OPINIONES 10/02/2017

Crimen y castigo de Toledo - César Lévano
I know what you did last time - Marco Sifuentes
La famiglia: Macri perdonó una deuda a su padre por $ 70.000 millones - Mario Hernandez
La izquierda se posiciona - Mirko Lauer
Modelo y corrupción - Augusto Álvarez Rodrich
¿Qué quieres, Perú? - Luis Davelouis
Una mezcla a evitar: Corrupción y conflictos sociales - Santiago Pedraglio
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Crimen y castigo de Toledo César Lévano El expresidente Alejandro Toledo sabe, por experiencia propia, que el crimen paga, pero, si se descubre, puede conducir a la cárcel. La Sala Penal Nacional ordenó anoche para él 18 meses de prisión preventiva y captura nacional e internacional. El sustento jurídico de la pena fue irrefutablemente expuesto por el juez Concepción Carhuancho. No hay escapatoria para Toledo cuando se demuestra que, junto con el tráfico de influencia realizó lavado de activos, al abrir cuentas en refugios off-shore a nombre de Josef Maiman. Tanto Toledo como Alan García han tratado de sacudirse de culpa en el caso de la gigantesca estafa con coimas de la carretera Interoceánica. “Yo fui el padre de la criatura, pero la obra solo comenzó en mi gobierno”. “Yo no firmé el contrato”, aduce García. Son coartadas cínicas. El problema no es quién firmó y quién continuó, sino cuántos dólares recibieron de coima uno y otro. Los intentos de ocultamiento son indicio de culpa. El azar se metió en la historia, cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos denunció que la empresa Odebrecht había pagado coimas desde el 2005, en pleno proceso de licitación de la obra. Toledo aseguró durante meses que él no estuvo en la reunión de Pro Inversión del 22 de diciembre del 2004 en la que se gestó la empresa. Hay que agradecer al excongresista Juan Pari, quien en un informe en minoría, desveló muchos de los actos de corrupción que ahora se exhiben y discuten. Las pruebas desmienten a Toledo. Se conoce ahora que sí estuvo en la cita de diciembre del 2004. El acta respectiva dice: “Aprobación del Plan de Promoción del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil. “Para tratar este tema fue invitado el señor Presidente de la República doctor Alejandro Toledo Manrique”. Ese día, en el corazón de Toledo palpitaba ya la esperanza de los 35 millones de dólares pactados en Brasil, que luego sufrieron una “rebajita” a 20 millones de dólares. Todo eso ha sido revelado por Simon Barata, alto funcionario de Odebrecht. Triste historia la de Toledo. De hijo de un hogar andino muy pobre pasó a becado del Cuerpo de Paz estadounidense, lo cual le permitió estudiar en universidades de los Estados Unidos, y luego ser profesor en centros académicos como Stanford. En estos días añorará sin duda el periodo en que, a partir de 1979, fue Economista Principal de Recursos Humanos del Banco Mundial. http://diariouno.pe/columna/crimen-y-castigo-de-toledo/ ___________________ I know what you did last time Marco Sifuentes El día en que Alejandro Toledo selló su destino final yo estaba en Palacio. Fue el 4 de agosto del 2005. Los periodistas lo vimos firmar su sentencia: el contrato de la Interoceánica. Había algarabía en el Salón Dorado, pero algo no cuadraba. Algunas voces –la mayoría, entonces, de la izquierda, hay que reconocerlo– venían alertando de un contrato millonario aprobado sin estudio de impacto ambiental y sin pasar por el SNIP. El SNIP fue un sistema que controlaba en qué se gastaba la plata de todos los peruanos. Fue creado durante el gobierno de transición de Paniagua para evitar que se repitiera un saqueo como el de los 90. Pero a la tecnocracia que se apoderó del Estado en este siglo nunca le gustó. De hecho, una de las promesas de campaña de PPK fue eliminar el “maldito SNIP”. Y su gobierno acaba de cumplir. Lo mató hace un par de meses. Bye, bye, fucking SNIP. Volvamos al 2005 pero no a esa fatídica ceremonia de Palacio, sino un poco más atrás. En febrero de ese año el SNIP ya era maldito, imaginamos. De otra manera no se explica el Decreto Supremo 022-2005-EF, que, ahora lo sabemos, es la madre del interoceánico cordero. El gobierno decretaba –porque sí– que un desembolso de 800 millones no tenía por qué ser evaluado por el SNIP. De esta forma, no pudo determinarse si la Interoceánica era necesaria o si el gasto correspondía con los beneficios que supuestamente traería. Pero hay más. Las “EF” de ese decreto significan “Economía y Finanzas”. ¿Adivinan quién era el ministro