OPINIONES 15/02/2018

Otra fusión peligrosa

Germán Alarco Tosoni

A la par que el proyecto de ley para regular las fusiones y adquisiciones duerme en el Congreso fuimos sorprendidos por otra operación significativa. La firma de abogados que asesoró la venta de Inca Kola a la mexicana Arca Continental informó que Alicorp adquiría Intradevco Industrial S.A. Luego se comentaría que la operación fue por US$ 490.5 millones. También se señaló que con esta no se fortalecían sus actuales líneas de negocio, sino que se complementaban agregando 12 nuevas categorías: limpiadores multipropósito, lejía, desinfectantes, insecticidas, ambientadores, lavavajillas, ceras, cuidado oral, champú, desodorantes y jabón líquido con marcas posesionadas en el mercado como Sapolio, Patito, Dento, Aval, Geomen, entre otras.

Esta operación de Alicorp a(del Grupo Romero) llama la atención. Intradevco es una empresa con ventas de US$ 200 millones en 2017, con un patrimonio neto de US$ 130 millones y utilidades netas después de impuestos de solo US$ 14.8 millones reportadas a la Superintendencia del Mercado de Valores. Se estaría pagando, entendemos por el 100% del capital social, 3.8 veces su patrimonio contable neto y 33 veces las utilidades netas del ejercicio, el doble de los estándares recomendables en los mercados de valores. Alicorp pagó por Intradevco un monto equivalente a 3.5 años de sus utilidades netas de 2017. Solo expectativas muy elevadas de rentabilidad pueden justificar esas razones financieras.

Corresponde a sus accionistas, incluidos los minoritarios, evaluar la conveniencia de esta operación. A nosotros los consumidores nos compete estar vigilantes con que estas expectativas de ganancia se vayan a viabilizar a través de mayores precios al público y no a través de mayores eficiencias o reducciones de costos. Desafortunadamente, las líneas que aporta Intravdeco son de alto crecimiento (12.4% promedio anual los últimos 7 años) que reflejan una elevada elasticidad de ingreso que podrían generar “oportunidades” para que Alicorp eleve sus precios y por tanto reduzca el excedente de los consumidores. Lo ocurrido con los precios de la comida para mascotas, detergentes, pañales y papel higiénico o del reciente cartel que elevaba los precios del gas natural vehicular, entre otros, son ejemplos de mala recordación.

Hasta aquí no hemos mencionado si el vendedor Tecnología Aplicada S.A., dueño del 98.95% del capital social, radicado en Islas Vírgenes, pagará un sol de impuestos. Tampoco quién financiará la operación dentro de los márgenes establecidos por la Superintendencia de Banca y Seguros. No se comentan los impactos que podrían generarse sobre los precios, desigualdad, inversiones y empleo de este tipo de operaciones cuando son importantes. Desafortunadamente existe mucha evidencia internacional negativa.

http://diariouno.pe/columna/otra-fusion-peligrosa/

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A propósito de la izquierda democrática

Gustavo Espinoza M.

 “Dicen que el mar es violeta, dicen que la Tierra es plana, que cayó nieve en La Habana, que existe solo un planeta. Que Homero no fue poeta, que Goya se cortó un pie, que nunca existió Fouché, que Aquiles murió del codo: Las Fake News lo cambian todo. Y hay gente que se lo cree”.

Yoerky Sánchez

La expresión “Fake News” representa un contrasentido. Se trata de “noticias falsas”. En otras palabras, noticias inventadas. Y es un contrasentido porque la noticia es la versión de un hecho. Y un hecho puede ser bueno o malo, pero no falso. Si fuera falso, no sería un hecho, sino un invento. Por eso se dice que las Fake New son “noticias inventadas”.

Y como afirma Yoerky Sánchez: hay gente que lo cree. Creen lo que les dice la “Prensa Grande” y lo que les vienen repitiendo los poderosos desde hace muchos años. Por eso, sustentan hoy la idea de una imaginaria “nueva” izquierda”, expresión bastante antigua, por cierto.

La Izquierda -como reflejo del sentimiento y la voluntad popular más positiva y progresista- no pertenece ni al futuro, ni al pasado. Tiene pasado, y también futuro, por cierto. Pero no es lo mismo. Y es que tanto en el pasado como en el futuro, alimenta sus acciones con aciertos y errores, con aventuras y desventuras, con avances y retrocesos. Pero camina como el viejo topo de la historia, ese al que aludía Carlos Marx, aun bajo la tierra.

