OPINIONES 24/02/2017

Aportes para (el caso) Nadine - Marco Sifuentes
Barata en sus 13 - Mirko Lauer
Cuando los aportes son coimas - César Lévano
El color del dinero - Augusto Álvarez Rodrich
El oráculo auriverde… - Santiago Pedraglio
Empresarialización de la Democracia - Votos, dinero y poder
Esteban De Gori, Ava Gómez y Bárbara Ester CELAG
Preocupados por la inversión - Iván Alonso
Psicosocial - Luis Davelouis
Qué discutir tras el tiroteo en Independencia - N. Zevallos
Tecnología y empleo: ¿peligros y retos? - Germán Alarco Tosoni
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Aportes para (el caso) Nadine Marco Sifuentes Cuando Nadine Heredia aún me contestaba el teléfono, intenté que explicara en un reportaje cuál era la participación de su familia –los Heredia– en la organización y finanzas del Partido Nacionalista. Eso fue en el 2006, en su primera contienda electoral, y desde entonces no volvió a darme una entrevista. Era comprensible: descubrí que a través de distintos familiares, los Heredia figuraban como aportantes de un total de casi 150 mil soles para la campaña. Su hermano, Ilan, que ni siquiera estaba colegiado como contador, era el tesorero del partido. En ese momento me acusaron de jugar para el entonces candidato Alan García. En el 2009, el periodista Óscar Libón descubrió que dos extrañas empresas venezolanas le enviaban dinero a Nadine Heredia. Eventualmente, la UIF determinó que la suma total, en tres años de remesas, ascendían a 215 mil dólares. Buena parte de ese dinero había sido depositado por gente de su entorno más cercano, entre ellos su madre y su hermano Ilan. Pero como la denuncia apareció en “Correo”, se convirtió en un “psicosocial de la derecha”. Para la campaña del 2011, los Heredia ya no figuraban en el papel. Sin embargo, la periodista Mabel Huertas denunció que el nacionalismo había recibido aportes fantasmas –algunos de más de 200 mil soles– de ciudadanos que a todas luces no tenían de dónde haber sacado ese dinero. Varios desvirtuaron la denuncia como “un complot del fujimorismo”. A fines del 2014, Heredia ya estaba en Palacio. Entonces, la periodista Graciela Villasís rizó el rizo. Esos aportes fantasmas sumaban nada menos que 21 millones de soles. Quien era el tesorero, en el papel, del Partido Nacionalista señalaba como responsable, otra vez, a Ilan Heredia. La ONPE detectó que de ese total, nada menos que 11 millones nunca fueron bancarizados. En ese momento, un académico nadinista –luego desprestigiado por acoso sexual– insultó de la peor forma a la periodista y al programa “Cuarto poder”. Al año siguiente, el periodista Marco Vásquez sacó al fresco las agendas de Nadine. Le llovió de todo. Obviamente, dijeron, se trataba de un invento de Montesinos a través de Schutz, que, al parecer, se habían tomado el trabajo de llenar cuaderno tras cuaderno de garabatos y números random. Ayer, este Diario publicó la bomba. Odebrecht donó, a través de varias entregas en efectivo coordinadas directamente con Nadine Heredia, un total de 3 millones de dólares para la campaña del 2011. Al cambio de entonces, eso es mucho menos que los 11 millones no bancarizados. Por cierto, en los papeles sueltos de las agendas (como puede usted mismo corroborar en Utero.Pe, donde las subimos íntegramente en su momento) aparece varias veces el nombre de “Marcelo” al lado de ingresos de “+30.000”. La hipótesis de la fiscalía, para quienes las agendas son pistas cruciales, es que se trata de Marcelo Odebrecht. Aquí hay una lección para todos nosotros, querido lector. Respire un poco la próxima vez que un periodista saque una denuncia que a usted no le guste (porque cree que favorece a –o, peor aun, que es digitada por– ese político que usted detesta). Sé que es difícil darle una oportunidad a las informaciones que desafían a nuestro corazoncito (y al prejuicio de que todos los periodistas son unos vendidos). Pero hay que hacerlo. Sobre todo ahora que vivimos refugiados en esas burbujas que son nuestros amigos de Facebook. Respire otra vez y repita junto a mí: mi opinión no importa. Tampoco importan los mensajeros. Lo que importa son los hechos. Ya es hora de que nos demos cuenta. http://elcomercio.pe/opinion/rincon-del-autor/aportes-caso-nadine-marco-sifuentes-noticia-1971107 ________________ Barata en sus 13 Mirko Lauer Lo que le respondió Jorge Barata a la fiscalía peruana ha hecho una ruta mixta hacia los medios en la mañana de ayer. Caretas publicó una versión elaborada, que horas antes había adelantado con ánimo promocional. Pero El Comercio recibió el texto completo de las 13 respuestas de Barata, y algún material para una nota menor. Las respuestas son de impacto, en la medida que sindican a Nadine Heredia como receptora de millones de dólares para la campaña del 2011. No es la acusación de coimera que muchos están esperando, pero de todas maneras añade a sus problemas de esta hora. Pues más temprano que tarde todo ese dinero va a tener que ser explicado de alguna manera. La carne del anterior asunto es el detalle de cómo y en qué lugares (no se menciona fechas) circuló el dinero brasileño para los nacionalistas. Además en la sección pruebas hay una alusión al celular de Marcelo Odebrecht, a registros policiales de Brasil, y la promesa de seguir explorando los papeles de la ya célebre División de Operaciones Estructuradas. Nada de esto ubica a Heredia al nivel de Alejandro Toledo, pero la pinta como la encargada de una relación financiera con Odebrecht, “a pedido del Partido de los Trabajadores”, dice Barata. Para la fiscalía esto no parece una ganga legal, sino más bien un laberinto jurídico de tipificaciones, responsabilidades y fueros. Al mismo tiempo Barata precisa que no ha entregado dinero por concepto alguno para el gasoducto del sur, ni le fue solicitado en ningún momento. Esto va a decepcionar a quienes ven en la megaobra un epicentro de corrupción. Además modula un poco la percepción de un Odebrecht con el dedito corruptivo activo en todas sus operaciones. Desde el punto de vista, digamos, literario Barata es un ejemplo de parquedad y precisión, y es obvio que sabe no soltar una palabra de más. En esto contrasta con las interpretaciones de la prensa local (por ejemplo la difundida insistencia en llamar al marketero Luis Favre “socio de Garreta”, cuando fue su empleado, y otras imputaciones no demostradas). Las 13 respuestas de Barata hacen pensar en lo que podrían ser las de todos los demás funcionarios de