La lección de Caral - Agustín Haya de la Torre
Una caída irresistible - César Lévano
Vocero ultra se busca - Mirko Lauer
PPK perdió el juicio - Augusto Álvarez Rodrich
Cuando los cerros bajan - Sinesio López
Extorsión y libertad de expresión - Diego García Sayán
Escándalo - Luis Davelouis
¿Todo tiene su final? - José Carlos Rojas
La reelección en Paraguay - Roberto Heimovits
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La lección de Caral
Agustín Haya de la Torre
En una interesante
conferencia inaugural del año académico del posgrado de Ciencias Sociales de
San Marcos, Ruth Shady, la notable investigadora de Caral, explicó cómo esta
civilización de la costa peruana, de cinco mil años de antigüedad, logró
dominar a las fuerzas de la naturaleza, en particular los eventos generados
por la corriente cálida ecuatorial y los sismos.
Prueba de tal
evidencia, lo demuestran las pirámides escalonadas que sobreviven a los siglos,
porque fueron construidas en la parte alta del valle. Como otras
construcciones de dicha cultura, que se extendió por la costa central e
incluso alcanzó zonas de sierra y selva, supieron edificarlas tomando en
cuenta los retos del medio ambiente.
Los últimos tres
fuertes eventos climáticos del ahora denominado “Niño”, desde 1983,
prácticamente no afectan los restos arqueológicos, mientras los alrededores
sufrieron el desastre. La doctora Shady explicó cómo los antiguos caralinos
cultivaron la tierra sin riesgo de inundaciones de los ríos, puesto que
espesos e impenetrables bosques de huarangos, de por lo menos 50 metros de
ancho en cada ribera, impedían los desbordes. Incluso refirió una
sorprendente técnica sismo resistente, la de las “shicras”, piedras
introducidas en bolsas de algodón, colocadas en las plataformas de los
edificios, con una ligera separación. Así permitían cierta oscilación en los
terremotos, evitando que la construcción se venga abajo.
Cuántos desbordes
o viviendas inundadas nos hubiésemos evitado, de conservarse la memoria
histórica. La conquista española justificó su dominio argumentando que
sometía a seres inferiores.
Los apuntes sobre
Caral se repiten a lo largo de las antiguas culturas costeras. Los avances de
la paleo neurología o arqueología cognitiva, demuestran que los sapiens
tienen la misma masa cerebral desde hace decenas de miles de años. Incluso
que la inteligencia se demuestra en la respuesta a los retos medio
ambientales, en la forma como el hombre resuelve sus necesidades, se
organiza, construye, desarrolla conocimientos y tecnología.
Parece, pues, que,
pese a los herederos de Ginés de Sepúlveda o a los que se les desploman
puentes, los caralinos eran más inteligentes que nosotros.
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Una caída irresistible
César Lévano
El desplome en la
aprobación del alcalde Luis Castañeda Lossio es insólito. En febrero de 2016,
cuando acababa de asumir el Concejo Metropolitano, tenía 78 por ciento de
aprobación. Ahora logra casi un tercio de eso: está en 28 por ciento.
La encuestadora
Datum, que realizó del 31 de marzo al 4 de abril el sondeo publicado el
martes, apunta que en un solo mes Castañeda perdió 15 puntos de aprobación:
de 43 a 28 por ciento. Esta cifra es una catástrofe. Si el despeñadero
persistiera a ese ritmo, querría decir que el burgomaestre podría bajar a 10
o 15 por ciento de aquí a mayo.
La consulta de
Datum cosechó algunos datos significativos. Por ejemplo, que el mayor nivel
de desaprobación para el alcalde se da entre los jóvenes. El 76 por ciento de
los encuestados que tienen entre 18 y 24 años de edad lo desaprueba.
Evidente es que la
caída estrepitosa tiene en gran parte su origen en la del puente Solidaridad,
que resultó endeble ante la primera arremetida del agua en Lima. La gente se
percató de inmediato que ese puente, inaugurado hace poco, había sido erigido
sin base material y moral sólida.
Grave fue que el
alcalde, lejos de explicar y prometer una investigación, saliera a defender
al ingeniero de la obra, a quien calificó de “profesional de primer nivel”.
Los encuestados de
Datum son inflexibles: el 88 por ciento considera que el puente estaba mal
construido.
