Arquitectura de la corrupción - Augusto Álvarez Rodrich
Chim Pum Callao y la urgente reform - Gerardo Távara Castillo
Coyuntura Económica y Opciones de Política (Final) - félix Jiménez
Educación superior: La represión no es el camino - Alan Fairlie
El género y la historia - Alfredo Torres
Inspecciones de trabajo: poniéndole el cascabel al gato - Enrique Fernández-Maldonado Mujica
La corrupción regresa a escena - Rosa María Palacios
Reeduquemos la educación - Richard Webb
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ARQUITECTURA DE CORRUPCIÓN
Augusto Álvarez Rodrich
Esta ‘democracia moderna’ que Alberto Fujimori reclama el dudoso privilegio de ser su ‘arquitecto’, hace agua por la sensación creciente de que en todos los niveles del Estado se han instalado mafias con estructura de crimen organizado.
Las mafias establecidas en el Callao alrededor de los gobiernos regional y municipales son evidencia de que los puestos públicos en el primer puerto del país son, desde hace mucho tiempo, plataformas para robar.
La condena al ex presidente regional y alcalde Alex Kouri, y el proceso a Félix Moreno por, supuestamente, recibir sobornos de Odebrecht, son evidencia de que Chimpun Callao parece una plataforma criminal.
La detención del alcalde de Chilca Richard Ramos por ser un capo de una red criminal instalada en el sur chico para el tráfico de terrenos que disponía de sicarios y extorsionadores, vinculada a las mafias de construcción civil, es otra expresión del grave deterioro que ocurre en el país.
Un caso similar, quizá a escala mayor, es la red que operó en la región Áncash con autoridades corruptas como el gobernador César Álvarez o el alcalde de Huaraz Waldo Ríos.
Sin ir muy lejos, el San Juan de Lurigancho de Carlos Burgos constituye otra expresión de la instalación de esquemas de crimen organizado.
De Chilca al Callao, y de Huaraz a San Juan de Lurigancho, estas mafias necesitan establecer una arquitectura de corrupción que pasa por varios elementos comunes.
Primero, conexiones con políticos de primera importancia nacional. El expresidente Alan García, por ejemplo, siempre tuvo relaciones cercanas con gente como Burgos o Kouri y las autoridades chalacas.
Segundo, sistemas de financiamiento electoral derivados de las mafias conformadas a su alrededor con el fin de preservar en el tiempo el esquema de corrupción.
Tercero, desde el Callao hasta Áncash, medios de comunicación cercanos a la autoridad pública, los cuales reciben financiamiento formal e informal a cambio de hacer eso que se llama ‘buena prensa’ que funciona como biombo para la corrupción.
Cuarto, intermediarios ‘empresariales’ que, como en el Callao, aceitan el proceso para vincular al interés económico con la autoridad gracias a buenos contactos con el poder y los medios de comunicación.
Y, por supuesto, en toda esta arquitectura no escapa que Palacio de Gobierno ha sido otra plataforma crucial de corrupción en el Perú. En los tiempos modernos, de Alberto Fujimori a Alejandro Toledo y ya vamos a ver a quiénes más.
http://larepublica.pe/impresa/opinion/863483-arquitectura-de-corrupcion
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Chim Pum Callao y la urgente reform
Gerardo Távara Castillo
Recientemente, el Ministerio Público allanó varios inmuebles de propiedad del gobernador regional del Callao, Félix Moreno, y solicitó su prisión preventiva por supuestamente haber recibido US$4 millones de la empresa Odebrecht como soborno para obtener la concesión de la Vía Costa Verde. Nueve meses atrás, en julio del 2016, Álex Kouri, quien también fue gobernador regional y alcalde provincial del Callao –además de candidato a alcalde de Lima–, fue condenado a cinco años de prisión por el delito de colusión agravada, al haber asignado a la empresa Convial la concesión de la Vía Expresa Callao por un monto de US$32 millones.
Hoy Álex Kouri purga condena en el penal Piedras Gordas. Otra ex funcionaria del Gobierno Regional del Callao, Gioconda Tripi, fue hace pocas semanas capturada tras ser sentenciada a cuatro años de prisión por el delito de negociación incompatible. Siendo funcionaria regional, Tripi simuló la contratación de un servicio de reproducción de discos compactos por S/160 mil.