Odebrecht. http://larepublica.pe/impresa/opinion/851165-barata-en-sus-13 ________________ Cuando los aportes son coimas César Lévano La información de que Nadine Heredia, esposa de Ollanta Humala, recibió tres millones de dólares para financiar la campaña electoral del 2011, no encierra un simple acto de generosidad. Es evidente que la corrupta y corruptora Odebrecht, empresa privada, entregaba esa suma con la expectativa de ser retribuida con creces bajo el gobierno de Humala, lo cual realmente ocurrió. Jorge Barata, que fue directivo de Odebrecht en el Perú, ha delatado que en reunión a mediados del 2011, realizada en el Hotel Meliá de San Paulo, acordó con el publicista brasileño Valdemir Garreta que este sería el encargado de entregar el dinero para la campaña de Humala. Hay aquí un enigma envuelto en un misterio: ¿para qué necesitaban Humala y, la más insistente Nadine Heredia, si aquel había ya ganado a Keiko Fujimori en la primera vuelta electoral de abril del 2011 y había repetido el triunfo en segunda vuelta, de junio? A esa altura, “a mediados del 2011”, terminada la campaña, por qué presionaba Nadine para que Odebrecht le entregara el aporte, mejor dicho, la coima. Muy importante es por eso establecer la fecha exacta de los aportes. Esa es una primera pregunta. Otra es: ¿mencionó el Partido Nacionalista ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) el origen del dinero y el nombre del donante? Otra interrogación, aún más importante, es esta: ¿si los dólares ya no se necesitaban para la campaña, a dónde fueron a parar? ¿A la caja del partido o al bolso de la flamante primera dama: En la declaración que Barata hizo ante los fiscales peruanos que viajaron en enero para investigar el caso fue él sometido a este interrogatorio (se reproducen las respuestas): ¿Tiene usted conocimiento que la señora Nadine Heredia llevaba un registro de las entregas de dinero en efectivo? Yo nunca vi eso, yo llegaba, ella me preguntaba cuánto había, yo le decía, nunca siquiera se contaba, solo el dinero que yo lo llevaba en un bolso, ella lo ponía en otro bolso, y me entregaba el mío. ¿Todas las entregas de dinero en efectivo a Nadine Heredia fueron en el inmueble ubicado en la av. Armendáriz de Miraflores? Sí, en la planta baja del inmueble, era una sala pequeña. ¿Cuál era la fuente de los fondos que fueron entregados a Nadine Heredia, conforme lo ha descrito? En la época sabíamos que el dinero venía de Caja 2 (contabilidad paralela de Odebrecht). http://diariouno.pe/columna/cuando-los-aportes-son-coimas/ ________________ El color del dinero Augusto Álvarez Rodrich La confirmación de que Odebrecht entregó a Nadine Heredia US$3 millones para la candidatura 2011 de Ollanta Humala amplía el espectro político de los escándalos Lava Jato. La revelación es parte del testimonio brindado por Jorge Barata a la fiscalía peruana. Se trata, sin duda, de un acto indebido pero con implicancias judiciales distintas al soborno para facilitar la ejecución de una obra como en el caso del ex presidente Alejandro Toledo o el par de viceministros del gobierno aprista. El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, declaró ayer a Correo que los de Toledo y Heredia son “escenarios diferentes” pues el primero es un soborno para beneficiar a una empresa con un contrato, mientras el segundo “es un aporte para una campaña electoral que varias empresas lo hacen con todos los partidos”, aunque no sea claro si es un ilícito penal o un ilícito administrativo y “si motiva una multa o un proceso penal, forzando la figura podrían decir que es un lavado de activos”. En la misma dirección opinan penalistas como Luis Lamas Puccio y Carlos Caro, quien señala que en el Perú no existe el delito de financiación ilegal de partidos, por lo que la sola entrega de dinero entre dos privados no constituye un delito sancionable. Lo que podría haber es una ilegalidad administrativa electoral. Pero esto podría cambiar si es que el dinero de Odebrecht tuvo un origen ilícito; si Heredia y Humala utilizaron el dinero en beneficio propio; o si el dinero se dio como un favor para adjudicar obras cuando fueran gobierno. Sin embargo, al margen de las implicancias judiciales, es obvio que un aporte al financiamiento de una campaña suele buscar el establecimiento de una relación favorable con quien puede ser un gobernante para lograr decisiones de interés particular. Un pecado en el que incurren casi todos los partidos, desde Odebrecht con el nacionalismo, hasta el investigado Joaquín Ramírez con el fujimorismo, y en el que bien se puede preguntar quién tira la primera piedra. ¿A cuántos más financió Odebrecht? ¿A quién le dio dinero el narcotráfico o negocios ilegales en la tala, la minería o el transporte? ¿Y cuánto del dinero aportado va para la campaña y cuánto para el bolsillo del candidato? El problema de fondo es la escasa transparencia del financiamiento de la política en el Perú, que –como en todas partes– constituye la explicación principal de la corrupción. Y el gran obstáculo para el cambio son los propios partidos que se oponen a la plena transparencia mediante mecanismos simples como el financiamiento público de las campañas. http://larepublica.pe/impresa/opinion/851169-el-colordel-dinero ________________ El oráculo auriverde… Santiago Pedraglio El “Perú Odebrecht” atiende a qué hacen y dicen los fiscales y jueces brasileños. Hace una semana, una cumbre latinoamericana promovida por el Ministerio Público Federal de Brasil reunió a 11 fiscales de la Nación, incluido el del Perú, Pablo Sánchez. El objetivo: intercambiar información y acordar medidas. Sin duda, los fiscales peruanos dependen en gran medida de sus pares de allá para obtener el dato que disparará sus investigaciones y guiará sus esfuerzos para determinar si la información de un colaborador eficaz que habla en el Brasil configura un delito penal en el Perú. El Comercio (23.2.2017) publicó una información obtenida por los fiscales peruanos en el marco de esta colaboración: el ex representante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, detalló la entrega de US$3 millones al Partido Nacionalista (uno de estos, directamente a Heredia) para solventar su campaña electoral de 2011. Los retos de los fiscales peruanos son varios. Antes que nada, mantener el equilibrio si quieren quedar bien y no perder credibilidad ni allá ni acá. No pueden dejar de ver que hay requerimientos y acuerdos de los colaboradores con la justicia brasileña que pueden condicionar a la justicia peruana. Sin ir muy lejos, el juez brasileño Sergio Moro afirmó, durante su conferencia de hace dos días en Lima, que las empresas que colaboran y reconocen sus delitos –¿Odebrecht y similares?