OPÍNIONES 17/02/2017

 

Adiós a la recuperación anticipada - Iván Alonso

Alan vuelve - Marco Sifuentes

Corrupción y regulación APP - Germán Alarco Tosoni

Cultura de la sospecha - Augusto Álvarez Rodrich

Estados Unidos:  ¿La rebelión del Estado contra el Gobierno? - Santiago Pedraglio

La república cleptocrática (I) - Agustín Haya de la Torre

Lo que falta - Luis Davelouis

Lula favorito, ¿cómo así? - Mirko Lauer

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Adiós a la recuperación anticipada Iván Alonso De los tres puntos porcentuales de reducción del impuesto general a las ventas (IGV) que Peruanos por el Kambio ofreciera en la campaña electoral hemos pasado a una reducción condicionada de un puntito solamente. El 1° de julio el IGV bajará a 17% si es que al terminar el mes de mayo la recaudación por concepto de este impuesto alcanza, por lo menos, el 7.2% del producto bruto interno. Para el cálculo se usará la recaudación neta de devoluciones, que el año pasado saltaron en más de cuatro mil millones de soles, complicándole la vida al fisco. Una parte de esas devoluciones se debe al régimen de “recuperación anticipada”, cuyo origen es el siguiente. El IGV es un impuesto al valor agregado, o sea, un impuesto que grava lo que se va agregando al valor de un producto en cada etapa del proceso de producción. Piense usted en la sombrilla que se acaba de comprar para la playa. Una empresa compra aluminio y lo convierte en tubos; otra compra tela y la corta en redondelas; una tercera compra los tubos y las redondelas para hacer sombrillas y vendérselas al público. La diferencia entre lo que cada una paga a sus proveedores y lo que recibe de sus clientes es su valor agregado. Un impuesto al valor agregado, como el IGV, grava exactamente el valor del producto final, porque el valor del producto final no es sino la suma del valor agregado en cada etapa del proceso. Normalmente, el IGV que paga una empresa al comprar sus insumos lo recupera poco tiempo después cuando vende el producto. Del IGV que le pagan sus clientes, la empresa retiene lo que ya pagó al comprar sus insumos, y le manda la diferencia a la Sunat. Es, como quien dice, autoliquidable. Pero hay casos en los que el IGV de las ventas resulta menor, temporalmente, que lo que se ha pagado con las compras. La empresa acumula, entonces, un crédito fiscal, que irá recuperando progresivamente, a medida que vende más y más productos. El periodo de recuperación puede ser bastante largo, sin embargo, particularmente cuando se hace una inversión grande y duradera en un proyecto nuevo. Por eso se creó la figura de la recuperación anticipada, para que las empresas no tengan que esperar a que el negocio comience a operar y genere suficientes ventas como para recuperar todo el IGV pagado durante la etapa de inversión. La idea de la recuperación anticipada es alentar la inversión reduciendo la carga impositiva en la fase pre-operativa. Quizás en su momento lo fuera, pero hoy en día es cuestionable que sea necesaria para ese propósito porque, así como un empresario puede ir al banco para financiar una parte del costo de las edificaciones, maquinaria y demás componentes de un proyecto, también puede pedir que le financien el IGV. Pero la principal objeción a la recuperación anticipada es que convierte al estado en un inversionista de riesgo. Una compañía petrolera, por poner un ejemplo, tiene que pagar, en su etapa de exploración, el IGV por el alquiler de los equipos de perforación. Nadie sabe a ciencia cierta si va a encontrar petróleo; nadie sabe, por lo tanto, si alguna vez ese pozo llegará a producir. El estado no tiene por qué compartir ese riesgo renunciando a cobrarle los impuestos que nos cobra al resto de peruanos. Es solamente en la última etapa del proceso que se ha dejado de crear valor; todas las anteriores deben estar gravadas. http://elcomercio.pe/opinion/mirada-de-fondo/adios-recuperacion-anticipada-ivan-alonso-noticia-1969287 ___________________ Alan vuelve