OPINIONES 09/05/2017

Cachete Brother - Mirko Lauer
Economía venezolana: ¿mitos y realidades? - Germán Alarco Tosoni
Enemigos íntimos - Augusto Álvarez Rodrich
En el nombre de Dios - Luis Davelouis
Kenji y los principios - Pedro Francke
Mivivienda en mal camino - Ian Vásquez
La histeria política - Rocío Silva Santisteban
Radiografía de la violencia en Venezuela - Marco Teruggi
Reconstrucción y control - Fuad Khoury
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 Cachete Brother

Mirko Lauer

Ahora que todos los ex presidentes tienen el ojo ocupado por culpas que van desde una diminuta paja hasta una enorme viga, según desde donde se mire, hay un electorado que debería estar sonrojándose 24/7. Si hacemos caso a todas las acusaciones, todos los que votaron por un candidato presidencial ganador se han equivocado, desde 1985.

Claro que no todos se sonrojan por las mismas figuras, lo cual impide un mea culpa realmente nacional. Sin embargo es más o menos obvio que una parte sustantiva de electores de cada ex presidente acusado han tomado distancia de él. Todavía es temprano para saber a dónde se van a ir esos votos, y con qué criterios políticos.

La actitud del público cuando comenzaron los destapes fue de sorpresa. Luego pasó a ser indignación. Después se moduló hacia la curiosidad, como deseo de saber más. Pero ya hemos llegado al punto en que resulta difícil hacerse una idea clara de quién puede ser culpable o inocente de qué. Un repaso de los medios y las redes sugiere que todos son culpables.

En teoría los más aproblemados por la situación deberían ser los que fueron más enfáticos en la defensa de su candidato y en la denuncia de los rivales. Pues las elecciones en el Perú se han configurado todas como choques entre la salvación del país y la llegada de la catástrofe. Pasiones que vistas a la distancia tienen que parecer ridículas.

La ventaja en este escenario es de los fujimoristas, pues ellos han hecho campañas electorales con todas las culpas demostradas de los años 90 al hombro (“la mochila”). Además como no gobernaron después, no ha habido espacio para nuevos descubrimientos. Votar por ellos ha sido, como diría un dermatólogo, una sarna con gusto.

Pero en otros casos los votantes del candidato han descubierto lo peor una vez que este ha cumplido su periodo de gobierno completo. A diferencia de los fujimoristas, los toledistas o humalistas no están entrenados para simplemente descartar toda acusación. Sin duda son los que tienen los cachetes más enrojecidos.

¿Qué hacer para no circular con el rostro como un semáforo en rosado intenso? Quizás lo mejor sea esperar los resultados concretos de las fiscalizaciones, las acusaciones, las investigaciones, y los juicios.

http://larepublica.pe/impresa/opinion/873759-cachete-brother

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Economía venezolana: ¿mitos y realidades?

Germán Alarco Tosoni

La reciente convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela es otro desatino más del gobierno actual. Frente a la necesidad de un calendario preciso y la convocatoria a nuevas elecciones generales se propone una asamblea de 500 miembros con una composición sectorial y territorial predeterminada (entre 40% y 50% de sus miembros serían de la “clase obrera y de los movimientos sociales”).

Las reacciones en contra han sido inmediatas. A la par si bien el FMI ha proyectado una caída del PBI de 7.4%, una inflación del 720.5% y una tasa de desempleo del 25.3% se han tejido muchos mitos con relación a la situación de la economía venezolana.

Una primera sorpresa es la ubicación de Venezuela en los índices de desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Este indicador integra el ingreso per cápita real promedio, los niveles básicos de educación y salud.

La última información para 2015 ubica a Venezuela en la posición 71 del mundo en él índice general y la 82 con el indicador corregido por desigualdad. El Perú se encuentra en una peor situación: 87 y 95 de estos respectivamente. Sin embargo, no hay que olvidar el deterioro dramático de 2016 con una caída del PBI de 18% según el FMI.

