OPINIONES 28/04/2017

Áncash, corrupción más corrupción (Final) - Juan de la Puente
AFF: indulto, prisión domiciliaria o reclusión - Santiago Pedraglio
Del video al chuponeo - Luis Davelouis
Francia: la batalla por Occidente - Ignazio De Ferrari
Franco franco - Mirko Lauer
Fujimori y los derechos laborales - Mario Huamán Rivera
La pelea con la OEA - César Lévano
La reforma para mejorar la política - Augusto Álvarez Rodrich
OEA: organismo indefendible - La Jornada
¿Puede reabrirse el Caso Madre Mía - César Azabache Caracciolo
Reconstrucción sin cambios - Germán Alarco Tosoni
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Áncash, corrupción más corrupción (Final) Juan de la Puente Áncash tuvo cinco gobernadores regionales en tres años, ahora tres de ellos en prisión, autoridades asesinadas, vacadas y revocadas, y una ausencia de proyecto regional. Entre los años 2007 y 2010, el 10% de alcaldes distritales fueron vacados y en las elecciones del 2010 se anularon las elecciones en 11 distritos, un récord que no lo consiguieron los paros armados de Sendero Luminoso en los años ochenta. Áncash es el laboratorio de un modelo donde lo que sigue a la corrupción es más corrupción, una realidad parecida a varias regiones y municipios, y que si nos descuidamos terminará siendo la forma natural e irreemplazable de la política peruana. Comparto la idea de que la primera medida para impedir la corrupción de los políticos es prevenirla. En tal sentido, en Áncash como en otras regiones han fracasado las estrategias preventivas, incluidas las más recientes, como la Hoja de Vida y la Ventanilla Única. Esta ausencia de prevención se condiciona con los incentivos a la corrupción, a saber: 1) el incremento del costo de las campañas, 2) la facilidad para la formación de la oferta electoral; 3) el fácil retorno al poder de los políticos sancionados; y 4) la destrucción de las capacidades de control social y público y de rendición de cuentas. Como respuesta, requerimos abordar seriamente las siguientes soluciones, ahora que empiezan a debatirse las reformas electorales: 1) debe rebajarse el costo de las campañas, con topes a los aportes y prohibiciones de reparto de dádivas –incluidos alimentos– y el establecimiento de un piso mínimo de campaña, prohibiendo al mismo tiempo la publicidad en TV y fijando techos financieros a otras formas de publicidad; 2) la política debe retornar al poder y reemplazar al negocio. De hecho, los políticos que aspiran a representarnos tengan que ser eso, políticos, de modo que se exija un tiempo mínimo de militancia en una organización para postular a un cargo de elección popular, que se acabe el fichaje de independientes –la mayoría por su dinero– y que los partidos y movimientos se formen por lo menos tres o cuatro años antes de los procesos electorales; 3) las autoridades revocadas y vacadas no deberían volver al poder, además de los sentenciados por determinados delitos; y 4) innovar la rendición de cuentas y la transparencia para hacerla vinculante, sancionable, y ágil, reformando y descentralizando la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública creada por el D. Leg. 1353, que ha quedado claro que no sirve para luchar contra la corrupción. Al mismo tiempo, si el Sistema de Control no es eso, un sistema, financiado y respetado, no habremos avanzado mucho. También comparto la idea de que la mejor ofrenda a la corrupción es la impunidad, la misma que asume varias dimensiones: 1) tramas corruptas “tocadas” pero no disueltas; 2) investigaciones y enjuiciamientos largos; 3) resistencia a juzgar la actividad criminal organizada, disolviendo los casos emblemáticos; y 4) sanción a los corruptos pero no a los corruptores. Como respuesta, requerimos abordar las siguientes soluciones: 1) disolver las tramas corruptas, prohibiendo a las empresas y personas implicadas contratar con el Estado, directamente a través de fondos generados e impedir que el funcionario sancionado retorne al Estado a través de otras modalidades informales; 2) reducir los plazos de investigación fiscal, especialmente en los casos de lavado de activos y crimen organizado; 3) impedir la subdivisión de los casos que llevan al juzgamiento del crimen organizado; y 4) sanción a los corruptores, lo que implica de plano cambiar las bases para la formación de las hipótesis