– no deben ser castigadas “más que (…) aquellas que no colaboran” (La República, 23.2.17). Finalmente –y no solo los fiscales–, es esencial seguir con atención el impredecible medio político brasileño, que puede querer torcer la investigación del caso Lava Jato. El presidente Temer, con 10% de aprobación y acosado por denuncias, ha colocado a su controvertido ministro de Justicia, Alexandre de Moraes, en la Corte Suprema, en sustitución del fallecido y clave juez supremo Teori Zavascki. http://peru21.pe/opinion/santiago-pedraglio-oraculo-auriverde-2271925 ________________ Empresarialización de la Democracia Votos, dinero y poder Esteban De Gori, Ava Gómez y Bárbara Ester CELAG I Los años ´90 fueron cruciales para asociar de manera virtuosa la empresa y la política. La caída del muro y la mundialización de las finanzas y el comercio permitieron a la empresa y a los empresarios construir un nuevo lugar en la escena política. Lo que en décadas anteriores hubiese despertado sospechas, contrariedades y rechazos se transformó en una virtud. Allí había una experticia de cómo entender el desarrollo de la economía y cómo hacer del Estado una maquinaria “sin derroches”. El neoconservadurismo reactualizó la asociación virtuosa entre empresario y gestión política eficiente. ¿Quién mejor sabría cómo cuidar los ingresos y como transformarlos en rentabilidades? El neoconservadurismo se empresarializó en las últimas décadas. Amplió la clase política con nuevos actores, los sacó del “lobby” y los colocó como posibles gestores de la vida estatal y pública. Pese a este nuevo imaginario debemos indicar que la mayoría de los presidentes de los años ´90 no provenían del ámbito empresarial (Cardoso, Menem, Fujimori, Salinas de Gortari, etc.), tendríamos que esperar hasta inicios del siglo XXI para ver la realización de este proceso. Tal vez, podríamos decir que este proceso de empresarialización del espacio público comenzó en los clubes de fútbol, los cuales sirvieron de plataforma para lanzarse a la política europea y latinoamericana: Berlusconi (dueño del Milan, Macri (Presidente de Boca Juniors), Cartes (Presidente de Libertad) y Piñera (dueño del Colo Colo). En la actualidad, un conjunto de presidentes –la mayoría pertenecientes al universo conservador- proviene del ámbito empresarial. Trump no inició este camino, lo comenzó Vicente Fox en México en el año 2000, iniciando un proceso de ampliación y de acceso de empresarios-presidentes a los gobiernos latinoamericanos. La empresarialización de la política comenzó a desembarcar en la administración pública, en el Gabinete Ministerial y el poder Legislativo. Empresarios que buscaban “influir” por fuera del aparato institucional estatal comenzaron a sentirse legitimados para acceder a los mismos, para presentarse a elecciones. Salieron del closet y se animaron a la política. No solo eso, su procedencia empresarial les abrió un mundo de posibilidades, parte de las sociedades actuales y posmodernas observaron a estos actores como portadores de ciertas virtudes. Empresarios del espectáculo, de la construcción, de los sistemas más dinámicos del capitalismo globalizado o vinculados a los commodities o a los recursos naturales comenzaron a instalarse en los poderes ejecutivos. De hecho, muchos tuvieron que establecer formas para “separar” sus negocios con los recursos públicos. Por momentos se vieron preservados por discursos como “si tienen dinero para que van a robar al Estado”, como si la corrupción tuviera como único destino cambiar la condición económica de los funcionarios. En el caso de los empresarios latinoamericanos, el acceso al Estado es una gran posibilidad de ampliar sus rentabilidades y mejorar sus posiciones de poder en la política y en el mercado. Pese a este imaginario que los posibilita como “homo politicus”, los casos de corrupción o de tráfico de influencias no se han reducido, sino todo lo contrario. No hay garantía de “prolijidad administrativa” en manos de los empresarios o CEOS gestionadores de los bienes públicos, sino que la dinámica empresarial en el Estado ha ampliado la frontera de la empresarialización de lo público. En muchos casos ha traído graves consecuencias, inclusive para las propias derechas políticas, como el caso de Panamá, donde Roberto Martinelli recibe una relevante impugnación de su ex socio, el conservador Partido Panameñista, quien termina armando una fórmula propia y su triunfo expresa el retorno de la clase política por sobre la lógica de los CEOS. Lo mismo ocurrió los últimos tiempos con Cartes, quien había colocado parte de los CEOS de sus empresas en su Gabinete y lentamente fue desplazándolo o equilibrándolo con actores procedentes del Partido Colorado. Estas tensiones también se producen entre ex CEOS y dirigentes políticos en el Gobierno de Macri. La empresarializacion de las derechas abre contradicciones al interior de ellas mismas, la lógica de la clase política (que puede hacer concesiones para mantener el poder) a veces choca con una dinámica empresarial más decidida a enfrentarse a la sociedad. Por ahora, el fenómeno en ascenso va ganando algunas adhesiones. El mismo ha suscitado otras contradicciones al interior de sus espacios, en especial, cuando se enfrentan a procesos electorales donde se evalúa la gestión económica y su capacidad de ampliar consumo y legitimidad. La biografía empresarial de los presidentes es importante a efectos de entender de qué sectores productivos provienen y cómo esta condición termina o no aumentando su patrimonio. II Vicente Fox inauguró la década del 2000 aterrizando en Los Pinos, de la mano de su formación política, Partido Acción Nacional (PAN). Heredero del rancho San Cristóbal, dedicado a la agroexportación, Fox (1942) desarrolló la mayor parte de su carrera empresarial vinculado a la firma Coca Cola, donde desde 1965 llegó a desempeñarse en la Dirección Nacional de Operaciones y en la Presidencia de la División de América Latina. Fue en su trabajo con Coca Cola donde se acercó a Sergio Zyman, director general de marketing y accionista de la empresa, que se convertiría en un gran aliado durante su carrera a la presidencia. En los años 80, tras a su salida de Coca Cola, Fox se dedicó a apuntalar las bases de su carrera