Venezuela, con una población cercana a los 30 millones de habitantes, ligeramente inferior al Perú de 31.5 millones tuvo un PBI real superior al peruano en 44% en 2014. Las exportaciones e importaciones de Venezuela eran el doble de las peruanas.

Es probable que haya sabotaje económico por razones políticas e ideológicas, pero los racionamientos de divisas e insumos básicos, los controles de precios y tipo de cambio, subsidios generalizados y una macroeconomía extremadamente desequilibrada son el caldo de cultivo ideal para todos los problemas. Se aplican políticas inadecuadas pero la raíz del problema es estructural.

En los años cincuenta del Siglo XX el ingreso per cápita real venezolano fue equivalente al 90% del ingreso norteamericano y ahora es el 25%. La respuesta está en dos fenómenos juntos: maldición de recursos naturales y enfermedad holandesa por una economía monoproductora basada en el petróleo.

Con H. Chávez se gastaron US$ 400,000 millones en política social, pero no hubo avances en una diversificación productiva efectiva. Con la caída de los precios del petróleo a la mitad en 2015 el ajuste era inevitable pero social y políticamente inaceptable para el gobierno. Se prosiguió con las mismas políticas equivocadas.

Desafortunadamente, un cambio de régimen político con la aplicación de las políticas económicas estándar de corto plazo tampoco es garantía de mejora para la población. Una estrategia basada en un sector productivo es inviable en el mediano y largo plazo para un país de tamaño intermedio. 

http://diariouno.pe/columna/economia-venezolana-mitos-y-realidades/

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Enemigos íntimos

Augusto Álvarez Rodrich      

Movadef buscaba un efecto publicitario, y el fujimorismo se lo concedió sin remilgos, aunque el ministro del interior Carlos Basombrío podría pagar las consecuencias del arrumaco.

Un grupo del Movadef aprovechó una marcha por el Día del rabajo para desfilar con pancartas que pedían “corte de juicios y basta de odio y venganza” para varios dirigentes condenados de Sendero Luminoso (SL), incluyendo Abimael Guzmán.

Este hecho, sin duda repudiable por ser gente que sigue considerando que el terrorismo de SL estaba justificado, ha generado un debate intenso entre quienes creen que la norma vigente permitía a la policía detener a los marchantes por apología del terrorismo, y los que consideran que estaban al filo de lo tolerado, haciendo uso de su libertad de expresión.

No es una norma sencilla. Por ejemplo, Andrés Calderón señaló ayer en El Comercio que “quien hoy día cree que la ley manda a la cárcel al que levanta una pancarta con el rostro de Abimael Guzmán; por coherencia, también debería augurar un destino similar a quien lo hace con la cara de Alberto Fujimori”.

Esto ocurre cuando SL –a través del Movadef– y el MRTA quieren formalizarse en la política, asunto que será motivo de otra columna, pues hoy interesa analizar la suerte de Basombrío en el gabinete cuando el fujimorismo ha decidido sacarlo, como ya ha adelantado Lourdes Alcorta con una revolucionaria innovación constitucional: censura sin interpelación.

Basombrío ha respondido que Dircote realiza un seguimiento estrecho al Movadef; que la ley actual impedía detener a sus marchantes; y que la relevancia de este grupo es nimia: “Un movimiento proterrorista de pacotilla no puede marcar la agenda”.

Sin embargo, el caramelo que el Movadef le puso a Fuerza Popular (FP) era imposible de rechazar porque al fujimorismo le conviene que la gente crea que el terrorismo sigue vivo y que ellos son únicos con los pantalones bien puestos para detenerlos.

Y como FP necesita recuperar imagen, y ya pasó el momento de censurar a Martín Vizcarra, ahora pretende tumbarse a Basombrío justo cuando su gestión al frente del complejo Ministerio del Interior empieza a ser reconocida. Más o menos, como el fujimorismo lo hizo con Jaime Saavedra hace cinco meses.