delictivas. Finalmente, estoy convencido en la utilidad de los pactos sociales. En Áncash, como en Cusco, Loreto, Huánuco, Pasco o Tumbes, regiones castigadas severamente por la corrupción, hubo movilización en favor de la integridad de sus políticos pero no pacto, de modo que no se concretó una ruptura clara con el sistema imperante. Nunca más movilización sin pacto. http://larepublica.pe/impresa/opinion/870070-ancash-corrupcion-mas-corrupcion-final _________________ AFF: indulto, prisión domiciliaria o reclusión Santiago Pedraglio En los últimos días se ha levantado bastante polvareda a propósito de si Alberto Fujimori debería ser indultado por el presidente de la República; pasar a un régimen de prisión domiciliaria –proyecto del congresista Roberto Vieira (ex PPK, profujimorista), firmado por congresistas de varias bancadas, como Salvador Heresi (PPK), Sergio Dávila (PPK) y Edwin Donay-re (Alianza para el Progreso), además de, curiosamente, Marco Miyashiro (Fuerza Popular)–; o continuar en su condición actual: prisión penitenciaria. Hablando en términos estrictamente políticos –de correlación y corrientes de opinión política nacionales–, la decisión del indulto recae estrictamente en el presidente; sin embargo, al margen de lo que opine él sobre el punto, muy difícilmente podrá tomarla, porque un amplio sector de los que se oponen son los que votaron por él en la segunda vuelta. Más aún, no tiene garantía de que tan arriesgada decisión le represente un acuerdo político duradero con el fujimorismo. Si el fujimorismo liderado por Keiko Fujimori quiere ganar en el 2021, no puede acercarse tanto a PPK que parezca que están cogobernando. En el caso de la prisión domiciliaria, quien tiene la última palabra es el propio Alberto Fujimori y no sus hijos. ¿Preferirá “del lobo un pelo” o apostará por continuar la pelea por su libertad vía un indulto? Esto habrá que verlo en los próximos días. No obstante, rechazar esta alternativa puede ser para el fujimorismo un asunto de carácter principista y de probables réditos electorales, al fortalecerse el relato del martirologio. La otra opción –y probablemente la que prevalezca– es que nada se mueva. Políticamente, cada sector se quedaría en su respectiva trinchera. Nadie perdería, y quizá el fujimorismo gane unos puntos victimizando aún más a su líder fundador. Queda claro que, hoy por hoy, el asunto de la liberación o no del ex presidente Alberto Fujimori no solo es un tema legal o humanitario, sino sobre todo político. http://peru21.pe/opinion/santiago-pedraglio-aff-indulto-prision-domiciliaria-reclusion-2279507 _________________ Del video al chuponeo Luis Davelouis Ha “aparecido” una centena de audios con conversaciones que incriminarían al ex presidente Humala y lo señalarían como el Capitán Carlos. Quienes patrocinan tales chuponeos aseguran que se realizaron bajo orden judicial, lo que los convierte en pruebas legítimas. Pero incluso si las pruebas hubiesen sido obtenidas ilegalmente, su contenido no debería ser desestimado por la relevancia que tienen para el país. No puede pasar lo que sucedió con los petroaudios, cuyo contenido fue anulado por constituir prueba ilícita favoreciendo la impunidad. Y esperemos que tampoco suceda con las agendas aunque eso signifique que el Poder Judicial usa una vara distinta para medir dependiendo del símbolo partidario que uno lleve en la camiseta. Montesinos filmó a todo el mundo y quienes lo sucedieron los chuponearon. Debe haber miles de horas de grabación de personas que ni nos imaginamos. ¿Quién las tiene y bajo qué criterio las hace públicas? Mi amigo y socio en Chicharrón de Prensa, Man Ray, dice que el fin del mundo llegará el día en que absolutamente todos los mensajes y llamadas secretas se hagan públicos. La proliferación del uso de aplicaciones como Telegram o Signal o de servicios de encriptación de llamadas sugiere que hemos normalizado tanto el que nos chuponeen que hasta bromeamos con ello. Resulta, sí, muy interesante que los audios hayan aparecido siete años tarde, cuando el caso Madre Mía ya estaba cerrado y justo cuando las iniciales AG aparecen en documentos de uso interno de la empresa Odebrecht. También es interesante que con “AG” reaparezcan rumores sobre algunos ministros de PPK. Felizmente, la justicia y los medios nos podemos hacer cargo de más de un caso a la vez. ¿Cierto? Algún