La imagen del
alcalde se hundió cuando se quejó de que el presidente Pedro Pablo Kuczynski
hubiera comparado la resistencia del puente Balta, que se enfrenta al río
Rímac desde 1869, con el Solidaridad. Resulta que PPK no se había referido al
puente Balta, sino a uno aún más antiguo, tendido sobre el río Virú en el
siglo XVIII y que se mantiene en pie.
Peor aún,
Castañeda creyó entender que PPK lo había acusado de ladrón. “Creen que todos
son de su misma condición”, adujo. PPK no habló de robo. Ahora anda diciendo
que a los rateros hay que colgarlos. ¿De dónde? ¿De un puente?
Pésima expresión
esa del presidente, pues se salta a la garrocha la justicia y puede ser una
incitación a la violencia, en un país donde esta cunde por todos lados.
En otra área, el
95 por ciento de los encuestados por Datum opina que a Alan García se le debe
abrir investigación por el caso Odebrecht. El 90 por ciento cree lo mismo
respecto a Enrique Cornejo.
Penosa suerte la
de García y Castañeda: haber sido torrencialmente populares y descender al
abismo de la impopularidad. Por su culpa, por su grandísima culpa.
http://diariouno.pe/columna/una-caida-irresistible/
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Vocero ultra se busca
Mirko Lauer
Se habla de una
estrategia de ultra derecha para apearse de la candidatura de Keiko Fujimori
al 2021. Hay una cierta decepción frente a Fuerza Popular, pero se trataría
más bien de un deseo de mejorar la presencia de la ideología reaccionaria
pura y dura en el escenario político. Si bien hay extrema derecha en FP,
parece que no la suficiente.
Si bien nunca es
temprano para decepcionarse, sí parece un poco adelantado pensar en las
elecciones del bicentenario. Lo cual lleva a pensar que por el momento la
extrema derecha está buscando una figura y un activismo capaces de cortar a
través del pragmatismo de Keiko Fujimori, y empujarla más a la derecha. Un
contrapeso a las presiones liberales en FP.
No se trataría,
entonces, de reemplazar cabalmente al fujimorismo, sino de construir y
ponerle al lado un ala derecha política y mediática, capaz de llevar a FP a
territorios que nunca ha recorrido. Aunque los quintacolumnistas de esa
extrema derecha en FP están entre los más visibles, han demostrado no tener
peso suficiente para inclinar la balanza.
Así, los
movimientos empresariales detectados en torno del periodista Phillip Butters
quizás no son la búsqueda de un candidato, sino un vocero de los temas
religiosos y de género (para ellos en el fondo lo mismo) que hoy definen a la
extrema derecha en la plaza peruana. Convertir presencia periodística en real
peso político es casi imposible en el Perú.
De otra parte, un
púlpito caliente y un paquete de medios difícilmente pueden reemplazar a una
organización política. Los medios de los que se habla en estos días tienen
todos las cuentas en rojo, con el perdón de la palabra. De modo que la
extrema derecha todavía tiene un largo trecho que recorrer como compañera de
ruta del fujimorismo.
El aliciente para
hacer política de ultra derecha por cuenta propia viene sobre todo de fuera.
Es el ejemplo de los éxitos y avances en varios países de candidatos que se
mueven al filo del fascismo, y están logrando socavar las bases del resto de
la derecha, y de paso arrinconar a las izquierdas. El fujimorismo parecía eso
mismo, pero parece que ya no.
http://larepublica.pe/impresa/opinion/864794-vocero-ultra-se-busca
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PPK perdió el juicio
Augusto Álvarez Rodrich
El presidente
Pedro Pablo Kuczynski perdió el juicio esta semana un par de veces.
Un juicio que
perdió es el que la justicia concluyó que deberá pagarle S/39,625 a Luis
Terán por derechos laborales no reconocidos tras haberse desempeñado como
coordinador nacional de jóvenes del equipo PpK, con una remuneración mensual
de S/3,000. En el año 2013, exigió que le reconocieran la CTS, gratificaciones
y vacaciones truncas. Y en julio de 2014 fue despedido.
Por ello, planteó
una demanda que fue aceptada parcialmente por el Tercer Juzgado Especializado
de Trabajo Permanente de Lima: certificó que sí hubo una relación laboral
entre él y PPK pero que no hubo un despido arbitrario.
Más allá de lo
negativo que resulta que la organización de un candidato presidencial, que
aspira a defender la legalidad, contrate personal en condiciones incorrectas
–un mal muy extendido en todo el país–, sí resulta sumamente positivo que un
presidente de la república en ejercicio pierda un juicio laboral frente a un
joven cuya influencia es nimia frente a la de un jefe de Estado.