de EF? Pues adivinan a medias. Efectivamente, era PPK. Sin embargo, oh casualidad, no firmó ese decreto porque estaba fuera del país. Recuerdo perfectamente que ese providencial viaje fue la comidilla entre periodistas. ¿No se quería ensuciar las manos? ¿Sabía algo que nosotros no? Y aquí volvemos a agosto del 2005, a Palacio. Presente en la ceremonia estaba Fernando Olivera. ¿Por qué? Nadie sabe. Entonces era embajador en España. No tenía nada que hacer allí. Una semana después, en ese mismo Salón Dorado, estaba jurando como canciller de la República, para desconcierto de todo el mundo. Los mismos partidarios de Toledo se preguntaban abiertamente, ante cámaras, si ‘Popy’ “le sabía algo” al presidente. A los dos días –desembarcado ya de la cancillería–, Olivera nos dio una pista. También estuve en esa conferencia. En medio de su pataleta, reveló que él mismo había cabildeado con el contralor a favor de la millonaria carretera. “Si no se levantaba la observación de que había un 100% de sobrevaluación en la Interoceánica, ese contrato no se hubiera firmado”, se pavoneó. “I know what you did last time”, le dijo Eliane Karp a PPK esta semana. Pero, hasta donde yo recuerdo, en esa época parecía más bien que todos sabían todo lo de todos. Ya es hora de que alguno se vaya sincerando. http://elcomercio.pe/opinion/rincon-del-autor/know-what-you-did-last-time-marco-sifuentes-noticia-1967388 ___________________ La famiglia: Macri perdonó una deuda a su padre por $ 70.000 millones Mario Hernandez En la tarde del pasado miércoles se conoció que el Gobierno nacional aceptó el perdón de casi la totalidad de una deuda que la empresa Correo Argentina S.A. mantenía con el Estado nacional. La cifra supera los $ 70.000 millones (U$S 4.375.000.000) y representa más de la mitad de la inversión prevista para la Emergencia Social en 3 años. Esa cuasi condonación beneficia al padre del mismo presidente de la Nación ya que Franco Macri era quien encabezaba la empresa cuando se inició la causa judicial. A mediados de 2016 el Gobierno nacional aceptó una propuesta de pago de esa deuda que implica aceptar la condonación de más del un 98,82 % del total. Gabriela Boquín, fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, dictaminó el rechazo a este acuerdo y definió que el mismo “equivale a una condonación” de la deuda “y debe considerarse abusiva”. En el sitio fiscales.gob.ar, señaló "que el consentimiento estatal fue brindado por un funcionario del Ministerio de Comunicaciones sin competencia para hacerlo y sin acreditar de quién recibió instrucciones ni el acto administrativo que se las impuso". La información se conoció por medio de un artículo de Ari Lijalad en el sitio Nuestras Voces. Allí se detalla la información relacionada con la deuda que Macri perdonó. "Según los cálculos de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, la propuesta implica una quita en la deuda de 70.163 millones de pesos, un 98,82% sobre el total de la deuda. Es decir, que los Macri sólo pagarán el 1,18% de la deuda que tenían con el Estado", describe la investigación del periodista Ari Lijarad. "Este desfalco para el Estado Argentino tiene un momento clave el 28 de junio de 2016, cuando se realizó una audiencia y el Correo Argentino hizo una nueva oferta de pago de su deuda, supuestamente más ventajosa. Sin embargo, según reconstruye la fiscal Gabriela Boquín en su dictamen del 30 de diciembre pasado, esta propuesta lejos estaba de ser nueva y menos aún más beneficiosa que las anteriores. En primer lugar, la negociación arrancó al revés: fue el Estado Nacional quien solicitó la audiencia el 19 de mayo de 2016 y adelantó -según consta en el expediente- que podría prestar conformidad en caso de mejorarse la propuesta. Mal negociador aquel que pide una reunión y anticipa que va a aceptar. Mal negociador o hubo un acuerdo previo", ironiza el artículo periodístico. Ahora la Justicia investiga si hubo negligencia del Estado por su intervención tan ventajosa para una de las partes, esto es, la familia del propio presidente. Por ahora, un fiscal pidió a la justicia que no homologue ese acuerdo entre el Correo y el Estado. Según reseña el artículo, ahora serán los camaristas María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, Matilde Ballerini y Ana Isabel Piaggi los que deberán decidir por la suerte de los 70.000 millones de pesos que el gobierno quiere perdonarle a la famiglia Macri. Se trata de juezas con vínculos con el oficialismo nacional. La historia de