Gordo, como Abelardo Gutiérrez, debe estar asustado. http://peru21.pe/opinion/luis-davelouis-video-al-chuponeo-2279496 _________________ Francia: la batalla por Occidente Ignazio De Ferrari El primer asalto fue el ‘brexit’. El segundo, la elección de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos. Luego vinieron las elecciones generales en Holanda, que significaron un respiro para el ‘establishment’ europeo. Por estos días se lleva a cabo en suelo francés el cuarto asalto al sistema político y económico liberal. Como los bárbaros tocando las puertas del Imperio Romano, hoy son los populistas como Marine Le Pen los que amenazan desmembrar el proyecto europeo. La lucha entre los populistas y los liberales gira en torno a dos grandes narrativas sintetizadas en la idea de las sociedades abiertas versus las sociedades cerradas. La primera es que, ante los desafíos de la globalización económica –la deslocalización del empleo industrial, el advenimiento de una sociedad basada en el conocimiento y el crecimiento de la desigualdad– la clase política gobernante ha fracasado. En contra del mito de la igualdad francesa, la investigación más reciente de Thomas Piketty muestra que la desigualdad ha aumentado claramente en las últimas tres décadas, pese a que Francia destina alrededor del 32% del PBI al gasto social, el más alto de la OCDE. A su vez, Francia no se ha atrevido a hacer las grandes reformas que le devolvieran más dinamismo a la economía –el desempleo se mantiene por encima del 10% y la economía presenta déficit fiscal desde 1975–. En resumen, una economía cada vez más desigual, atrapada en una espiral de estancamiento, explica en gran medida por qué las dos grandes familias que han gobernado el país en los últimos 60 años no han podido asegurarse un lugar en la segunda vuelta. Ni los socialistas ni los gaullistas tienen nada bueno que contar a sus electorados. En realidad, hace tiempo que la crisis ha desbordado el terreno económico para adentrarse en el político. Es en este último donde se libra la madre de todas las batallas. Es justamente la capacidad de los populistas de politizar el descontento con la economía lo que ha puesto en jaque al sistema. En la forma de ver el mundo de Marine Le Pen –la candidata del xenófobo Frente Nacional– la culpa del deterioro económico la tienen los otros; es decir, la Unión Europea (de la que se quiere salir) y los inmigrantes que se adueñan de los puestos de trabajo de los franceses y generan una presión a la baja en los salarios. Es gracias a esa politización del desempleo que a Le Pen le va mejor en las zonas del país que están más en paro. Pero el frente económico no es el único en el que el populismo ha podido presentar un discurso creíble. La identidad es esa segunda gran narrativa en torno a la cual políticos como Le Pen han construido la esencia de su retórica. Según esta, la clase política dominante ha permitido que los valores tradicionales se diluyan ante al fenómeno de la inmigración, tanto de otros países de la Unión Europea como, sobre todo, de países de origen musulmán. Frente a eso, Le Pen pregona el cierre de las fronteras y el retorno a una idealizada aldea francesa exclusivamente para franceses. Frente al ascenso del populismo que ve el vaso casi vacío, se erige la figura de Emmanuel Macron, el otro gran protagonista de la elección. El ex ministro de Economía de François Hollande representa justamente la idea de la sociedad abierta. Donde Le Pen ve una amenaza en la inmigración, Macron defiende un mundo cosmopolita. Mientras Le Pen reniega de la globalización, Macron la defiende a ultranza, pero con un componente más social. Mientras Le Pen ve a la Unión Europea sometida a los designios de la canciller alemana Angela Merkel, Macron aboga por colaborar estrechamente con sus vecinos alemanes. La victoria de Macron en segunda vuelta –bastante probable a estas alturas, pues los sondeos le dan alrededor de 20 puntos de ventaja frente a Le Pen– es razón para cauto optimismo. Sugeriría que el centro político europeo continúa su recuperación tras las elecciones holandesas. Que tras el desborde populista de los últimos 12 meses, Francia termine eligiendo al presidente con el perfil más reformista y proeuropeo que ha aparecido en décadas, no sería un hecho menor. Sin embargo las incógnitas continuarían. ¿Con