política, en el PAN fue secretario del Ramo Agropecuario en el Gabinete Alternativo, lo que le permitiría, ya a finales de los años 80, ser diputado federal por el Estado de Guanajuato y en 1995 erigirse gobernador del mismo Estado, cargo que usó como plataforma política para saltar a las federales del 2000. Para llegar al Gobierno de México, además del nada desdeñable apoyo de una de las multinacionales con mayores intereses de la región, se configuró la estructura financiera, Amigos de Fox –hoy cuestionada por los métodos de financiación ilegal [1] - para amalgamar su candidatura. En su campaña Alianza por el Cambio, el peculiar líder, que alardeaba de no tener pelos en la lengua, fue presentado como el exitoso empresario con perfil tecnocrático, capaz de sacar al país de la crisis social e institucional. En efecto, el tecnócrata “eficaz”, que consiguió su título universitario después de 35 años de haberse inscrito en la institución (justo en 1999, antes de ser elegido presidente) [2] , consolidó durante su sexenio en el Gobierno la continuación de las políticas del Consenso de Washington, orientando su trabajo hacia el beneficio del sector empresarial en detrimento de la ciudadanía. La desangrada Pemex, afectada por con el desvío de fondos (que se estima en 1.500 millones de pesos) para apoyar a Francisco Labastida Ochoa –Pemexgate-, no reflotó durante el gobierno de Fox, y, aunque durante su periodo, con los precios en alza del petróleo, se estimaran las ganancias en 180 mil millones de pesos promedio anual, estas se invirtieron en ampliación de la burocracia empresarial y en concesiones a empresas privadas de obra exploración y extracción, más no en proyectos para mejorar la competitividad [3] . Sus prolongadas relaciones con Coca Cola dieron sus frutos para la compañía cuando se convirtió en una de las grandes concesionarias (con Nestlé) para embotellar agua en el país, donde la dificultad de acceso al líquido y su pésima calidad son factores que convierten a México en el segundo país del mundo consumidor de agua embotellada [4] . Sus años en Los Pinos replicaron algunas de sus acciones en la Gobernación de Guanajuato: como gobernador expropió a 900 ejidatarios gunajuatenses [5] para facilitar el desarrollo de zonas industriales, con tierras pagadas a muy bajos costos. De la misma manera actuó en el Ejecutivo, con el proyecto del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México emitió un decreto que expropiaba 4.550 hectáreas y afectaba a un amplio grupo de campesinos quienes iniciaron una protesta en San Salvador de Atenco, la cual fue reprimida violentamente, cesando el conflicto cuando Gobierno decidió aplazar el proyecto en disputa. Actualmente Fox es uno de los políticos más cuestionados de México, el crecimiento exponencial del patrimonio familiar que no concuerda con sus consecutivas declaraciones de renta [6] , el incremento y concentración de propiedades añadidas al rancho familiar San Cristóbal [7] , por medio del despojo de tierras a ejidatarios, la remodelación de la casa principal a costa del erario público [8] y la creación del Centro Fox, una institución que define como “una asociación civil sin fines de lucro, sin motivos partidistas y religiosos” son en este momento los principales ejes de críticas que ponen en una encrucijada al empresario-político mexicano [9] . III En el caso argentino el nexo entre empresas multimillonarias y política estaría vinculado al mundo del deporte. El primer gran salto a lo público de Mauricio Macri fue su lanzamiento a la presidencia de Boca Juniors en 1995, cargo en el que se desempeñaría durante 12 años y que operaría como trampolín político. Sin embargo, su ejercicio empresarial data de mucho antes. El secreto del exponencial incremento de la fortuna del Grupo Macri fue su influencia política. Durante la última dictadura cívico-militar, el “Proceso”, también significó una “reorganización” empresarial de la economía de los Macri –pasando de 7 empresas en 1976 a 47 en 1983-. Los seguros de cambio implementados por el entonces funcionario Domingo Cavallo, permitieron al Grupo Macri traspasar su deuda privada al Estado, por un monto de nada menos que 180 millones de dólares. Ya en los ‘90, el Grupo Macri invirtió un millón de dólares para la campaña de Carlos Menem, gracias a los que se beneficiaron capitalizando su inversión política por medio de concesiones millonarias, entre ellas: Autopistas del Sol y Correo Argentino. Como empresario durante la década menemista Macri protagonizó varias denuncias judiciales en su contra. Las que alcanzaron mayor relevancia mediática fueron las presuntas coimas de Manliba, la empresa de recolección de basura. Para su concesión los concejales que le extendieran el contrato habrían recibido un soborno. Entre los involucrados por la denuncia figuraba Federico Pinedo, actual presidente provisional del Senado por Cambiemos, quien negó los cargos. La alianza con FIAT permitió a los Macri tomar el control de Sevel Argentina, encargada de la producción de FIAT y Peugeot en el país. En 1992 Mauricio fue nombrado vicepresidente de la sociedad y posteriormente presidente en 1994. En 1993 la Dirección General Impositiva (DGI) denunció la evasión de impuestos de Sevel por una suma de 360 millones de dólares, más tarde sus acciones fueron absorbidas por Peugeot. En 1997 hubo más denuncias, en este caso por parte de la Aduana. La ex Sevel fue acusada de vender autopartes haciéndolas figurar como producto final para luego volver a comprar el producto terminado, un mecanismo que le permitía hacerse con incentivos estatales a la exportación. Tanto Franco como Mauricio fueron embargados y procesados por contrabando agravado, no obstante otro mecanismo no ya empresarial sino judicial (“la Corte de la mayoría automática”), truncaría los intentos de la Fiscalía por esclarecer los hechos. En 2001, en el contexto de una acuciante crisis política y social, Franco –como un deja vú - pedía públicamente “estatizar toda la deuda privada” [10] . Un año después, con Mauricio ya lanzando su campaña a la Jefatura de Gobierno porteño, afirmaba en sus discursos: “los cartoneros [11] tienen una actitud delictiva porque se roban la basura. Además, no pagan impuestos…” [12] . En 2003 perdió la elección frente a Aníbal Ibarra, sin embargo, ganaría en 2007. Como no sólo de la familia se trata, el entonces Jefe de Gobierno porteño, otorgó a su ex socio y amigo, Nicolás Caputo, contratos por casi 