Y esto ocurre, además, cuando se pone fuerte la competencia para reemplazar a Luz Salgado en la presidencia del Congreso, lo cual le hace creer a Alcorta que, ofreciendo a los dioses naranjas la cabeza de Basombrío, ganará sus amores y favores.

http://larepublica.pe/impresa/opinion/873762-enemigos-intimos

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En el nombre de Dios

Luis Davelouis

Todo lo que lleva la etiqueta “Dios” tiene –para cada vez menos personas– una especie de sello de garantía que dice “esto es bueno”. Aun si, por ejemplo, detrás de la etiqueta están los monstruos del Sodalicio o de sus fundadores, Luis Figari (acusado de violar por lo menos a siete menores) y Germán Doig (conocido y probado pederasta).

No sé cuántas familias retiraron a sus hijos de los colegios del Sodalicio luego de que este reconociera que las violaciones, abusos y tocamientos a menores no fueron casos aislados. Pero lo cierto es que siguen funcionando. ¿Qué tiene que pasar para que las familias reaccionen ante esta verdadera e inminente amenaza sobre la integridad de sus hijos?

La semana pasada, el congresista Carlos Tubino me mandó al infierno luego de acusarme de esparcir odio a través de una columna que con seguridad no entendió. Tubino “alias el Chévere” votó en contra de que el Congreso investigue al Sodalicio porque no es un asunto político y porque –dijo que– lo usarían para atacar a la Iglesia.

La semana pasada también, la monja Kosaka Kumiko se entregó tras ser señalada como cómplice de una banda de violadores de niños sordos en Mendoza, Argentina. Los cabecillas eran los curas Horacio Corbacho y Nicolás Corradi (además de otros dos empleados y un monaguillo), y la monja llevaba a niños para que fueran violados por ellos. Corrado fue acusado del mismo delito en 1984 en Verona, Italia, y fue trasladado a Mendoza por razones parecidas a las de Tubino: no desprestigiar a la Iglesia.

Si no le podemos echar la culpa a Dios de que su iglesia esté llena de gente así, ¿a quién se la echamos? ¿Al Papa, que esconde a Luis Figari?

http://peru21.pe/opinion/luis-davelouis-nombre-dios-2280873

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Kenji y los principios

Pedro Francke

El menor de los Fujimori ha argumentado que, dentro de un partido, cada quien debe votar como le parezca en cuestiones de principios. Pienso exactamente al revés. ¿Cómo puede haber una organización política dentro de la cual no se comparten valores?

Kenji Fujimori ha escrito que “Un partido político moderno debe ser tolerante y permitir a sus representantes votar con libertad de conciencia en todas las materias de principio y derechos fundamentales, como son los casos de las libertades civiles de las minorías y la libertad de prensa”.

Habla, de manera explícita, de asuntos fundamentales, es decir, de las bases mismas de organización de la sociedad y el Estado, y se refiere a los derechos, es decir de las garantías básicas que como sociedad otorgamos a los individuos. ¿No es eso lo primero en lo que se debe estar de acuerdo en una organización política?

¿Tiene sentido, por ejemplo, ser parte de un partido donde se coincide en aumentar el crédito agrícola o ampliar el monto de Pensión65, pero dentro del cual hay gente que piensa que los afroperuanos no deben votar, las mujeres deben quedar fuera de la educación o que deben mantenerse barreras impidiendo que los quechua hablantes puedan ejercer su ciudadanía?

Creo firmemente que debe haber más crédito a los agricultores y que debe aumentarse la pensión de Pensión65, pero no se me ocurre que pueda ser parte de un mismo grupo con quienes quieren mantener repugnantes discriminaciones. Lo mismo pienso respecto de quienes puedan aceptar un Estado totalitario que encarcela a personas por el solo hecho de que opinan diferente.

