OPINIONES 26/02/2017

Barata desbarata - Rosa María Palacios
Chinchero, estafa de alto vuelo - César Lévano
#ConMiVeredaNoTeMetas - Maritza Espinoza
Ecuador: ¿Quién engañó a quién? La agenda del fraude - Alejandro Fierro
Nuestra defensa - Wilfredo Pedraza
Palabras fuertes - Mirko Lauer
______________

Barata desbarata Rosa María Palacios El delator Barata es nuestra Matilde Pinchi Pinchi en democracia. A diferencia de ella, que tenía videos, el señor Barata tiene toda la trazabilidad del dinero de la corrupción de Odebrecht en un sistema encriptado en Suiza, que manejó la ya famosa “Dirección de Operaciones Estructuradas” (un nombrecito sabrosamente cínico para una gerencia de coimas) y que todavía no se exhibe como prueba ante la opinión pública. Sin embargo, Barata, nuestro Deep throat, tiene un problema con la dosificación de la información. Lo tiene él o lo tiene la Fiscalía que suelta con cuentagotas las acusaciones, no lo puedo precisar. Pero hay ciertas diferencias entre lo que dice contra unos y otros. Hasta la fecha tenemos cuatros acusaciones. Primero, la “banda del MTC” que solo complica a un viceministro y sus subordinados durante el régimen aprista. Segundo, Toledo. En ambos casos Barata puede corroborar sus dichos con números de cuentas, montos de depósitos, fechas y titulares de la receptación. Son casos redondos y los implicados ya están presos o con orden de captura. Los casos tres y cuatro son los Humala recibiendo dinero de campaña y las socias constructoras peruanas compartiendo coimas. Pero aquí Barata no cuenta –hasta donde sabemos – los detalles necesarios para que los acusados caigan. Es decir, las reputaciones están ya destrozadas, pero no hay forma aún de corroborar, como en los primeros casos, lo afirmado. Hay que tener en cuenta que Barata se juega la cárcel si miente. No puede hacerlo ni aquí, ni en Brasil, ni en ninguna parte. Recordemos que, desde el Perú, Barata es un funcionario clave en las coimas de la región. Los Humala ya negaron haber recibido maletines con dinero de Odebrecht, práctica ilícita, pero lamentablemente, no delictiva. La Fiscalía tendría que probar que el pago de campaña se vincula a la adjudicación de obra pública y en ese salto Barata no ha colaborado. Por ahora no se puede perseguir a los Humala como a Toledo. Por ahora, digo, porque Barata podría cambiar de opinión y poner al servicio de la Fiscalía la enigmática información encriptada en Suiza que es la “caja de todos los vicios secretos” en esta mega investigación. Ahí puede estar no solo el registro de los 3 millones de dólares sino también los registros de coimas en alguna de las doce obras que Odebrecht ganó en el periodo de Humala. En cuanto a las empresas constructoras peruanas consorciadas para obra pública, señaladas de “saberlo todo y pagarlo todo”, solo Graña y Montero ha salido a negar la acusación, tal vez porque cotiza en la Bolsa de Nueva York y la caída brutal del valor de su acción así lo exigía. Las otras (no son pocas) se han quedado mudas tratando de pasar con perfil bajo. Mala idea. Como con los Humala –pero con más detalle– Barata puede ofrecer una contabilidad paralela acordada en los directorios de los consorcios. Cada pedido de cash (los consorciados ponen dinero de acuerdo a su porcentaje de participación) puede tener partidas de cada consorciado en donde Barata podría señalar con el dedo el escondite de la coima. Es una situación complicadísima para Graña y Montero que se verá obligada, en su próxima Junta General de Accionistas, a cambiar todo su Directorio, conformando uno nuevo, probablemente con directores independientes y nombrar nuevas gerencias ajenas a trato alguno en el pasado con Odebrecht. Al margen de lo que siga, el daño está hecho. Sus actuales funcionarios deberán afrontar los procesos penales sin tener cargo en la empresa si es que no quieren que su acción no valga nada en la Bolsa. Un simple ejercicio de control de daños en cualquier empresa de ese tamaño, se haría de esa forma, en cualquier economía del mundo. ¿Y