¿Qué tienen en común Álex Kouri, Félix Moreno y Gioconda Tripi? Además de ser procesados por delitos contra la administración pública, Kouri y Moreno han sido fundadores y directivos del Movimiento Chim Pum Callao, y Tripi fue una activa y reconocida militante de dicha organización política. Aunque en las últimas elecciones, la ex funcionaria postuló al Congreso por el partido Peruanos por el Kambio. Por años, Chim Pum Callao ha sido el movimiento político hegemónico en el puerto y sus candidatos han ganado reiteradamente las elecciones en casi todos los distritos chalacos, además de la municipalidad provincial y el gobierno regional. Los tres casos son política y judicialmente indignantes –especialmente para la población del Callao–, a la vez de aleccionadores para todo el país.
En un contexto en el cual urge una reforma electoral efectiva que dignifique la política y nos provea de garantías para la transparencia y la probidad de los partidos y sus dirigentes y candidatos, los casos de Kouri, Moreno y Tripi ofrecen lecciones importantes que podemos aprovechar. Se trata de personas que postularon a cargos de elección popular trayendo consigo procesos penales por la supuesta comisión de delitos contra el Estado. Lamentablemente, la situación se repite en múltiples casos gracias a la permisividad de la ley vigente y a la debilidad de las organizaciones políticas. Es indispensable, pues, elevar los estándares para postular a cargos de elección popular.
Tanto la Asociación Civil Transparencia como la Comisión Presidencial de Integridad y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) han propuesto prohibir la candidatura de personas condenadas por corrupción y otros delitos. La propuesta del JNE incluye a quienes se encuentren con prisión preventiva. Pero vayamos más allá e imaginemos qué hubiera pasado si la señora Gioconda Tripi resultaba elegida congresista y era encontrada culpable: el Poder Judicial hubiese tenido que pasar por el largo –e impredecible– proceso de levantamiento de inmunidad parlamentaria para poder condenarla. Para evitar estos casos, Transparencia ha propuesto que a los congresistas que resulten condenados por delitos cometidos antes de su elección se les levante la inmunidad de forma automática.
El caso de Chim Pum Callao –sin ser el único– ilustra además la relevancia de la recomendación de la Comisión Presidencial de Integridad orientada a establecer un régimen de responsabilidades y sanciones que comprenda tanto a los autores directos de actos ilícitos como a quienes pudieran encontrarse comprometidos a partir de los cargos directivos que ocupen en las organizaciones políticas. Soy de la opinión de que la reforma electoral contemple restricciones para que organizaciones como Chim Pum Callao o el Movimiento Cuenta Conmigo, fundado por el encarcelado ex presidente regional de Áncash César Álvarez, participen en procesos electorales, dados los graves delitos en los que se encuentran comprendidos sus fundadores y dirigentes máximos.
La proximidad de las elecciones municipales y regionales es una razón poderosa para que la reforma que finalmente apruebe el Congreso incluya medidas efectivas a fin de elevar los requisitos para postular a cargos de elección popular, así como para controlar el financiamiento de la política.
http://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/chim-pum-callao-y-urgente-reforma-electoral-g-tavara-noticia-1982532
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Coyuntura Económica y Opciones de Política (Final)
Félix Jiménez
En nuestro artículo anterior presentamos una estimación preliminar del costo de reconstrucción de viviendas, carreteras, canales de riego, puentes y colegios destruidos y/o inhabilitados por el llamado fenómeno El Niño Costero. Este costo ascendía a 46,761 millones de soles (US$ 14,388 millones de dólares), equivalente al 7.1 % del PBI de 2016. La información al 29 de marzo, utilizada para este cálculo, pertenece al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y fue publicada por el diario La República el 30-03-2017.
