jueves, 13 de abril de 2017

OPINIONES 13/04/2017

La lección de Caral - Agustín Haya de la Torre
Una caída irresistible - César Lévano
Vocero ultra se busca - Mirko Lauer
PPK perdió el juicio - Augusto Álvarez Rodrich
Cuando los cerros bajan - Sinesio López
Extorsión y libertad de expresión - Diego García Sayán
Escándalo - Luis Davelouis
¿Todo tiene su final? - José Carlos Rojas
La reelección en Paraguay - Roberto Heimovits
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La lección de Caral

Agustín Haya de la Torre


En una interesante conferencia inaugural del año académico del posgrado de Ciencias Sociales de San Marcos, Ruth Shady, la notable investigadora de Caral, explicó cómo esta civilización de la costa peruana, de cinco mil años de antigüedad, logró dominar a las fuerzas de la naturaleza, en particular los eventos generados por la corriente cálida ecuatorial y los sismos.

Prueba de tal evidencia, lo demuestran las pirámides escalonadas que sobreviven a los siglos, porque fueron construidas en la parte alta del valle. Como otras construcciones de dicha cultura, que se extendió por la costa central e incluso alcanzó zonas de sierra y selva, supieron edificarlas tomando en cuenta los retos del medio ambiente.

Los últimos tres fuertes eventos climáticos del ahora denominado “Niño”, desde 1983, prácticamente no afectan los restos arqueológicos, mientras los alrededores sufrieron el desastre. La doctora Shady explicó cómo los antiguos caralinos cultivaron la tierra sin riesgo de inundaciones de los ríos, puesto que espesos e impenetrables bosques de huarangos, de por lo menos 50 metros de ancho en cada ribera, impedían los desbordes. Incluso refirió una sorprendente técnica sismo resistente, la de las “shicras”, piedras introducidas en bolsas de algodón, colocadas en las plataformas de los edificios, con una ligera separación. Así permitían cierta oscilación en los terremotos, evitando que la construcción se venga abajo.

Cuántos desbordes o viviendas inundadas nos hubiésemos evitado, de conservarse la memoria histórica. La conquista española justificó su dominio argumentando que sometía a seres inferiores.

Los apuntes sobre Caral se repiten a lo largo de las antiguas culturas costeras. Los avances de la paleo neurología o arqueología cognitiva, demuestran que los sapiens tienen la misma masa cerebral desde hace decenas de miles de años. Incluso que la inteligencia se demuestra en la respuesta a los retos medio ambientales, en la forma como el hombre resuelve sus necesidades, se organiza, construye, desarrolla conocimientos y tecnología.

Parece, pues, que, pese a los herederos de Ginés de Sepúlveda o a los que se les desploman puentes, los caralinos eran más inteligentes que nosotros.



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Una caída irresistible

César Lévano

El desplome en la aprobación del alcalde Luis Castañeda Lossio es insólito. En febrero de 2016, cuando acababa de asumir el Concejo Metropolitano, tenía 78 por ciento de aprobación. Ahora logra casi un tercio de eso: está en 28 por ciento.

La encuestadora Datum, que realizó del 31 de marzo al 4 de abril el sondeo publicado el martes, apunta que en un solo mes Castañeda perdió 15 puntos de aprobación: de 43 a 28 por ciento. Esta cifra es una catástrofe. Si el despeñadero persistiera a ese ritmo, querría decir que el burgomaestre podría bajar a 10 o 15 por ciento de aquí a mayo.

La consulta de Datum cosechó algunos datos significativos. Por ejemplo, que el mayor nivel de desaprobación para el alcalde se da entre los jóvenes. El 76 por ciento de los encuestados que tienen entre 18 y 24 años de edad lo desaprueba.

Evidente es que la caída estrepitosa tiene en gran parte su origen en la del puente Solidaridad, que resultó endeble ante la primera arremetida del agua en Lima. La gente se percató de inmediato que ese puente, inaugurado hace poco, había sido erigido sin base material y moral sólida.

Grave fue que el alcalde, lejos de explicar y prometer una investigación, saliera a defender al ingeniero de la obra, a quien calificó de “profesional de primer nivel”.

Los encuestados de Datum son inflexibles: el 88 por ciento considera que el puente estaba mal construido.