el ex presidente Alan García? Barata visitó 16 veces Palacio de Gobierno en su gestión y ¿solo nos va a contar que se dedicó a sobornar funcionarios de menor jerarquía? Eso no se lo cree nadie. Se sobreentiende que la Fiscalía y el delator tienen que dosificar la sangría. Pero estos pactos deben ser transparentes y hasta ahora no lo son. Soltar la información a medias para hacer mentir al imputado es un truco viejo. Mejor será que Barata lo cuente todo. Que arme el desbarate completo, sin omisiones, sin medias verdades. Que todo caiga, para poder construir, desde este holocausto de corruptos, un mucho mejor país. http://larepublica.pe/impresa/opinion/851735-barata-desbarata _________________ Chinchero, estafa de alto vuelo César Lévano La idea, la ilusión del aeropuerto de Chinchero ha apasionado al pueblo del Cusco. Una gran campaña de engaños ha conducido, por otra parte, a hacer creer que el problema es solo económico, de adendas y otros aspectos. En verdad, hay un engaño de doble fondo. Es un negociazo privado, que va a costar millones de dólares al Perú y no garantiza beneficios para el Cusco. Detrás hay un gran problema moral. No sé si los que han armado la trama merecen el calificativo que se les ha aplicado, pero los hechos son de tal gravedad que justifican, sí, su empleo. Nicholas Asheshov, periodista estadounidense arraigado hace años en el Cusco, publicó en Peruvian Times, revista en inglés que se publica en Lima, el 26 de enero de este año un texto documentado y demoledor acerca del proyecto. He aquí algunos párrafos: “Los padres de la ciudad de Cusco dicen que necesitan un nuevo aeropuerto. Esto es incorrecto. Su objetivo es agarrar la valiosa tierra de construcción del aeropuerto actual. Pero incluso si Cusco necesita un nuevo aeropuerto, Chinchero es fácilmente la peor de las alternativas. La Pampa de Anta, cerca, es incomparablemente mejor. Anta es dramáticamente más baja en altura y ya está en pista plana. “Comenzó, como hacen estos proyectos, con dinero divertido. Hace cuatro años, el Gobierno Regional de Cusco, dirigido por el asociado de Humala, Jorge Coco Acurio, pagó 70 millones de dólares por una hilera de 330 hectáreas de papa en el macizo ondulado, frío y nublado de Chinchero. “Los afortunados propietarios de los campos eran los 426 miembros de un par de comunidades de Chinchero. Recibieron $ 230.000 por hectárea, lo que los convierte en los campos de papa más caros del mundo. Usted puede comprar una hectárea de campo de papa en Idaho, la región más grande del mundo de papa, por $ 5.000 por hectárea. En el costoso sur de Inglaterra, en Devon y Somerset, por ejemplo, el mismo campo de papa podría costar 10.000 libras esterlinas, un veinteavo del precio de Acurio Chinchero”. Hace ocho años, el 10 de enero del 2008, el general FAP Alberto Thorndike había expuesto en la Red Voltaire razones contra el proyecto: “1) La ubicación de la pista no está determinada. Sin la exacta ubicación de la pista de aterrizaje ¡no puede haber estudios definitivos de ingeniería para un aeropuerto! “2) Los Estudios Definitivos existentes sólo encaran las categorías de aviones “B” y “C”, actualmente hay clase “D”, “E” y hasta “F”. “3) Todas la comisiones investigadoras de lo actuado han desestimado el proyecto por anti-técnico, incompleto y deleznable”. Ahora, todo debería volver a fojas cero y los culpables del faenón tendrían que comparecer ante la justicia. http://diariouno.pe/columna/chinchero-estafa-de-alto-vuelo/ _________________ #ConMiVeredaNoTeMetas Maritza Espinoza Si hay un bicho humano que me produce más aversión que las arañas es esa viejita en pantuflas que aparece de la nada apenas tú estacionas tu auto junto a  la vereda que da a su casa. No frente a su cochera. No sobre la línea amarilla. No estorbando el tránsito. Es decir, en un lugar permitido para estacionar en cualquier parte del paneta. -Señorita, ¡no puede estacionarse ahí! -Señora, sí puedo, porque no hay línea amarilla (la señal universal de los lugares donde no puedes estacionarte) y no