Hay otros asuntos que considero de principio, por ejemplo, defender la ética en la función pública. Por eso no creo válido unirse políticamente con quienes han robado o han engañado presentando certificados de estudios falsos. ¿Es que acaso en este tema cada quien debe tener “libertad de conciencia”, y por lo tanto aunque uno no acepte que copiar, robar o hacer fraude sea bueno, debe admitir que otros miembros de su agrupación lo hagan? No, desde luego que no.

No es que deba haber “libertad de conciencia” en temas de principio dentro de los partidos. Lo que debe haber es firmeza en la lucha por derechos universales. Pero eso parece demasiado para Kenji Fujimori.

http://diariouno.pe/columna/kenji-y-los-principios/

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Mivivienda en mal camino

Ian Vásquez

El gobierno quiere acelerar la construcción y el acceso a la vivienda. Anunció que convertirá al prestamista oficial Mivivienda en algo parecido a la agencia estadounidense conocida como Fannie Mae. Es una pésima idea.

Esta entidad fracasó escandalosamente con la crisis financiera del 2008, la cual contribuyó a gestar. Querer seguir su modelo es un craso error. Pero parece que la idea ya está en camino. Igual que con Fannie Mae, se nos asegura que un nuevo Fondo Mivivienda corregirá una falla en el mercado en que la penetración bancaria o la oferta de hipotecas no son lo suficientemente profundas, y que los más beneficiados serán quienes no están en condiciones de sacar préstamos hoy.

A diferencia del Perú, sin embargo, hoy en día en EE.UU. los políticos reconocen ampliamente que Fannie Mae fue un desastre. En el 2010, el congresista Barney Frank, del ala izquierda del Partido Demócrata y uno de los más fervientes defensores de Fannie Mae y de la idea de que se debe fomentar la propiedad de viviendas, confesó: “Espero que para el próximo año hayamos abolido a Fannie… fue un gran error aventurar a gente de bajos ingresos en programas de viviendas que no podían costear ni tampoco manejar una vez que los obtenían”.

El programa de Fannie Mae que la administración Kuczynski quiere copiar fue creado por el Gobierno Estadounidense durante la Gran Depresión para estimular el mercado de hipotecas. Fue esencialmente privatizado tres décadas después. Su papel fue el de comprar hipotecas que los bancos privados habían creado y así fortalecer ese mercado.

El problema fue el siguiente. Primero, Fannie Mae siempre gozó de la garantía implícita del Gobierno Estadounidense. Si entraba en problemas, se sabía que el Estado lo rescataría. Con esa ventaja, pudo incurrir en deudas a bajísimo costo y pudo hacer negocios que otros competidores no podían. Y los accionistas de Fannie Mae ganaron con ello.

Segundo, a partir de los noventa, los políticos demócratas y republicanos exigieron que Fannie Mae adquiriera préstamos emitidos para gente de bajos ingresos y, por lo tanto, de mayor riesgo. Para el 2000, se requirió que la mitad de dichos préstamos fueran de alto riesgo. Para el 2008, se requirió más de la mitad.

De esta manera, los políticos crearon un mercado enorme de préstamos riesgosos que además estimuló la burbuja de vivienda. El economista Peter Wallison encontró que en el 2008, justo antes de la crisis, más de la mitad de las hipotecas en EE.UU. eran riesgosas y el 76% de estas las tenían Fannie Mae y otras agencias similares respaldadas por el gobierno.

Hubo gente que advirtió sobre el riesgo de una crisis. Aun así, los expertos aseguraban que todo andaba bien. El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz fue coautor de un estudio –pagado por Fannie Mae– donde concluyó que existía una “probabilidad extremadamente baja” de que la agencia cayera en la bancarrota y que el riesgo para el gobierno sería “efectivamente cero”.

Uno de los grandes problemas de Fannie Mae es que corrompió a casi todo Washington. La agencia gastó millones de dólares en financiar las campañas de los políticos, los grupos activistas que los apoyaban y los centros de investigación, entre otros. Contrató a familiares de políticos importantes. Se taparon irregularidades con la ayuda de gente poderosa. Luego de la crisis, se descubrieron todo tipo de fraudes.

