OPINIONES 27/03/2017

De Twitter a la cárcel - Andrés Calderón
¿Esta tierra es mi tierra? - Humberto Campodónico
Fujimorismo de izquierda - Luis Davelouis
La importancia del agua y de sus trabajadores - Arturo Rodríguez
Una de oxígeno, dos de hidrógeno - Mirko Lauer
Una historia en espera de un final - César Azabache
Dos terroristas matan a inocentes en una semana, pero sólo uno de ellos aparecerá como terrorista - Iñigo Sáenz de Ugarte
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 De Twitter a la cárcel

Andrés Calderón

¿Puedo ir preso por tuitear noticias falsas sobre huaicos y desbordes? ¿Qué pasa si el post que colgué en Facebook anunciando que Sedapal había decidido cortar el agua por cinco días consecutivos estaba equivocado? ¿Y si compartí con mi grupo de WhatsApp ese audio que alertaba falsamente de saqueos en la ciudad?

“Mininter denunciará por delito contra la tranquilidad pública a quienes difundan información falsa que genere zozobra en redes sociales” es lo que anunciaba la cuenta de Twitter del Ministerio del Interior hace algunos días, y el mensaje que repetía un spot televisivo del gobierno.

La divulgación de información falsa en épocas de emergencia es un problema serio. Más allá del tiempo que se pierde desmintiendo rumores errados, estos pueden motivar conductas irracionales (comprar excesivamente agua y víveres, por ejemplo), provocar inseguridad ciudadana y afectar la reputación de las autoridades al generarse la sensación de una situación de crisis que las desborda.

De otro lado, hay quienes critican que el Ejecutivo “priorice la judicialización de rumores de saqueo” (Carlos Meléndez, El Comercio, 25/3/17). Lo cual me lleva a plantear dos preguntas que intentaré responder sucintamente aquí: ¿Es legalmente posible condenar a alguien (un tuitero común y silvestre, digamos) por compartir información falsa? y ¿debería el Ejecutivo perseguirlos penalmente?

Empecemos por responder que sí hay un delito (grave perturbación de la tranquilidad pública), previsto en el Código Penal desde el 2013, que castiga la difusión masiva de “la inminente realización de un hecho o situación falsa o inexistente, relacionado con un daño o potencial daño a la vida e integridad de las personas o de bienes públicos o privados”. El anuncio por redes sociales de un falso saqueo o un inexistente corte de agua calzaría dentro de la figura.

Creo, sin embargo, que esa ley tiene varios problemas que la hacen inconstitucional. En primer lugar, está la criminalización de cualquier difusión de información errónea, aun cuando no haya malicia de por medio. Me explico: alguien puede publicar una alerta creyendo que era verdadera, pero resultaba equivocada. La ley no hace distinción alguna. Troles e ingenuos, todos a la reja.

La mayoría de países que protegen la libertad de expresión no castiga la sola difusión de información falsa. Incluso en los casos de difamación –donde hay un componente adicional de afectación de la reputación ajena– se exige una actitud dolosa (propagar algo falso a sabiendas de que lo es) o una irresponsable despreocupación por la verdad (‘reckless disregard for the truth’). ¿Por qué? Porque si sancionáramos cualquier divulgación de información falsa o errónea, muchas personas dejarían de emitir opiniones o compartir información correcta bajo el temor de que, si se equivocan, serían penadas. Necesitamos tolerar el error y la falsedad inocentes para resguardar la libertad de expresión.

Otro problema es la vaguedad y amplitud del delito. ¿Toda información falsa puede alterar la tranquilidad pública? ¿Basta cualquier daño potencial, así sea mínimo? ¿Da lo mismo que un medio de prensa anuncie un saqueo que un tuitero con 50 seguidores diga incorrectamente que su vecino no tiene agua? Si así fuera, preparémonos para la verdadera sobrepoblación carcelaria.

Lo que me lleva a la segunda pregunta. Con una mala ley, el gobierno no debería perseguir a todos los que difunden información falsa. Quizá solo (y civilmente) a quienes actúan dolosamente. Y más importante que anunciar que castigarán a los que crean psicosociales, es identificarlos y exponerlos públicamente. Eso podría generar mayor tranquilidad en la ciudadanía, al constatar con casos reales que ese chisme que se aprestaban a compartir era falso y malicioso.

http://elcomercio.pe/opinion/mirada-de-fondo/twitter-carcel-andres-calderon-noticia-1979198

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¿Esta tierra es mi tierra?