En ese sentido,
habla bien del poder judicial y del presidente PPK que se presente un caso en
el que la persona que, en teoría, tiene más poder en el país no tenga la
capacidad de presionar indebidamente a la justicia para que le dé la razón.
Lo que, en cambio,
no está bien, porque transmitió la sensación de que el presidente Kuczynski
también había perdido el juicio, es una declaración suya sobre la
delincuencia.
“Si queremos
progresar en el Perú, tenemos que colgar a los rateros”, dijo PPK hace un par
de días en el distrito de La Arena, en Piura.
Es evidente que la
corrupción –a la que se estaba refiriendo el presidente PPK– debe ser
combatida pues constituye un asalto a la posibilidad de progreso del país,
especialmente de los sectores más pobres.
Y también se
podría entender que el presidente hablaba en sentido figurado. El problema es
que en un país como el Perú, con una ciudadanía harta de la delincuencia, y
donde los esfuerzos del Estado son insuficientes, declaraciones como las de
PPK traen a la memoria esas campañas lamentables de ‘chapa tu choro y déjalo
paralítico’, especialmente ahora que se lanzan al ruedo proyectos políticos
populistas con tono de mano dura.
Mejor es promover
la eficacia policial y de la sociedad en su conjunto para prevenir el delito,
capturar a todos los delincuentes, y juzgarlos de acuerdo con la ley. Y que eso
les quede claro a todos.
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Cuando los cerros bajan
Sinesio López
“Cuando Chacalón
canta, los cerros bajan”, decían los hinchas de uno de los más reconocidos
cantantes de música chicha. “Luego de su partida, los cerros y barrios
continuaron bajando, ahora, supuestamente, por la delincuencia”, escribe
Arturo Huaytaya, quien acaba de publicar, con ese título y con el auspicio
del IDL, un excelente libro sobre la violencia delictual en dos cerros
limeños: San Cosme y El Pino.
La delincuencia y
la cuestión de la seguridad ciudadana son vistos por la gente como los
problemas más importantes del Perú y AL. El Perú tiene una de las tasas más
altas de victimización de AL y el Caribe (LAPOP, 2015) y el temor a ser
víctima en Lima supera a 22 ciudades de las mismas regiones (LAPOP, 2012). La
distribución de la delincuencia y de la víctimas es desigual en el territorio
nacional y en Lima misma. Los robos y los asesinatos culposos son mayores en
la costa que en la sierra y en la selva.
En Lima la
delincuencia está también desigualmente distribuida. Hay distritos y barrios
más seguros y existen otros de alta peligrosidad. Sin embargo, la Policía,
encargada de combatir a la delincuencia, también se distribuye en forma
desigual. Ella tiende a concentrarse, en términos proporcionales con respecto
a la población, en las zonas de mayor seguridad.
San Cosme y El
Pino son pueblos jóvenes que, pese a su diferencia en el tiempo (1946 de San
Cosme y 1972 de El Pino) comparten su cercanía a la ex-Parada, un origen
parecido de formación gradual, ciertas características sociales parecidas y
la misma consideración de barrios peligrosos. Los delitos más frecuentes son
la venta de drogas, los asaltos y los robos. En ambos barrios la delincuencia
está por encima del promedio nacional, pero difieren en su forma e identidad:
Mientras en El Pino la violencia delictiva es más abierta, en San Cosme
existe un cierto “control social” que domina un territorio de influencia.
La venta de droga
y el robo son los delitos más frecuentes en San Cosme que en El Pino, pero en
este la violencia familiar es muy alta. La victimización llega al 43 por
ciento en San Cosme y al 46,2 por ciento en El Pino, cifras superiores al
promedio nacional que era de 29,4 por ciento de la población total (INEI,
2014).
San Cosme y Pino
se encuentran en el distrito de La Victoria, que tiene una de las tasas de población
penal más altas de Lima: 1.223 internos en el 2014. Este mismo año el número
de policías en las comisarías del distrito victoriano llegaba a 308 para una
población de 175.372 habitantes: un policía por 570 victorianos. El número de
muertes violentas es, asimismo, mayor que el del promedio nacional.
http://larepublica.pe/impresa/opinion/864796-cuando-los-cerros-bajan
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Extorsión y libertad de expresión
Diego García Sayán
Las denuncias
contra la congresista Aramayo y su padre por forzar a una autoridad local al
pago de publicidad para su estación de televisión en Puno, a cambio de un
tratamiento favorable, no sería un hecho aislado. Proliferan ejemplos a lo
largo y ancho del país. Ocurre, sin embargo, que muchas veces las personas
afectadas resuelven la amenaza cediendo al chantaje para bloquear, así,
campañas en su contra. Son pocos los que denuncian.