un vaciamiento Macri se hizo cargo del Correo Argentino, la firma más antigua del país, en setiembre de 1997, pero hasta 2001 no había pagado el canon comprometido al Estado (U$S 51,6 millones semestrales). Argumentó que el Estado le debía plata por servicios prestados y nunca abonados y que ese desajuste podía compensarse restándolo del pago del canon. En su momento, Macri consiguió con el auspicio legal del ex ministro Roberto Dromi, que el juez federal Ernesto Marinelli, lo autorizara a seguir en rojo con el Estado, hasta que la administración pública abonara unos 98 millones de dólares. Con el Correo pensaba ganar 1.500 millones de dólares para el 2000, pero desde 1997 un solo ejercicio registró una utilidad de 1,4 millones. El cúmulo de operaciones financieras y logísticas que transformarían al Correo en una pujante empresa multimillonaria, apelando a las herramientas de la informática, a la sumatoria de negocios vecinos y a un trabajo en escala con Brasil, no llegó a concretarse. Antes de la concesión, el Correo perdía 20 millones de dólares por año. Con Macri, el rojo llegó a 50 millones. En todo el país había 5.000 sucursales, cuatro años después, quedaban 3.500 entre las propias y los locales contratados que acumulaban las facturas pendientes de pago. Para el 2000 la caja del Correo le quedaba “corta” para pagar los sueldos de 13.000 empleados, a pesar que 7.500 fueron renunciados. Los 500 pesos brutos de remuneración mensual le parecían montos astronómicos a pesar de la facturación anual de 527 millones de dólares. Sin embargo, comenzó tirando manteca al techo. Los gerentes recién llegados ganaban más de U$S 147.000 anuales, la misma cantidad asignada al director del correo estatal inglés. El Post Office, era el asesor técnico de Macri, pero tributaba a la Corona 500 millones de dólares al año, tenía 229.000 empleados y casi nueve veces más sucursales distribuidas en su territorio equiparable a la provincia de Buenos Aires. Tomó una empresa libre de deudas y cargada de activos, que en 4 años acumuló un pasivo de 740 millones de dólares. Cumplió con el canon completo solamente por un año y hacia mediados de 2001 debía 260 millones en cuotas atrasadas. A los carteros empezaron a faltarles lapiceras y a cobrar salteado, y en las sucursales faltaban formularios, entonces pidió un concurso de acreedores para librarse transitoriamente de obligaciones con proveedores, contratistas y acreedores. Quienes conocen la trama interna señalan al contrato con Furex S.A. como el eje del vaciamiento del Correo. La firma transportista se constituyó el 1º de abril de 1998, a 7 meses que Macri ganó el Correo, con un capital inicial de $ 12.000 y el único objetivo social de realizar “operaciones de logística para la empresa Correo Argentino S: A.”. Empleaba a buena parte de los carteros, aunque muy pocos se llevaban un recibo en blanco a sus casas. El vicepresidente era Fernando Alfredo Marín, actual director de Fútbol para Todos, y durante años responsable de las relaciones públicas de Socma (Sociedades Macri). Mauricio Macri fue parte del directorio del Correo y fue en su casa de Barrio Parque donde se llevaron a cabo buena parte de las reuniones con los empresarios socios y con el gobierno menemista, en las que se decidió la concesión. Las negociaciones por parte de la empresa fueron llevadas adelante por Osvaldo Salvestrini y Andrés Ibarra, actual Ministro de Modernización. Osvaldo Salvestrini estaba a cargo de ITRON, la compañía que debía ser reconvertida para quedarse con el correo privado. Salvestrini, tesorero de Boca Juniors, club que presidía Mauricio Macri, explica la estrategia del grupo: “En ITRON habíamos analizado cuidadosamente las posibilidades que ofrecía el Correo. Con 6.500 oficinas diseminadas en todo el país, podíamos tener la mayor red de distribución de la Argentina. El Correo era la única organización con capacidad para llegar a todos y cada uno de los argentinos, al menos -en promedio- una vez al año. Si en esos contactos a lo largo de un año, se les pudiera vender “algo” por diez pesos, con ese algo, multiplicado por treinta y cinco millones de habitantes, teníamos un potencial de ventas incalculable. Era verdaderamente un desafío intelectual, un acicate a nuestra creatividad”. Pero Salvestrini como presidente y Andrés Ibarra como gerente general se encontraron con conflictos y situaciones que nadie había previsto en los power point en los que mostraban cómo transformarían el Correo, en uno moderno, informatizado