La imagen del alcalde se hundió cuando se quejó de que el presidente Pedro Pablo Kuczynski hubiera comparado la resistencia del puente Balta, que se enfrenta al río Rímac desde 1869, con el Solidaridad. Resulta que PPK no se había referido al puente Balta, sino a uno aún más antiguo, tendido sobre el río Virú en el siglo XVIII y que se mantiene en pie.

Peor aún, Castañeda creyó entender que PPK lo había acusado de ladrón. “Creen que todos son de su misma condición”, adujo. PPK no habló de robo. Ahora anda diciendo que a los rateros hay que colgarlos. ¿De dónde? ¿De un puente?

Pésima expresión esa del presidente, pues se salta a la garrocha la justicia y puede ser una incitación a la violencia, en un país donde esta cunde por todos lados.

En otra área, el 95 por ciento de los encuestados por Datum opina que a Alan García se le debe abrir investigación por el caso Odebrecht. El 90 por ciento cree lo mismo respecto a Enrique Cornejo.

Penosa suerte la de García y Castañeda: haber sido torrencialmente populares y descender al abismo de la impopularidad. Por su culpa, por su grandísima culpa.



http://diariouno.pe/columna/una-caida-irresistible/



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Vocero ultra se busca

Mirko Lauer


Se habla de una estrategia de ultra derecha para apearse de la candidatura de Keiko Fujimori al 2021. Hay una cierta decepción frente a Fuerza Popular, pero se trataría más bien de un deseo de mejorar la presencia de la ideología reaccionaria pura y dura en el escenario político. Si bien hay extrema derecha en FP, parece que no la suficiente.

Si bien nunca es temprano para decepcionarse, sí parece un poco adelantado pensar en las elecciones del bicentenario. Lo cual lleva a pensar que por el momento la extrema derecha está buscando una figura y un activismo capaces de cortar a través del pragmatismo de Keiko Fujimori, y empujarla más a la derecha. Un contrapeso a las presiones liberales en FP.

No se trataría, entonces, de reemplazar cabalmente al fujimorismo, sino de construir y ponerle al lado un ala derecha política y mediática, capaz de llevar a FP a territorios que nunca ha recorrido. Aunque los quintacolumnistas de esa extrema derecha en FP están entre los más visibles, han demostrado no tener peso suficiente para inclinar la balanza.

Así, los movimientos empresariales detectados en torno del periodista Phillip Butters quizás no son la búsqueda de un candidato, sino un vocero de los temas religiosos y de género (para ellos en el fondo lo mismo) que hoy definen a la extrema derecha en la plaza peruana. Convertir presencia periodística en real peso político es casi imposible en el Perú.

De otra parte, un púlpito caliente y un paquete de medios difícilmente pueden reemplazar a una organización política. Los medios de los que se habla en estos días tienen todos las cuentas en rojo, con el perdón de la palabra. De modo que la extrema derecha todavía tiene un largo trecho que recorrer como compañera de ruta del fujimorismo.

El aliciente para hacer política de ultra derecha por cuenta propia viene sobre todo de fuera. Es el ejemplo de los éxitos y avances en varios países de candidatos que se mueven al filo del fascismo, y están logrando socavar las bases del resto de la derecha, y de paso arrinconar a las izquierdas. El fujimorismo parecía eso mismo, pero parece que ya no.

http://larepublica.pe/impresa/opinion/864794-vocero-ultra-se-busca

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PPK perdió el juicio

Augusto Álvarez Rodrich


El presidente Pedro Pablo Kuczynski perdió el juicio esta semana un par de veces.

Un juicio que perdió es el que la justicia concluyó que deberá pagarle S/39,625 a Luis Terán por derechos laborales no reconocidos tras haberse desempeñado como coordinador nacional de jóvenes del equipo PpK, con una remuneración mensual de S/3,000. En el año 2013, exigió que le reconocieran la CTS, gratificaciones y vacaciones truncas. Y en julio de 2014 fue despedido.

Por ello, planteó una demanda que fue aceptada parcialmente por el Tercer Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Lima: certificó que sí hubo una relación laboral entre él y PPK pero que no hubo un despido arbitrario.

Más allá de lo negativo que resulta que la organización de un candidato presidencial, que aspira a defender la legalidad, contrate personal en condiciones incorrectas –un mal muy extendido en todo el país–, sí resulta sumamente positivo que un presidente de la república en ejercicio pierda un juicio laboral frente a un joven cuya influencia es nimia frente a la de un jefe de Estado.