El chantaje y la
extorsión son de las formas más extendidas y sistemáticas de la criminalidad.
Llámese “publicidad” o cupos, es, en esencia, lo mismo. Las maras en
Centroamérica han hecho de esta herramienta una de las más utilizadas por el
crimen organizado. En el Perú ocurre otro tanto en lugares como Chiclayo,
Trujillo o el norte chico, en donde la tranquilidad de operadores de taxis o
mototaxis, por ejemplo, depende de que se “matriculen” –y a tiempo– con el
pago del respectivo cupo.
En el caso que ha
hecho tanto ruido esta semana está de por medio, obviamente, el delito de
extorsión. Esta es una figura delictiva en la que por violencia o amenaza se
“obliga a una persona o a una institución pública o privada a otorgar al
agente o a un tercero una ventaja económica indebida u otra ventaja de
cualquier índole” (Código Penal, Art. 200). No se necesita ser abogado para
entender el Código y darse cuenta de que esta es una modalidad extendida de
criminalidad.
Difícil entender
cómo en el caso de marras la autoridad judicial puneña dejó prescribir el
delito en beneficio de los denunciados Aramayo condenado sólo a un
funcionario para el cual no había prescrito (por ser funcionario). Estaba
comprobado, pues, el delito. ¿Lenidad de la autoridad judicial por temor a un
titular o una campaña? Vaya uno a saber y, por cierto, que sería interesante
que eso se investigara en las instancias internas del Poder Judicial.
Pero no hay solo
extorsión en un caso como este. La víctima del delito en este caso no habría
cedido ante la amenaza. Julián Barra, en ese entonces director ejecutivo del
Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca (PELT) en Puno, se vio, entonces,
atropellado por una campaña en su contra. Que no fue de mera “opinión” sino
muy evidentemente de difamación.
En efecto, en esa
campaña televisiva local contra Barra, entre otras cosas denostaban la
calidad de las conservas de trucha del proyecto PELT clamando en un titular
nada menos que “Puñenos comen excremento”. Afirmación gravísima –no
sustentada– que para una autoridad podría generar un daño mucho más grave en
sus consecuencias que si a Barra, por ejemplo, lo hubieran asaltado a mano armada.
Así, pues, además
de extorsión, se estaría ante otro delito: la difamación, que consiste en
atribuir a una persona “una cualidad o una conducta que pueda perjudicar su
honor o reputación …” (Código Penal, Art. 132). Comentar esto no es un
tecnicismo “abogadil”, sino algo de fondo, pues el bien jurídico con este
delito es otro y muy importante: el honor.
El Estado está
obligado a darle a la ciudadanía los medios judiciales para proteger su
derecho a la honra. Como lo ha establecido en jurisprudencia constante e
invariable, “…no estima contraria a la Convención cualquier medida penal a
propósito de la expresión de informaciones u opiniones”.
Por eso, quien se
vale de su condición de “comunicador” para extorsionar, primero, y para
difamar, después, está cometiendo dos graves delitos y no uno solo. Dar a la
sociedad herramientas apropiadas y efectivas para defenderse de ambos grupos
de delitos es indispensable y eso no está ocurriendo.
Garantizar sus
derechos a la gente frente a la extorsión de todo tipo es reto de hoy.
También dar a la ciudadanía herramientas eficientes y contundentes para
proteger la honra frente a la difamación. Eso no viola la libertad de
expresión sino que, por el contrario, la fortalece y prestigia para que nadie
se valga de ella para extorsionar o difamar.
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Escándalo
Luis Davelouis
Lo que muchos
sospechábamos ha sido confirmado por Marcelo Odebrecht: la firma del
brasileño le entregó US$3 millones a Ollanta Humala para su campaña por
instrucción expresa de Antonio Palocci, detenido desde el 2016 por estar
involucrado en el caso Lava Jato.
Cabe recordar que
Palocci fue un cercano asesor de la desaforada presidenta de Brasil, Dilma
Rousseff, durante la primera mitad del 2011 y es un conocido y viejo operador
del partido de Lula.