EL COSTO DE LOS DAÑOS ES MÁS ALTO
Con información al 1 de abril proporcionada por esta misma institución, el costo por los mismos conceptos sube hasta 66,412 millones de soles (US$ 20,434 millones) y equivale al 10.1 del PBI de 2016. Los kilómetros de carreteras destruidas disminuyeron de 3,599 a 2,443, pero los otros rubros aumentaron. Estos son: puentes destruidos y afectados de 523 a 681; canales de riego de 1,004 kms a 4,470 kms; colegios colapsados e inhabitables de 1,672 a 1,796; y, viviendas colapsadas e inhabitables de 30,184 a 226,345. Si le adicionamos los 610 centros de salud colapsados y afectados, el costo aumenta a 67,632 millones de soles (US$ 20,810 millones), que es equivalente al 10.3% del PBI.
Si los activos afectados o inhabilitados (es decir, no destruidos) solo son reparados (o parchados), el costo total se reduciría a 50,054 millones de soles (US$ 16,940 millones), equivalente al 8.4% del PBI. Solo en la reconstrucción de carreteras y puentes el costo oscila entre 5.6% a 6.5% del PBI.
El lector comprenderá que nuestras estimaciones son aproximaciones. No estamos tomando en cuenta, por ejemplo, el costo de la construcción de muros de contención o de defensa ribereña para impedir el desborde de los ríos en el futuro, ni el costo de la reubicación y construcción de las viviendas de la población damnificada y afectada.
Cuantificación de daños de El Niño Costero
CAMBIOS NECESARIOS EN LA POLÍTICA FISCAL Y MONETARIA
El ministro de Economía dijo que el costo de US$ 12,000 millones (mencionado por el ministro de Defensa) era «bastante elevado» y que su sector es el que definirá «cuál es el monto de la reconstrucción». Esperamos que lo haga pronto. Que defina los respectivos costos unitarios y que le diga al país si está pensando en parches o en obras nuevas y de larga duración.
El temor del ministro es sin duda el déficit fiscal, sobre todo ahora que la presión tributaria se encuentra por debajo del 14% del PBI. El déficit tiene necesariamente que subir hasta situarse alrededor del 4% del PBI para que el compromiso de reconstrucción sea creíble.Empezar gastando 2 puntos adicionales del PBI en la ejecución de un plan de inversiones en infraestructura (plan que cubra el período de este gobierno y que sea concebido como parte de un plan de reordenamiento territorial), es esencial no solo para aumentar la demanda agregada sino también para estimular la expansión de la oferta agregada. Si no se hace, la depresión económica y el conflicto social serán inevitables.
Hay financiamiento. El gobierno tiene el FEF y depósitos en el BCRP que ascienden a un poco más del 7% del PBI. Pero también se puede recurrir al endeudamiento interno, emitiendo, en el mercado local, bonos en soles de 30 o 40 años de plazo destinados exclusivamente a la reconstrucción. Es el momento, además, de introducir la «regla de oro» en la gestión y contabilidad fiscal: endeudarse solo para financiar inversiones en infraestructura. Asimismo, el MEF puede garantizar las emisiones de deuda en soles en el mercado local por parte de medianas y pequeñas empresas (individualmente o asociadas) con buen historial crediticio y que se comprometan a modernizar y ampliar su capacidad productiva.
Por su parte el banco central (BCR)tiene que acompañar a la nueva política fiscal contra-cíclica y de apoyo a la reconstrucción.
Primero, debe aumentar la meta de inflación a 3% ± 1 punto. El propósito es ampliar el espacio para hacer política monetaria. Desde que el actual presidente del BCR redujo la meta, la inflación se mantuvo por encima del límite superior de la banda en la mayor parte del tiempo.
Segundo, debe bajar su tasa de interés de referencia para estimular el crédito y de esta manera contribuir con la recuperación económica.
Tercero, debe aplicar la regla de intervenciones esterilizadas en el mercado cambiario cuidando la competitividad de las actividades productoras de transables.
Cuarto, debe iniciar la sustitución de sus certificados de depósito por bonos y letras del tesoro en sus operaciones de mercado abierto, operaciones cambiarias y operaciones para fijar la tasa de interés, para así contribuir a la profundización y liquidez del mercado doméstico de capitales.