Humberto Campodónico

Se podría pensar que el avance de las relaciones capitalistas haría que la mayor parte de las tierras les pertenezca a personas con títulos individuales de propiedad. Por tanto, las venden, las compran y las arriendan según su libre albedrío. El mercado de tierras sería igual al mercado inmobiliario, de autos o de cualquier bien transable.

¿Es esto así? ¿Es también el caso del Perú? Veamos antes cuál es la tendencia mundial, a partir de lo que nos dice el Informe 2015 de la Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI, en inglés) que incluye datos sobre 64 países con 10,600 millones de hectáreas (Mha), el 82% de la superficie terrestre mundial (1). De ese total, solo 1,939 Mha (el 18%) está oficialmente reconocida (OR) como tierra bajo la propiedad o el control de las comunidades locales y los pueblos indígenas.

Aquí la clave está en “oficialmente reconocida”. Dice RRI que se calcula que las comunidades y pueblos indígenas poseen hasta el 65% de la superficie terrestre. Pero muchos gobiernos solo reconocen oficialmente los derechos sobre una parte mínima de esas tierras. Este es un factor decisivo en los conflictos sociales de muchos países e influye, por ejemplo, en inversiones que no se llegan a realizar, así como en la degradación ambiental, la extinción de culturas y, ojo, el cambio climático actualmente en curso. Hay una explicación metodológica indispensable y mucha más data relevante, que no podemos tocar aquí.

El caso peruano es singular. Dice el informe que los pueblos indígenas de Perú tienen 35.29 millones de hectáreas, Mha, (el 28% del territorio nacional) oficialmente reconocidas. Pero, agrega el Instituto del Bien Común (2), con sede en Lima, hay 26.8 Mha adicionales que no están reconocidas. Esto elevaría el total de la propiedad de tierras de comunidades y pueblos indígenas a nada menos que el 49%.

Agrega el IBC que en plena era digital, cuando el Ministerio de Energía y Minas tiene perfectamente registradas las casi 55,000 concesiones mineras en un sistema catastral moderno completamente georreferenciado, no existe una base de datos oficial sobre los linderos de las 10,500 comunidades indígenas del Perú.

Según COFOPRI, solo el 6.7% de las comunidades nativas y el 38.5% de las comunidades campesinas cuentan con la georreferenciación oficial de sus linderos (3). ¿Dos varas y dos medidas? Aunque, en verdad, la georreferenciación está también bastante ausente en la propiedad “moderna”, lo que abona el terreno para los traficantes de tierras.

La discusión de fondo tiene que ver con la propiedad comunal y el desarrollo. Para los neoliberales, las “tierras comunes” deben ser abolidas para tener un mercado de tierras. Consideran que la cosmovisión indígena y amazónica, basada en principios de solidaridad (yo te doy para que tú me des) y de acercamiento a la naturaleza lo único que hace es perpetuar el atraso.

Para las comunidades amazónicas y nativas no se trata de ignorar o rechazar el mercado, sino de ver la mejor manera de relacionarse con él, a la vez que preservan sus propiedades, derechos, tradiciones y conocimientos ancestrales (claves en la diversidad biológica y la propiedad intelectual). Resolver esa ecuación no es fácil, claro está, pero sí queda claro –sobre todo a partir del “baguazo”– que la fuerza no resuelve nada.

Pero la lección no se ha aprendido porque continúa la imposición vertical del gobierno contra las comunidades, lo que se ha visto en los “paquetazos ambientales” (sobre todo la Ley 30230) que retroceden en la consulta previa, el respeto a la organización comunal, el ordenamiento territorial y la casi abolición de la Zonificación Ecológica y Económica.

Esta discusión ancha y ajena ha sido ampliamente debatida desde fines de la década del 20 del siglo pasado, pero no hay aún consensos. Seguro se va a retomar con la reconstrucción y no faltarán quienes planteen, como De Soto, que las comunidades deben tener derecho a tener los títulos de sus tierras y, también, a ser propietarias del subsuelo. ¿Para qué plantea esto De Soto? Para que las comunidades negocien directamente con las mineras y petroleras. Volveremos sobre esos temas, sin olvidarnos que la propiedad comunal es un tema global en una época de cambio climático global, como nos dice el Informe de RRI.