quién gobernaría un presidente cuyo movimiento recién se fundó el año pasado y difícilmente obtendrá una mayoría en las legislativas de junio? Como ha recordado en estos días “The Economist”, en el pasado los franceses han votado por el cambio, pero siempre han sido reacios a ejecutarlo. http://elcomercio.pe/opinion/columnistas/francia-batalla-occidente-ignazio-ferrari-noticia-1987578 _________________ Franco franco Mirko Lauer Vivimos en el Perú una época de cacería de la verdad. Un problema con esto es que hay también una intensa actividad paralela de difundir mentiras como si estas fueran verdades. Esto es parte de una crisis de la verdad, en la cual las mentiras se logran imponer en la conciencia del público en aspectos claves de la vida social y política. El problema es antiguo. Ya el nazi Joseph Goebbels incitaba a sus correligionarios a mentir con insistencia, pues algo de ese contenido se impondría. Desde entonces el proceso de imponer la mentira sobre la verdad se ha sofisticado gracias al avance de las técnicas publicitarias y a la intensificación de las comunicaciones. Un reciente artículo de Tim Hartford intenta explicar por qué hoy los hechos ciertos no bastan para ganar las discusiones. Es decir que la verdad ya no brilla con luz propia, e incluso tiene problemas para convencer a las personas. Los persuasores ocultos, señala el autor, lo logran en virtud de tres problemas que tienen los hechos ciertos. Uno es que una falacia sencilla puede ser más convincente que un juego complejo de hechos ciertos, “simplemente porque es más facil de comprender y de recordar”. Otro es que las verdades pueden ser aburridas, mientras que el mundo está lleno de cosas entretenidas que distraen de los hechos. El tercer problema es que a menudo la gente puede sentir que “la verdad es amenazante, y amenazar a la gente tiende a ser contraproducente”. Estas tres armas, sostiene, son perfectamente conocidas y hábilmente manipuladas por quienes entran a los debates con el propósito de imponerle mentiras a la gente. Los ejemplos abundan. Hartford ha elegido la mentira según la cual los defensores del Brexit sostuvieron que la Gran Bretaña pagaba 350 millones de libras a la Unión Europea por semana. Muchos se compraron esa mentira, y no hubo manera de que las pruebas concretas de que eso era falso pudieran modificar la situación. La mentira ganó. Así, en la era de las posverdades, los hechos ciertos necesitan defensores, y antes de eso necesitan voces públicas capaces de diferenciar los dos campos. Salir a buscar la verdad no basta. Si no abrimos bien los ojos, nos podemos encontrar con otra cosa. http://larepublica.pe/impresa/opinion/870066-franco-franco _________________ Fujimori y los derechos laborales Mario Huamán Rivera El Primero de Mayo los trabajadores de todo el mundo conmemoran los años de lucha sindical que han permitido obtener nuestros derechos laborales. No obstante, este Primero de Mayo está marcado por el descarado intento de liberar a uno de los presidentes que más pisoteó los derechos de los trabajadores: Alberto Fujimori. Durante su gobierno, no solo implantó un régimen autoritario y corrupto, sino que también aprovechó la poca capacidad de respuesta de la sociedad civil organizada para debilitar al movimiento sindical y eliminar derechos esenciales, como la estabilidad laboral. Hay que recordar que el 5 de abril de 1992, con la ruptura del orden democrático, inició la imposición del proyecto neoliberal en el Perú. Cerrar el Congreso resultaba imperativo para Fujimori y Montesinos dado que en el Parlamento se representaba a todo tipo de fuerzas económicas y sociales que se oponían a la privatización, el abuso y la concentración de poder en manos de unos cuantos monopolios. Asimismo, en esta misma lógica de eliminar cualquier forma de respuesta social, la dupla criminal que entonces nos gobernaba asesinó a un excepcional dirigente sindical, Pedro Huilca Tecse. Con ello, abrieron el camino para el gobierno del gran capital transnacional, que hasta ahora se mantiene, bajo el amparo de una Constitución neoliberal. Pero la historia no se detiene. Tras una dura lucha democrática en calles y urnas, se logró derribar a la dictadura. Con ello se pensó que el país podría seguir adelante por la vía de la democracia y la institucionalidad. Sin embargo, el fujimorismo demostró