OPINIONES 10/01/2017

Con PPK en Palacio - César Lévano
El BCR y la mala macroeconomía - Pedro Francke
El paquete del Gobierno - Augusto Álvarez Rodrich
Lucho sabe mucho - Rosa María Palacios
Más fronteras, menos mercados - Mirko Lauer
Minería informal y exclusión - Roberto Abusada Salah
Nosotros robamos menos, ¿sí? - Pedro Tenorio
Si es ‘malo’ sale y si es bueno digo que es mío - Luis Davelouis

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Con PPK en Palacio César Lévano No soy un periodista asiduo de Palacio de Gobierno. Pocas veces he aterrizado ahí a lo largo de varios presidentes: Alan García, Alejandro Toledo, Valentín Paniagua. Ayer fui invitado igual que otros 40 colegas, al desayuno de Trabajo en que el Poder Ejecutivo explicó el alcance de los decretos legislativos dictados con autorización del Congreso. Hay que saludar, en primer término, el hecho de que el Congreso, de abrumadora mayoría fujimorista, concediera esas facultades al Poder Ejecutivo, pese a ásperas discrepancias entre los dos poderes del Estado. Buen número de los decretos son positivos y pueden mejorar los índices de nivel de vida, moral pública y seguridad ciudadana. Los referidos al proyecto de agua potable y servicios sanitarios al ciento por ciento de los pobladores es digno de aplauso. Entre otras cosas, porque no parece convalidar los planes de privatizar Sedapal. En el Campo de la lucha contra la corrupción pública y contra el crimen organizado hay asimismo avances. La muerte civil implantada para que los corruptos no trabajen nunca más en el Estado, así como la responsabilidad administrativa y penal de las empresas comprendidas en casos de corrupción. El fortalecimiento de la acción contra el crimen organizado atiende un clamor de los ciudadanos, y en particular de los sindicatos. En esta columna nos hemos hecho eco de la protesta y la congoja de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil, que ha padecido el asesinato de muchos de sus dirigentes. Hemos denunciado también el hilo político de las bandas criminales, creadas para combatir el sindicalismo independiente, pero que se han convertido en semillas de crimen y muerte contra otros sectores de la sociedad. En la información difundida ayer en Palacio se precisa que quien promueva, organice, constituya e integre una organización criminal de tres o más miembros será penado con carcelería entre ocho y quince años. Los líderes, jefes o financistas tendrán de 15 a 20 años de cárcel. Igual condena se les aplicará si causan muerte o lesiones graves durante su acción delictiva. En la reunión palaciega me reencontré con PPK, a quien conozco desde los días en que éramos vecinos en el edificio La Nacional, sede de CARETAS. Me sorprendió su réplica cuando le comenté: “después de años…”: -Yo te leo todos los días. http://diariouno.pe/columna/con-ppk-en-palacio/ _______________________ El BCR y la mala macroeconomía Pedro Francke El directorio del Banco Central de Reserva con la presencia de los directores fujimoristas José Chlimper y Rafael Rey ya empezó a actuar. Dos primeras decisiones importantes han sido continuar la misma política monetaria de antes manteniendo su tasa de interés de referencia y emitir un Reporte de Inflación que resume una visión económica similar a la muy optimista del Ministerio de Economía y Finanzas. Ambas decisiones tienen grandes implicancias económicas. Continuar con la tasa de interés en el alto nivel en el que está mantiene un elevado costo para quienes tienen un crédito bancario. En efecto, las tasas de interés activas se mantienen por encima del 20 por ciento en promedio, con picos encima del 100 por ciento. Estas altas tasas de interés reflejan fuertes ganancias de los bancos y tienen como base las tasas de interés que fija el BCR. Si a Ud. le parece caro lo que paga por su crédito de carro o de consumo, acá hay un primer responsable. Por otro lado, al mantener altas las tasas de interés en vez de reducirlas como propusimos con Verónika Mendoza la campaña electoral pasada, el BCR enfría la economía. Actúa contra la inversión privada, cuyos costos se elevan. Frena también el consumo, ya que las familias deben pagar más por sus créditos, restándoles capacidad de compra. Esto puede ser necesario cuando la economía está sobrecalentada por demasiada demanda. No es el caso hoy