Con Humala ya son
4 los ex presidentes investigados, procesados o condenados por hechos de
corrupción presuntamente perpetrados por ellos o durante sus respectivos
gobiernos. Por supuesto, no se trata de una coincidencia; basta mirar a los
gobiernos regionales y municipales para comprobar la confirmación de una tendencia
preocupante no tanto porque los ciudadanos seamos una manga de sonsos que
escogen corruptos una y otra vez, sino porque, en realidad, nadie puede ser
tan tonto.
Esto último
significa o que la corrupción no nos interesa porque ya percibimos metástasis
y todo nos da igual o, peor, porque hemos terminado aceptando a la corrupción
pues ya es parte de nuestra cotidianidad y no solo la toleramos, sino que
hasta la vemos con comprensión: ven a mi casa esta Navidad.
No nos sentimos
incómodos a su alrededor. Uno se encuentra con corruptos comprobados y
algunos que salieron por tecnicismos del tipo “sí, es su voz, sí está
coimeando, pero las pruebas no sirven porque fueron obtenidas de manera
ilícita” y los saludamos como si no fueran esos que le robaron al país y en
particular a los peruanos más pobres y necesitados.
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¿Todo tiene su final?
José Carlos Rojas
El terremoto
político y judicial del Caso Odebrecht sigue desnudando nuestros graves
problemas como sociedad y sistema político. En los últimos días, el Callao ha
sido el centro de atención a raíz de la detención de su gobernador regional,
Félix Moreno, y las serias acusaciones de corrupción contra otras autoridades
como el general Walter Mori, vicegobernador regional. Ambos pertenecen al
movimiento político Chim Pum Callao, cuya hegemonía política electoral data
de hace más de dos décadas.
Como ninguna otra
organización, Chim Pum Callao ha sabido consolidarse como una marca sin
parangón en la política peruana. Mientras todos los demás partidos son
campeones de la volatilidad y fragmentación electoral, este movimiento
político repite el plato elección tras elección. Buena parte de la opinión
pública se pregunta si la prisión de Moreno será suficiente para la
definitiva derrota de este poderoso acorazado político. No quiero pecar de
pesimista y malagüero, pero tengo serias dudas de que la población se libre de
estos ‘chimpuneros’ chalacos tan fácilmente.
¿Y cómo lo hace…
cuál es el negocio? Los elementos que fueron claves en el éxito de este
movimiento se mantienen con buena salud. Esto es, la captación de un grupo de
políticos hábiles (para el contexto de una democracia sin partidos) y la
construcción de una maquinaria política con redes de alianzas en las esferas
públicas y privadas (donde el pragmatismo y clientelismo son el corazón de su
práctica). En este sentido, si cae uno, ahí están los demás para reemplazarlo
casi con la misma eficacia. Los nombres pasan, la maquinaria queda.
Una prueba de
fuego fue el alejamiento de Álex Kouri, su líder fundador, de las lides
electorales chalacas (pues se proyectó a cruzar la avenida Faucett y
participar en la arena política limeña y nacional). No le fue bien, pero
siempre fue su objetivo principal competir en las ligas mayores. Pasar del
Sport Boys al Alianza Lima. Sin el carisma de Kouri, se pensaba, era cuestión
de tiempo que Chim Pum Callao mermara su eficacia política.
Pero eso no
sucedió, pues ya eran un equipo consolidado y no dependían de un solo jugador
talentoso. No obstante, como era de suponerse, se desató una lucha interna
por los puestos principales en el movimiento. Dos facciones, que encarnaron
Juan Sotomayor y Félix Moreno, se disputaron la supremacía. Ganó Moreno con
el apoyo de Kouri. Sin grandes dotes de orador y con poco carisma frente a la
población chalaca, Moreno supo construirse un espacio de poder y mantuvo las
alianzas que Kouri construyó en muchos años. Además, se vendía como una
persona seria y ejecutiva, a diferencia de Sotomayor al que tildaban de
veleta y folclórico.
La caída de Moreno
abrirá paso a un sector de las canteras ‘chimpuneras’ relegadas o a la
consolidación de otros pesos pesados. Si la salida y prisión de Kouri no
melló en la eficiencia de la organización, la de Moreno tampoco tendría por
qué hacerlo, salvo que el meteorito judicial los alcance a todos y
desaparezcan como marca política. Incluso si esto pasara, el legado nefasto
de hacer política de Chim Pum Callao perdurará un buen tiempo más, con
nombres y logos distintos.