Un artículo de Rocío Silva Santisteban y entregado recientemente por “La República”, sustenta el punto de vista de lo que se proclama entusiastamente como la “futura izquierda democrática del Perú”. Vale formularle algunas acotaciones.

La primera, tiene que ver con el estilo ligero del que hace gala no en la forma, sino en la esencia. Sostiene, en efecto, que la izquierda peruana “le debe mucho mas a Arguedas que a Stalin”. Es claro que eso, nadie podría negarla, Pero carece de esencia y es solo una concesión a la frase. Y es que entre Arguedas y Stalin, no hay punto de comparación, como no podría haberla entre Einstein y César Vallejo, o entre Madame Curie y María Elena Moyano.

Se trata de personalidades distintas, surgidas en escenarios diferentes, y portadoras de mensajes y lecciones que podrían tener una base común –humana y social- pero con contenidos disímiles. Por eso no pueden ser situados en el nivel de la contradicción procurando que unos sean “arguedianos”; y otros, “estalinistas”. No tiene sentido igualar, ni contraponer, a unos con otros.

Dice Rocío que la izquierda peruana –la que considera extinta- no se condice “con la heterogénea realidad de nuestra izquierda múltiple”. Aquí tampoco cabe una comparación.

Y es que el universo político -en el que coexisten diversas expresiones de derecha o izquierda- siempre fue, y será heterogéneo y múltiple. Y ese rasgo no le confiere primacía ni inferioridad, a nadie. Es solo un signo vital que muestra la lucha de ideas, y la voluntad de los hombres por encontrar explicación a sus retos.

Lo que no resulta válido es aquello de descalificar a las personas en función de los años que tienen y considerar “gerontosaurios” a quienes tienen ideas que se juzgan “antiguas” -como la lucha de clases, por ejemplo- Pero hay que deslindar. Unos son los exponentes de esa Izquierda que se considera “obsoleta”; y otros, los representantes de la “estela mortal senderista”.

El “senderismo” –es decir, el terrorismo- no es una ideología, sino una metodología, una voluntad distorsionada, perversa y destructora, incompatible con cualquier concepción que busca la liberación humana. El enemigo procura mimetizar a unos con otros, pero esa, es tarea del enemigo. No. de una “izquierda renovada”. -> Continúa mañana.

http://diariouno.pe/columna/a-proposito-de-la-izquierda-democratica/

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La oposición vacante

Juan de la puente

A cinco meses de la primera detención de Keiko Fujimori, el liderazgo en la oposición está vacante, lo que no significa que no existan opositores y grupos opuestos al Gobierno, algunos virulentos, inclusive. De lo que carece la política actual es de alternativas a ese liderazgo solitario del presidente Vizcarra, lo que resume el vacío abierto el año pasado, que muestra un sistema descabezado, pero en movimiento.

Se ha dicho mucho sobre el piloto automático de la economía, aunque encuentro más razones para asumir que es la política la que está en piloto automático, luego de dos colapsos sucesivos, el de los partidos llamados tradicionales desplazados en las elecciones del 2011 y 2016, y el de varias instituciones golpeadas severamente el año pasado (Congreso, P. Judicial, CNM y el Ministerio Público).

De los 8 líderes a los que la encuesta reciente del IEP le atribuye simpatías por encima del 10%, solo uno (a) habla levemente del futuro (V. Mendoza); tres guardan riguroso silencio (Guzmán, Barnechea y Acuña); uno posa para la foto, que finalmente es mejor que el silencio (Kenji); y otro se defiende esencialmente de las acusaciones de corrupción (O. Humala). Los otros dos tienen restricciones para expresarse por encontrarse en prisión (A. Humala y K. Fujimori).

Quisiera conocer a los publicistas que les dijeron a los líderes que en una etapa de crisis e incertidumbre es mejor no hablar o no moverse mucho, y que no deben exponerse o participar en el corto plazo de la política. Como si el inmovilismo no hubiese destruido las posibilidades de Lourdes Flores el 2006, de Toledo y Castañeda el 2011, y recientemente de Reggiardo el 2018, o como si este no fuese un momento decisivo para la renovación profunda del sistema político.