en el Perú: la demanda interna apenas crece en 1% anual, muy por debajo del crecimiento potencial calculado en 4% cuando menos. Si hoy hay menos puestos de trabajo que hace un año y la industria y la construcción están detenidas, ya sabe quiénes son algunos de los responsables. El BCR también ha sacado su “Reporte de Inflación”, en el que sustenta las súper-optimistas proyecciones de recaudación y crecimiento del MEF para 2017. Aunque este año la inversión privada sigue cayendo, no hay demanda y los cambios en EEUU no nos ayudan, dicen que la inversión privada no minera crecerá 6% el próximo año. Más increíble es su proyección de la inversión pública, que pronostican crecerá 7,4%, cuando el presupuesto aprobado prácticamente congela esa inversión. El BCR también subvalora los riesgos de que la sequía, el aumento del precio del petróleo y el alza del dólar empujen la inflación hacia arriba. En este caso, no es de extrañar: en los últimos años el BCR ha rebasado su propia meta de inflación continuamente. Dos cosas quedan claras. La primera es que hay un continuismo total en el BCR. Habrá ingresado el fujimorismo pero nada cambia, lo que no es de extrañar, tanto porque comparten la misma política neoliberal, como a que ya Chlimper estuvo antes en el mismo directorio (nombrado por Alan García 2006-2011). La segunda cosa que queda muy clara es que el co-gobierno PPK-Fujimori en política económica marcha viento en popa. http://diariouno.pe/columna/el-bcr-y-la-mala-macroeconomia/ _______________________ El paquete del Gobierno Augusto Álvarez Rodrich Es mejor desconfiar del que tiene la ingenuidad de creer que un país se transforma a punta de leyes, pero no hay duda de que un marco legal apropiado es clave para emprender nuevas políticas públicas si se tiene capacidad de gestión para ponerlas en marcha en la dirección correcta. Ese debiera ser el espíritu que anime al gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski con la promulgación de 112 decretos legislativos (DL) en cinco áreas cruciales para cumplir su promesa de campaña: que el Perú avance hacia ser un país más justo y moderno y con más oportunidades. Las cinco áreas son: cobertura de agua y saneamiento; reactivación económica y formalización; anti corrupción; seguridad ciudadana; y simplificación administrativa. Algunas áreas constituyen una demanda ciudadana crucial, como la seguridad, cuyo deterioro profundo en los últimos años convierte su atención en una urgencia en la que, de no haber mejoras sustantivas, hará que este período gubernamental se sienta, en su conjunto, como un fracaso. En este rubro los DL apuntan a combatir al crimen organizado, la tenencia ilegal de armas, y la corrupción en la policía. El objetivo es recuperar la confianza de la sociedad en la policía y reducir las víctimas de robo de 14.8% en la actualidad a 10.5% al 2018. Un tema vinculado, de profunda preocupación ciudadana, es la lucha contra la corrupción especialmente ahora con Lava Jato. Aquí los DL buscan cambios en la prevención, persecución y sanción, y reinserción. Otra urgencia de la gente es la reactivación económica. El gobierno ha promulgado normas que buscan, además de la formalización, facilitar las inversiones de todo nivel pero con especial atención a la clase media y los pequeños empresarios. Hay otros dos rubros que pueden ser trascendentales. Uno es la simplificación administrativa que busca poner el Estado al servicio del ciudadano mediante la optimización, automatización o eliminación de trámites, y el reforzamiento de los organismos estatales encargados de protegerlo. El otro radica en el agua y saneamiento, en el cual se ha creado todo un marco distinto que parece lo más revolucionario de todo el paquete de los 112 DL y cuyo objetivo es que en el año 2021 el 100% de peruanos cuenten con el servicio de agua potable y alcantarillado las 24 horas del día. Se trata, en resumen, de un conjunto de leyes que busca cambiar la vida de las personas para transformar el Perú. Ojalá que el gobierno lo sepa defender en el Congreso para que no sea recortado, y que lo pueda poner en marcha con una buena gestión. http://larepublica.pe/impresa/opinion/838293-el-paquete-del-gobierno _______________________ Lucho sabe mucho Rosa María Palacios Los actos de violencia son condenables y deben ser perseguidos, sea