(1) ¿Quién ejerce el control sobre la tierra en el mundo?, en https://rightsandresources.org/wp-content/uploads/Spanish_GlobalBaseline_complete_web.pdf

(2) “Tierras comunales: Más que preservar el pasado es asegurar el futuro”, en http://www.ibcperu.org/wp-content/uploads/2016/05/Informe-2016-TIERRAS-COMUNALES_lg.pdf

(3) A nivel internacional la georreferenciación de las tierras de los pueblos y comunidades indígenas tiene grandes niveles de avance, a partir del impulso de Landmark, La Plataforma Global de Tierras Indígenas y Comunales, que las mapea y documenta dentro de una sola plataforma global. Ver www.landmarkmap.org.

http://www.larepublica.pe/impresa/opinion/859612-esta-tierra-es-mi-tierra

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Fujimorismo de izquierda

Luis Davelouis

La historia no oficial dice que, entre el Banco Mundial, el FMI y el Club de París, a Alberto Fujimori le “enyucaron” el consenso de Washington como condición para reinsertar al Perú en la economía global. Alan García nos había dejado al borde de convertirnos en un estado inviable y tocaba hacer los ajustes que los dueños de las billeteras exigían.

Esos fueron el ultra paquetazo (“… y que Dios nos ayude”), la ultra disciplina fiscal, autonomía del BCR, reestructuración feroz de la deuda y compromisos de pago leoninos (bonos Brady) y remate de empresas públicas (a real y con comisión), entre otras perlas.

Ese jamás fue el espíritu de Alberto, quien solo era populista de puro pragmático. De hecho, y estirándolo, su discurso se parecía más al de la izquierda que al de la derecha. Superioridad moral, pragmatismo y bienestar: Honradez, tecnología y trabajo contra “libertad”.

Inicialmente se vio obligado a presentarse como un conservador en lo social por sus alianzas con los evangelistas, pero los sacudió apenas pudo. La fe y el pragmatismo no suelen llevarse particularmente bien.

También era práctico cerrar el Congreso, infiltrar y destruir todas las instituciones del Estado para obtener control total. Pan y circo. Lampa y poncho. Tractor y botas de jebe. Compra de congresistas y medios de comunicación. La plata era lo de menos, eso se arregla de cualquier manera.

Mil fotos al lado del pueblo. El “chino” es del pueblo. Keiko, su rala tolerancia a que le digan “china” y sus fiestas de US$1,000 por entrada, no tanto.

El heredero de ese Alberto Fujimori es Kenji, no Keiko. Keiko es, en la cabeza de muchos fujimoristas, una perdedora obsesionada hasta la locura con la obtención del poder a cualquier precio y cualquier costo. Incluso la vida de su padre. Keiko los asusta.

A Kenji también.

http://peru21.pe/opinion/luis-davelouis-fujimorismo-izquierda-2275479

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La importancia del agua y de sus trabajadores

Arturo Rodríguez

Desde hace unas semanas la costa peruana viene siendo azotada por el fenómeno del “Niño Costero”, lluvias torrenciales, desborde de ríos, huaicos, continúan haciendo estragos en el norte de nuestro país. Lima no ha quedado exenta de la tragedia al punto que los huaicos han afectado seriamente el servicio de agua por parte de SEDAPAL.

Está circulando un video por redes sociales donde puede apreciarse a trabajadores de SEDAPAL realizando denodados esfuerzos para cernir los canales de alimentación de la atarjea que, debido a los deslizamientos de lodo y desechos han sobresaturado la capacidad de captación de agua, lo cual es la causa del desabastecimiento que estamos padeciendo.

En dicho video podemos apreciar también otros trabajadores, de empresas contratistas, desplegando el mismo esfuerzo, a quienes de seguro también les falta agua en sus casas, pero que sin embargo tienen que “fajarse” para que usted amigo lector pueda tener cuando menos unas pocas horas de agua al día, pertenecen a las diferentes contratistas que brindan servicio para SEDAPAL.

Gracias a este concepto denominado “descentralización productiva” una empresa puede encargar parte de su producción a otra tercera, lo cual se conoce como Tercerización Laboral, esto en la práctica genera trabajadores que, a pesar de realizar muchas veces la misma labor que los de la empresa principal, perciben la mitad o hasta la tercera parte de la remuneración respecto de los primeros.

