En los últimos tres meses, ha habido una crisis política en Nicaragua, con fuerzas opuestas que no solo se enfrentan en las calles sino que luchan contra una guerra mediática. The Guardian debería estar a la vanguardia con reportajes balanceados y bien informados de estos eventos. En cambio, a pesar de la abundante evidencia de violencia de la oposición, casi todos sus 17 reportajes publicados desde mediados de abril culpan al gobierno de Daniel Ortega por la mayoría de las muertes que han ocurrido. Uno de sus artículos más recientes (“Los estudiantes nicaragüenses que se volvieron rebeldes renuentes”, 10 de julio) no reta la afirmación de la oposición de que “es una lucha totalmente pacífica”. Solo un artículo (4 de julio) da un espacio significativo a la versión gubernamental de eventos.
Si bien la mayor parte de la violencia reciente está asociada con las barricadas que la oposición ha erigidio en todo el país, todavía se refiere a una “ola de violencia y represión por parte del gobierno” (24 de junio). Ni una vez se refiere a las numerosas muertes de partidarios del gobierno o las 21 muertes y cientos de lesiones sufridas por la policía, incluido el asesinato de cuatro policías que observaban una manifestación de “paz” el 12 de julio. Tampoco informaron el único ataque a una miembro del “diálogo nacional” establecido para tratar de resolver la crisis, cuando el líder estudiantil Leonel Morales recibió un disparo y fue dejado por muerto el 12 de junio; él es un partidario del gobierno.
Su artículo sobre Masaya (12 de junio) no mencionó que los manifestantes habían incendiado edificios públicos, saqueado tiendas y destruido las casas de los funcionarios del gobierno. Tampoco registraron el secuestro de cientos de camiones de carta internacional y sus conductores, que pasaron un mes en cautiverio efectivo a pesar de los esfuerzos de sus embajadores y mediadores internacionales para asegurar su liberación (eventualmente logrados por el gobierno el 8 de julio). Su informe sobre el tiroteo de un niño de un año en “la última ronda de represión gubernamental” (25 de junio) no menciona la evidencia en video de que fue asesinado por jóvenes de la oposición.
El autor de varios artículos, Carl David Goette-Luciak, se asocia abiertamente con figuras de la oposición. El 5 de julio culpó a la policía por el terrible incendio en una casa de Managua tres semanas antes, basándose principalmente en las afirmaciones de opositores del gobierno. Sin embargo, los videos que muestran la presencia policial fueron filmados en realidad 21 de abril, antes de que se erigieran barricadas para evitar que la policía ingresara al área.
Varias veces ustedes citan a “activistas de derechos humanos” que a menudo son opositores del gobierno desde hace mucho tiempo, como Vilma Núñez (28 de abril) quien le dijo a la BBC el 10 de julio que Ortega tiene un “plan de exterminio”. Usted cita sin cuestionar a Amnistía Internacional (31 de mayo) a pesar de que sus informes se hacen de la vista gorda ante la violencia de los manifestantes. No se refiere a la evidencia detallada de que los grupos opositores se benefician de millones de dólares en fondos estadounidenses destinados a “alimentar” el levantamiento nicaragüense (theglobalamericans.org, Mayo 1).
El 6 de junio ustedes dijeron que “Ortega ha perdido el control de las calles” y en Junio 11 que Nicaragua es “un país de barricadas”. Desde entonces, el gobierno ha trabajado exitosamente con la población local para restaurar el orden y eliminar la gran mayoría de las barricadas. Las bandas armadas han sido arrestadas en el proceso, incluidos miembros de notorias pandillas de El Salvador. Esto no se informa.
La mayoría de los artículos se refieren a las demandas de los manifestantes de que Ortega simplemente debería renunciar a la presidencia, pero no que los organismos internacionales que median la crisis (la ONU, la Organización de Estados Americanos y el Sistema de Integración Centroamericano) han rechazado esto como inconstitucional y que probablemente produciría caos. Usted ha dado escasa cobertura a las muchas marchas por parte de simpatizantes del gobierno que piden un resultado negociado y pacífico.
Recientemente, Simon Jenkins escribió en un contexto diferente (5 de julio) sobre “la prisa por emitir juicios a favor de la agenda de noticias” en la que “las redes sociales y las noticias falsas se convierten en armas”. En nuestra opinión, esto es precisamente lo que sucede en lo que principalmente se informa sobre Nicaragua. Pedimos a The Guardian que adopte una posición más responsable, que desafíe la abundante información errónea y, en el futuro, proporcione un análisis mucho más equilibrado de la crisis.
Ellen Barfield, Baltimore, MD Chapter Veterans for Peace
Brian Becker, Radio Show Host, Loud & Clear
Carol Berman, Nicaraguan Cultural Alliance
Max Blumenthal, journalist
Al Burke, Editor, Nordic News Network
Lee Camp, head writer/host of Redacted Tonight
Maritza Castillo, Nicaraguan activist
Sofía Clark, political analyst
Mitchel Cohen, former Chair, WBAI radio Local Board
Don DeBar, writer and radio journalist
Warwick Fry, writer and radio journalist
Greg Grandin, journalist
Peter Grimes, sociologist and author
Paul Baker Hernández, singer, song-writer
Chuck Kaufman, Alliance for Global Justice
Dan Kovalik, human rights lawyer
Barbara Larcom, Baltimore Coordinator, Casa Baltimore/Limay
Abby Martin, journalist and presenter, The Empire Files
Arnold Matlin M.D, Rochester (NY) Committee on Latin America
Camilo Mejia, former Amnesty International prisoner of conscience
Nils McCune, IALA Mesoamerica
Nan McCurdy, Methodist missionary
Ben Norton, journalist
John Perry, writer
Stephen Sefton, writer
Patricia Villegas, President, Telesur
S. Brian Willson, Lawyer activist
Kevin Zeese, co-director, Popular Resistance
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