cual sea su causa. En eso no se puede ser débil. Destruir propiedad pública o privada debe terminar con la detención y juzgamiento severo de los culpables. En las últimas semanas del año todos vimos lo que pasó en Huaycan y ahora en Puente Piedra. Esos actos no pueden ser justificados bajo ninguna circunstancia. Aclarado el punto, los hechos de violencia por una caseta de peaje adicional – en sentido inverso del tránsito a la pre existente – en el distrito de  Puente Piedra revelaron la existencia de serias irregularidades – termino muy amable – en la ejecución del contrato de concesión de Rutas de Lima, en donde el concedente es la Municipalidad Metropolitana de Lima y el concesionario es la auto declarada corrupta empresa constructora brasilera Odebrecht. La razón por la que el Estado concesiona una obra pública es simple. No tiene el dinero para satisfacer hoy una necesidad pública impostergable. Es decir, necesita que el concesionario ponga el capital hoy, ejecute la obra, beneficie a la sociedad con la prestación del servicio lo más rápido posible y se cobre a lo largo de la vida útil de la obra. Esa es la idea. Una concesión donde el capital lo pone el Estado integramente, o peor, lo pone usted directamente, no tiene sentido. Para ese resultado es mejor que el Estado ejecute la obra solo y por los años que le demore recaudar lo necesario para hacerlo. Sino ¿cuál es el beneficio? Luis Castañeda ha pretendido, una vez más, agarrarnos de idiotas. Eso, no es delito. Es culpa nuestra que se lo permitamos. Pero,  ¿darle beneficios indebidos a un concesionario? Eso, sí lo es. Y de eso, Lucho no dice una palabra. Su defensa frente al nuevo peaje es que “el contrato lo ata de manos”. Mentira. A pocos días del estallido social escuche – contrato en mano – a Gustavo Guerra García, un experto en concesiones que trabajó en el periodo Villarán, explicar las cosas que nuestro Alcalde oculta. Algunas son indicios claros de actividad delictiva. Lo primero es que el contrato de concesión con Odebrecht sólo permitía recaudar en los peajes pre existentes con un reajuste tarifario gradual a lo largo del tiempo. Es decir, subir 0,50 centavos el peaje si esta permitido. Eso, podía hacerse. Lo que NO podía hacerse es poner un nuevo peaje ahí donde nunca existió hasta que no CONCLUYAN las obras. El integro de ellas. Y eso ¿ha sucedido? No, no ha sucedido. Entonces, ¿por qué la Municipalidad autorizó ese peaje? ¿Acaso eso es lo que dice el contrato? Lo segundo es que la Municipalidad debía liderar un proceso de conversaciones para ver la mejor ubicación futura de ese peaje. Esta no era al lado del pre existente. Hay zonas en el trayecto con menor densidad poblacional. El peaje no es para quien recorre 3 kilómetros. Eso es absurdo. El peaje es para distancias largas. ¿Conversó Castañeda con los Alcaldes del norte de Lima cómo se lo solicitaron? Nunca. ¿Por qué? Ahí no basta con escudarse en la mudez. La responsabilidad es suya. En el mismo día, subió el peaje, puso uno nuevo y quitó el subsidió al transporte de carga de larga distancia que pagaba peaje al MTC en el cercano Ancón. ¿Esa es una gestión eficiente? No lo creo. Lo que Lucho ha demostrado es ser un pésimo gestor. Pero esto puede tener, como veremos, otra explicación. Lo tercero, y esto es gravísimo, es que se le ha entregado a Odebrecht el 4% de la recaudación del peaje que estaba reservada a la Municipalidad. Se ha modificado sustancialmente el contrato sin seguir la vía regular – addenda, revisión y aprobación del MEF – sólo por resolución del Concejo. ¿Por qué motivo? Nadie lo sabe. Es decir, se ha regalado al concesionario una montaña de dinero, cuando Marcelo Odebrecht ya estaba preso y todos sabíamos de los delitos de corrupción cometidos en el Brasil por esta empresa. La única razón posible es ayudar a la empresa a vender la concesión con mayor solidez.  ¿Va a hacer eso el Alcalde de Lima a cambio de nada? Y por enésima vez el Mudo tiene muditos. ¿Donde esta la gran prensa dando la pelea? El Alcalde ya hizo un chanchullo con OAS ahí sí, modificando un contrato y quitándole al Rímac y a la comunidad Shipiba de Cantagallo un futuro mejor para hacer un by pass que nadie pidió y que hoy no sirve para nada. En redes, los fujitrolls tienen la orden de destruir a la izquierda y tienen en Susana Villarán la excusa perfecta. Aunque ella no milite en Fuerza Social, igual es, van por todos. Lo que esta demostrado hasta hoy, es que al menos ella no tienen ninguna imputación por corrupción y que sus signos exteriores de riqueza son mas de bien de pobreza. Digna pobreza de un ex funcionario público, como debe ser. ¿Era necesaria la concesión de Rutas de Lima? Eso es indudable. La Municipalidad no tiene como hacer mas de treinta intercambios viales en 140 kilómetros de vías, ni como ampliar la autopista Rámiro Priale hasta Chosica en 5 años. La única forma es con el capital del concesionario. Pero de ahí a trasgredir el propio contrato y decir con hipocresía “estoy atado de manos” hay un camino bien largo. Lucho sabe mucho. Pero, salvo una pequeña y perseguida oposición municipal, nadie le hace las preguntas que el Ministerio Público ya le debería estar haciendo, hace mucho tiempo.    http://rosamariapalacios.pe/2017/01/09/lucho-sabe-mucho/ _______________________ Más fronteras, menos mercados Mirko Lauer Con la globalización la vida de los automóviles es compleja. Con las fábricas de componentes, las plantas de ensamblaje y las empresas propietarias dispersas por el mundo, en muchos países no hay cómo saber si un automóvil es nacional o importado. Una pluralidad de identidades en medio de la cual la marca de fábrica no ayuda. Esto está empezando a cambiar. El próximo gobierno de Donald Trump ya está presionando para que los fabricantes de automóviles muden sus plantas a los EEUU. Detrás de esto inevitablemente llegarán impuestos a la importación, y no solo para vehículos, sino para todo bien que los EEUU sean capaces de producir. La idea es preservar puestos de trabajo y mantener ganancias en el país, aun a expensas de un encarecimiento. Con lo cual el famoso muro en la frontera mexicana en cierto modo puede terminar abarcando el mundo. Si esto prospera, es poco probable que los países afectados por el proteccionismo puedan dejar de ir avanzando también ellos en la misma dirección. Sin duda el Perú puede terminar entre los afectados. Por ejemplo el camino para vender muchos de nuestros productos agrícolas al gran mercado de los EEUU ha sido un camino cuesta arriba desde mediados de los años 90, incluso en el contexto del TLC. Pronto los productores de ese país tendrían más apoyo estatal para bloquear la competencia de fuera. Sin embargo los agricultores consideran que la estructura de mutuas ventajas EEUU-Perú en el intercambio protege a nuestro país. Ni Trump querría una inflación en el 50% de alimentos que EEUU importa. Además, en términos generales, la balanza comercial es favorable al país del norte. Un problema con el escenario proteccionista es que prepararse para enfrentarlo ya es tener que empezar a recorrer el camino proteccionista. Es difícil imaginar un mundo que siga practicando el libre comercio al margen del proteccionismo de Trump. Más fácil es ir pensando en una guerra comercial que lo cubriría todo. Aquí hemos vivido larguísimos periodos de proteccionismo, y sabemos qué se siente: las alzas de precios para el consumidor local casi no tienen límites, pero la capacidad productiva (que incluye exportadora) de las empresas sí. La perspectiva de una contracción de la economía peruana sería evidente. http://larepublica.pe/impresa/opinion/838291-mas-fronteras-menos-mercados _______________________ Minería informal y exclusión Roberto Abusada Salah El Estado lleva años intentando sin éxito formalizar a la minería informal. El esfuerzo del anterior gobierno constituye un amplio catálogo de desatinos. Se le exigía a un minero artesanal que extrae unas cuantas latas de piedras al día los mismos requisitos que a una mina que procesa 300.000 toneladas diarias, o la aplicación de métodos que rayan con lo socialmente criminal, como dinamitar maquinarias que bien se podrían decomisar. La idea de que tales políticas podrían cumplir algún objetivo benéfico es solo concebible emergiendo de algún conjunto de mentes perturbadas. Del total de mineros informales, unos 70 mil se acogieron al proceso de formalización ofrecido por el Estado, y solo el 0,2% de ellos pudo sortear los alucinantes requisitos. Lograba así el ‘Gobierno de la inclusión’ perpetrar una innoble tarea de exclusión masiva. Con los decretos legislativos 1293 y 1336 emitidos por el Ejecutivo en