Es el caso de Gino, Juan, José. Puedo dar fe de la dedicación y esmero que ponen a su trabajo, pero que sin embargo, a pesar que vienen laborando más de 10 años ininterrumpidamente, dada su condición de “tercerizados”, aunado al sueldo disminuido que perciben, su situación laboral siempre será precaria dado que no saben qué pasará el día que la empresa que los ha contratado pueda perder la licitación con SEDAPAL.

En estos días en que la naturaleza nos ha demostrado su fuerza debido al cambio climático y que todos reclamamos una mayor atención por parte de SEDAPAL, debemos anotar que la empresa hubiera afrontado en mejores condiciones la situación de no ser por el descuartizamiento que ha venido sufriendo los últimos años, producto de la tercerización (privatización) de diversas áreas productivas, promovido por Proinversión.

El pasado 22 de marzo se conmemoró el Día Mundial del Agua, motivo por el cual el Sindicato de Trabajadores de SEDAPAL SUTESAL, junto con la FENTAP, sindicatos de las EPS en provincias, organizaciones sociales, han realizado una serie de actividades exigiendo el fin al intento privatizador de las empresas del Agua, conforme el compromiso asumido por PPK en campaña, pero que ahora pareciera haber olvidado, que el Estado asuma su obligación de fortalecer las Empresas de Agua; la tragedia que venimos atravesando nos ha demostrado la importancia del agua así como la necesidad que esta sea un servicio público, brindado por empresas modernas y eficientes.

http://diariouno.pe/columna/la-importancia-del-agua-y-de-sus-trabajadores/

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Una de oxígeno, dos de hidrógeno

Mirko Lauer

El aumento en la aprobación ciudadana del gabinete era previsible. La manera en que el Ejecutivo salió al campo a movilizar recursos de ayuda a la población para enfrentar los efectos El Niño costero fue de gran impacto. De un día para el otro una administración invisible se convirtió en una gestión de alta visibilidad.

Por lo tanto no le tomó mucho tiempo a Pedro Pablo Kuczynski entender que no se precisa un zar, sino que es el propio primer ministro quien debe conducir la reconstrucción. Después de todo es Fernando Zavala quien viene coordinando las tareas de la emergencia, y liderando el equipo ministerial.

La reacción del público en la encuesta GfK, un avance de 7%, está lejos de ser una a la aclamación, pero sí es un reconocimiento, que coloca a Zavala y al gabinete por encima del 30%. Incluso hay dos puntos de mejoría para PPK, al que se ve como una figura aparte. Luz Salgado subió 5% en el mes, quizás por algo llamable el efecto Vizcarra.

Por si hubiera dudas sobre que huaicos y desbordes están definiendo aprobaciones en estos tiempos, la aprobación de Luis Castañeda cayó 13%. No hay encuestas tan detalladas, pero en las zonas afectadas el nuevo descrédito de los alcaldes debe ser mucho mayor. Lo cual mueve a preguntas sobre lo que será la topografía electoral del 2018.

¿Podrá el Ejecutivo mantener el ritmo? Por el momento no tiene otra opción, pues El Niño costero se sigue proyectando más allá de los pronósticos. Pero pronto la clave del éxito político se va a trasladar al post-Niño: un plan de acción que convenza a la población y que a la vez sea resistente a la oposición.

Lo anterior significa pasar del cortísimo plazo de las urgencias al largo plazo de los planes bien pensados. Lo cual a su vez exige por fuerza acuerdos trans-partidarios, y la incorporación de especialistas a algunas decisiones finales sobre vastas áreas del país. Algo que no hemos tenido en anteriores catástrofes, donde el cortoplacismo demostró de lo que era capaz.

La mayor aprobación al gabinete puede ser una bendición a medias. Pues el futuro va a exigir algunas medidas impopulares, ante las que no va a tener sentido cuidar la aprobación.

http://www.larepublica.pe/impresa/opinion/859609-una-de-oxigeno-dos-de-hidrogeno

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Una historia en espera de un final

César Azabache

Junio de 1986. En tiempos del primer gobierno del presidente Alan García fueron debelados tres motines terroristas en Lima y en el Callao. Los motines fueron organizados simultáneamente por el senderismo para evitar un traslado masivo de internos programado por el gobierno por razones de seguridad.