ser una máquina política muy fuerte, que pudo mantener cautivos a muchos sectores populares a través del clientelismo, la corrupción y sus oscuros vínculos con el narcotráfico y otros sectores criminales. Esta fuerza la ha aprovechado para aliarse con los grandes intereses económicos y bloquear todo proyecto progresista y transformador. No es casualidad que hoy que el Ministerio de Trabajo sigue el legado de Fujimori al querer emprender una reforma laboral que precariza el empleo, el gobierno de PPK evalúe apoyar alguna fórmula de indulto para el reo Fujimori. Ante esto, los trabajadores debemos expresar nuestro más enérgico rechazo: el fujimorismo político y el fujimorismo económico son dos caras de una misma moneda y los trabajadores debemos oponernos a ambos. http://diariouno.pe/columna/fujimori-y-los-derechos-laborales/ _________________ La pelea con la OEA César Lévano Venezuela ha anunciado su retiro de la Organización de Estados Americanos (OEA), a la que Fidel Castro llamó “el ministerio de Colonias de los Estados Unidos”. La decisión responde a la resolución del Consejo Permanente de la OEA de convocar una reunión de consulta de cancilleres sobre situación en Venezuela. La medida ha dividido a la organización. De 36 países miembros, 19 aprobaron el lunes la convocación a los cancilleres, 10 votaron en contra y cuatro se abstuvieron. Washington no cuenta ya con la unanimidad menos uno de los días en que nuestro ilustre historiador y canciller Raúl Porras Barrenechea se opuso, voz clamante y solitaria, a la expulsión de Cuba –en revolución flamante– de esa organización. Estos son tiempos en que es “igualmente difícil hablar que callar”, expresó. En aquella etapa convulsa los jóvenes radicales rompimos el silencio de calles y plazas con los gritos de: “Fidel, seguro, / a la OEA dale duro!”, “¡Con OEA o sin OEA / ganaremos la pelea!”. La situación en Venezuela es grave. El bajón en el precio del petróleo que se exporta ha provocado una crisis económica y social tempestuosa y que se traduce en escasez de alimentos, productos básicos y medicinas. La oposición, encabezada por agentes del pasado y del imperialismo, ha encontrado en eso terreno fértil para sus planes de derrocamiento del régimen. En el Perú, abanderada de la OEA es, por supuesto, el Apra. No se debe olvidar que antes de Hugo Chávez gobernaba en Venezuela el partido Acción Democrática –el Apra venezolana–, que gozaba con la riqueza del petróleo y la pobreza del pueblo. Su líder, Carlos Andrés Pérez, compadre de Alan García, fue expulsado del poder cuando intentó imponer un programa del FMI y ordenó, él sí, la matanza de cientos de venezolanos en las calles. La ola de protestas y violencia arreció cuando el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el oficialismo, decidió asumir poderes que corresponden a la Asamblea Nacional. En esta columna critiqué esa medida. El propio presidente Nicolás Maduro anuló ese abuso. Desde ese momento, las protestas han provocado la muerte de 29 personas –nueve de ellas electrocutadas durante el saqueo de un comercio–. ¿Y después de la OEA, qué? Lo necesario es un diálogo entre las partes, sin injerencia extranjera. La oposición, sin embargo, ha declarado concluido el diálogo. Su objetivo es el derrocamiento de Maduro. Ese afán puede desembocar en la guerra civil. http://diariouno.pe/columna/la-pelea-con-la-oea/ _________________ La reforma para mejorar la política Augusto Álvarez Rodrich En medio del despelote en que se desenvuelve la política peruana por las acusaciones de corrupción a casi todo su elenco estable, surge la buena noticia de la viada que está alcanzando el debate de la indispensable reforma electoral. “Nunca hemos estado tan cerca de una reforma electoral tan amplia. Esta oportunidad hay que aprovecharla, pues difícilmente tendremos otra igual”, sostiene el experto y ex jefe de la ONPE Fernando Tuesta. Hay en el tapete al menos cuatro planteamientos de reforma. Uno es el proyecto preparado por la subcomisión presidida por la congresista fujimorista Patricia Donayre. El otro es el diseñado por el gobierno. Sus autores sostienen que este se ha nutrido de otros dos: el de organismos electores y el de Transparencia. Todos estos aportes serán revisados en la comisión de constitución, en donde se espera que continúe el debate de expertos, la academia