estoy obstruyendo su cochera. -¡Pero ese es miiii sitio! -Disculpe, pero es imposible que usted haya comprado el terreno que está más allá de su vereda… ¡Es un sitio público! -¡No me importa, pero nadie se estaciona porque ahí yo cuadro mi auto! ¡Váyase! (A estas alturas, con la voz de Fujimori gritando ¡say inacenteee! y torciendo el pescuezo como la niña de El Exorcista). Pero hay vecinos peores: aquellos que se mandan fabricar un mojón de cemento con un palo en medio y que colocan conchudamente en la vía pública, para impedir que nadie más estacione en su calle, algo que en cualquier legislación sería considerado apropiación ilícita, pero que, aquí, las autoridades permiten con una dejadez alucinante. Las calles de Lima son tierra de nadie. Por ejemplo, en los estacionamientos de la Residencial San Felipe, en Jesús María (espacio que fue diseñado como un lugar amigable para los visitantes, con multitud de cocheras a los que cualquiera podía acceder por orden de llegada), los vecinos, aquellos que no tuvieron la previsión de comprar una cochera pagada, han tenido la concha absoluta de “separar”, con tremendas rejas de hierro con candados, las cocheras comunes que, ahora, están desocupadas a lo largo de todo día hasta ellos lleguen del trabajo. ¡Cocheras que no han comprado, que en ningún sitio figuran como suyas y que podrían ser usadas por los visitantes sin ningún problema! Y más aún: la zona de cocheras destinadas a los autos que llegan a la zona comercial (algo muy bien planificado desde la construcción de La Resi) está literalmente expropiada por decenas de lavadores de autos que, con toda impunidad, colocan sus mojones de cemento en medio para que nadie se estacione en ellas, salvo que les garantice la propina o la lavada a precio leonino. Y no hablemos de distritos como San Isidro o Miraflores, donde estacionar, aún en calles donde hacerlo no molesta a nadie ni viola normas, es tarea imposible, porque, con el boom inmobiliario, los tacañazos que compraron depa con menos cocheras de las que necesitaban han decidido que la vereda es suya e instruido a los guachimanes de los edificios para echar a todo “intruso” que pretenda cuadrar enfrente (algo que, en términos legales, viene a ser el equivalente de obligar a un modesto trabajador a faltar a la ley en nombre de sus empleadores). Entonces, si por razones de trabajo (o placer, que el libre mercado permite que tengas auto y lo uses para lo que creas conveniente) necesitas ir en auto a uno de esos distritos y estacionar, sea por una hora o diez minutos, tendrás que resignarte a meterlo en un estacionamiento de aquellos donde te sacan un ojo de la cara por hora y/o fracción, y que se oponen mafiosamente al proyecto de ley por el que tendrían que cobrar por los minutos ocupados y no por la hora completa (¿alguien dijo Los Portales?) Sí, ya sé, no faltarán los “eco-lovers” que me digan “¿Para qué vas en auto, pues? Usa el transporte público”, o “Camina, es más saludable”, o “Anda en bicicleta y no jodas”, argumentos que he leído  últimamente entre gente que ha empezado a fanatizarse contra los automovilistas, sacando a la luz al pequeño fundamentalista que tienen escondido en sus políticamente correctos corazoncitos. Mi respuesta, siempre civilizada (por lo menos hasta que no me salga la india que llevo dentro y que es el 70% de mi ADN), será: mamita, si a ti te parece que irte caminando o en bici del Callao a La Molina es tu manera de contribuir al futuro de la humanidad, okey, pero yo necesito el auto, tengo mis razones, pago mis impuestos, y no es justo que en mi propia ciudad no tenga espacio para dejarlo diez minutos sin que la viejita de porquería en pantuflas o la corporación Los Portales me jodan la vida.  (Postdata: amo caminar y creo que los peatones debemos tener todas las preferencias en la ciudad, pero no voy a caer en el fanatismo de aquellos que creen que, porque sus motivos son idealistas, deben imponérselos a todos los demás ciudadanos, más o menos como los fanáticos de #ConMisHijoNoTeMetas)! http://larepublica.pe/impresa/domingo/851832-conmiveredanotemetas _________________ Ecuador: ¿Quién engañó a quién? La agenda del fraude Alejandro Fierro El pasado domingo, cuando aún faltaban horas para el cierre de los colegios electorales, la derecha ya estaba llamando a sus seguidores a las calles para denunciar fraude. En los días anteriores, la sospecha del fraude electoral había desplazado a la economía y el empleo como los principales temas de la campaña. Los candidatos derechistas centraron su discurso en la supuesta manipulación de los votos. Lo mismo hizo su todopoderosa maquinaria mediática. El fraude fue tendencia en Twitter en varias ocasiones... La operación estaba en marcha. Por supuesto, no hacía falta aportar ninguna prueba para construir la profecía autocumplida. Era idéntico esquema que en abril en 2013 en Venezuela, cuando Henrique Carpriles desconoció los resultados la misma noche electoral. O más recientemente en Estados Unidos, con Donald Trump alertando sobre una posible alteración de los sufragios. Finalmente no tuvo que utilizar este recurso, pero es más que probable que hubiera echado mano de él en caso de haberlo necesitado. Es obvio que la derecha ha incorporado el fraude a su arsenal estratégico cuando los resultados son ajustados. Las encuestas señalaban que Lenin Moreno, el candidato de Alianza País, estaría muy cercano al 40% requerido para ganar en primera vuelta. Había que aplicar sin dilación la agenda del fraude. La propia dinámica de los hechos hizo el resto. Con un escrutinio tan al límite, la verificación de cada voto era crucial. Lógicamente, el Consejo Nacional Electoral (CNE) demoró más de lo habitual en anunciar los resultados definitivos. Nada de esto le importó a la derecha. Agitó la situación hasta extremos profundamente antidemocráticos, poniendo en duda la credibilidad del CNE y, con ella la institucionalidad del país. Utilizó palabras de trazo grueso como dictadura, autoritarismo, trampa, engaño masivo... Todo ello a pesar de evidencias como que de haber existido realmente un retorcimiento de la voluntad popular el engaño se habría materizado en la misma noche electoral o que incluso en las últimas horas el porcentaje de voto de Lenin Moreno fue menguando. Extraño fraude, sin duda... El guión continuó el miércoles cuando se anunció definitivamente la segunda vuelta. La derecha atribuyó la decisión a la “valentía” del pueblo que defendió la democracia en la calle. En realidad, en los momentos más álgidos apenas hubo más de 3.000 o 4.000 personas frente a las sedes del CNE de Quito o Guayaquil. Tampoco importaba. Su hegemonía mediática posicionó la matriz de la presión popular victoriosa frente al autoritarismo del Gobierno. Ahora, la derecha está llevando la campaña hacia la disputa entre la democracia de las mayorías frente a la dictadura de unos pocos, ocultando que Alianza País sigue siendo la fuerza más votada, con doce puntos porcentuales de diferencia frente al segundo. Más allá del veredicto final de las urnas, lo vivido en Ecuador en estos días arroja luz sobre lo que puede acontencer en los procesos electorales que están por venir. Las disputas electorales deben ser objetivos prioritarios para los procesos de emancipación. En los comicios de asalto al poder la victoria se cimentó sobre el desmoronamiento de la propuesta neoliberal. Posteriormente, las eficientes políticas económicas, sociales y de profundización democrática, la bonanza económica y los liderazgos carismáticos convirtieron a las elecciones en paseos triunfales, con victorias por hasta 20 y 30 puntos de diferencia. El escenario actual es completamente distinto. La previsión es que los comicios se diriman por muy pocos votos. Esto obliga a afrontar las elecciones con el máximo rigor y con una preparación continua y permanente más allá del tiempo de campaña. Esta preparación debería abarcar cinco estrategias: 1.