Debelar un motín no constituye, por sí mismo, nada semejante a un crimen. De hecho, es la reacción esperada por la ley cuando quienes están en prisión usan la violencia. Pero, en este caso, el equipo de la policía que intervino en el llamado Pabellón Industrial del penal de Lurigancho abatió a la mayoría de los terroristas amotinados después de haber recuperado el control de la zona. El escándalo que provocó esta torpeza innecesaria, denunciada por el propio presidente García, se multiplicó cuando aparecieron evidencias que podrían confirmar que en El Frontón pudo pasar algo semejante, también después de que los terroristas amotinados fueron neutralizados.

El caso del Pabellón Industrial concluyó por sentencia del 7 de julio de 1990, ratificada el 16 de octubre del 2001. El caso del penal El Frontón ha tomado más de 30 años sin que hasta ahora nadie adopte una decisión definitiva sobre los hechos.

Jamás ha sido buena idea limitarse a bloquear, eludir o postergar debates tan serios como este. Ganar tiempo vacío de contenido es siempre un pésimo negocio. Hicimos exactamente lo mismo en el caso Chavín de Huántar, en el que los testimonios de los propios agentes de policía que intervinieron en la parte final del rescate condujeron a justificar una acusación por el posible abatimiento del terrorista Cruz Sánchez después del rescate.

En ese caso, cambiamos jueces y anulamos juicios hasta que la Corte Interamericana nos condenó por la demora. Y la demora costó a una persona en concreto: Jesús Zamudio, coronel del Ejército ahora en retiro, 13 años de vida en la clandestinidad. Jesús Zamudio, contra quien se presentaron cargos muy serios por cierto, fue absuelto en enero del 2016. Pero podría haber escuchado esa sentencia también 10 años antes. ¿Realmente creemos que alguien gana algo postergando las cosas de esta manera?

La Corte Interamericana ordenó que el Caso El Frontón sea llevado ante un tribunal independiente en enero de 1995. Volvió a ordenarlo en agosto del 2000. Las investigaciones del Ministerio Público comenzaron en el 2001. La primera versión de la acusación fue presentada al Poder Judicial en enero del 2013. En junio de ese año, el Tribunal Constitucional ordenó que el proceso llegue a juicio y se adopte una decisión definitiva sobre los hechos sin considerar los plazos de prescripción. El tribunal fue claro entonces en ordenar que se proceda de esta manera incluso aunque las reglas sobre los crímenes de lesa humanidad no fueran aplicables. Y no lo eran para tres de los cuatro magistrados que intervinieron en el debate, como el propio tribunal ha precisado en estos días. El caso debe llegar a juicio, porque el retraso registrado aquí no admite justificación alguna.

Cuatro años después seguimos enredados en discusiones preliminares.

Pésima idea postergar el debate por tanto tiempo. Los más de 30 años consumidos en bloqueos, aplazamientos y demoras les han costado a seis oficiales y a 29 suboficiales de la Marina la mitad o más de la mitad de sus vidas. ¿Para recibir qué a cambio? ¿Treinta años de incertidumbre no son, prácticamente, una condena encubierta?

De hecho hay cosas que merecen ser discutidas también a favor de la defensa. Hay un testigo que confirma los cargos, pero la fiscalía ha incluido en la acusación a cinco miembros de las Fuerzas Especiales que no intervinieron en los disparos. La acusación sostiene que ellos deben responder por el uso de explosivos en la toma de control del Pabellón Azul. En octubre de 1987, el auditor general de la justicia militar calificó el uso de estos explosivos como un exceso. Pero aun así no encuentro que este hecho pueda relacionarse con la tesis de los disparos en que se basa el caso.

También encuentro excesivo solicitar condenas por 25 o 30 años. Para justificar el pedido, la acusación ha calificado los hechos como un homicidio por ferocidad. Pero no encuentro cómo pueda emplearse esta construcción aquí. Además, el tiempo transcurrido desde el inicio de las investigaciones es tan extenso que debería tener algún efecto sobre el tamaño de las condenas propuestas a debate. Este caso ha demorado demasiado también en perjuicio de los acusados. Y no encuentro que ellos, exclusivamente ellos, deban responder por la demora.

