Exoneraciones mineras

Las intocables exoneraciones del club minero Elizabeth Salazar Vega y Nelly Luna Amancio Desde inicio de los años 90 el sector minero ha sido protegido por un paquete de contratos y beneficios tributarios que se mantuvieron invariables incluso en el periodo del boom de metales. Una investigación de Ojo-publico.com revela que solo el impacto de cuatro exoneraciones fiscales le ha costado al país S/ 1.567 millones en 10 años. Los convenios de estabilidad son la mejor arma que tiene el sector para evitar el pago de nuevos impuestos. En una de las zonas más altas y frías de la región Arequipa se encuentra la tercera operación minera más rentable del Perú: Cerro Verde. La compañía minera, subsidiaria de la estadounidense Freeport McMoRan que extrae el 2% de cobre que se comercializa en el mundo, acaba de registrar utilidades 700% mayores a las del año anterior, pero desde hace 17 años es inmune al peso de los nuevos impuestos. En los últimos años, una suerte de paraguas ha protegido de la carga tributaria al sector minero. Desde el inicio de sus operaciones, Cerro Verde –junto a otras 14 compañías mineras- se ha amparado en convenios de estabilidad promovidos durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) para congelar las condiciones tributarias y administrativas vigentes al momento de la suscripción de su contrato inicial. El 2012, pese a una millonaria controversia que tiene con la Sunat por la aplicación de estos convenios, la empresa logró renovar estos mismos beneficios hasta el 2028. Cerro Verde –de propiedad de Freeport-McMoRan (53,5%); SMM Cerro Verde Netherlands de la compañía Sumitomo Metal Mining Company de Japón (21%) y de Minas Buenaventura de Perú (19,5%)– se niega a pagar a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) unos S/ 800 millones en regalías mineras y ha llevado la controversia al Poder Judicial. El caso de esta minera – cuyo CEO principal Richard Adkerson, estuvo en Lima para el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), ilustra lo que viene ocurriendo desde hace 25 años en el Perú y se suma a otras prácticas y beneficios tributarios revelados por Ojo-publico.com en esta serie investigativa sobre los #PrivilegiosFiscales que permiten conocer los millones de soles que el fisco dejó de recaudar en la última década. EN NOMBRE DE LA INVERSIÓN Luego de la crisis económica generada por el primer gobierno de Alan García (1985 -1990), el gobierno de Alberto Fujimori diseñó normas legales a medida de la industria minera. Así, entre 1991 y 1992, se aprobaron los Convenios de Estabilidad Jurídica y los Contratos de Estabilidad Tributaria que congelaban las condiciones fiscales hasta por 15 años. Este último fue suscrito por Jaime Yoshiyama, cuando era ministro de Energía y Minas. El uso de estos acuerdos -para prolongar beneficios o extender su alcance a proyectos no previstos- ha derivado en juicios con la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, como en el caso de Cerro Verde. Pero estos contratos no son los únicos beneficios que ha tenido el sector minero. Una investigación de Ojo-Publico.com -que construyó una base de datos para analizar las exoneraciones fiscales vigentes en el Perú- identificó cuatro beneficios tributarios del sector minero que en los últimos 10 años le han costado al Estado S/ 1.567 millones: la reducción del Impuesto a la Renta (IR) por obras de infraestructura y la reinversión de utilidades, la devolución del Impuesto General a las Ventas (IGV) por los trabajos que realicen durante la fase de exploración y la depreciación del valor de sus bienes. El monto que el fisco dejó de recaudar por estos cuatro beneficios equivale a todo el presupuesto del Seguro Integral de Salud (SIS) para los 500.000 beneficiarios del país. LOS CONVENIOS PERPETUOS El 2004 el gobierno de Alejandro Toledo, en plena bonanza del oro y los minerales, creó la figura de la regalía minera (una contribución adicional