En ese sentido, habla bien del poder judicial y del presidente PPK que se presente un caso en el que la persona que, en teoría, tiene más poder en el país no tenga la capacidad de presionar indebidamente a la justicia para que le dé la razón.

Lo que, en cambio, no está bien, porque transmitió la sensación de que el presidente Kuczynski también había perdido el juicio, es una declaración suya sobre la delincuencia.

“Si queremos progresar en el Perú, tenemos que colgar a los rateros”, dijo PPK hace un par de días en el distrito de La Arena, en Piura.

Es evidente que la corrupción –a la que se estaba refiriendo el presidente PPK– debe ser combatida pues constituye un asalto a la posibilidad de progreso del país, especialmente de los sectores más pobres.

Y también se podría entender que el presidente hablaba en sentido figurado. El problema es que en un país como el Perú, con una ciudadanía harta de la delincuencia, y donde los esfuerzos del Estado son insuficientes, declaraciones como las de PPK traen a la memoria esas campañas lamentables de ‘chapa tu choro y déjalo paralítico’, especialmente ahora que se lanzan al ruedo proyectos políticos populistas con tono de mano dura.

Mejor es promover la eficacia policial y de la sociedad en su conjunto para prevenir el delito, capturar a todos los delincuentes, y juzgarlos de acuerdo con la ley. Y que eso les quede claro a todos.



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Cuando los cerros bajan

Sinesio López


“Cuando Chacalón canta, los cerros bajan”, decían los hinchas de uno de los más reconocidos cantantes de música chicha. “Luego de su partida, los cerros y barrios continuaron bajando, ahora, supuestamente, por la delincuencia”, escribe Arturo Huaytaya, quien acaba de publicar, con ese título y con el auspicio del IDL, un excelente libro sobre la violencia delictual en dos cerros limeños: San Cosme y El Pino.

La delincuencia y la cuestión de la seguridad ciudadana son vistos por la gente como los problemas más importantes del Perú y AL. El Perú tiene una de las tasas más altas de victimización de AL y el Caribe (LAPOP, 2015) y el temor a ser víctima en Lima supera a 22 ciudades de las mismas regiones (LAPOP, 2012). La distribución de la delincuencia y de la víctimas es desigual en el territorio nacional y en Lima misma. Los robos y los asesinatos culposos son mayores en la costa que en la sierra y en la selva.

En Lima la delincuencia está también desigualmente distribuida. Hay distritos y barrios más seguros y existen otros de alta peligrosidad. Sin embargo, la Policía, encargada de combatir a la delincuencia, también se distribuye en forma desigual. Ella tiende a concentrarse, en términos proporcionales con respecto a la población, en las zonas de mayor seguridad.

San Cosme y El Pino son pueblos jóvenes que, pese a su diferencia en el tiempo (1946 de San Cosme y 1972 de El Pino) comparten su cercanía a la ex-Parada, un origen parecido de formación gradual, ciertas características sociales parecidas y la misma consideración de barrios peligrosos. Los delitos más frecuentes son la venta de drogas, los asaltos y los robos. En ambos barrios la delincuencia está por encima del promedio nacional, pero difieren en su forma e identidad: Mientras en El Pino la violencia delictiva es más abierta, en San Cosme existe un cierto “control social” que domina un territorio de influencia.

La venta de droga y el robo son los delitos más frecuentes en San Cosme que en El Pino, pero en este la violencia familiar es muy alta. La victimización llega al 43 por ciento en San Cosme y al 46,2 por ciento en El Pino, cifras superiores al promedio nacional que era de 29,4 por ciento de la población total (INEI, 2014).

San Cosme y Pino se encuentran en el distrito de La Victoria, que tiene una de las tasas de población penal más altas de Lima: 1.223 internos en el 2014. Este mismo año el número de policías en las comisarías del distrito victoriano llegaba a 308 para una población de 175.372 habitantes: un policía por 570 victorianos. El número de muertes violentas es, asimismo, mayor que el del promedio nacional.


http://larepublica.pe/impresa/opinion/864796-cuando-los-cerros-bajan

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Extorsión y libertad de expresión

Diego García Sayán


Las denuncias contra la congresista Aramayo y su padre por forzar a una autoridad local al pago de publicidad para su estación de televisión en Puno, a cambio de un tratamiento favorable, no sería un hecho aislado. Proliferan ejemplos a lo largo y ancho del país. Ocurre, sin embargo, que muchas veces las personas afectadas resuelven la amenaza cediendo al chantaje para bloquear, así, campañas en su contra. Son pocos los que denuncian.