y con poco personal. En el primer año pusieron en marcha un plan de despidos masivos a través de un programa de retiros voluntarios por el que el Correo redujo su dotación en 10.000 empleados. Para eso utilizaron los fondos que se habían comprometido a aportar como inversión de capital en el contrato de concesión. En el balance contable del primer año de gestión, la empresa hizo figurar como inversión U$S 100.000.000 que había usado en realidad en el despido de personal. Una pequeña ayuda de mis amigos funcionarios Para llevar adelante el plan de despidos y poder presentar las indemnizaciones como parte de la inversión de capital planteada en el contrato contaron con la ayuda del Viceministro de Trabajo, José Uriburu, quien luego compartiría con Mauricio Macri la Sociedad Pastoril Santiagueña. Como Viceministro de Trabajo del gobierno menemista impulsó una reforma laboral y previsional que permitió hacer más flexible los contratos laborales y más sencillo para la empresa el despidos de trabajadores. Impulsó también los decretos que buscaron la equiparación de los trabajadores del Correo con los empleados de las empresas privadas, uno de los reclamos centrales de Macri. Como los decretos se demoraron y los trabajadores se negaron a dejar de estar comprendidos en los convenios colectivos de su sector, Uriburu ideó junto a Macri y el Secretario de Comunicación, Germán Kammerath, un sistema de “retiros voluntarios”. Además, permitieron que la operación fuera registrada en los balances como “inversión de capital”, deduciéndolo de lo que se habían comprometido a invertir de acuerdo al contrato original. Como el consorcio se había comprometido a invertir 25 millones por año, con esto quedaba cubierta la inversión de cuatro años. La causa transitó por diversos juzgados por tantos años que no hubo pena para cumplir. Uriburu también se encargó de darle el primer negocio importante al Correo al contratarlo para que abonara las “ayudas económicas no retributivas”, en los planes sociales que manejaba el Ministerio de Trabajo. La Oficina Anticorrupción que analizó el tema informó que constituía un fraude a la Administración pública además de incumplimiento de deberes del funcionario público, entre otras cosas porque se contrató de manera directa, cuando debía haberse realizado una licitación pública. Se omitió considerar alternativas que hubieran representado una mejora, cuando otras empresas presentaron mejores condiciones económicas y sostuvo el acuerdo con el Correo. Se realizó una contratación por $ 5.300.000, a pesar que el Director nacional de Políticas de Empleo y Capacitación había informado que el monto ascendía a $ 3.096.557. Y la frutilla del postre. Los coordinadores del Plan Trabajar detectaron que el número de beneficiarios que no habían cobrado la cuota correspondiente era más elevado que el promedio que se venía registrando. Se le solicitó una explicación al Correo. La empresa admitió la situación, pero solicitó que se le concediera un plazo de 36 meses de financiamiento para efectivizar el pago. El Ministerio no reclamó esos pagos, sino que celebró un acuerdo de conciliación de deudas y créditos por el cual el Correo le adeudaba $ 16.722.133 pero, casualmente, la deuda del Ministerio con el Correo ascendía a la suma de $ 16.449.357. A pesar de las ayudas, la participación en el mercado cayó del 49% en 1997 a 35% en 2001. En 2000, llegaron a tener pérdidas contables del 50% del patrimonio neto de la empresa, violando la Ley de Sociedades Comerciales que establece que una sociedad se disuelve cuando la pérdida del capital social llega a la mitad del capital. No obstante, incrementó en un 750% la tarifa de la casilla postal, cambió el gramaje de envío de cartas, dolarizó las tarifas correspondientes a los envíos al exterior sin autorización de la Comisión Nacional de Comunicaciones y obtuvieron contrataciones directas sin ningún control por parte del Estado. Tres años después de haber obtenido la concesión, Macri le debía al Estado casi U$S 1.000 millones: 408 millones de canon, 60 millones en préstamos del Banco Nación y 528 millones en concepto de aportes patronales evadidos a la AFIP. Finalmente, el Correo fue a la quiebra y el gobierno de Néstor Kirchner canceló la concesión por decreto el 19 de noviembre de 2003. http://rebelion.org/noticia.php?id=222775 ___________________ La izquierda se posiciona Mirko Lauer Con una nueva Coordinadora Contra la Corrupción y una marcha sobre el mismo tema el próximo jueves, la