los últimos doce días, al amparo de las facultades delegadas por el Congreso, se intentará nuevamente formalizar a la minería informal. Estos decretos demuestran un grado de comprensión conmensurablemente mayor del problema de la informalidad minera, pero son insuficientes para lograr el objetivo, y menos aun bajo la administración de los gobiernos regionales. Se debe diferenciar la minería artesanal de socavón que opera principalmente en zonas desérticas y que ocupa al grueso de los informales, de la minería aluvial de oro en las zonas de selva. La primera no incluye necesariamente el procesamiento metalúrgico, mientras que la aluvial utiliza mercurio que se ventea en el medio ambiente causando un daño enorme que trasciende al área de sus operaciones. Al daño que causa esta última modalidad de explotación, hay que agregar el de la deforestación. Ante las acciones de interdicción y la imposibilidad de cumplir con barreras absurdas, los mineros aluviales conservan sus áreas concesionadas como coartada, pero obligados por tales barreras se internan en la selva afectando áreas de reserva. Esto no implica que se deba prohibir la minería aluvial, sino obligar a cambiar el actual proceso de extracción del oro por el que se usa en países ambientalmente responsables como Canadá, donde el circuito cerrado para el uso del mercurio es obligatorio, evitando que se disperse en el ambiente. Tanto en el caso de la minería de socavón como en el de la aluvial, se debe partir por prohibir el uso de cianuro y mercurio fuera de las plantas donde se procese el mineral. El Estado debe controlar estrictamente la utilización de estos insumos, y ayudar a que todos los mineros pequeños y artesanales tengan acceso a plantas de procesamiento formales, fomentando a la vez el incremento de estas en todo el territorio. Un ente estatal especializado, ubicado en la vecindad de las plantas, concentraría todas las tareas de asistencia en formalización, impartiría directivas de seguridad laboral y asistencia técnica general, además de verificar el cumplimiento tributario. El pequeño minero vería sus ingresos incrementados al tener acceso a un proceso industrial eficiente. Las ideas aquí expuestas ciertamente son solo esquemáticas, y excluyen la consideración de varias otras medidas a adoptar como la necesidad de normar un sistema razonable para la adquisición, transporte, almacenamiento y uso de muy pequeñas cantidades de explosivos, poniendo fin a la ilegal venta de estos a informales por parte de muchos municipios y gobiernos regionales. También la conveniencia de elevar los derechos de vigencia de concesiones en áreas de explotación aluvial para financiar tareas de reforestación. Igualmente, se deberá considerar la disminución del tamaño mínimo del área denunciable, adecuándola a las características de la minería artesanal, y permitir por ejemplo denunciar una cuarta parte del actual mínimo de las cien hectáreas que abarca una cuadrícula del catastro minero. Hoy los empresarios de la mediana y gran minería mantienen con la minería informal una relación de mutua desconfianza. A partir de las disposiciones de la nueva legislación que facilita los acuerdos entre estos dos grupos es posible que se empiece a construir un mejor nivel de entendimiento. Más aun, la gran minería puede encontrar en el pequeño minero a un defensor de la industria minera, evitando que en su marginación se sienta tentado, como ahora, a volcar su simpatía hacia el movimiento antiminero. Lo que sí se puede afirmar con convicción es que el Estado no puede seguir cual avestruz enterrando la cabeza en la arena, desatendiendo el derecho a ganarse la vida de cientos de miles de peruanos, avalando el despectivo epíteto de “minería mendicante” con el que alguien describió alguna vez a la actividad que permite que miles de compatriotas encuentren su sustento. http://elcomercio.pe/opinion/columnistas/mineria-informal-y-exclusion-roberto-abusada-salah-noticia-1959405 _______________________ Nosotros robamos menos, ¿sí? Pedro Tenorio No veo un sincero afán fiscalizador en los miembros de la Comisión Lava Jato del Congreso, ni en la mayoría de políticos que opinan al respecto. Al menos no todavía. Lo que observo es una suerte de “todos contra todos” estupenda para ganar titulares y atacar a los adversarios de turno, pero no