El chantaje y la extorsión son de las formas más extendidas y sistemáticas de la criminalidad. Llámese “publicidad” o cupos, es, en esencia, lo mismo. Las maras en Centroamérica han hecho de esta herramienta una de las más utilizadas por el crimen organizado. En el Perú ocurre otro tanto en lugares como Chiclayo, Trujillo o el norte chico, en donde la tranquilidad de operadores de taxis o mototaxis, por ejemplo, depende de que se “matriculen” –y a tiempo– con el pago del respectivo cupo.

En el caso que ha hecho tanto ruido esta semana está de por medio, obviamente, el delito de extorsión. Esta es una figura delictiva en la que por violencia o amenaza se “obliga a una persona o a una institución pública o privada a otorgar al agente o a un tercero una ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier índole” (Código Penal, Art. 200). No se necesita ser abogado para entender el Código y darse cuenta de que esta es una modalidad extendida de criminalidad.

Difícil entender cómo en el caso de marras la autoridad judicial puneña dejó prescribir el delito en beneficio de los denunciados Aramayo condenado sólo a un funcionario para el cual no había prescrito (por ser funcionario). Estaba comprobado, pues, el delito. ¿Lenidad de la autoridad judicial por temor a un titular o una campaña? Vaya uno a saber y, por cierto, que sería interesante que eso se investigara en las instancias internas del Poder Judicial.

Pero no hay solo extorsión en un caso como este. La víctima del delito en este caso no habría cedido ante la amenaza. Julián Barra, en ese entonces director ejecutivo del Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca (PELT) en Puno, se vio, entonces, atropellado por una campaña en su contra. Que no fue de mera “opinión” sino muy evidentemente de difamación.

En efecto, en esa campaña televisiva local contra Barra, entre otras cosas denostaban la calidad de las conservas de trucha del proyecto PELT clamando en un titular nada menos que “Puñenos comen excremento”. Afirmación gravísima –no sustentada– que para una autoridad podría generar un daño mucho más grave en sus consecuencias que si a Barra, por ejemplo, lo hubieran asaltado a mano armada.

Así, pues, además de extorsión, se estaría ante otro delito: la difamación, que consiste en atribuir a una persona “una cualidad o una conducta que pueda perjudicar su honor o reputación …” (Código Penal, Art. 132). Comentar esto no es un tecnicismo “abogadil”, sino algo de fondo, pues el bien jurídico con este delito es otro y muy importante: el honor.

El Estado está obligado a darle a la ciudadanía los medios judiciales para proteger su derecho a la honra. Como lo ha establecido en jurisprudencia constante e invariable, “…no estima contraria a la Convención cualquier medida penal a propósito de la expresión de informaciones u opiniones”.

Por eso, quien se vale de su condición de “comunicador” para extorsionar, primero, y para difamar, después, está cometiendo dos graves delitos y no uno solo. Dar a la sociedad herramientas apropiadas y efectivas para defenderse de ambos grupos de delitos es indispensable y eso no está ocurriendo.

Garantizar sus derechos a la gente frente a la extorsión de todo tipo es reto de hoy. También dar a la ciudadanía herramientas eficientes y contundentes para proteger la honra frente a la difamación. Eso no viola la libertad de expresión sino que, por el contrario, la fortalece y prestigia para que nadie se valga de ella para extorsionar o difamar.





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Escándalo

Luis Davelouis


Lo que muchos sospechábamos ha sido confirmado por Marcelo Odebrecht: la firma del brasileño le entregó US$3 millones a Ollanta Humala para su campaña por instrucción expresa de Antonio Palocci, detenido desde el 2016 por estar involucrado en el caso Lava Jato.

Cabe recordar que Palocci fue un cercano asesor de la desaforada presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, durante la primera mitad del 2011 y es un conocido y viejo operador del partido de Lula.