izquierda escala su protesta en el tema. Si escuchamos a sus principales voceros, la idea es que el virus ya ha capturado prácticamente todo el cuerpo político, y ahora es necesario movilizarse a pedir cabezas. En la medida que hoy todos los ex presidentes y también el actual son sospechosos en diversos grados, la lucha por sentarlos en el banquillo es una tarea que atrae simpatías entre una población indignada. Además el caso inevitablemente echa sombras sobre algunas empresas importantes, con lo cual la primacía de la izquierda en el tema parece natural. Salvo un periodo en el municipio de Lima, la izquierda no gobernó en estos años. Pudo haberse dado con Ollanta Humala, si este no hubiera desembarcado a buena parte de ella en poco tiempo. Hubo socios políticos y figuras individuales izquierdistas con Humala y Alejandro Toledo, pero nada realmente parecido a las decisiones más importantes del poder central. Como el fujimorismo mantiene relativo silencio frente a la tragedia de corrupción que se viene desarrollando, la posibilidad de una captura política del tema por parte de la izquierda no es descartable. No serían los únicos, pero sin duda están bien ubicados, con una capacidad de polarización que no tiene la derecha. Pero todo esto exige alguna forma de estrategia, y eso significa dosificación de la politización y un adecuado manejo de los tiempos. Por eso, por ejemplo, la comisión Lava Jato viene perdiendo su batalla contra los fiscales. Por eso también aparecen tan descolocados quienes piden cárcel a la brevedad, sin tomar en cuenta los plazos de la ley. Verónika Mendoza ha captado las oportunidades del momento, pero no ha entendido la necesidad de estrategia. Empezar a manejar en conferencias de prensa la posibilidad de que el Presidente de la República sea culpable, y subirse al carro de los que juegan con su vacancia, es salirse de todo encuadre de eficacia en la lucha contra la corrupción. Sin duda la ciudadanía quiere energía a gritos en la lucha anticorrupción. Pero también quiere eficacia dentro de los márgenes de los instrumentos legales establecidos. Lo que no quiere es remedios que sean peores que la enfermedad. http://larepublica.pe/impresa/opinion/847135-la-izquierda-se-posiciona ___________________ Modelo y corrupción Augusto Álvarez Rodrich Guayaquil. Hay algunas ideas que, de tanto repetirse, corren el riesgo de que se acaben creyendo sin siquiera debatirlas para demostrar que no tienen fundamento. Algunas son de la vida social, como la tontería de la ‘ideología de género’ cuya falsedad es fácil de demostrar como hizo anteayer esta columna con un comunicado de la academia. Hay otras iniciativas que están en el terreno económico y que en estos días se lanzan con más entusiasmo que fundamento y cuya aceptación tendría consecuencias lamentables. Una de esas ideas es que eventos recientes como las marchas y contramarchas sobre el aeropuerto de Chinchero marcan, como escribió en su columna de La República mi amigo Martín Tanaka, “el irremediable final del sueño tecnocrático neoliberal: decisiones técnicas, libres de nefastas interferencias políticas, que aseguran decisiones eficientes, el mejor uso de los recursos públicos”. Los tecnócratas que hayan creído o crean que las políticas públicas se aplican con aislamiento del ámbito social o político son unos papanatas condenados al fracaso. Eso ha sido cierto en todos los tiempos, en los de la autocracia o los de la democracia. La tecnocracia peruana ha jugado en el último cuarto de siglo un papel crucial para el avance económico, social y político que, a trompicones, y con enormes agendas pendientes, se ha conseguido. Y gran parte de ese avance se logró a pesar de los políticos de esos veinticinco años. Esa tecnocracia seguirá siendo indispensable, pero actuando con inteligencia y conocimiento de que es imposible aplicar políticas públicas sostenibles sin tener en cuenta las restricciones y oportunidades que plantean los ámbitos social y político. Otra idea de estos días es, como escribió ayer aquí también en La República mi amigo Alberto Adrianzén, que el modelo económico mantenido después del fujimorismo “alentó la corrupción y las prácticas lobistas” así como “la captura del Estado por los grandes grupos económicos”. Discrepo de Beto y los que piensan igual, como los economistas del grupo de Verónika Mendoza. Todo lo que se está revelando en estos días demuestra que hay miserables que se roban los recursos de todos los peruanos en todos los gobiernos, sean