Es Vizcarra quien desde el poder encarna el rechazo al orden de cosas y el que propugna un cambio, en tanto que los grupos que se apuntan al campo opositor representan este orden detestado por los peruanos. Mientras este emplazamiento de actores persista, cualquier dinámica contra el Gobierno –aun las más agresivas- no podrá aspirar a ser hegemónica, o siquiera rentable.

Pocas veces he visto un desprecio tan marcado por la política de todos los días, un escenario en el que nadie quiere ir más allá de Vizcarra en el corto plazo, y una baja empatía con los problemas cotidianos de la gente (seguridad, servicios, empleo, salud), con una derecha esperanzada en el hundimiento de Vizcarra desde la lógica de “todos son corruptos”, y una izquierda estancada en la convicción de que salvo la constituyente todo es ilusión.

Incluso en los grupos que simpatizan con el Gobierno no existe un desempeño independiente, y no se ejerce como en otros países los compromisos diferenciados (Alemania, Italia, Chile con Bachelet, Brasil con Lula/Dilma), es decir, de respaldo a los gobiernos y sus políticas centrales sin desatender las demandas de la sociedad.

Este asunto no tendría importancia si no fuese porque las reformas pierden peso y se relativiza su imperiosa necesidad, de la mano de la aparición de un núcleo dirimente en el Congreso, que se ha trasladado a la mayoría de medios. Si hay un fenómeno que irrumpe para quedarse es el congelamiento de las reformas votadas en diciembre, con la real posibilidad de que a fin de año ninguna de ellas se materialice.

El enfriamiento de los cambios no solo sería un revés para Vizcarra sino para las fuerzas políticas y sociales que lo propugnan. Si se consuma este fracaso no debería esperarse una nueva oportunidad para el cambio democrático, además del surgimiento de un nuevo debate nacional, ya no sobre la necesidad de una reforma en democracia sino sobre cuánto habría que prescindir de ella para que el país “cambie”.

Es hora de hablar con la gente. Luego del referéndum de diciembre, la última oportunidad en que los políticos recurrieron a los ciudadanos, la política se juega más que nunca arriba. Ningún grupo o líder convoca a la sociedad, una omisión especialmente apreciable en quienes apuestan por cambios que signifiquen el reconocimiento de derechos y libertades.

http://juandelapuente.blogspot.com

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EL REINO DEL “DIEZMO”

Ángel Páez

El 26 de octubre de 2018, poco antes de culminar su mandato como gobernador del Callao, el procesado por corrupción Félix Moreno, aprovechando que el Poder Judicial lo había dejado en libertad, otorgó a la empresa colombiana Constructora CRD, sin licitación, directamente a dedo, la culminación del proyecto del tramo chalaco de la Costa Verde por 59 millones de soles. Odebrecht había abandonado esa obra cuando se descubrió que la compañía brasileña pagó una coima de 4 millones de dólares al mismísimo Moreno a cambio de esa construcción, precisamente. 

A pesar del escándalo con Odebrecht, Moreno entregó la finalización de la Costa Verde a otra empresa corrupta, Constructora CRD, acusada de haber pagado coimas a los hermanos fujimoristas Becerril Rodríguez para que el exalcalde de Chiclayo David Cornejo le adjudicase sin concurso una obra de 11 millones de soles. En poco menos de tres años, entre 2015 y 2018, la compañía colombiana Constructora CRD ganó contrataciones para obras públicas por 188.5 millones de soles sin contar con una sola máquina en el país. 

Sus funcionarios ya no viven en el Perú. Desmantelaron su oficina de San Isidro y en Colombia nadie da razón de ellos. Pero si quieren regresar y volver a ganar contratos millonarios con gobiernos regionales y municipios provinciales y distritales, además de entidades del Estado, podrán hacerlo sin ningún problema. Como lo han confirmado el Organismo Supervisor de Contratos con el Estado y la Contraloría General de la República, mientras no exista sentencia firme del Poder Judicial cualquier empresa como Constructora CRD puede participar y ganar licitaciones, o recibir adjudicaciones de millonarias obras públicas.

Para qué asaltar un banco, si solo basta con inscribir una proveedora del Estado en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos con un simple capital de 1.000 soles y facturar centenares de millones de soles, como Constructora CRD. De hecho, en el Registro Nacional de Proveedores la compañía colombiana en este momento aparece como habilitada para contratar con el Estado.