A MODO DE CONCLUSIÓN
Si a todo lo anterior se le agregara una nueva política industrial, este gobierno contribuiría no solo con la creación de empleos seguros y bien remunerados, sino también con el fortalecimiento de la democracia.
http://diariouno.pe/columna/coyuntura-economica-y-opciones-de-politica-final/
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Educación superior: La represión no es el camino
Alan Fairlie
El ingreso de fuerzas policiales o militares a una universidad no es precisamente la imagen deseable para una universidad pública o un país.
Esta semana miembros de la comunidad universitaria de San Marcos, tomaron el local universitario. De madrugada irrumpieron tanquetas que “restablecieron el orden”, pero no resuelven el problema.
Hay varios temas de discusión. Primero es el tema de los recursos (hay otras demandas como el de régimen laboral y favoritismo en ciertos programas que no abordaremos ahora). La demanda estudiantil reclamaba por pagos adicionales que debían hacer por uso de laboratorios y por otros conceptos, supuestamente voluntarios, que en la práctica eran una pensión camuflada. La suma en términos absolutos puede ser calificada (como hicieron algunos periodistas) de no significativa. Pero, para estudiantes con familias de bajos ingresos, puede hacer la diferencia para la subsistencia, considerando que hay reportes de enfermedades graves en un número alarmante de estudiantes.
El problema de fondo son los bajos recursos que reciben las universidades nacionales. Esto obliga a vender servicios externos, una suerte de privatización encubierta, para completar recursos mínimos de financiamiento. Si se otorgan los recursos necesarios, estos cobros serían innecesarios. Se atenta además contra el principio de gratuidad de la enseñanza. Los préstamos que algunos plantean como solución, han mostrado sus limitaciones en experiencias cercanas como la chilena.
Se ha dado una nueva ley universitaria, donde además se exige investigación, calidad y una serie de indicadores plausibles. Supone también cambios en la gobernanza universitaria. El problema, otra vez, son los recursos que no se otorgan y limitan la posibilidad de cumplir con las metas planteadas
UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS
Las universidades públicas han jugado un rol democratizador y de reducción de la brecha de oportunidades y conocimientos, para amplios sectores de la población. Deberían ser consolidadas para que sigan jugando un rol de liderazgo en la educación superior del Perú, asegurando los mecanismos que le permitan mejorar su calidad y dar un servicio adecuado con estándares internacionales.
Hay una coexistencia de las públicas, con universidades privadas (con y sin fines de lucro). La proliferación de universidades privadas en los noventa, fue uno de los detonantes del problema actual, creando nuevas limitaciones estructurales.
Hay universidades privadas de buena calidad y con exitosas experiencias de internacionalización. Lamentablemente no es la norma, y una SUNEDU independiente del gobierno de turno, debiera asegurarse del cumplimiento de los estándares que se requieren. Se puede dar una coexistencia entre los diferentes esquemas, que se complete con la reglamentación idónea de los institutos técnicos de educación superior. Pero se requiere una adecuada supervisión, que asegure el cumplimiento de las metas que debe tener un país que quiera proyectarse al futuro
UNIVERSIDAD, CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y EDUCACIÓN
La universidad debe producir conocimientos. Pero debe haber un entorno que lo permita: Buenas políticas, incentivos diversos (algunos tributarios existen), sinergia con el Estado y el sector privado, internacionalización y cooperación internacional.
La producción de conocimientos debería responder a las demandas del desarrollo nacional, independientemente de otras motivaciones y agendas que pueden coexistir.
Nuevamente, aquí hay islas de excelencia. A veces no instituciones, sino investigadores que pertenecen a redes internacionales, funcionando por su cuenta. La articulación con instituciones públicas de investigación (civiles y militares) es clave. Nos parece que para llevar esto al máximo nivel político, debería crearse un ministerio de ciencia, tecnología y educación superior.
Las universidades requieren un trato peculiar, separado de la dinámica y políticas que se dan para la educación secundaria y privada. La ley universitaria debe ser perfeccionada, para que se pueda cumplir plenamente con los fines planteados. Se debe impulsar la carrera del investigador con becas y financiamiento suficientes, que pueda implementar un plan nacional de ciencia y tecnología articulado a la estrategia de desarrollo nacional.