al impuesto a la renta) con el fin de incrementar la recaudación. Sin embargo, 11 compañías mineras se negaron a pagar amparándose en sus contratos y convenios de estabilidad. Según información del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y Proinversión, las corporaciones mineras que se aferraron a estos convenios fueron, además de Cerro Verde, Doe Run, Antamina (de BHP Billiton, Glencore y Teck), Yanacocha (de Newmont y Buenaventura), Barrick Misquichilca (compañía canadiense), Milpo (del Grupo Votorantim), Antapaccay (antes Xtrata Tintaya), Condestable (de Southern Peaks Mining), Los Quenuales (de Glencore), Santa Luisa (de Mitsui Mining & Smelting) y Sipán (del Grupo Hochschild). El entonces presidente de la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE), José Miguel Morales Dasso, lideró el rechazó de estas once empresas y presentó una demanda ante el Tribunal Constitucional (TC) para evitar el pago de estas regalías. Sin embargo, la respuesta no les fue favorable. En su fallo 0048-2004, el TC precisó que la regalía no es un tributo y que por lo tanto no está incluido en la protección del contrato. Pese a la contundente sentencia, las empresas argumentaron que el cobro era administrativo y que por eso sus contratos también los blindaban de la regalía. IGNORAN SENTENCIA DEL TC Desde ese momento y hasta la fecha, ninguna entidad del gobierno ha buscado hacer cumplir la sentencia del TC que hubiera permitido ampliar la recaudación. Incluso, el 2006, los entonces ministros de Energía y Minas, Glodomiro Sánchez, y de Economía, Fernando Zavala (hoy presidente del Consejo de Ministros), respaldaron ante una comisión del Congreso la interpretación de las empresas. Un estudio de la ONG Oxfam estima que entre el 2004 y el 2011 el Estado dejó de recaudar por este incumplimiento US$ 1.590 millones. El 73% de las regalías impagas se concentran en Antamina, Yanacocha y Cerro Verde. Consultados sobre el tema, la oficina de Comunicaciones Externas de la Sociedad Minera Cerro Verde (SMCV), respondió a Ojo-Publico.com que, si bien su contrato de estabilidad rige desde 1999, el acuerdo fue firmado en 1996 y congeló “las leyes peruanas vigentes” por un periodo de 15 años. “Por lo tanto -dicen en su nota-, cuando se aprobó una ley imponiendo Regalías a las compañías mineras (2004), Cerro Verde estuvo exenta de pagar”. Solo en el caso de Cerro Verde, la Procuraduría del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Tribunal Fiscal y tres juzgados de Lima y Arequipa han confirmado que la minera debería pagar por regalías más de S/ 800 millones a la Sunat por la deuda de los años 2006, 2007 y 2008. Este año, en enero y abril, la Sexta Sala Superior y el 20 Juzgado Contencioso Administrativo rechazaron dos demandas entabladas por Cerro Verde; y en setiembre último el Juzgado Constitucional de Arequipa desestimó una acción de amparo. El contrato de estabilidad de Cerro Verde fue suscrito para los trabajos de lixiviación de cobre, pero en octubre del 2004 -cuatro meses después de creada la regalía- la empresa presentó un nuevo proyecto: la Planta Concentradora de Sulfuros Primarios y, como estaba dentro de la ampliación de su concesión, interpretó que también estaba blindada de los nuevos cobros. El Poder Judicial ya le indicó lo contrario, pero la minera sigue litigando. Entre el 2005 y el 2014 vencieron los acuerdos estabilidad aprobados en el régimen fujimorista, pero los gobiernos de Toledo, Alan García y Ollanta Humala suscribieron nuevos contratos, incluso en plena bonanza de los metales, con la diferencia de que el Impuesto a la Renta vigente se fija en un 2% adicional. PRIVILEGIOS RENOVADOS Cinco compañías mineras han renovado sus contratos de estabilidad, según información del MEM. Se trata de Yanacocha, con su proyecto de explotación de óxidos en La Quinua, Cajamarca; Minera Bateas, que explota oro, plata, zinc y plomo en la misma región; y Antapaccay, antes Xtrata