Tampoco la mayoría de empresas implicadas en el caso del “Club de la Construcción” tiene impedimento para participar en licitaciones o para recibir directamente contrataciones con organismos estatales, como la constructora CASA. Dos aspirantes a colaborador eficaz han mencionado que esta compañía pagaba supuestamente coimas o “diezmos” (10 por ciento del total de la obra pública) con el fin de que se le asigne algún proyecto millonario. Sin embargo, hoy mismo CASA, y los demás implicados en el “Club de la Construcción”, tienen la completa libertad de presentarse a las licitaciones públicas y contratar con el Estado mientras no exista sentencia firme. 

En una columna anterior referimos el caso de una familia ayacuchana que luego de fracasar en el negocio del narcotráfico, se dedicó a la obra pública porque resultaba mucho más rentable debido a que el riesgo de cárcel era muy menor. Si un narco cae preso, difícilmente su negocio continuará progresando. Pero un corrupto  empresario de la construcción, aunque se encuentre sometido a investigación por la fiscalía, o temporalmente es encerrado en la cárcel por mandato judicial, podrá seguir contratando con entidades públicas hasta que no reciba condena. La obra pública es la principal fuente de corrupción en el Perú y nadie hace nada para evitarlo. Es el reino del “diezmo”.

https://larepublica.pe/politica/1413588-reino-diezmo

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Conocí al sacerdote recoleto Hubert Lanssiers en la cárcel de Picsi, Chiclayo, a finales de los años noventa. El padre, un abogado y yo entramos juntos en el pabellón de terroristas.

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–¿No deberíamos llevar una escolta? –pregunté asustado–. ¿Aunque sea un guardia?

–El padre no necesita escoltas– respondió el abogado.

Lanssiers presidía la comisión para indultar a inocentes encarcelados. Y era el trabajo más tranquilo de su vida. Durante su niñez belga, había sufrido en carne propia la ocupación nazi. Luego, se había enrolado en el ejército aliado. Se había ordenado sacerdote en el Japón posnuclear. Había vivido las guerras de Indochina y Vietnam. Y en los ochenta, había terminado como capellán de las cárceles peruanas.

Con semejantes antecedentes, efectivamente, el padre no necesitaba escolta. Su escudo era el respeto que inspiraba. De haberlo encontrado afuera de la cárcel, algunos de esos presos marxistas no habrían dudado en matarlo por traficar con “el opio del pueblo”. Lo mismo habrían hecho muchos policías o soldados, que desconfiaban de su interés por los presos. Pero ahí adentro, precisamente por todo eso, era el único que podía poner a ambas partes a dialogar. Lanssiers mediaba en conflictos, aplacaba motines y evitaba masacres. Todos confiaban en él porque en realidad, él no veía izquierdistas o derechistas: solo seres humanos. Y hacía lo posible para que esos seres –sin importar sus ideas, ni siquiera sus delitos– viviesen con dignidad.

Lanssiers es la persona que más he admirado en la vida. Y continúo trabajando con sus herederos. Esta misma semana, entregué como jurado el premio literario de las cárceles peruanas, que lleva su nombre, porque reconoce la humanidad, incluso de quienes han hecho cosas inhumanas, y favorece su resocialización a través del arte.

Pocos días antes, el cardenal Pedro Barreto había declarado en una radio que “Fuerza Popular nunca ha querido el bien del Perú”, causando una cascada de reacciones de políticos y un gran debate sobre si la máxima autoridad de la Iglesia debe manifestar su respaldo o crítica a un partido.

No pude evitar recordar que el padre Lanssiers rechazaba casi todas las entrevistas. Sabía que los periodistas necesitaban titulares, y para conseguirlos intentaban enfrentarlo con el gobierno, la izquierda, los militares o quien fuese. Él nunca titubeaba en decirles a todos ellos las verdades a la cara. Pero prefería hacerlo en persona antes que en los periódicos. Y esa discreción ayudaba mucho a mejorar las condiciones de vida de los involucrados.