Lo ocurrido en San Marcos es terrible. no solo porque se dificulta el avance de la institución, sino que mina el liderazgo que le corresponde como universidad pública cuatricentenaria, para todo el proceso que hay que implementar. La comunidad universitaria debe encontrar las vías de diálogo, que le permitan retomar el camino. Debería darse respetando su autonomía.
LA REPRESIÓN NO ES EL CAMINO
El ingreso de fuerzas policiales o militares a una universidad no es precisamente la imagen deseable para una universidad pública o un país que cumpla con los objetivos que estamos señalando. Más allá de las diferencias internas, hay una identidad y misión universitaria que debería prevalecer por encima de todo.
Se debe respetar la autonomía universitaria y crear las condiciones internas para el desarrollo y cumplimiento de las políticas. La represión no es el camino.
http://diariouno.pe/columna/educacion-superior-la-represion-no-es-el-camino/
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El género y la historia
Alfredo Torres
El artículo de Kenji Fujimori “Todos somos la minoría” (El Comercio, 6/4/17), en el cual defiende “la tolerancia indispensable ante los temas de género y la libertad de prensa”, en contra de las posiciones prevalecientes en su partido, puso en evidencia que el debate entre liberales y progresistas de un lado, y conservadores y autoritarios del otro, tiene para rato y se da también, aunque soterradamente, en el interior del partido que lidera su hermana Keiko. Y, si bien hay un consenso muy amplio a favor de la libertad de prensa, la distribución de la población con relación al tema de género está dividida.
El debate sobre el género en el Perú gira actualmente alrededor de la educación sexual y la homosexualidad. A partir de un conjunto de preguntas efectuadas por Ipsos sobre estos temas se pueden distinguir tres grandes grupos en la población peruana. Uno liberal, donde se encuentra alrededor de 30% de la ciudadanía; uno moderadamente conservador, que engloba a cerca de 50%; y uno ultraconservador, que representa otro 20% de la población.
De acuerdo con esta segmentación, los liberales creen que la educación sexual debe impartirse en los colegios y están de acuerdo con la unión civil; los conservadores moderados aceptan que se imparta educación sexual en los colegios y afirman que los homosexuales deberían tener los mismos derechos que los heterosexuales, pero se oponen a la unión civil; y los ultraconservadores rechazan la educación sexual escolar ya que creen que los niños pueden volverse homosexuales por lo que se les enseña en los colegios, y los homosexuales son personas enfermas, cuando no diabólicas.
La proporción de liberales es mayor entre las personas de mayor nivel educativo y entre los más jóvenes –los ‘millennials’, como diría Kenji–, lo que no es una sorpresa. Históricamente, las personas más educadas y las más jóvenes han abrazado las ideas de vanguardia que, con el paso del tiempo, han sido aceptadas por la mayor parte de la población. Tal como ocurrió en el pasado con otras dos reivindicaciones de género: el voto femenino y el divorcio.
Hace un siglo, muy pocos países en el mundo aceptaban el derecho de la mujer a votar. La lucha de las sufragistas fue larga e incluyó marchas, prisión y huelgas de hambre, pero al final triunfaron. En Europa las mujeres pudieron votar por primera vez en Finlandia en 1907 y poco después en Noruega y Suecia. El primer país en permitir el voto de la mujer en América Latina fue Uruguay, en 1927. El voto para la mujer recién fue posible en el Perú en 1955. El último país que reconoció este derecho fue Arabia Saudí en el 2015.
En el caso del divorcio, la historia es más larga. En muchas culturas de la antigüedad se permitía que el hombre repudie a la mujer, incluso que esta fuese lapidada si el motivo era adulterio, pero la mujer no podía dejar a su marido. El primero en poner en condiciones de igualdad al hombre y la mujer en el matrimonio fue Jesús. Prohibir que el hombre repudie a su pareja era entonces proteger a la mujer. En el siglo XX, conforme la mujer fue adquiriendo consciencia de sus derechos civiles, de su independencia, la legislación sobre el divorcio se extendió por el mundo. En el Perú rige desde 1931, pero en otros países tardó en reconocerse. La Iglesia Católica dio una larga batalla en contra del matrimonio civil primero y luego del divorcio, pero al final fue derrotada. Uno de los últimos países en establecer el divorcio fue Chile, en el 2004, y ahora solo quedan dos Estados en el mundo que no lo permiten: Filipinas y el Vaticano.