1400 millones de pesos, de los cuales 61 millones fueron en carácter de “contratos de urgencia”. Además de las licitaciones su ex socio se benefició con un “préstamo” de casi 20 millones de pesos que Mauricio le facilitó –alrededor del 30% de su patrimonio según su declaración jurada presentada a fines de septiembre de 2015-. Luego de dos mandatos consecutivos de gestión en la Ciudad de Buenos Aires (2007-2015), Macri se lanzó a la presidencia. Al poco tiempo de haber asumido el cargo máximo, el escándalo de los Panama Papers irrumpió en la escena política. Fleg Trading fue la primera sociedad offshore que salió a la luz y directamente vinculada a Mauricio, quien figuraba como director. El actual presidente también fue asociado al directorio de Kagemusha. A raíz de la declaración en tribunales de Hugo Alconada Mon, periodista de La Nación, apareció una tercera empresa ligada al mandatario: Macri Group Panamá, a nombre de Franco Macri. Curiosamente, el pasado año Macri emitió por decreto la modificación a la Ley 27.260, también llamada ley de “Blanqueo de capitales” [13]. Mauricio habilitó de este modo que familiares de quienes hayan ocupado cargos de funcionarios públicos entre el 2010 y el presente, puedan acceder al blanqueo, lo cual había sido unánime y expresamente prohibido por el Parlamento. El último escándalo en el que se vio envuelto el Presidente se vincula a Correo Argentino. En los ´90 el Grupo Macri adquirió la concesión del correo, administrándola por medio de su empresa Sideco Argentina. La familia presidencial dirigió el mismo hasta 2003, cuando Néstor Kirchner lo estatizó nuevamente debido a la morosidad desde marzo del 2000 del canon previsto. Ahora bien, la empresa de los Macri se declaró en quiebra ese mismo año. De esa fecha data la causa que no se resolvería hasta la actualidad. Sistemáticamente el Estado rechazó cada una de las propuestas de pago formuladas por presentar quitas irrisorias. Con Mauricio en el Gobierno el Estado aceptó recibir el 1,18% de lo adeudado en un plazo de 15 años. La suma es nada menos que de 4.000 millones de pesos y alcanza la cifra de 70.000 millones en la proyección a 15 años [14]. IV El caso del chileno Sebastián Piñera también refleja otro de los liderazgos empresariales que tuvieron lugar iniciado el siglo XXI. En efecto el que fuera presidente de Chile entre 2010 y 2014, ocupó en 2016 el puesto número 737 de los hombres más ricos según la revista Forbes. Economista, graduado de Harvard, Piñera se desempeñó en el ámbito internacional y en el sector bancario. Primero, en entidades como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, posteriormente, como gerente del Banco Talca y de Citicorp. Su participación política ha estado ligada a Renovación Nacional, partido por el que resultó electo senador entre 1990 y 1998, llegando en 2009 a ser presidente de Chile en el marco de la alianza de derechas “Coalición por el Cambio”. La faceta de empresario “resolutivo” fue efectiva durante la campaña electoral, sin embargo, la evidencia de una gestión dudosa de sus inversiones se ha convertido en la sombra que opaca su candidatura para los comicios de 2017. Piñera tiene un largo prontuario de escándalos, que parece acrecentarse conforme avanzan los meses en la carrera al Palacio de La Moneda. Antes de llegar a la presidencia fue investigado por la quiebra del Banco Talca [15] y las irregularidades en la adquisición del negocio de las tarjetas de crédito. Durante sus años en el Legislativo presuntamente accedió a información privilegiada para obtener un total de tres millones de acciones de LAN [16] . Las prácticas corruptas se hicieron más evidentes en 2014 con el Pentagate o caso Penta que refiere un escándalo vinculado al fraude fiscal de las Empresas Penta por la emisión de facturas falsas. Un ilícito en el que estuvieron involucrados buena parte de sus colaboradores y sobre el que no se escapan referencias al gobierno del exmandatario [17] . El expresidente y su familia son propietarios de una amplia gama de negocios. Sus intereses pasan por los medios de comunicación (Chilevisión), las aerolíneas (Latam), el sector financiero (Bancard), entre otros. Y es precisamente en el marco de desarrollo de los mismos, donde se han evidenciado algunos de los principales escándalos de corrupción al interior del país. Pero ni los negocios, así como tampoco los escándalos se han quedado en las fronteras chilenas. Los Panama Papers hicieron de la familia Piñera una vez más diana de críticas. La filtración evidenció que la familia del expresidente ostentaba dos empresas en el país centroamericano: Chine Investments e International Card Systems, ambas creadas en los años 1984 y 1985 [18] . Los intereses personales y empresariales del expresidente determinaron todo su mandato y lo acompañaron también en las decisiones de organismos internacionales. El último escándalo tuvo lugar por la compra de acciones en la Empresa Pesquera Exalmar –una de las más grandes del Perú- que tuvo lugar coincidiendo con el juicio de Perú contra Chile por los límites marítimos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. En dicho proceso resultó ganador Perú, favoreciendo los intereses de la empresa pesquera de la que ya era accionista Piñera, quien fue criticado por usufructuar de forma oculta la pérdida del país ante el tribunal internacional. La salida a la luz pública de este caso reflejó una vez más que los intereses de los políticos empresarios no solo atraviesan fronteras, también sirven para entablar relaciones interempresariales con políticos-empresarios de otros países. Así, el caso de Exalmar reflejó los nexos e intereses cruzados entre Piñera y quien poco tiempo después ostentaría la Presidencia del Perú: Pedro Pablo Kuczysnki. V Desde el inicio el actual presidente Pedro Pablo Kuczynski ha tenido vínculos con empresas extranjeras a las que benefició notoriamente. En 1968 como funcionario de Banco Central de Reservas (BCR) –y a pesar de la expropiación de Alvarado- la International Petroleum Company (IPC) pudo retirar 115 milllones de dólares. Kuczynski era uno de los seis gerentes del Banco. Previo al golpe militar aconteció el escándalo por la pérdida de la página 11. Dicha página comprometía a la IPC a pagar cierto monto por barril de petróleo explotado, sin embargo, el gobierno no podía probar que la IPC había incumplido el contrato ya que la página que expresamente señalaba el monto del acuerdo nunca fue hallada. Las