Cuando cayeron los precios de las viviendas y explotó la crisis, el gobierno realizó el rescate financiero más grande de la historia estadounidense –casi US$200 mil millones –a Fannie Mae y a las agencias que siguieron su modelo. Fannie Mae privatizó las ganancias y socializó las pérdidas.

¿Realmente queremos seguir el ejemplo fracasado de EE.UU.?

http://elcomercio.pe/opinion/columnistas/mivivienda-mal-camino-ian-vasquez-noticia-1990162

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La histeria política

Rocío Silva Santisteban

Ahora que han aparecido dos testigos de otros crímenes del capitán Carlos en la zona de Madre Mía, Huánuco, los fujimoristas han levantado sus voces en defensa de las víctimas de violaciones de derechos humanos en el Huallaga. Bravo. Qué bien. Incluso el congresista Becerril ha dicho exaltado que por supuesto están en contra de las ejecuciones extrajudiciales ¿Van a levantar también sus voces por las ejecuciones extrajudiciales de El Frontón ahora que se reabre el caso?, ¿o van a hacerle coro a las voces que pretenden tumbarse a los magistrados del Tribunal Constitucional por ese tema? No olvidemos, dicho sea de paso, que los asesinados y desaparecidos de Barrios Altos, La Cantuta, El Santa y Pedro Yauri fueron ejecutados extrajudicialmente.

Los cuatro gatos del Movadef se infiltraron en la marcha de la CGTP, como se ha venido infiltrando en las marchas de los últimos diez años, ¿o ya nadie se acuerda cómo fueron expulsados de la Marcha Nacional del Agua en febrero de 2012?, ¿o rechazados en todas las marchas contra la Ley Pulpín del 2014? El fujimorismo grita, se descalabra, levanta la voz, se retuerce y finalmente, le baja el dedo al ministro Basombrío. Histeria política pura. Por eso mismo, usando el miedo que es su mejor arma, la comisión de ética del Congreso denuncia a Marco Arana por la toma (absurda) del velorio de Edith Lagos en un video del Frente Amplio contra los “héroes de la democracia”. Se ha explicado hasta la saciedad que se trataba de un error. Pero nadie quiere escuchar porque la histeria no permite la escucha.

Estamos acostumbrados a una política nacional del escándalo. Una noticia que sube como la espuma, a los siete días es olvidada y nadie la recuerda. Llenamos los programas de televisión con agendas de noticias escandalosas y efímeras. La reconstrucción de nuestro país tras los huaicos e inundaciones de los meses de verano es la verdadera urgencia y prioridad. Pero, por supuesto, en manos de una articulación Estado-sociedad civil-empresa privada y no solo de un zar cuyo solo título recuerda la aristocracia fracasada y derrotada por la centenaria revolución rusa. Confío en Pablo de la Flor, aunque haya sido el articulador del TLC, porque no pretende resolver la situación de angustia y desplazamiento de miles de peruanos con imposiciones sino en conjunto con gobiernos regionales y municipales: planes y proyectos primero. Ojalá no beneficie a la empresa privada sobre las necesidades de los peruanos más humildes porque nadie se lo perdonaría. Hay algo que algunos peruanos tienen, no se puede comprar ni adquirir a un precio, se llama prestigio y está por encima de millones de dólares. Eso es lo que tiene, por ejemplo, Máxima Acuña de Chaupe, en su humildad y pobreza, motivo por el cual Minera Yanacocha se descalabra porque, en efecto, no la puede cuantificar.