Así como las mujeres bregaron por sus derechos en el siglo XX, los homosexuales están luchando por los suyos en el siglo XXI. Las Naciones Unidas recién aprobaron una declaración de los derechos LGBTI en el 2011 con el voto de 96 países (la mayoría de América y Europa) pero también firmaron una declaración en contra de esos derechos 57 países (la mayoría en el Medio Oriente). El matrimonio igualitario o la unión civil rigen actualmente en 23 países, entre ellos Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México y Uruguay, pero la homosexualidad es ilegal en 73 países y sujeta a la pena de muerte en ocho de ellos, todos ellos ultraconservadores musulmanes.
Si bien es cierto que ya son infrecuentes las ejecuciones de mujeres adúlteras y de homosexuales, sí son comunes en muchos países musulmanes las condenas a prisión, donde estos son víctimas de múltiples vejámenes. La situación no es tan grave en Occidente, pero todavía quienes manifiestan alguna orientación homosexual son víctimas de ‘bullying’ (desde el colegio), discriminación y hasta crímenes de odio.
Cuando los congresistas debatan temas como la llamada ideología de género o el Decreto Legislativo 1323 deberían preguntarse si no están siendo víctimas de prejuicios del pasado. Si quieren mantener su vigencia en el futuro, deberían escuchar más a las nuevas generaciones y aprender a leer el sentido de la historia.
http://elcomercio.pe/opinion/columnistas/genero-y-historia-alfredo-torres-noticia-1982553
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Inspecciones de trabajo:
poniéndole el cascabel al gato
Enrique Fernández-Maldonado Mujica
El tercer proyecto de ley presentado por el MTPE al Consejo Nacional de Trabajo, para su discusión y consenso, está referido a las inspecciones de trabajo. Esta iniciativa plantea modificaciones puntuales a la Ley General de Inspecciones y su reglamento, en el sentido de aminorar la carga de las multas y atenuar el proceso de fiscalización laboral.
Se trata de una decena de cambios, dentro de los que destacan: a) una reducción del 50% de las multas por infracciones sociolaborales para las Mypes; b) la suspensión del proceso inspectivo si en simultáneo el sujeto inspeccionado enfrenta un proceso judicial por la misma materia; c) la subsunción del acumulado de multas por la de mayor valor económico; d) otorgarle el estatus de falta grave a “la no entrega de contrato por escrito”, entre otras medidas (que desarrollamos en TrabajoDigno.pe).
Las centrales sindicales han observado la mayoría de artículos (no todos), cuestionando la orientación flexibilizadora que se le quiere dar al procedimiento inspectivo. En algunos coinciden con el gobierno; lo mismo que la representación empresarial, que apuesta por una mayor desregulación y, cuándo no, por mantener la legislación vigente.
La pregunta que nos hacemos es si los cambios normativos que pretende el Ejecutivo, son suficientes para modernizar y hacer más eficiente el sistema inspectivo. ¿Se requieren de menores multas y procedimientos más laxos para revertir la extensa informalidad laboral? ¿De qué sirve dar incentivos (que erosionan la capacidad disuasoria de las inspecciones), si la capacidad estatal para fiscalizar es nula o inexistente en buena parte del territorio?
Son varias las medidas que el gobierno debiera implementar para superar la parálisis y crisis en que se encuentran las inspecciones. En TrabajoDigno.pe (24/01/17) consideramos ineludible, para comenzar, que el MEF asigne mayores recursos para mejorar la capacidad operativa de la SUNAFIL.