Tintaya, con su planta de óxidos en Cusco. También encontramos a la Compañía Minera Ares, en Apurímac; y Milpo, con la mina Cerro Lindo, en Ica. Todas ellas cuentan con protección hasta el 2017 o 2021. Carlos Gálvez, actual presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), dijo a Ojo-Publico.com que el sector minero ya no tiene beneficios tributarios, que aquellos vencieron “hace más de 15 años” y por el contrario los que han firmado contratos de estabilidad se perjudican porque pagan el 32% de Impuesto a la Renta cuando hoy esta tasa se redujo a 28% para el resto de contribuyentes. El congelamiento de los impuestos no fue el único beneficio del sector. Desde 1993 las mineras podían reinvertir hasta el 80% de sus utilidades en nuevos proyectos a cambio de que se les exonere el mismo monto en el Impuesto a la Renta. Catorce compañías se acogieron a la norma. Esto redujo el canon minero, que se compone del 50% de la renta pagada por las mineras, y es de uso directo de las municipalidades y gobiernos regionales de la zona de influencia. Este beneficio tributario se derogó el año 2000. Sin embargo, después de la anulación de esta medida nueve empresas continuaron aplicándola, protegidas por sus contratos de estabilidad. Estas fueron Votorantim Metais, Antamina, Yanacocha, Southern, Milpo, Volcán, Atacocha, Los Quenuales, y nuevamente Cerro Verde. MENOS RENTA, MENOS CANON El análisis de la ONG CooperAcción encontró que entre el 2001 y el 2011 se usó ocho veces más el beneficio de reinversión que cuando estaba vigente: en total se canjearon US$ 2.982 millones de utilidades, lo que significó una pérdida de US$ 447 millones por canon minero. Los principales perjudicados fueron las poblaciones asentadas en las zonas de explotación y que son quienes reciben estos recursos. Además de la información reunida por Cooperacción, la base de datos de Ojo-Publico.com reveló que las empresas continuaron registrando reinversiones en el gobierno de Humala, el 2012 y el 2013, por un valor de S/ 135.204, por lo que se dejó de recaudar S/. 40 millones adicionales en renta. A la fecha, el sector minero se mantiene con dos excepciones tributarias: se les devuelve el IGV que pagan por las actividades y compras que realizan durante la fase de exploración minera, y se les reduce el 20% valor anual de sus maquinarias (depreciación acelerada), lo que también aminora el monto sobre el que se deducirán sus impuestos. Gálvez señala que ambos beneficios no son exclusivos y que, en efecto, se aplican también a los sectores hidrocarburos y construcción. “Lo del IGV es lógico que nos lo devuelvan porque realizamos inversiones que pueden prolongarse por años antes de saber si explotaremos el mineral”, agrega. Por ambos incentivos el fisco dejó de recaudar S/ 609.555 millones en la última década. EJECUTIVO VS SUNAT Entre julio y diciembre del 2014, el gobierno de Ollanta Humala promulgó dos leyes que les permite a las mineras extender los beneficios de la estabilidad tributaria a las inversiones adicionales (no menores a US$25 millones) que realicen dentro de una misma concesión. Fuentes de la Sunat explicaron que este cambio les ha generado una confrontación con la posición que mantiene su institución desde el 2006, y que fue ratificada por el Tribunal Fiscal del MEF el 2013, pues las mineras podrán plantear ante el Poder Judicial que los privilegios tributarios que poseen pueden extenderse a los demás trabajos que realizan en su concesión. El precio de los metales está hoy a la baja. Según los reportes de la Sunat, los ingresos tributarios que nos aporta este sector alcanzaron los S/ 2.699 millones el año pasado, un 54% menos que el 2014. El aporte de la minería en la recaudación peruana es ahora solo del 3%, el más bajo desde hace 12 años. Pero ni en su mejor momento los beneficios y convenios tributarios dejaron de ampararlos.   22 Nov 2016 http://ojo-publico.com/331/las-intocables-exoneraciones-del-club-minero