pesquisas de la época señalaron a PPK intermediario al facilitar tributos y exoneraciones indebidas a favor del Standard Oil, empresa ligada a la IPC. El hecho le valdría su exilio en los Estados Unidos. Allí se desempeñó como jefe de Planificación y Política en el Banco Mundial, luego fungió como presidente del First Boston International y como director del First Boston Corporation. Anteriormente, fue socio de Kuhn, Loeb & Co. International y presidente de Halco Mining, Inc. en Pittsburgh. En sus declaraciones afirma contar con tan solo una empresa pequeña –como dato estimativo Latin America Enterprise Fund Managers ha movilizado hasta US$ 450 millones- y haber participado como miembro de directorios de mineras. Sin embargo, en 2011 La División Estatal de Compañías de Florida consignó a su nombre siete empresas, de las cuales cuatro se encuentran en actividad. Ellas son: Westfield Capital y Westfield Financial Advisors, constituidas por Kuczynski en 1995; Latin America Enterprise Fund Managers, en 1998; y Florida Bayshore Properties, en 2006. De cara a su campaña presidencial del 2011, Kuczynski las omitió en sus declaraciones patrimoniales. No obstante, el reporte anual que PPK entregó al Estado de Florida el 18 de febrero de 2010, aseveró que se desempeña como presidente de Westfield Capital y de Westfield Financial Advisors, mientras que cumple el papel de directivo de Latin America Enterprise Fund Managers y Florida Bayshore Properties. Poco después de que Sebastián Piñera concluyera su mandato presidencial en 2014, y ya con un porcentaje relevante de acciones de Exalmar en sus manos, Pedro Pablo Kuczynski se sumaría al directorio en representación del administrador de activos estadounidense The Rohatyn Group (TRG). Aunque la relación entre Piñera y Kuczysnki no es un secreto, hasta entonces se desconocía un vínculo directo entre sus negocios. El escándalo internacional de los Panama Papers reveló las relaciones que tenía la firma panameña Mossack Fonseca con políticos y personajes polémicos del Perú, entre los que destaca el actual presidente. VI El presidente interino de Brasil, Michel Temer, abogado de profesión y presidente del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) –el cual retiró su apoyo al Gobierno de Rousseff- no está exento de sus propios escándalos de corrupción. Durante su corta gestión ha trascendido que miembros de los partidos de oposición financiaron el Movimiento Brasil Libre (MBL), activo promotor del golpe de Estado. El MBL data del 2014 y aunque su objetivo declarado es la lucha contra la corrupción, recibió financiación del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el Partido de la Social Democracia de Brasil (PSDB), Solidaridad y los Demócratas (DEM). A pesar de la instrumentalización del escándalo de corrupción en Petrobras, popularizada como Lava Jato, los propios miembros de PMDB han sido acusados por la Fiscalía General de Brasil de querer poner un coto a la investigación. Temer mismo acarrea una solicitud de juicio político presentada por el exgobernador de Ceará, Ciro Gomes. La solicitada detalla su implicación en seis delitos que Temer habría cometido “como persona física y jurídica”. Las acusaciones de corrupción se han vuelto moneda corriente, sin embargo, el revuelo volvió a instalarse a raíz de las declaraciones del expresidente de la distribuidora Transpetro, Sergio Machado. En sus alocuciones Machado afirma que Temer le solicitó 700 mil dólares a modo de soborno a cambio de contratos con Petrobras. Por su parte Marcelo Odebrecht, ex presidente de la empresa de construcción, manifestó que el actual presidente de Brasil recibió el cobro ilegal de 3 millones de dólares. El ex CEO de la constructora confirmó su participación en una cena en el Palacio Jaburu en mayo de 2014 , donde se acordó el pago de 10 millones de reales (3 millones de dólares) para la campaña del PMDB. Mientras cae su aprobación se suceden uno a uno los ministros salpicados por denuncias en torno al Lava Jato. En relación a su par argentino, con quien ha mostrado un fuerte vínculo, la prensa brasileña ha levantado suspicacias que sugieren la falta de colaboración ante los pedidos diplomáticos enviados por la Justicia argentina, quien busca investigar al holding Socma propiedad de la familia Macri. La falta de colaboración con la Justicia argentina por parte del Gobierno que encabeza Temer se explica por los intereses –tanto comerciales como políticos- que el mandatario mantiene con su par argentino. VII De los liderazgos relacionados con el ámbito empresarial que se perfilan para los próximos procesos electorales en América Latina, el de Germán Vargas Lleras (1962), viene posicionándose desde la plataforma vicepresidencial colombiana hace ya varios años. Vargas Lleras está vinculado a una de las familias más acaudaladas del país, que además está anclada a la tradicional élite política liberal. A lo largo de 2016, Vargas Lleras estuvo en campaña, una campaña prolongada en el marco de diversas inauguraciones de proyectos viales o de interés social, que a su vez le permitió mantener una necesaria cercanía de liderazgos regionales. Si bien Vargas Lleras es discreto en cuanto a sus intereses comerciales, los vínculos de su círculo de confianza con el sector de la salud, el sector energético, las infraestructuras, aguas y alcantarillado [19] y los puertos [20], prometen varios ejes de interés que pueden persistir en un eventual gobierno del líder de Cambio Radical. De los más recientes escándalos de corrupción asociados precisamente al sector que más promociona y que se ha convertido en su particular trampolín de ascenso en territorios, los vínculos del oficialismo con la firma Odebrecht, comienzan a afear su candidatura, sin embargo, Vargas Lleras, responde contundente a la oposición: “Nada tengo que ver con crédito otorgado por el Banco Agrario a Navelena, consorcio que tiene participación de Odebrecht” [21] . Las candidaturas de la derecha que están vinculadas al empresariado regional y a las élites políticas comienzan el andamiaje de su carrera política para los comicios que tendrán lugar en los próximos dos años. Los elementos centrales de sus discursos se acercan a una concepción que prioriza la efectividad de sus mandatos por su origen vinculado a la gestión y la administración. La deriva de estos liderazgos que se presentan como desideologizados marcan un paso acelerado, que empieza a tener calado al interior de diversos