para garantizar el tipo de investigación capaz de librarnos (o al menos intentarlo seriamente) de todo atisbo de corrupción. Lo vemos a diario: una mayoría fujimorista que apunta casi exclusivamente al gobierno humalista y al de Alejandro Toledo, como también a Susana Villarán luego de su paso por la Alcaldía de Lima; y antifujimoristas que, por su lado, exigen que se incluya en las pesquisas la década de Alberto Fujimori y, sobre todo, a Alan García y a Luis Castañeda Lossio. Como punto de partida no estaría mal. Sin embargo, todos se mueven casi exclusivamente en torno a sus fobias. Disparan cifras dejando en el aire una sensación de “Nosotros robamos menos” que, si no se han dado cuenta, deja pésimo a todos. A tres semanas de detonado el escándalo, en el Congreso son pocas las voces que proponen una investigación seria, discreta en sus estrategias y hallazgos preliminares hasta dar con un resultado decisivo, y donde podamos conocer la verdad de los millones contratados como obra pública desde las arcas del Estado durante las últimas décadas. Caiga quien caiga, sí, pero en serio. De ahí que los miembros de la Comisión Lava Jato deban pasar del verso a la acción: alcanzar cuanto antes consensos sobre un plan de trabajo que permita determinar objetivamente las responsabilidades de todo funcionario que resulte comprometido con los sobornos admitidos por Odebrecht y las empresas constructoras brasileñas que han operado en el Perú. Y que vaya más allá, pues este “megacaso” crecerá en intensidad en las próximas semanas. El Parlamento requiere una línea de investigación que acompañe activamente –y no entorpezca– los esfuerzos de la fiscalía y de las procuradurías a cargo. Si no lo hace se pone en la línea de fuego de otros actores que se consideran ajenos a la mancha corruptora. Ahí está Julio Guzmán, en pleno proceso de recolección de firmas para inscribir su partido, llamando a “jubilar” a los dinosaurios que no pudo extinguir políticamente el verano pasado. Y no es el único. Al menos el gobierno entendió que no podía seguir siendo laxo y ha presentado algunas iniciativas anticorrupción, lo que es solo un comienzo. Pedro Pablo Kuczynski sabe que el tema podría afectarlo políticamente dada su participación clave en la administración Toledo, por lo que debe actuar con serenidad –¡cualquier paso en falso parecería encubrimiento!– en los próximos meses. Cuidado, señor presidente. http://elcomercio.pe/opinion/rincon-del-autor/nosotros-robamos-menos-si-pedro-tenorio-noticia-1959387 _______________________ Si es ‘malo’ sale y si es bueno digo que es mío Luis Davelouis Ya fueron publicados los 112 decretos legislativos que el Poder Ejecutivo elaboró en el marco de las facultades delegadas por el Congreso. Por lo expresado por el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala (parte interesada, hay que decirlo), en una columna publicada en El Comercio, se trata de un paquete de normas que le permitirán al gobierno conducirse con calma y cumplir con los ofrecimientos que el presidente Pedro Pablo Kuczynski hizo en campaña y atender también algunas deudas que el Estado mantiene con varios colectivos de ciudadanos (deudas de muy larga data y eso también hay que decirlo). Para poder comentar cabalmente esos decretos, hay que esperar a que se publiquen las fes de erratas respectivas que, aunque no sean muy numerosas, pueden cambiar de manera sustancial la forma en la que esas normas son interpretadas. Por eso, sorprende que el congresista fujimorista Miguel Torres haya declarado que “[…] si no nos gusta algún decreto [pero] ha sido emitido dentro de las facultades, entonces debemos esperar que algún congresista presente algún proyecto de ley y que se analice en las comisiones para su votación en el Pleno”. Es decir, yo tengo 72 escaños, así que si considero que no me gusta algún decreto, ¿me lo bajo sí o sí? Y fue más allá: “Si encontramos un decreto que ha ido más allá de las facultades […] pero que tiene un buen contenido […] buena intención, lo que correspondería es que se derogue e inmediatamente se presente un proyecto de ley con el mismo contenido, para que el Congreso lo apruebe”. O sea, ¿elimino tu norma y luego apruebo una igualita pero con mi firma? ¿Si es ‘malo’, lo elimino, y si es bueno, digo que es mío? Espero que no. _______________________