Como señaló el Sindicato Único de Inspectores de Trabajo: solo se cuenta con 103 inspectores del trabajo, de los cuales ocho son para 23 regiones, cuando la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha recomendado un total de 2,000 inspectores a nivel nacional (Nota de prensa 09/03/17).
http://diariouno.pe/columna/inspecciones-de-trabajo-poniendole-el-cascabel-al-gato/
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La corrupción regresa a escena
Rosa María Palacios
El caso Lava Jato parecía haberse tomado unas breves vacaciones en el Perú, sepultado por la emergencia, pero, pasada esta, regresa con la fuerza de un tsunami que pasa por encima del Callao. El “caso Moreno”, por abreviarlo de alguna manera, abre la puerta a la revisión de la conducta de gobernadores y alcaldes en relación no solo con Odebrecht, sino también con las otras cuatro empresas constructoras brasileras que operaron en todo en el país. Es, pues, una buena noticia que esta tarea postergada, por una más de una década, empiece a ejecutarse.
Sin embargo, se están notando cada vez más los obstáculos en esta lucha desigual. Es inaceptable que la base de todas las acusaciones esté en manos de una sola persona que no tiene calidad jurídica asignada. Barata no es colaborador eficaz (tendría que estar ya condenado), tampoco es testigo o cómplice. Es un narrador –a su regalado gusto– de historias dosificadas que, a veces, tienen documentación de sustento en cuentas bancarias y, a veces, su solo dicho. Esto está llevando a serias contradicciones.
Barata afirma y prueba que a través de Maiman se coimeó a Toledo. Perfecto, hasta ahí un caso redondo. Pero en el siguiente gobierno ya no trata con el presidente. Tampoco con el ministro. Ahora salta dos escalones jerárquicos hacia abajo y coimea al viceministro y a sus subordinados, con cuentas en Andorra, algunas de las cuales nunca tuvieron movimiento. Todo esto después de visitar al presidente García y hasta volar con él más de una docena de veces. Es decir, en un gobierno hace sus oscuros tratos con un presidente ¿y en el siguiente coimea al viceministro? Puede ser que a Barata le salga más barato bajar de categoría jerárquica. Pero lo curioso es que al siguiente gobierno vuelve a tratar con el presidente, esta vez Humala, y afirma haberle entregado 3 millones de dólares para la campaña. En efectivo, por supuesto. ¿Qué pasó? ¿Volvió a subir de categoría? Las declaraciones de Barata sobre el gobierno aprista tienen más agujeros que un queso gruyere maduro.
Esto hace evidente que el fiscal Hamilton Castro necesita un equipo de apoyo más potente y más especializado. Hoy, la gran corrupción ésta ubicada en la obra pública (hacia donde se desplazó, luego de casi desaparecer la empresa estatal) y son expertos en esa materia los que se necesitan. Hay tres modos de corromper en obra. Antes, manipulando el concurso o licitación para asignarlo al postor que paga la coima al funcionario. Durante, sacando sobreprecio de la obra y repartiéndolo entre los cómplices. Después, fraccionando el pago de la coima pactada años antes para disimularla. Se paga en dos modalidades: en efectivo o en cuentas offshore a testaferros. En ambos casos se pueden seguir las huellas. Los signos exteriores de riqueza, las cantidades millonarias de dinero en efectivo encontradas en allanamientos y el levantamiento del secreto de cuentas offshore. Todo eso han hecho en Brasil. Pero ello no se hace sin especialización y cooperación internacional. Unir las piezas de estos gigantescos rompecabezas no es tarea fácil.
Hasta hoy no conocemos el contenido del “Pacto Secreto” entre la empresa Odebrecht y la Fiscalía. Pacto cuyo marco legal no existe. Las empresas no son “colaboradores eficaces”. Solo pueden serlo las personas. ¿A cambio de qué la fiscalía deja seguir operando a Odebrecht en el Perú? ¿Por qué no traba embargos sobre peajes, incauta activos, allana inmuebles? Más aún con las declaraciones del Fiscal de la Nación al diario El País (que luego rectificó) diciendo que Odebrecht ya no estaba colaborando con la investigación. La rectificación no trajo mejores noticias. Sánchez dijo que lo que quiso decir es que la colaboración está en “stand by” porque se está verificando la información recibida. Es decir, todo está detenido.