y los propios partidos políticos con el fin de que salga, finalmente, el dictamen que será evaluado por el pleno. Es una reforma fundamental para el país por la posibilidad de que, si se hace bien, va a revitalizar la hoy alicaída política peruana, con todo lo que esto implica. Esto significa lograr que los partidos políticos sean, realmente, protagonistas de la política, mediante la aplicación de reformas que los modernicen, fortalezcan, hagan más transparentes y tenga la capacidad real de representar a la ciudadanía. Los cambios planteados en los proyectos que serán debatidos implican cambios profundos en la institucionalidad peruana que debieran tener un impacto profundo en la calidad de la política. Lograrlo va a necesitar un análisis inteligente y generoso en la comisión de constitución, evitando que se hagan reformas pensadas exclusivamente para favorecer o perjudicar a determinadas fuerzas políticas. Asimismo, se va a necesitar el desarrollo de una gran capacidad didáctica para explicarle a la ciudadanía la motivación y justificación de algunas reformas controversiales pero convenientes como, por ejemplo, el restablecimiento de la bicameralidad. Ojalá que se pueda avanzar con la velocidad para concluir un trabajo que ofrezca la posibilidad de un análisis riguroso con la celeridad para tenerla lista para las elecciones municipales y regionales del próximo año, pero sin excluir a nuevos jugadores en el mercado electoral. Sería, finalmente, una estupenda manera de conseguir que el Congreso mejore su hoy baja reputación. http://larepublica.pe/impresa/opinion/870068-la-reforma-para-mejorar-la-politica _________________ OEA: organismo indefendible La Jornada La salida de Venezuela de la Organización de los Estados Americanos (OEA) deja a ese foro internacional sin dos países que, por diversas razones, han tenido un gran peso en la historia del continente. Hace 55 años el organismo expulsó a Cuba de sus filas con el argumento revelador de que la adhesión de cualquier miembro de la OEA al marxismo leninismo es incompatible con el Sistema Interamericano. Se evidenciaba así, desde entonces, que ese sistema interamericano era –y sigue siendo– un aparato decontrol político e ideológico al servicio de Washington en su confrontación con el bloque del Este y un instrumento para alinear a los gobiernos del hemisferio en el bando occidental de la guerra fría. Es inevitable recordar que la OEA, que actúa en nombre de la democracia sólo cuando así conviene a los intereses estadunidenses y de las oligarquías locales latinoamericanas, no hizo nada significativo para, al menos, atenuar las atrocidades de dictadores como Rafael Leónidas Trujillo (República Dominicana) o Anastasio Somoza (Nicaragua), calló cuando un gobierno legítimo y electo fue derribado en Guatemala mediante una maquinación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, 1954), no movió un dedo cuando diversas democracias sudamericanas fueron demolidas en los años 70 del siglo pasado por el surgimiento de sangrientas dictaduras militares (Uruguay, Bolivia, Chile y Argentina) que, en no pocos casos, fueron impulsadas desde la Casa Blanca, el Departamento de Estado y el Pentágono. En épocas más recientes, el organismo panamericano fue incapaz de hacer algo para impedir un golpe de Estado en Honduras o para denunciar las conspiraciones parlamentarias que depusieron a los mandatarios Fernando Lugo, de Paraguay (2012) y Dilma Rousseff, de Brasil (2016). A este historial deplorable se suma ahora la inopinada beligerancia del actual secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, quien lejos de contribuir a una solución pacífica a la crisis que vive Venezuela, ha atizado el conflicto, se ha colocado sin pudor alguno como activo promotor de uno de los bandos en la disputa política e institucional y ha convertido a la organización que encabeza en un ariete diplomático en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Con esos antecedentes y en tales circunstancias no es extraño que Caracas haya decidido abandonar la organización y recurrir, en cambio, a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), un foro más equilibrado del que están excluidos Estados Unidos y Canadá, y del que, por consiguiente, puede esperarse una acción más constructiva y propicia en el espíritu de superar la fractura