Pensando en él, durante años, e incluso en estas páginas, he sido crítico con los exabruptos de Juan Luis Cipriani y su manía de utilizar su investidura para apoyar al fujimorismo. Un cardenal tiene todo el derecho a dar una opinión política. Pero si la exhibe en público, transmite el mensaje –falso por definición– de que hay un “partido de Dios”. Y pierde credibilidad para ser lo que debe ser: un mensajero de la paz.

Por la misma razón, creo que Barreto cometió un error con sus declaraciones. Como ciudadano, estoy bastante de acuerdo con ellas. Aun así, no creo que le correspondiese al cardenal asumirlas. Y él tampoco, porque ha tenido el gesto de retractarse. Aun así, en adelante, cuando Barreto quiera de verdad “el bien del Perú”, una parte de los peruanos lo acusará de parcialidad. Y cuando la Iglesia pueda mediar en un conflicto nacional, resultará tan inverosímil como Cipriani mediando entre Keiko y PPK.

Si existiera el partido de Dios, sus miembros estarían más allá de etiquetas ideológicas. Sus militantes estarían a favor de la humanidad. Trabajarían discretamente para que las personas no se hagan daño entre ellas. Y su líder indiscutible seguiría siendo Hubert Lanssiers, el hombre al que respetaban hasta los asesinos.

https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/partido-dios-santiago-roncagliolo-noticia-607839

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El espectro político, por Iván Alonso

Para entender cómo se ha utilizado el espectro electromagnético en Estados Unidos –dice Thomas Hazlett en su libro “The Political Spectrum”– no hace falta entender la física de las ondas radiales, sino la manera cómo ciertos intereses privados se aliaron con los reguladores para distribuir favores a los elegidos y cerrarle el paso al espíritu empresarial. Hazlett, economista principal de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC en inglés) entre 1991 y 1992, es un ferviente partidario de la creación de derechos de propiedad en el espectro para que el mercado, y no los reguladores, decida cuál es el mejor uso que se le puede dar.

La regulación del espectro electromagnético parte de una falacia: que es un recurso escaso y, por lo tanto, debe ser administrado por alguna dependencia estatal que cuide del interés público. Pero la tierra, por poner un ejemplo, es también un recurso escaso, y no por eso se nos ocurre que sea propiedad pública. Al contrario: es justamente cuando un recurso es escaso que la propiedad privada hace más sentido, para que entre los distintos usos alternativos se elijan los que más valor crean para la sociedad.

Tampoco es tan limitado el espectro como parece. A lo largo de un siglo, ha crecido en dos dimensiones, que los economistas llaman el margen extensivo y el margen intensivo. Se ha hecho posible transmitir señales en frecuencias cada vez más altas, que es como ampliar la frontera agrícola con obras de irrigación (el margen extensivo); y se ha logrado transmitir cada vez más señales en un mismo ancho de banda, que es como aumentar el rendimiento de la tierra (el margen intensivo). La tecnología ha sido importante, pero el derecho y la economía aun más. Un propietario en todo el sentido de la palabra, que puede vender y subdividir su ancho de banda o modificar el uso que se le da, tiene más incentivos para innovar.

La innovación ha sido una víctima de la regulación, según Hazlett. La primera llamada de un teléfono celular se hizo en 1973, cuando Marty Cooper, un ingeniero de Motorola, llamó desde una esquina de Nueva York a su colega Joel Engel, de AT&T, para demostrarle quién había ganado la carrera tecnológica. Pero tuvieron que pasar más de diez años para que la FCC diera las primeras licencias para poner el celular al alcance del público.

Nadie sabía en ese momento cómo iba a responder el mercado. La consultora McKinsey pronosticó que a fines del siglo XX habría 900.000 celulares. Una tremenda quinceada, en retrospectiva: el número real fue cien veces mayor. Pero pudo haber sido de otra manera, y muchas de las frecuencias asignadas al celular se habrían quedado inutilizadas hasta que la FCC autorizara un cambio de uso. Las licencias deben, pues, ser flexibles. Es un error limitarlas a los usos autorizados por el regulador. Es un error, también, ponerles metas de inversión y de cobertura porque la tecnología y el mercado pueden eventualmente requerir otra cosa.

