los dos más graves problemas del país, la delincuencia/inseguridad y la corrupción; esto, sin olvidar el tercero: la falta de trabajo (digno, ciertamente). http://peru21.pe/opinion/santiago-pedraglio-tres-urgencias-inseguridad-corrupcion-y-trabajo-2272684 ___________________