Con Humala ya son 4 los ex presidentes investigados, procesados o condenados por hechos de corrupción presuntamente perpetrados por ellos o durante sus respectivos gobiernos. Por supuesto, no se trata de una coincidencia; basta mirar a los gobiernos regionales y municipales para comprobar la confirmación de una tendencia preocupante no tanto porque los ciudadanos seamos una manga de sonsos que escogen corruptos una y otra vez, sino porque, en realidad, nadie puede ser tan tonto.

Esto último significa o que la corrupción no nos interesa porque ya percibimos metástasis y todo nos da igual o, peor, porque hemos terminado aceptando a la corrupción pues ya es parte de nuestra cotidianidad y no solo la toleramos, sino que hasta la vemos con comprensión: ven a mi casa esta Navidad.

No nos sentimos incómodos a su alrededor. Uno se encuentra con corruptos comprobados y algunos que salieron por tecnicismos del tipo “sí, es su voz, sí está coimeando, pero las pruebas no sirven porque fueron obtenidas de manera ilícita” y los saludamos como si no fueran esos que le robaron al país y en particular a los peruanos más pobres y necesitados.




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¿Todo tiene su final?

José Carlos Rojas


El terremoto político y judicial del Caso Odebrecht sigue desnudando nuestros graves problemas como sociedad y sistema político. En los últimos días, el Callao ha sido el centro de atención a raíz de la detención de su gobernador regional, Félix Moreno, y las serias acusaciones de corrupción contra otras autoridades como el general Walter Mori, vicegobernador regional. Ambos pertenecen al movimiento político Chim Pum Callao, cuya hegemonía política electoral data de hace más de dos décadas.

Como ninguna otra organización, Chim Pum Callao ha sabido consolidarse como una marca sin parangón en la política peruana. Mientras todos los demás partidos son campeones de la volatilidad y fragmentación electoral, este movimiento político repite el plato elección tras elección. Buena parte de la opinión pública se pregunta si la prisión de Moreno será suficiente para la definitiva derrota de este poderoso acorazado político. No quiero pecar de pesimista y malagüero, pero tengo serias dudas de que la población se libre de estos ‘chimpuneros’ chalacos tan fácilmente. 

¿Y cómo lo hace… cuál es el negocio? Los elementos que fueron claves en el éxito de este movimiento se mantienen con buena salud. Esto es, la captación de un grupo de políticos hábiles (para el contexto de una democracia sin partidos) y la construcción de una maquinaria política con redes de alianzas en las esferas públicas y privadas (donde el pragmatismo y clientelismo son el corazón de su práctica). En este sentido, si cae uno, ahí están los demás para reemplazarlo casi con la misma eficacia. Los nombres pasan, la maquinaria queda.

Una prueba de fuego fue el alejamiento de Álex Kouri, su líder fundador, de las lides electorales chalacas (pues se proyectó a cruzar la avenida Faucett y participar en la arena política limeña y nacional). No le fue bien, pero siempre fue su objetivo principal competir en las ligas mayores. Pasar del Sport Boys al Alianza Lima. Sin el carisma de Kouri, se pensaba, era cuestión de tiempo que Chim Pum Callao mermara su eficacia política.

Pero eso no sucedió, pues ya eran un equipo consolidado y no dependían de un solo jugador talentoso. No obstante, como era de suponerse, se desató una lucha interna por los puestos principales en el movimiento. Dos facciones, que encarnaron Juan Sotomayor y Félix Moreno, se disputaron la supremacía. Ganó Moreno con el apoyo de Kouri. Sin grandes dotes de orador y con poco carisma frente a la población chalaca, Moreno supo construirse un espacio de poder y mantuvo las alianzas que Kouri construyó en muchos años. Además, se vendía como una persona seria y ejecutiva, a diferencia de Sotomayor al que tildaban de veleta y folclórico.

La caída de Moreno abrirá paso a un sector de las canteras ‘chimpuneras’ relegadas o a la consolidación de otros pesos pesados. Si la salida y prisión de Kouri no melló en la eficiencia de la organización, la de Moreno tampoco tendría por qué hacerlo, salvo que el meteorito judicial los alcance a todos y desaparezcan como marca política. Incluso si esto pasara, el legado nefasto de hacer política de Chim Pum Callao perdurará un buen tiempo más, con nombres y logos distintos.