democráticos o autocráticos, o de derecha, centro o izquierda. Eso no tiene nada que ver con el modelo económico. Me provoca decir, incluso, que un Estado menos discrecional reduce la oportunidad para la corrupción, pero la verdad es que los corruptos son muy ingeniosos, y nada los detiene. http://larepublica.pe/impresa/opinion/847138-modelo-y-corrupcion ___________________ ¿Qué quieres, Perú? Luis Davelouis O sea, quiero saber qué quieres para poder ofrecértelo. Aunque no sea cierto, aunque –otra vez– te esté mintiendo. En un país con una población tan jodidamente heterogénea en todos los sentidos, encontrar una sola respuesta es misión imposible. Veamos. Todos quieren que les solucionen –o ayuden a solucionar, aunque sea a medias– sus problemas inmediatos y de corto plazo, lo que los afecta hoy. Por eso, “seguridad” es lo primero que se pide a gobierno y autoridades. Pero, ¿qué hay de las aspiraciones? No tengo idea. Pero si nos guiamos por lo que dice al respecto el presidente de algún importante gremio empresarial; lo que dice el chofer de combi que tiene 22 mil papeletas y dos muertos en su haber cuando lo detienen; lo que decía Alejandro Toledo cuando era presidente y lo ampayaban regresando borracho de Punta Sal; o lo que dice el actual alcalde de Lima, Luis Castañeda, cuando lo joden por inoperante, lo que el peruano quiere es que lo dejen “trabajar” y que no lo jodan. Y en el lugar de esos, ¿haría lo mismo? Esto presenta un problema si en la muestra metemos a la Sra. Fujimori, quien fue congresista medio periodo (el otro medio no estuvo) y hace campañas presidenciales frustradas desde el 2006. Antes fue primera dama de su papi que está preso. ¿Podríamos inferir entonces que al menos el 20% de peruanos que votó por ella aspira a que no les pregunten de qué vive? Si nos guiamos por lo que los peruanos consumen y la publicidad que vende eso que consumen o que quisieran consumir, deberíamos inferir lo que el peruano aspira a excluir. Ponle la etiqueta “exclusivo” a algo y habrá algún bobo que lo compre. Como siempre, lo verdaderamente exclusivo no necesita esa etiqueta http://peru21.pe/opinion/luis-davelouis-que-quieres-peru-2270389 ___________________ Una mezcla a evitar: Corrupción y conflictos sociales Santiago Pedraglio Como es natural, el interés nacional está concentrado en los escándalos de corrupción. Sin embargo, por más importantes que estos sean, el gobierno del presidente PPK no puede dejar fuera de su radar el manejo de las demandas sociales y los posibles conflictos que puedan desatarse. Porque, valgan verdades, un coctel que mezcle escándalos de corrupción con conflictos sociales podría colocar al gobierno en una situación excepcionalmente complicada. El espacio de conflictos más sensible, por su importancia social y su impacto económico, es el llamado Corredor Sur Andino. A mediados de 2016, de esta zona se extrajo aproximadamente 65% de la producción nacional de cobre (considerando los cinco proyectos más relevantes). Asimismo, se calcula que en los próximos años la producción de este corredor representará entre 3% y 5% del PBI. Hay tensiones acumuladas y fácilmente politizables: servicios públicos deficientes o inexistentes, pasivos ambientales agudizados por las polvaredas del transporte pesado, incremento de accidentes de tránsito, incumplimiento o lentitud de los sectores gubernamentales, y discutibles prácticas empresariales. Son especialmente importantes Velille (distrito de Chumbivilcas, Cusco) y Espinar (también Cusco), zonas claves para la viabilidad del corredor minero Sur Andino. Honrar los compromisos del Ejecutivo es fundamental en ambos casos: en Velille, los proyectos de infraestructura productiva y social; y en Espinar, los 354 millones de soles necesarios para el afianzamiento hídrico, comprometidos en agosto de 2013, y los 1,200 millones de inversión comprometidos en la Mesa de Diálogo. Al mismo tiempo, en estos momentos de relativa calma social, bien harían la PCM y el MEF en visibilizar el trabajo de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad. Esto le hará ganar legitimidad a una institución con responsabilidades sensibles, lo que le permitirá afrontar con autoridad los momentos difíciles. Salvo, claro, que la tecnocracia considere que son esfuerzos inútiles, lo que equivaldrá a resolver los conflictos por la vía del enfrentamiento o la represión. http://peru21.pe/opinion/santiago-pedraglio-mezcla-evitar-corrupcion-y-conflictos-sociales-2270401 ___________________