- Abordar las elecciones con criterios científicos y profesionales, desde la utilización de estudios cuantitativos y cualitativos confiables hasta recursos de comunicación eficientes. Habría que plantearse también la familiarización de los candidatos con técnicas de oratoria, debate e imagen pública, algo que hasta el momento no se había contemplado dado el enorme carisma de los líderes iniciáticos. 2.- La batalla mediática sigue siendo una asignatura pendiente. No basta con los medios públicos. El neoliberalismo ha logrado que nazcan manchados con el pecado original de su supuesta parcialidad, mientras que consigue que los suyos sean considerados independientes por el mero hecho de ser de propiedad privada. A esto hay que añadir que la comunicación realizada desde lo público carece, en muchas ocasiones, de atractivo y capacidad de seducción. Tampoco es suficiente con la red de medios comunitarios y populares fraguada en estos años. Ademas de su limitado alcance, sus mensajes están dirigidos a una audiencia con un alineamiento político ya muy definido. Es necesario construir medios de gran envergadura y con vocación hegemónica que no sólo informen y formen, sino que también entretengan, con una programación variada que cubra desde las noticias hasta los deportes, desde películas hasta concursos. Medios que se anclen en la cotidianidad de la gente, que sean esa cadena de televisión de referencia que está siempre sintonizada en el salón del hogar o esa emisora de radio que suena de fondo mientras se realizan las labores domésticas, se conduce o se trabaja. 1.3.- Las redes sociales son un espacio de disputa. Twitter o Facebook todavía no ganan elecciones, pero está próximo el día en que sean los medios definitorios. Y si aun no son la clave de la victoria, sí que hay ya ejemplos de candidatos que han perdido por un uso deficiente de los mismo. Los procesos de emancipación deben entrar a esta batalla desde dos flancos. Por una parte, extendiendo su utilización entre las mayorías populares. La composición socioeconómica del electorado de derecha le hace mayoritario en las redes. Es necesario superar esta brecha tecnológica con programas de educación digital y facilitando el acceso a los soportes. Por otro lado, los modos comunicacionales de las redes -individualizados, horizontales, heterogéneos, circulares, anárquicos- obligan a una reformulación del lenguaje utilizado hasta ahora por los procesos de cambio, que si bien fue exitoso en los inicios y la posterior consolidación no parece el más eficaz para estos nuevos tiempos. 1.4.- La función de los movimientos populares anclados en el territorio. Los procesos de emancipación tienen una ventaja objetiva sobre la derecha: cuentan con una sólida implantación popular activa y comprometida. Centenares de miles de personas, principalmente de las zonas populares, han creado un rico tejido organizativo a lo largo de estos años y constituyen un poderoso músculo para la batalla electoral. Pero su papel no debe ser el de seguidores de la “campaña oficial” ni meros comparsas para llenar mítines, pegar carteles o repartir propaganda. Su verdadero potencial radica en su capacidad para desarrollar una campaña propia, muy pegada al territorio, barrio por barrio y casa por casa, explicando de forma pedagógica a sus convecinos lo hecho y lo que está por hacer o que significa votar por una u otra opción, etc. 1.5.- Continuar fortaleciendo la institucionalidad. La derecha subcontinental ya ha demostrado que no le importa poner en peligro la estabilidad de los pilares que sustentan el andamiaje del Estado. En el reciente caso de Ecuador ha sido el poder electoral, pero hay múltiples ejemplos de ataques a los parlamentos, al poder judicial, ejecutivo, ejércitos y fuerzas de seguridad... Frente a esta acometida antidemocrática, los gobiernos progresistas deben seguir reforzando las instituciones alumbradas por las nuevas constituciones del siglo XXI. La solidez institucional es el mejor baluarte contra las andanadas desestabilizadoras de la derecha. http://www.telesurtv.net/opinion/Ecuador-Quien-engano-a-quien-La-agenda-del-fraude-20170226-0019.html _________________ Nuestra defensa Wilfredo Pedraza Diversos medios de comunicación han difundido la declaración que Jorge Barata brindó en Brasil a un fiscal de nuestro país, en el marco de su postulación a colaborador eficaz. Dicha información constituye la fuente del presente comentario. En versión de Barata, el Partido de los Trabajadores de Brasil habría solicitado a Marcelo Odebrecht que brinde apoyo económico, a través de su empresa, al Partido Nacionalista Peruano. Por lo que, a mediados del 2010, Barata habría recibido una llamada de Marcelo Odebrecht con instrucción de que realice “una donación con valores no contabilizados por US$3 millones de dólares para la campaña del candidato Ollanta Humala”. Parte de esos pagos se habrían hecho a Valdemir Garreta en Brasil –intermediario y socio de Luis Favre– y a Nadine Heredia en Lima. Tanto el ex presidente Ollanta Humala como su cónyuge Nadine Heredia han negado lo dicho por Barata, añadiendo que todos los aportes para la campaña fueron oportunamente declarados a la ONPE. Esta afirmación, que constituye la línea base de nuestra defensa, no impide hacer una valoración de su significado en perspectiva del derecho penal, pues se trata de un testimonio brindado en el marco de una colaboración eficaz, vinculado a una investigación iniciada hace ya más de un año por la Segunda Fiscalía Supraprovincial de Lavado de Activos, sin que ello suponga –reiteramos– aceptar esa imputación. Entonces, ¿qué implicancia penal tiene la recepción de dinero de la empresa privada Odebrecht como aporte para una campaña política? Creemos que ninguna, pues la Ley de Partidos Políticos (art. 31) identifica con claridad las tres fuentes prohibidas para los aportes en una campaña: entidades públicas, confesiones religiosas, así como partidos y agencias de gobiernos extranjeros. Por tanto, la contribución de una empresa privada, nacional o extranjera, es una fuente permitida. Un tema diferente es el monto del aporte, el cual no debe superar las 60 UIT al año, y lo declarado por Barata excede esa cifra. ¿Tiene connotación penal? Tampoco, pues constituye una infracción administrativa que, conforme al artículo 31 de la citada ley, se sanciona con una multa a la organización política. Si conforme a la versión de Barata, los aportes fueron para la campaña política del 2011 y no se encuentran vinculados a ningún proyecto (procesos de contratación, obras u operaciones), sus implicancias solo pueden discutirse en el marco del derecho electoral, criterio que se aplica a las contribuciones de empresas privadas a todos los partidos políticos sin excepción.  Se ha sostenido también que el aporte declarado por Barata constituye delito de lavado de activos, porque el dinero provendría de la división de cuentas estructuradas de la empresa Odebrecht. Por “principio de culpabilidad”, quien recibe un dinero con fines de lavado debe conocer, o por lo menos presumir, el origen ilícito de ese recurso (delito fuente), que debe ser el resultado de acciones delictivas vinculadas a los delitos de minería ilegal, tráfico de drogas, terrorismo, contra la administración pública u otros delitos similares capaces de generar ganancias ilegales. En los casos de recepción de dinero, la existencia de ese conocimiento debe probarse en la investigación fiscal, criterio que se aplica para todos los casos. En la versión de Barata, ¿tiene algún significado penal que el supuesto aporte se haya efectuado con recursos del departamento de operaciones estructuradas? Lo tendría, siempre que el dinero se haya entregado para evitar su identificación, tenga origen ilícito derivado de los delitos que antes mencionamos y que el receptor haya conocido o presumido esa ilicitud. En el 2010 no se conocían las cuentas paralelas de Odebrecht y esa empresa estaba siempre visible en las famosas ‘feijoadas’ de su embajada. El dicho de un aspirante a colaborador eficaz justifica una investigación preliminar. Sin embargo, un aspecto inherente a este procedimiento pasa por corroborar la información. No hay legislación