El autoritarismo no cabe en una democracia, sino la tensión propia de los disensos que deben resolverse usando los mecanismos de la democracia. Eso lo debe aprender el fujimorismo, los funcionarios públicos exitosos, y las grandes empresas que todo lo compran excepto la dignidad.

http://larepublica.pe/impresa/opinion/873763-la-histeria-politica

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Radiografía de la violencia en Venezuela

Marco Teruggi

 La estrategia callejera de la derecha tiene tres niveles. El primero es el de la movilización, con diputados en primeras líneas, banderas de Venezuela, inventos como el hombre desnudo sobre la tanqueta, personas en ejercicio de su “derecho a la protesta”. El objetivo es mostrar masividad, construir la idea de “un pueblo contra el régimen”. Ocurre generalmente entre las 11 y las 15hs.

¿Cuántos son en realidad? Apogeos de unos quince mil, descensos a pocos miles, según las fechas y el desgaste. Para saberlo hay que mirar las imágenes que suben a las redes: si predominan rostros y planos cerrados, entonces fueron pocos; si abren el ángulo de las cámaras sobre la movilización, al tiempo que lo cierran -con una curva que no permite ver más allá, por ejemplo- entonces rondan sus quince mil. También se puede ir al terreno para ver, con los riesgos que eso implica: varias personas sospechadas de ser chavistas fueron golpeadas y linchadas.

El segundo nivel es el de la confrontación, presentada como represión. Ahí actúan los grupos de choque: encapuchados, con escudos -como escenas de películas de la edad media- bombas molotov, cables de acero cruzados de lado a lado de la calle, aceite quemado en el piso, armas caseras y pistolas. Actúan organizados en células, son generalmente muy jóvenes, con preparación, financiamiento, y a la vez improvisación.

La activación de esta fase callejera ocurre cuando la movilización se encuentra con los cordones de policía que impiden el paso al centro político de Caracas, por lo general cerca de las 14. Se superpone en el inicio con los momentos de mayor concurrencia, donde algunos diputados todavía presentes denuncian asfixia por los gases lacrimógenos. Cuando la movilización se desarma, estos grupos quedan concentrados en un punto central -como en la autopista Francisco Fajardo, en Caracas- o dispersos en varios puntos de la ciudad y el país, según cómo haya sido planteada la convocatoria del día.

Esos dos primeros niveles son los que se transforman en noticias, imágenes, relatos para las redes sociales y los grandes medios de comunicación del mundo que construyen día tras día la matriz de opinión contra Venezuela. La movilización es inflada en su cantidad -“multitudes”, “el pueblo”, etc.- y los grupos de choque, aun cuando su violencia es evidente, son presentados como jóvenes que son “reprimidos brutalmente por la dictadura de Maduro”.

El tercer nivel de la estrategia callejera es el de las sombras y el que debe ser estudiado con mayor detenimiento. Opera a veces interior del primero, aunque casi siempre empieza a partir el segundo, y toma toda su fuerza, por lo general, al finalizar la tarde o directamente en la noche. Cuando sucede al interior del primero y/o segundo nivel se traduce centralmente en destrozos de infraestructura e instituciones públicas, y en heridos y muertos, que pueden ser policías, integrantes de los grupos de choque, o personas que pasaban cerca de la zona del conflicto.

La derecha acusa automáticamente al gobierno de ser responsable de los hechos, tanto de los destrozos como de las muertes: ahí entra el argumento de los “colectivos”. Las investigaciones arrojan conclusiones muy distintas a esas versiones: de los 39 fallecidos desde el 6 de abril, solo cuatro fueron a manos de cuerpos de seguridad -para lo cual hay 18 efectivos detenidos o solicitados- y los demás fueron producto de saqueos (13), disparos por civiles (4), barricadas (6), objetos contundentes (1), todavía por definir (11). Estos 11 casos, según las investigaciones en curso, habrían sido, en su mayoría, asesinados desde dentro de las mismas movilizaciones. Tales fueron, por ejemplo, los casos de Armando Cañizales “que falleció producto de un disparo por arma de fuego, pero se le extrajo una esfera metálica cromada de 8mm de diámetro”, y de Juan Pablo Pernalete, que habría sido asesinado por una pistola de perno cautivo disparada a quemarropa por dos encapuchados -como indica la autopsia y el video.