El caso del Callao
plantea retos enormes respecto de la consolidación del Estado nacional y
subnacional. Toda la corrupción que se está conociendo no sería posible sin
la participación y complicidad de otras esferas del propio Estado. Por ello,
sin una reforma clara en los ámbitos fiscal, judicial y policial, la realidad
política y social continuará por esta senda de la antipolítica y corrupción
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La reelección en Paraguay
Roberto Heimovits
El 31 de marzo,
manifestantes incendiaron el Congreso en Asunción en protesta contra un
proyecto de ley que permitiría al presidente Horacio Cartes, cuyo mandato
termina en el 2018, buscar la reelección inmediata para un segundo período de
5 años. El proyecto fue aprobado en el Senado por estrecho margen, y ahora
está pendiente en la Cámara de Diputados, donde el Partido Colorado de Cartes
tiene mayoría.
El presidente de
la Cámara, Hugo Velásquez, dijo el jueves 6 que esta no tratará la reelección
“antes de Semana Santa”. Pero añadió que “hay muchísima gente a favor”.
La situación en
Paraguay vuelve a llamar la atención sobre uno de los temas más interesantes
en política, particularmente en aquellos países democráticos con régimen
presidencialista: ¿se debe permitir la reelección inmediata?
En principio, esta
no necesariamente sería mala. Más bien, daría a un presidente que está
gobernando acertadamente la oportunidad de continuar y así en dos períodos
consecutivos mejorar su país sustancial y duraderamente.
Quizás es por eso
que en Estados Unidos se permite la reelección inmediata (aunque por una sola
vez) y también en Francia desde el 2008.
Sin embargo, en
países que no tienen instituciones fuertes y una tradición democrática larga
y sólida, la reelección inmediata podría convertir al presidente en dictador.
Aun en circunstancias normales, un presidente suele tener mucho poder para
influir en las elecciones: el control del presupuesto, el nombramiento de
funcionarios importantes, la distribución de la publicidad estatal, etc.
Históricamente,
América Latina ha tenido muy malas experiencias con la reelección, porque fue
usada como uno de los principales mecanismos para establecer largas
dictaduras. Son notorios los casos de Porfirio Díaz en México, quien gobernó
casi ininterrumpidamente de 1877 a 1910, y de Leonidas Trujillo en República
Dominicana, de 1930 a 1961. Es así como la reelección –inmediata o en
general– fue vista en la región cada vez más como un peligro para la democracia,
y se trató de prohibirla en algunos países.
Así, luego de las
reelecciones de Leguía que le permitieron gobernar nuestro país de 1919 a
1930, el artículo 142 de la Constitución de 1933 no solo prohibió la
reelección consecutiva, sino que declaró que “esta prohibición no puede ser
reformada ni derogada” y que aquellos congresistas que pretendieran hacerlo
“cesarán… en el ejercicio de sus cargos y quedarán permanentemente
inhabilitados”.
Paraguay sufrió
particularmente por la reelección, que permitió al general Alfredo Stroessner
–del mismo partido que Cartes– perpetuarse en el poder desde 1954 a 1989,
convirtiéndose así en el dictador más duradero en América Latina, luego de
Fidel Castro (1959-2011). Quizás por eso, la Constitución de 1992 prohibía la
reelección, inmediata o no.
A pesar de la
amarga experiencia histórica, en los últimos años la reelección inmediata
volvió a aparecer en América Latina, aprobándose en el Perú (1993), Argentina
(1994), Brasil (1997), Colombia (2004), Bolivia (2009) y de manera indefinida
en Ecuador (2015).
Resalta el caso de
Venezuela, donde Chávez impulsó un referéndum que aprobó en el 2009 la
reelección indefinida de todas las autoridades, incluyendo la suya. Cabe
resaltar aquí el rol de los referendos y plebiscitos como herramientas que
usan los presidentes que quieren reelegirse para superar la oposición del
Poder Legislativo o Judicial.
Nada impide que en
América Latina surjan presidentes honestos y capaces, cuya reelección
inmediata –por un período– beneficiaría a sus países. Pero como se ha visto,
los riesgos para la continuidad democrática son muy grandes. Los diputados
paraguayos harían bien en considerar eso. Quizás la alternativa menos mala
sea el modelo seguido por Chile desde 1990: reelección sí, pero no inmediata,
y partidos y coaliciones sólidos que puedan aplicar el mismo programa de
gobierno a lo largo de presidencias distintas.
http://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/reeleccion-paraguay-roberto-heimovits-noticia-1983635
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