Las heridas abiertas no cierran simplemente porque dejemos de mirarlas. Cierran cuando nos concedemos el espacio necesario para dejarlas cicatrizar.

http://elcomercio.pe/opinion/columnistas/historia-espera-final-cesar-azabache-noticia-1979182

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Dos terroristas matan a inocentes en una semana, pero sólo uno de ellos aparecerá como terrorista

Iñigo Sáenz de Ugarte

James Harris Jackson, un exmilitar de 28 años, odiaba a los negros y quería demostrarlo con un asesinato. El viernes de la semana pasada, se subió a un autobús en Baltimore para hacer un viaje de 300 kilómetros hasta Nueva York. ¿Por qué tan lejos? A los policías que le interrogaron les dijo que esa ciudad es "la capital del mundo para los medios de comunicación". "Quería que fuera como una gran declaración pública", explicó William Aubry, jefe de detectives de la Policía de Nueva York en Manhattan.

En la noche del lunes eligió a su víctima en el cruce de la 36 con la Novena Avenida. Fue una decisión aleatoria. Tres manzanas antes, se había fijado en otra persona. A las 23.30, vio a Timothy Caughman, un hombre de raza negra de 66 años, y le clavó una espada con una hoja de 45 centímetros. La espada entró por el pecho por encima del corazón y salió por la espalda. La víctima pudo andar dos manzanas hasta llegar a una comisaría cercana. En el hospital no pudieron salvarle.

Caughman vivía en un albergue para los sin techo y se ganaba la vida reciclando botellas y latas. Tenía una cuenta de Twitter y le encantaba hacerse fotos con famosos del cine y la televisión. El día de las últimas elecciones, se fotografió orgulloso antes de votar.

Al día siguiente del crimen, Jackson visitó la Biblioteca Pública de Nueva York para leer por internet noticias sobre la muerte de Caughman. El miércoles por la mañana, se entregó en una comisaría. En principio, la policía le acusa de asesinato en segundo grado, pero confía en que la investigación permita clasificar el crimen como un delito de odio premeditado –por motivos raciales– con lo que podría terminar acusándole de asesinato en primer grado.

El asesinato racista de Caughman no apareció en medios españoles o europeos (en Nueva York hubo 335 homicidios en 2016, una cifra históricamente muy baja), sí en la prensa de la ciudad norteamericana a partir del jueves (ocupando la portada del Daily News).

Jackson pasó tres años en el Ejército y estuvo casi un año destinado en Afganistán. No formaba parte de ninguna organización terrorista y no aparecerá definido como terrorista en ningún sitio. Estaba motivado por una ideología de odio, no le importaba quién fuera en concreto su víctima y quería que su crimen tuviera la máxima repercusión para enviar un mensaje a toda la sociedad (de ahí que se desplazara hasta Nueva York).

El autor del atentado de Londres

No se conocen muchos datos aún de Khalid Masood, un británico de 52 años que vivía en Winson Green, en la periferia de Birmingham. El miércoles, alquiló un todoterreno en Birmingham y condujo hasta Londres, a 190 kilómetros. Allí arrolló a un grupo de peatones en el puente de Westminster y mató a tres personas: Aysha Frade, una profesora de 43 años, Kurt Cochran, un turista norteamericano, y Leslie Rhodes, un jubilado de 75 años. Masood salió del coche y asesinó con un cuchillo al policía Keith Palmer, de 48 años, antes de ser abatido a tiros por otros agentes.

El ataque –con cuatro muertos y cerca de 30 heridos– fue calificado de inmediato como atentado terrorista por la policía y los medios. Ocurrió junto al Parlamento en una de las zonas más vigiladas y más visitadas por los turistas en Londres y, por el atropello en el puente, recordaba a los atentados de Niza y Berlín, aunque a una escala mucho menor.

Khalid Masood tenía numerosos antecedentes delictivos entre 1983 y 2003, sin relación con el terrorismo, pero ninguno desde entonces. Theresa May dijo en el Parlamento que el MI5 lo había investigado años atrás, pero no lo había considerado una amenaza seria. Se sabe que vivía con su pareja y tenía un hijo de cinco años. Sus vecinos hicieron las declaraciones de costumbre diciendo que era una persona normal y agradable. Era británico. Había nacido en Kent. Por lo que se sabe de él, no formaba parte de ninguna organización terrorista.