Los autores de los crímenes -por fuera de los cuatro de la policía y ocho electrocutados durante un saqueo- pueden ser parte de los grupos de choque, o personas solitarias que producto de un llamado al odio, la violencia y la venganza contra el chavismo, pasan a operar por cuenta propia. Tal es el caso de quien lanzó una botella de agua congelada desde su casa sobre un grupo chavista, y mató a una persona que pasaba por ahí. 

Es el tercer nivel entonces. Su peligro está en el anonimato. Se despliega con fuerza cuando las movilizaciones están dispersas y las matrices de comunicación ya construidas. El último caso paradigmático tuvo lugar la semana pasada en el estado Carabobo. Ahí se registraron destrozos a locales, instituciones públicas, camiones de carga, barricadas, el centro y varias zonas fueron tomadas por grupos de choque que llegaron a correr el rumor de que iban a asaltar las viviendas de los chavistas. El resultado fue cinco muertos, negocios cerrados, cenizas, calles desoladas, un odio/miedo/rencor/pánico dentro de la población.

En ese caso se trató de un despliegue de violencia en más de once puntos en simultáneo, que no solamente fue en zonas de clases medias-altas, como suele suceder por ser territorios opositores y gobernados por la derecha, sino que ingresó a las zonas populares de Valencia donde, justamente, se encuentra mayoritariamente el chavismo. Lo mismo había ocurrido en El Valle, zona popular de Caracas, días atrás -con un saldo de 11 muertos, entre los cuales los electrocutados- y antes en Barquisimeto, en la Ciudad Socialista Alí Primera, donde fue asesinado un niño de 14 años.

Esa es una de las modalidades del tercer nivel. Otra es el ataque sobre la población que sucede, por ejemplo, en zonas de frontera como Táchira. Ahí circulan mensajes por Whatsapp o volantes como este: “Mototaxis, taxistas, autobús, busetas, que a partir de este comunicado labore, se atendrá a las consecuencias. Negocio que abra le lanzamos granadas, mototaxi que trabaje se va a desaparecer, los buses y busetas que veamos trabajando se van a quemar con todo y pasajeros. Queremos al pueblo en la calle apoyando a los jóvenes que la están guerreando y luchando por un país libre. Atte.” Hasta la fecha más de siete autobuses fueron quemados. Es un intento de instalar un control de territorio en manos de grupos armados -que cuando aparecen públicamente son presentados como manifestantes pacíficos.

Otra forma más del tercer nivel es el asesinato selectivo a chavistas que no ha cesado. El último caso tuvo lugar en Anzoátegui la semana pasada, donde dos dirigentes estudiantiles fue asesinados al finalizar una asamblea: se escucharon, dijo el periódico local, unos 23 disparos. ¿Cuántos cuadros medios del chavismo han sido ultimados hasta la fecha? Todavía no existe un número certero.

La construcción mediática sobre Venezuela está conformada por el primer y el segundo nivel, presentados de manera falsa. El resultado es eficaz: gran parte del continente piensa que existe un “gobierno autoritario o dictadura que reprime a un pueblo”. Una idea que permeó en el sentido de común de muchos, incluso de sectores de la intelectualidad que se reivindican de izquierda. Es la operación de superficie, de masas. El tercer nivel, subterráneo, alejado de las cámaras, es el que intenta llevar al país al punto del enfrentamiento civil.

¿Hasta dónde quieren y pueden llevar este nivel? En esa respuesta, su concreción o no, se juega, entre factores, la posibilidad de que el escenario se agudice hasta el punto de no-retorno, o que se retorne a la vía democrática a través del llamado a la Asamblea Nacional Constituyente realizado por Nicolás Maduro.

https://notasperiodismopopular.com.ar/2017/05/08/radiografia-violencia-venezuela/

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Reconstrucción y control

Fuad Khoury

En respuesta a los desastres ocasionados por El Niño costero, el gobierno presentó al Congreso un proyecto de ley que fue aprobado con modificaciones, a fin de establecer reglas de juego más flexibles que nos permitan avanzar hacia una reconstrucción más efectiva.