El caso del Callao plantea retos enormes respecto de la consolidación del Estado nacional y subnacional. Toda la corrupción que se está conociendo no sería posible sin la participación y complicidad de otras esferas del propio Estado. Por ello, sin una reforma clara en los ámbitos fiscal, judicial y policial, la realidad política y social continuará por esta senda de la antipolítica y corrupción



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La reelección en Paraguay

Roberto Heimovits


El 31 de marzo, manifestantes incendiaron el Congreso en Asunción en protesta contra un proyecto de ley que permitiría al presidente Horacio Cartes, cuyo mandato termina en el 2018, buscar la reelección inmediata para un segundo período de 5 años. El proyecto fue aprobado en el Senado por estrecho margen, y ahora está pendiente en la Cámara de Diputados, donde el Partido Colorado de Cartes tiene mayoría.

El presidente de la Cámara, Hugo Velásquez, dijo el jueves 6 que esta no tratará la reelección “antes de Semana Santa”. Pero añadió que “hay muchísima gente a favor”.

La situación en Paraguay vuelve a llamar la atención sobre uno de los temas más interesantes en política, particularmente en aquellos países democráticos con régimen presidencialista: ¿se debe permitir la reelección inmediata?

En principio, esta no necesariamente sería mala. Más bien, daría a un presidente que está gobernando acertadamente la oportunidad de continuar y así en dos períodos consecutivos mejorar su país sustancial y duraderamente.

Quizás es por eso que en Estados Unidos se permite la reelección inmediata (aunque por una sola vez) y también en Francia desde el 2008.

Sin embargo, en países que no tienen instituciones fuertes y una tradición democrática larga y sólida, la reelección inmediata podría convertir al presidente en dictador. Aun en circunstancias normales, un presidente suele tener mucho poder para influir en las elecciones: el control del presupuesto, el nombramiento de funcionarios importantes, la distribución de la publicidad estatal, etc.

Históricamente, América Latina ha tenido muy malas experiencias con la reelección, porque fue usada como uno de los principales mecanismos para establecer largas dictaduras. Son notorios los casos de Porfirio Díaz en México, quien gobernó casi ininterrumpidamente de 1877 a 1910, y de Leonidas Trujillo en República Dominicana, de 1930 a 1961. Es así como la reelección –inmediata o en general– fue vista en la región cada vez más como un peligro para la democracia, y se trató de prohibirla en algunos países.

Así, luego de las reelecciones de Leguía que le permitieron gobernar nuestro país de 1919 a 1930, el artículo 142 de la Constitución de 1933 no solo prohibió la reelección consecutiva, sino que declaró que “esta prohibición no puede ser reformada ni derogada” y que aquellos congresistas que pretendieran hacerlo “cesarán… en el ejercicio de sus cargos y quedarán permanentemente inhabilitados”.

Paraguay sufrió particularmente por la reelección, que permitió al general Alfredo Stroessner –del mismo partido que Cartes– perpetuarse en el poder desde 1954 a 1989, convirtiéndose así en el dictador más duradero en América Latina, luego de Fidel Castro (1959-2011). Quizás por eso, la Constitución de 1992 prohibía la reelección, inmediata o no.

A pesar de la amarga experiencia histórica, en los últimos años la reelección inmediata volvió a aparecer en América Latina, aprobándose en el Perú (1993), Argentina (1994), Brasil (1997), Colombia (2004), Bolivia (2009) y de manera indefinida en Ecuador (2015).

Resalta el caso de Venezuela, donde Chávez impulsó un referéndum que aprobó en el 2009 la reelección indefinida de todas las autoridades, incluyendo la suya. Cabe resaltar aquí el rol de los referendos y plebiscitos como herramientas que usan los presidentes que quieren reelegirse para superar la oposición del Poder Legislativo o Judicial.

Nada impide que en América Latina surjan presidentes honestos y capaces, cuya reelección inmediata –por un período– beneficiaría a sus países. Pero como se ha visto, los riesgos para la continuidad democrática son muy grandes. Los diputados paraguayos harían bien en considerar eso. Quizás la alternativa menos mala sea el modelo seguido por Chile desde 1990: reelección sí, pero no inmediata, y partidos y coaliciones sólidos que puedan aplicar el mismo programa de gobierno a lo largo de presidencias distintas.

http://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/reeleccion-paraguay-roberto-heimovits-noticia-1983635


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