países de la región. Los próximos pasos de la política ‘empresarial’, serán sin lugar a duda los ejes de las nuevas dinámicas mercantiles de la región, las cuales, desde el fortalecimiento de la Alianza del Pacífico, comienzan a marcar una nueva tendencia. http://rebelion.org/noticia.php?id=223314 http://www.celag.org/empresarializacion-de-la-democracia-dinero-votos-y-poder/ ________________ Preocupados por la inversión Iván Alonso Hay mucha preocupación en círculos periodísticos, empresariales y gubernamentales sobre qué pasará con la inversión este año. No es para menos: entre el tercer trimestre del 2013 y el tercer trimestre del 2016, la inversión se ha caído casi 20% en total, trayéndose abajo las cifras del crecimiento económico. Los economistas, naturalmente, comparten esa preocupación. Pero son ellos los llamados a hacer una distinción importante para poner esa caída en su justa perspectiva. La inversión contribuye al crecimiento de dos maneras, una efímera y otra duradera. La primera es una contribución al “gasto agregado”, esto es, la compra de materiales de construcción, los sueldos de los ingenieros y albañiles, las nuevas computadoras, etc. Son insumos que los inversionistas demandan, que se producen en el presente y que se registran como parte del producto bruto interno (PBI) del año en curso. De esta manera, la inversión hace crecer el PBI, que es como medimos el tamaño de nuestra economía, con respecto al año anterior. La segunda manera y la más importante en la que la inversión contribuye al crecimiento económico es a través de la acumulación de capital. Los gastos de inversión de hoy se convierten, ojalá, en fábricas, oficinas, hospitales, colegios, carreteras, aeropuertos y demás activos que poco a poco van aumentando nuestra capacidad para producir más y más bienes y servicios en el futuro, que es lo que en realidad mejora el bienestar material –y también, por qué no, espiritual– de la gente. Todo economista debe saber la diferencia entre “stocks” y flujos, entre niveles y tasas de crecimiento. Es útil en este y otros contextos. La caída de la inversión de los últimos tres años –20% en total, como dijimos al principio– es una caída en el flujo anual de inversión, pero eso no significa que el stock de bienes de capital esté cayendo. Ha caído la tasa de crecimiento del stock de capital, pero no el nivel del mismo. A pesar de la caída de la inversión, tenemos hoy probablemente, para la precisión con la que pueden calcularse estas cosas, un stock de capital 20% mayor que hace tres años, 40% mayor que hace cinco, 80% mayor que hace diez. Nuestra capacidad productiva se ha seguido incrementando año a año. La razón es muy sencilla. Mientras el flujo anual de inversión sea mayor que el desgaste que sufre con el paso del tiempo el stock de capital acumulado, éste seguirá creciendo. Aun cuando hemos estado invirtiendo menos, seguimos dedicando casi el 25% de todo lo que producimos a la acumulación de capital. Eso es más de lo que solemos contabilizar como desgaste, que usualmente se asume es más o menos 10% del PBI. La diferencia todavía es positiva. No hay, entonces, por qué desesperarse ni empezar a chapotear con programas masivos de vivienda que no tenemos cómo financiar. Gran parte de la caída de la inversión que hemos experimentado en estos últimos tres años es una caída de la inversión minera, un fenómeno que ha ocurrido no solamente en el Perú. El resto de la inversión privada se ha mantenido prácticamente igual, y parecería que ya está comenzando a crecer de nuevo. Los recursos tardan en movilizarse, pero siempre llegan allí donde los deseos y las necesidades del consumidor les muestran una oportunidad para obtener utilidades. No hay que ponerles trabas, pero tampoco se necesita apurarlos. http://elcomercio.pe/opinion/mirada-de-fondo/preocupados-inversion-ivan-alonso-noticia-1971129?ref=portada_home ________________ Psicosocial Luis Davelouis Cuando en el 2011 el diario Correo, dirigido entonces por mi vecino, denunció que Odebrecht estaba en contubernio con algunas altas autoridades y grandes empresas de nuestro país –y luego de que trataran de reclutarlo ofreciéndole ser expositor por el precio que él fijase y él los rechazara–, lo botaron. No sé si esa fue la única razón, tampoco sé si todas las denuncias de Correo tenían sustento –sé que muchas otras, en algunos otros casos, no pasaban de ruido mediático– pero ese solo hecho merece un reconocimiento que desde aquí le hago. Aldo, te botaron porque no quisiste mirar a otro lado. Salud por eso. Y resulta que están cayendo todos. Lo de Nadine y Ollanta es como Kill Bill II. En Kill Bill I cayó Toledo y en el tercero –se supone– caerá Bill. Que caigan todos los que tengan que caer sin importar nada más que su conducta: si delinquiste, si te hiciste el idiota, te vas a dentro por corrupto, corruptor, cómplice o negligente. No importa si eres un gran empresario o si tu negocio es tu mototaxi; si eres el presidente de la República o el portapliegos de una oscura oficina del Estado; si te apellidas como un ex zar ruso o káiser alemán o si te apellidas Toledo o García; si estudiaste en Columbia o en la escuelita de mi vecino, si tienes plata o eres un indigente… si delinquiste, vas adentro. Esto, que parece muy lírico, tiene un costo alto y demanda una voluntad política que espero esté –aún– al alcance de nuestro Poder Ejecutivo. PPK está probando en carne propia lo que es ser difamado por no ser funcional a los intereses de algunos que se hacen pasar por sus amigos. PPK debe hacer un corte limpio aunque en ello pierda un brazo y embanderar la lucha contra la corrupción y los corruptos. Es eso o sucumbir sin dar batalla. http://peru21.pe/opinion/luis-davelouis-psicosocial-2271920 ________________ Qué discutir tras el tiroteo en Independencia N. Zevallos El tiroteo del 17 de febrero en el distrito de Independencia en Lima, episodio que lamentablemente trajo víctimas mortales y varios heridos en situación aún crítica, requiere una discusión seria. Bastante alejados de esto se encuentran aquellos análisis que tratan de ensayar ante las cámaras un perfil psiquiátrico del victimario a partir de evidencias superficiales. Así, recurrir con ligereza a etiquetas como tatuajes, gustos musicales, fotos en Facebook con armas y municiones, llevan a concluir sin mayor contacto y evaluación rigurosa del sujeto que se trataba de un “asesino en potencia”. Esta vocación es bastante criticable dadas las exigencias