El proyecto buscaba atacar los problemas de excesiva regulación, lentitud en la gestión, falta de articulación y débil liderazgo que enfrentan muchas entidades, estableciendo una serie de excepciones a las normas para efectos de la reconstrucción. Habría que preguntarse si no es el momento de revisar nuestra regulación de manera integral, en vez de dar respuestas específicas ante cada problema, y empezar a incidir en una mayor capacidad de gestión del Estado.

Uno de los temas que más debate generó en torno a la ley fue el del control. Si bien se llegó a consensuar con el Congreso varios ajustes, incorporando el control posterior, es interesante constatar que se sigue alimentando la idea de que el control es un obstáculo para la gestión gubernamental, siendo una de las causas de las demoras en la gestión.  El control es un elemento fundamental y consustancial al Estado democrático y al sistema republicano. El Estado no es dueño de los recursos económicos, el dinero es de todos los ciudadanos. Según el mandato constitucional, la Contraloría General verifica que los funcionarios y servidores públicos actúen conforme a ley, resguardando el gasto público. El control es la otra cara de la moneda de la gestión pública. Sin control no existe una gestión eficaz y moderna.

El proyecto planteaba tres aspectos que, desde mi punto de vista, eran debatibles. Primero, la privatización de la potestad de control gubernamental, toda vez que se proponía que el control sobre la actuación de la Autoridad de Reconstrucción fuese ejercido por la contraloría a través de empresas auditoras con representación y afiliación internacional no menor de diez (10) años. Nada en la Constitución ni en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de República autoriza la delegación de facultades inherentes a un organismo constitucionalmente autónomo.

Segundo, la propuesta de un control simultáneo y vinculante con exclusión definitiva del control posterior contradice el modelo que prevalece en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, donde el control es preferentemente posterior y selectivo. No necesariamente es un mal planteamiento, pero la idea pudo ser mejor elaborada. Necesitamos mecanismos que apunten más a la prevención que a la sanción. Para ello se requiere incorporar en el sector público las recomendaciones del “Estudio de la OCDE sobre integridad en el Perú” vinculadas a fortalecer un sistema de integridad, el control interno, la ética pública y la rendición de cuentas.

Tercero, el proyecto pretendía instituir una casi total exención de responsabilidad de los funcionarios por el ejercicio de competencias discrecionales, salvo casos de dolo o culpa inexcusable. El tema está mejor regulado en las propias normas de la contraloría, donde se establece que, en los casos en que la legislación autorice a los funcionarios ciertos grados de discrecionalidad, el auditor no puede cuestionar su ejercicio solo por contar con una opinión diferente. Es decir, en dichos casos, el control no puede interferir en la toma de decisiones y gerencia de las entidades.

Ante la magnitud del desastre, se necesitará un fuerte liderazgo para lograr una efectiva reconstrucción. Más allá de la necesidad de crear un órgano ejecutor, es urgente repensar la manera en que el Estado enfrenta los desastres naturales, orientándose a la prevención, corrigiendo los asentamientos en zonas de riesgo y, ante todo, planificando el crecimiento de nuestras ciudades.

Nadie ignora que el sector privado responde de manera más ágil, eficaz y eficiente que el sector público. Contamos con mecanismos para aprovechar esa ventaja comparativa en los proyectos de reconstrucción que se avecinan. Sin embargo, no podemos perder de vista que la responsabilidad sigue siendo del Estado. Como nos lo muestra la experiencia reciente de los casos de corrupción vinculados a grandes empresas, se deben generar mecanismos de promoción de la inversión privada, pero acompañados de controles eficientes y efectivos, evitando que la corrupción se convierta nuevamente en la protagonista de nuestra agenda pública.

http://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/reconstruccion-y-control-fuad-khoury-noticia-1990135

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