Otro problema grave es que, en lo que atañe al Perú, tenemos una empresa que colabora a medias con un narrador que dosifica la información, pero eso resulta más de lo que sabemos de las actividades ilícitas de OAS, Camargo Correa, Andrade Gutierrez y Queiroz Galvao, condenadas en Brasil y hasta ahora mudas en el Perú.
Mientras tanto va corriendo el plazo para ganar la prescripción. ¿Investigar a Alan García por tráfico de influencias realizado hace seis años, cuando la máxima pena es de ocho años? Prescribe antes de que lo acusen. ¿Y Toledo? El delito se cometió hace once años. ¿No creen que va a dilatar todo con un ejército de abogados y triquiñuelas legales?
¿Qué saldrá de todo esto? Nadie lo sabe. Lo que es cierto es que esta puede ser una oportunidad de oro para aprender lo que no se aprendió el año 2000 o puede ser la más cruel de todas las derrotas en esa lucha desigual –con enemigos muy poderosos y hábiles– contra la corrupción.
http://larepublica.pe/impresa/opinion/863481-la-corrupcion-regresa-escena
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Reeduquemos la educación
Richard Webb
Los mandamientos para lograr una economía dinámica no nos llegaron escritos en piedra y cada precepto tiene sus escépticos. Pero hay una excepción, una regla sagrada e incuestionada, que parece haber sido entregada directamente a las manos de Moisés, y que reza: La educación es la clave para el desarrollo. Por eso es fácil explicar el progreso lento de la economía, así como la resistencia de la pobreza extrema. ¿Acaso no se ha documentado nuestro retraso educativo y la pésima calidad de la instrucción recibida por los más pobres? ¿Qué más explicación se necesita?
Una larga tradición de investigaciones ha corroborado el mandamiento y demostrado que los años de estudio se traducen en mayores ingresos, y que los países con mejor educación son los más exitosos, como Finlandia y Corea del Sur.
Suena a sacrilegio entonces cuando el director del Centro de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, Ricardo Hausman, duda de que la educación constituya una estrategia para el crecimiento económico. Si bien la importancia de la educación es incontrovertible, dice Hausman, su valor como estrategia es otro asunto. Ciertamente los países hoy más desarrollados gozan de mayor educación, pero hay países como Albania, Armenia y Sri Lanka que también tienen niveles muy altos de matrícula educativa pero un ingreso por habitante apenas la sexta parte del de los países ricos. Claramente, el éxito educativo no es una garantía de progreso productivo. De otro lado, si nos fijamos en la historia del desarrollo, el progreso se dio con niveles educativos relativamente bajos. Corea del Sur, por ejemplo, empezó su despegue económico en los años sesenta con altos niveles de analfabetismo.
De la misma forma, los primeros países en desarrollarse procedieron con bajos niveles de educación. El despegue económico de Gran Bretaña tomó fuerza en el siglo XIX, cuando la mitad de su población no sabía leer o escribir. Más demorón fue Italia, donde la mitad de la población seguía siendo analfabeta hasta el siglo XX.
En parte, la idea exagerada del papel de la educación se debe a estudios que comparan los años de escuela alcanzados por una persona con su nivel de ingresos, pero sin tomar en cuenta las otras formas de capital que favorecen sus ganancias. En una comunidad rural típica, por ejemplo, existen fuertes diferencias económicas entre los comuneros. Las familias más pudientes dotan a sus hijos con más años de escuela, pero también con varios otros activos que favorecen su economía futura, como la reputación, el poder político, contactos y el saber de los negocios.
Sin embargo, más importante que el vínculo exacto entre escuela y nivel de vida sería el aspecto cualitativo y el contenido de la educación. En muchos países se avanza hacia un replanteamiento, tanto de lo que se enseña, como de la metodología de enseñanza. En particular, se busca dar más importancia a las llamadas “habilidades del siglo XXI”, como son la colaboración, la comunicación, la creatividad y el pensamiento crítico. En el Perú también empieza un replanteamiento similar. Un líder es el educador León Trahtemberg, quien reclama una política de modernización más atrevida, de objetivos y métodos, emulando el coraje que tuvo Finlandia para lograr el cambio.
http://elcomercio.pe/opinion/rincon-del-autor/reeduquemos-educacion-richard-webb-noticia-1982545
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