Es muy posible que se sintiera motivado por la ideología de ISIS u otro grupo yihadista, de la misma forma que Jackson se sentía inspirado por décadas de odio racista.

El párrafo anterior dedicado a Jackson se podría aplicar casi de forma literal a Khalid Masood: estaba motivado por una ideología de odio, no le importaba quién fuera en concreto su víctima y quería que su crimen tuviera la máxima repercusión para enviar un mensaje a toda la sociedad. De ahí que no se limitara a matar a alguien en Birmingham con el vehículo, sino que se desplazó hasta Londres, al corazón del poder político británico e intentó entrar en el Parlamento para seguir matando.

La realidad de la cobertura sobre terrorismo en EEUU

Cuando la Administración de Trump afirmó que los medios de comunicación no estaban informando sobre algunos atentados terroristas –dando a entender que se estaba subestimando la amenaza yihadista–, tres académicos de la universidad de Georgia State hicieron un estudio basado en datos, es decir, en la realidad, y llegaron a la conclusión opuesta. La cobertura de los medios de comunicación tiende a sobrerrepresentar allí los atentados cometidos por musulmanes, en especial si han nacido fuera de EEUU.

"En un estudio reciente, descubrimos que los medios informativos no cubren todos los atentados terroristas de la misma manera. Por el contrario, ofrecen una cobertura extremadamente superior a los atentados cometidos por musulmanes, en especial, musulmanes nacidos en el extranjero, incluso cuando son menos habituales que otro tipo de atentados terroristas", escribieron en The Washington Post.

Contabilizan 89 atentados en EEUU entre 2011 y 2015 basándose en el Global Terrorism Database. El 12,4% fue ejecutado por musulmanes. De esos 89 ataques, 24 no recibieron ninguna cobertura, más allá de lo que saldría en medios locales. Los cometidos por musulmanes tuvieron el 44% de la cobertura periodística. "En sólo el 5% de todos los atentados terroristas, el autor era musulmán y además nacido en el extranjero, pero esos cuatro atentados recibieron el 32% de toda la cobertura".

Más números. De media, un atentado cometido por un musulmán aparece en 90,8 artículos. Si es un musulmán extranjero, en 192,8 artículos. El resto es mencionado en 18,1 artículos.

El artículo recuerda que la cobertura se ve afectada también por otros factores, como el número de víctimas o las menciones a la investigación y el juicio si el autor es detenido. Aun así, llega a la conclusión de que si el acto terrorista es obra de un musulmán, recibe de media en EEUU una cobertura 4,5 veces superior a otros casos.

Más allá de los datos, hay múltiples factores que considerar. Los intereses políticos en destacar la gravedad de unas amenazas sobre otras. El peso de las guerras de Oriente Medio y su capacidad para trasladar su violencia a Europa. Las intervenciones militares occidentales en Irak, Siria, Afganistán, Yemen y otros países musulmanes desde 2001. Las razones con las que se justifica el aumento de los poderes del llamado Estado de la vigilancia y el recorte que supone para los derechos civiles. Los atentados cometidos en grandes capitales europeas que han olvidado la frecuencia mucho mayor de ataques terroristas en los años 70 y 80. Todo eso influye de forma inevitable en la cobertura de los medios y la percepción de la opinión pública de esa amenaza.

Dos hombres diferentes

Khalid Masood es considerado por políticos y medios de comunicación un terrorista, y hubiera sido juzgado como tal si estuviera vivo. Jackson es considerado un asesino, uno más en la lista de crímenes que se cometen cada año en Nueva York y por el que recibirá un larga pena de prisión.

El caso de James Harris Jackson no suscitará un debate nacional en EEUU sobre la amenaza del terrorismo. No provocará acusaciones contra la comunidad social o étnica a la que pertenece. No será utilizado por algunos políticos para alertar sobre el peligro que suponen no ya los yihadistas, sino todos los musulmanes. No será utilizado por el Gobierno de Trump para justificar sus medidas contra la inmigración.

Hay crímenes muy similares, pero por una serie de razones se nos presentan como completamente diferentes cuando en el fondo no lo son.

http://www.eldiario.es/internacional/terrorismo-Londres-periodismo-racismo_0_625388661.html

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