Definir derechos de propiedad en el espectro electromagnético es simple. Usted recibe el derecho a emitir una señal desde tal ubicación, en la banda de tantos a tantos megahercios de frecuencia y con tantos kilovatios de potencia. La potencia determina el alcance y limita las interferencias con otras señales. Si usted cree que es más complicado por razones “técnicas”, lea el libro de Hazlett.

https://elcomercio.pe/opinion/mirada-de-fondo/espectro-politico-ivan-alonso-noticia-607859

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La impunidad parlamentaria, por Luciano López Flores

A finales de enero, Opinión Data de Ipsos dio cuenta de que el 74% de la población desaprueba la gestión del Congreso de la República. Esto es obra de los altos niveles de descrédito de todas las bancadas sin excepción: desde el 60% de Acción Popular y de la novísima Bancada Liberal hasta los sonoros 81% de Fuerza Popular y 87% del Partido Aprista.

El mensaje de estas cifras debiera conducir a la reflexión y motivar un “propósito de enmienda”. Pero la reciente opinión consultiva aprobada en la Comisión de Constitución y Reglamento, que preside la congresista Rosa Bartra de Fuerza Popular, a propósito del pedido del Poder Judicial para levantar la inmunidad del congresista Edwin Donayre a fin de que cumpla su condena de prisión por robo de combustible en agravio del Ejército Peruano, nos muestra, al parecer, que los padres de la patria han decidido carbonizarse en las llamas de la desaprobación ciudadana y decirnos: “Soy parlamentario, y hago y voto como quiero”.

La opinión consultiva aprobada por la Comisión de Constitución no era necesaria. La Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, que preside la legisladora aprista Luciana León, decidió consultar a Constitución sobre cuáles son las “causales para el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de arresto”. Pero ¿para qué consultar algo que ya está en el Reglamento del Congreso (artículo 16) y que ya ha sido dilucidado por el Tribunal Constitucional (TC) hace una década?

El TC ha dicho (en la sentencia 0013-2009-PI/TC) que ante el pedido de levantamiento de la inmunidad parlamentaria que le formule el Poder Judicial al Congreso (bien sea para procesar a un congresista, o para arrestarlo por mandato de prisión preventiva o sentencia condenatoria) este último solo tiene competencia para analizar si existe “finalidad política” en el pedido. Dicho de otro modo, para descartar que esa solicitud encarne persecución política. Y nótese que, si advierte la existencia de móviles políticos, el Congreso estaría declarando algo sumamente grave: que no hay democracia, que el Poder Judicial está intervenido, instrumentalizado, por otro poder público o grupo de poder, para perseguir políticamente a un parlamentario, lo que justifica que el Poder Legislativo active este campo de protección de su propia institucionalidad.

Si la competencia exclusiva del Parlamento radica en determinar la existencia o no de móviles políticos, entonces es claro que no tiene atribuciones para nada más. Si la orden judicial está “firme” o no (es decir, si se agotaron todos los recursos previstos en la ley), es un aspecto jurídico que no es de incumbencia del Parlamento. Esta es una competencia exclusiva del Poder Judicial, dado que solo los jueces tienen el poder-deber de interpretar y aplicar las leyes, así como de realizar el control de constitucionalidad o convencionalidad por mandato de la Constitución (artículo 138). El Parlamento no es un tribunal de justicia y eso, paradójica y contrariamente a sus conclusiones, lo reconoce la propia opinión consultiva (numeral 3.4., p. 18).

Ahora, el Caso Donayre también pone en el debate si, de cara a la reforma política, la inmunidad parlamentaria debe abolirse o reformarse. Creo más en lo segundo.

Recientemente, en un evento sobre la inmunidad parlamentaria organizado por Idea Internacional con la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, planteé la necesidad de una reforma constitucional en la que la autorización para el procesamiento o arresto de un congresista por delito común no debiera estar a cargo del Parlamento. Este no puede ser juez y parte. Como quiera que la defensa del fuero parlamentario es, en sustancia, una cuestión constitucional, lo lógico es que el TC participe en el trámite. Así, el pedido lo formularía el Poder Judicial al TC, que, para decidir si concede el levantamiento de la inmunidad, emplazaría al Congreso a que, en un plazo corto, la cuestione con base solo en móviles políticos. Y si no se plantea, acredita y sustenta, deberá concederse el procesamiento o arresto del congresista. Así se evitaría la impunidad parlamentaria que hoy campea.

https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/impunidad-parlamentaria-luciano-lopez-flores-noticia-607879

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