venezolana por medio del diálogo y la coadyuvancia diplomática. Con la expulsión de Cuba en 1962, perdió la OEA. Eso quedó demostrado cuando años más tarde (2009), el organismo invitó al país caribeño a reincorporarse y La Habana rechazó el llamado. Ahora, la salida voluntaria de Venezuela acentúa el deterioro y el descrédito de una instancia internacional que nunca supo estar a la altura de lo que sus integrantes latinoamericanos habrían podido esperar de ella y que, desde su fundación (1948) hasta la fecha, ha dado sobrado fundamento a su descripción popular: el ministerio de colonias de Estados Unidos. http://www.jornada.unam.mx/2017/04/28/edito  _________________ ¿Puede reabrirse el Caso Madre Mía César Azabache Caracciolo Espero que para el momento en que usted lea estas notas la fiscalía haya explicado por qué las grabaciones difundidas esta semana permanecieron prácticamente ocultas por seis largos años sin ser usadas. Aparentemente las grabaciones provienen del caso de la señora Nancy Obregón, ex parlamentaria nacionalista detenida en julio del 2013 por narcotráfico. Se trata entonces de hallazgos casuales, no buscados por las autoridades. Se entiende fácilmente por qué las grabaciones no fueron empleadas en el caso en el que se obtuvieron: no se referían a los hechos por los que fueron registradas. Son parte del “material excedente” obtenido en esas investigaciones. La regla aplicable en estos casos consiste en entregar este tipo de grabaciones a quien esté encargado o deba encargarse del asunto. La evidencia solo debe eliminarse cuando se refiere a cuestiones como las enfermedades o vicios del investigado, que a nadie tienen por qué interesar. Pero no puede descartarse nada que tenga relevancia legal. Y estas grabaciones sin duda la tienen. Lo debería haber confirmado ya la fiscalía. Aparentemente las grabaciones quedaron en el archivo porque el Caso Madre Mía y el caso original sobre los sobornos pagados a los testigos de ese caso habían sido, ambos, desestimados antes por el Poder Judicial. Las reglas aplicables a estos casos son muy claras: cuando es la fiscalía la que desestima una investigación, el caso puede ser reabierto en base a nuevas pruebas. Pero cuando los casos son desestimados por el Poder Judicial, queda prohibido reabrirlos. Y esta prohibición es una “regla dura”: no admite excepciones. En algún momento discutimos en el medio la posibilidad de revisar absoluciones o autos de sobreseimiento (ambas son las vías principales para desestimar un caso penal) cuando estas decisiones se basen en fraudes de algún tipo. Pero la ley vigente no lo admite. Entonces la fiscalía no hizo nada con este material porque estimó que nada más podía hacer. Esto es cierto conforme a las reglas del derecho interno. Pero estas reglas no son las únicas que entran en discusión en estos casos. Para comenzar, creo que el estado actual de nuestras normas sobre cosa juzgada es incorrecto. Hay un principio fundamental en el derecho y es que las personas que violan la ley no pueden adquirir inmunidades, ventajas, ni derechos de tipo alguno gracias a fraudes u obstrucciones a la justicia. Por eso, hace años que los prófugos quedaron excluidos del alcance de la prescripción. Pero, por la misma razón, quien esconde las evidencias de su propio crimen no debería contar con protecciones legales si las evidencias que ocultó aparecen. Comprar testigos es prácticamente lo mismo que haber escondido un cadáver o las armas con que se cometió un homicidio. Las reglas de derecho no pueden premiar a quienes eluden a la justicia mediante estratagemas de este tipo. Nadie, en ningún caso, debe poder obtener ventajas de sus propias infracciones a la ley. Entonces, si confirmamos que estas grabaciones son confiables (la fiscalía tiene en esto la palabra), tiene que haber alguna solución legal que nos permita investigar los hechos sin hacernos sentir a todos que el sistema legal es tonto o no tiene sentido. Por supuesto, no podemos hacer algo tan grosero como modificar ahora las reglas sobre revisión de absoluciones y aplicarlas al caso. En el derecho interno podemos tener las manos atadas para resolver problemas como este. Pero para eso existe el derecho internacional. He sostenido en estos días que el caso puede ser llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Agrego ahora que también