científicas para la construcción de perfiles. Ni en las series televisivas estadounidenses –que podemos presumir inspiran algunos de estos análisis– se toman tan a la ligera las evidencias al tratar de construir un perfil criminal. Es evidente que este evento trae a la mente de los peruanos situaciones semejantes de otras latitudes. Por ello, a pesar de ser un episodio excepcional, es comprensible que genere gran preocupación. Así, es necesaria una discusión seria y sistemática desde, al menos, dos aristas. La primera refiere a la situación de la salud mental, puesto que no es la primera vez que se pone en evidencia el carácter de epidemia de los trastornos mentales en el Perú. Por otro lado, es importante entender que los fenómenos criminales dependen de múltiples factores. No todos aquellos sujetos que reportan trastornos mentales estarán necesariamente involucrados en situaciones violentas de esta magnitud. Por eso, una segunda arista importante es el acceso a las armas. De acuerdo con lo que se conoce del caso, el victimario contaba con dos armas, una sin licencia y otra con licencia vencida. Si bien es cierto que existe un mercado ilícito de armas y municiones, también es evidente que la expansión del mercado legal de armas para uso civil representa un reto para la capacidad de control estatal. De acuerdo con la superintendencia encargada del control de armas en el Perú (Sucamec), entre el 2007 y el 2015 ingresaron al país poco más de 160.000 armas de fuego para uso civil. De estas, 153.000 fueron vendidas por empresas comercializadoras (en un total de 213 locales de todo el país, 83 de los cuales se encuentran en Lima). Asimismo, durante el 2015 se emitieron 4.777 licencias iniciales para tales fines. En contraste, según la propia Sucamec, a febrero del 2017 cerca de 300.000 licencias de armas se encuentran vencidas, a pesar de las facilidades que la agencia brinda para la regularización. Una de estas armas habría sido usada por el protagonista del tiroteo. Estudios precedentes como el de Jaris Mujica sobre el mercado de armas (Clacso, 2012) señalan con certeza que la formalización del mercado no implica necesariamente control. Asimismo, que el mercado ilegal de armas es inestable en el abastecimiento de armas a nivel general. Como muestra de ello, de acuerdo con otros estudios de Sucamec, el 35% de las armas incautadas a la delincuencia en Lima tiene origen legal. A pesar del esfuerzo de las últimas gestiones de Sucamec, esta entidad cuenta con escasas capacidades y competencias para limitar y fiscalizar un mercado legal de armas en expansión. En síntesis, el lamentable tiroteo debe poner en agenda la capacidad de control que tienen las agencias estatales sobre el mercado de armas en el Perú. Se trata de un mercado que crece dada la demanda de seguridad de los ciudadanos. Si este crecimiento no viene acompañado por mejoras en la capacidad de las entidades responsables, es posible que seamos testigos de mayores hechos lamentables. Sin embargo, no hay que perder de vista la hasta ahora situación excepcional (no por eso menos lamentable) del tiroteo en Independencia. Es preocupante que la orientación de la discusión hacia el perfilamiento estigmatizante de los criminales (cuestión muy diferente al debate sobre políticas de salud mental adecuadas) quite de la agenda la necesidad de mejorar la capacidad de control de las armas en el país. http://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/que-discutir-tiroteo-independencia-n-zevallos-noticia-1971094?ref=portada_home ________________ Tecnología y empleo: ¿peligros y retos? Germán Alarco Tosoni Un conjunto de expertos de la Universidad de Oxford y el área de investigación del Citibank elaboraron en 2016 un documento sobre los impactos de la automatización sobre el empleo. Se titula Technology at Work V2.0. No fue muy difundido. Se plantean diversos escenarios para el 2022, 2025 y 2030 de este fenómeno para las economías de la OCDE, y que obviamente impactarían en el Perú. Hay elementos positivos de la automatización, pero los problemas y retos son numerosos. La automatización, del lado positivo, permitiría la creación de nuevos empleos tanto en los sectores vinculados al desarrollo y utilización de las nuevas tecnologías, en la economía verde (sector energético) y en el sector salud. Se estiman 9.5 millones de nuevos empleos en la Unión Europea hasta el 2025 y 4 millones en el sector salud. Por otra parte, se esperaría un aumento del tiempo libre para las actividades recreativas, aunque con diferencias significativas entre países ya que beneficiaría principalmente a los habitantes de las economías desarrolladas. También aumentaría la productividad, aunque esto no es un hecho evidente y de medición compleja. Sin embargo, los expertos señalan que el cambio tecnológico promovería un ambiente de baja inflación y consecuentemente las tasas de interés tenderían a permanecer bajas en el largo plazo. En el informe se señala que el 47% de los empleos de EE.UU. son susceptibles de automatización y 57% en las economías de la OCDE. Asimismo, este análisis se ha extendido a otras economías con resultados llamativos: Argentina (65%), India (69%), China (77%), Tailandia (72%), Etiopía (85%), entre otros, que obligarían a que esas economías necesiten encontrar un nuevo patrón o camino hacia la prosperidad. Las ciudades, regiones y economías más diversificadas, donde se utilicen las habilidades sociales y creativas, exista mayor presencia de las artes, medios de comunicación, educación y cuidado de la salud tendrían menor riesgo de automatización. En EE.UU. ciudades como Boston y New York serían menos impactadas, mientras que Las Vegas o Fresno serían más afectadas. Karl Marx formalizó el análisis para explicar esta tendencia en el capitalismo para intensificar la inversión en capital (con nuevas tecnologías) reduciendo el contenido de mano de obra por unidad de producto. Los efectos en términos de la generación de empleo son negativos y al mismo tiempo reducirían la participación de los salarios en el producto. De allí, la reconcentración del ingreso a favor del factor capital generaría problemas de demanda efectiva y menor crecimiento económico. Ante este panorama no solo hay que invertir más en educación, sino establecer una política fiscal redistributiva para evitar el futuro colapso laboral, económico, social y político. http://diariouno.pe/columna/tecnologia-y-empleo-peligros-y-retos/ ________________