premial en el mundo que trate con laxitud este aspecto, porque quien declara no lo hace en su papel de buen ciudadano, sino en la búsqueda de un beneficio que aligere o lo exonere de su probable sanción penal, y ese condicionamiento podría en ocasiones conducirlo a no decir la verdad. El juez brasileño Sergio Moro, encargado del Caso Lava Jato en su país, ha dicho hace poco que “en una sociedad democrática, donde se respeta el debido proceso, el testimonio debe acompañarse de documentos, detalles, que permitan corroborar el relato para que este se convierta en una prueba” (“La República”, 24/2/2017). Hasta hoy, la versión de Barata ha sido contradicha también por el publicista Luis Favre (El Comercio, 23/2/2017), por Valdemir Garreta (“Folha de S.Paulo”, 23/2/2017) y contrasta radicalmente con lo que dijo ante la Comisión Lava Jato del anterior Congreso de la República –presidida por Juan Pari–. Otro aspecto relevante para la defensa es que la pareja Humala-Heredia no tiene rutas de dinero por descubrir, ni cuentas ocultas en el extranjero, ni empresas ‘offshore’, y no aparece en los Panamá Papers. Por ello, esperamos una investigación técnica y rigurosa, sin juicios mediáticos ni políticos, sin impunidad, pero sin linchamiento, que es como corresponde examinar un caso penal en democracia, donde el respeto a los principios básicos del derecho penal, como el de legalidad y culpabilidad, constituyen mecanismos de protección de los derechos fundamentales de todas las personas sin excepción. Se trata entonces de respetar la presunción de inocencia, de no suponer responsabilidad penal sobre la base de encuestas y de respetar la autonomía del Ministerio Público y del Poder Judicial.  http://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/nuestra-defensa-wilfredo-pedraza-noticia-1971543 _________________ Palabras fuertes Mirko Lauer ¿Le convenía a Odebrecht incluir a socios comerciales peruanos en el expediente de las coimas? Las delaciones de Jorge Barata sobre una suerte de acuerdo corruptivo con las empresas constructoras socias en el Perú dan un giro nuevo al tema de las coimas. Pues las empresas peruanas niegan el hecho de plano, como lo han venido haciendo desde el inicio. Con lo cual es la palabra del brasileño contra las de los ejecutivos locales. Parte del giro es también que el caso ha dado un salto de la seclusión judicial de las declaraciones embargadas, que la comisión Lava Jato no podría conocer, a la exposición a los medios y el consiguiente debate público. Con lo cual también en este caso las culpabilidades e inocencias aparecerán antes que las investigaciones. Dicho lo anterior, es obvio que Graña y Montero, o JJC, están en un terreno débil. En parte porque un acuerdo corruptivo como el que menciona Barata figura dentro de la lógica de una sociedad de compinches. En parte porque demostrar, y sobre todo convencer, que no se sabía de las coimas es una tarea difícil de llevar adelante. Sin embargo Barata va a tener que demostrar sus imputaciones, lo cual significa sobre todo documentos y cifras. Por lo pronto GyM ha declarado que enjuiciará a Odebrecht por los daños causados, y estas últimas palabras de Barata ciertamente serán parte de ellos. El prestigio y el valor accionarial de la empresa se han ido al agua. Así, otro giro es que las declaraciones de Barata, y en realidad las de todo delator premiado de esta historia, se escinden entre lo que está demostrado de partida (cuentas, testigos solventes) y lo que está por demostrar. Este es el momento en que entran a tallar los pesos pesados del gremio de los estudios de abogados. Por lo pronto la declaración de GyM sobre el tema, ante la comisión Lava Jato, a comienzos de este mes, fue tajante: “Nunca vimos, conocimos ni participamos en algún acto irregular”. Evidentemente la carga de la prueba está del lado de Odebrecht, pero aun si el acuerdo corruptivo no se demuestra, a GyM le va a costar mucho recuperar su buen nombre. http://larepublica.pe/impresa/opinion/851732-palabras-fuertes _________________