puede ser llevado directamente a la Corte, si el Estado decide plantear una consulta sobre el alcance de la cosa juzgada en casos como este. Y la Corte puede, sin duda, remover los obstáculos que mantenemos y abrir la vía de una investigación imprescindible con cierta prontitud. Nos guste o no, en casos como este, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha quebrado ya los efectos de la amnistía, del indulto y de la prescripción. No veo razón que le impida quebrar además los efectos perjudiciales de la cosa juzgada si la regla está –y encuentro que entre nosotros está– mal concebida. De hecho, la Corte ha insistido en que los deberes de un Estado frente a casos como Madre Mía no pueden eludirse oponiendo a las investigaciones obstáculos procesales que no resulten absolutamente justificados. Y los impedimentos que ahora enfrentamos para llevar a proceso a alguien que aparentemente sobornó a los testigos de cargo no pueden considerarse justificados. http://elcomercio.pe/opinion/columnistas/puede-reabrirse-caso-madre-mia-contra-humala-c-azabache-noticia-1987403 _________________ Reconstrucción sin cambios Germán Alarco Tosoni La ley parte mal desde sus tres primeros artículos en que se minimiza la fase de planeamiento, ya que esta se orienta exclusivamente a la implementación. El Congreso de la República acaba de aprobar la ley que crea una autoridad para la reconstrucción con cambios y establece diversas disposiciones extraordinarias para la intervención del gobierno nacional frente a desastres. La discusión fue de dos días aunque al final se impuso la mayoría a la par del reinicio de la discusión informal sobre el indulto al reo Fujimori o la liberación de presos mayores de 75 años. Se hicieron cambios a la propuesta original del Ejecutivo pero se mantienen serios problemas en la misma. La ley parte mal desde sus tres primeros artículos en que se minimiza la fase de planeamiento, ya que esta se orienta exclusivamente a la implementación. Se habla de contar con un plan en solo 90 días. Debería haber planes integrales para cada cuenca (comprendiendo sus partes alta, media y baja) donde interactúen las diferentes aristas-disciplinas a considerar. SIN PARTICIPACIÓN Asimismo, en la fase de elaboración no hay mención alguna a todas las organizaciones sociales, universidades, gremios empresariales, colegios profesionales y otros que deberían participar en el ámbito de cada región y localidades específicas. ¿Dónde quedó el planeamiento concertado? A partir de estos planes territoriales integrales deberían desprenderse los planes sectoriales específicos para ser ejecutados articuladamente por los diferentes niveles de gobierno. En el plazo establecido es probable que solo se cuente con una lista numerosa y desordenada de proyectos tradicionales sin lógica alguna. ¿Podrán plantearse proyectos innovadores?, ¿tendremos una reconstrucción con cambios?, ¿puede pensarse que un plan de 90 días se mantenga más o menos fijo en el tiempo? ABSURDOS Por otra parte es un gran absurdo crear un nuevo organismo cuando se tiene al Ceplan. Asimismo, es el colmo que esta institución no participe en su directorio al igual que el Ministerio del Ambiente que es responsable de prever los problemas que originaron los desastres. ¿Pueden los gobiernos regionales y locales plantear todas sus observaciones al Plan en 10 días? La norma también supone como automático y rápido el reporte de daños y afectados, cuando se trata de un proceso complejo. La modalidad de obras a cargo de privados para el encausamiento y escalonamiento de ríos por terrenos era innecesaria y abre la puerta a conflictos. Es un absurdo plantear la posibilidad de crear otras autoridades futuras cuando surjan nuevos desastres naturales (primera disposición complementaria final). La cláusula anticorrupción incorporada es burda y elemental. En fin, nada se dice de la estructura organizacional de la nueva autoridad, incluida la necesidad de contar con un consejo asesor técnico permanente para proponer y evaluar las propuestas creativas que se requieren. ¿Más de lo mismo de siempre? Asimismo, es el colmo que Ceplan no participe en su directorio al igual que el Ministerio del Ambiente que es responsable de prever los problemas que originaron los desastres. http://diariouno.pe/columna/reconstruccion-sin-cambios/ _________________