Marco Sifuentes Con Fujimori preso, Toledo prófugo y Heredia petrificada, el único ex presidente con cierto margen de juego en el escenario actual es Alan García. Ayer, el líder aprista viajó desde Madrid, donde ahora vive, a Lima, para declarar ante la fiscalía por el caso del gasoducto. Esto, por supuesto, ha sido aprovechado por sus partidarios para promover en Twitter que, a diferencia de los otros, #AlanNoArruga. Pareciera que el caso de la megacorrupción de las constructoras brasileñas es tan enrevesado que ha confundido incluso al juez supremo Javier Villa Stein, uno de los entusiastas promotores del hashtag aprista. Lo cierto es que García no puede arrugar porque no tiene absolutamente nada que temer de esa citación. Ni de ninguna otra, puesto que actualmente no está incluido como sospechoso en ningún caso vinculado a Lava Jato ni Castillo de Arena ni nada que suene a samba. En este caso en particular, ha sido llamado como un simple testigo. La principal investigada en lo del gasoducto es Nadine Heredia, a quien, mira tú qué casualidad, justo esta semana acaban de acusar de haber coordinado este tema directamente con Jorge Barata, el gran titiritero de Odebrecht en el Perú. Así que, de hecho, esta citación le viene perfecta a García que, de esta forma, mata dos pájaros de un tiro: se reposiciona en su viejo –aunque tantas veces traicionado– lema de “quien no la debe no la teme” y aprovecha para hundir más a una de sus rivales. El caso que más cerca ha llegado a García es otro: el del metro de Lima (en el que tampoco figura como investigado). Aquí, el acusado de mayor nivel, hasta ahora, es el exviceministro Jorge Cuba, a quien el mismo García llamó “rata” en un tuit. Lo curioso es que conoce a esa rata hace décadas, como demostró José Alejandro Godoy, con un libro de 1991, en el que consta que tanto el expresidente como Cuba integraron el Instituto para la Deuda Externa Latinoamericana cuyo local, para más señas, quedaba al frente de la casa de Chacarilla del mandatario. Otro caso: en lo de la Interoceánica –la coima que ha hundido a Toledo– los costos iniciales eran de US$800 millones, que ya eran injustificados. Al final del gobierno de García, gracias a las famosas adendas, se había disparado a los casi US$2 mil millones. Por cierto: ¿quién fue su primer viceministro de Transportes? Sergio Bravo Orellana, quien había sido el presidente del Comité de Adjudicaciones de Inversión que le otorgó la Interoceánica a Odebrecht en el gobierno de Toledo. Y eso es todo, por ahora. Según una tabulación de IDL-Reporteros, el gobierno aprista fue el que más contrató con Odebrecht (casi 3.500 millones de soles, sin incluir los posteriores sobrecostos). Más que Toledo o Humala. Aun así, parece que García confía en salir ileso del huaico brasileño. Si lo consigue, y planea seguir en carrera política, aún tendrá que vencer otra prueba, incluso más dura, en la mente de los electores: esa amarga sensación de impunidad. http://elcomercio.pe/opinion/rincon-del-autor/alan-vuelve-marco-sifuentes-noticia-1969274 ___________________ Corrupción y regulación APP Germán Alarco Tosoni Todos estamos indignados con la corrupción. Esta compromete a los tres últimos gobiernos y si a estos se suma la ocurrida durante el gobierno de Fujimori incluye a todos los regímenes neoliberales de los últimos 25 años. Su principal medio han sido las asociaciones público privadas (APP) con el objetivo de lograr la asignación de los servicios públicos, permitir sobrecostos y acotar beneficios a los usuarios. La corrupción no solo compromete a las autoridades políticas y a la tecnocracia que los avaló por motivos delictivos, sumisión u omisión; también ocurre por un marco regulatorio laxo que la hizo posible. Ojalá la Fiscalía y los tribunales se desempeñen a la altura de las circunstancias y con la celeridad debida. Desafortunadamente, ya hay algunas malas señales. La mejora del marco regulatorio requiere una reingeniería de Proinversión. El último Decreto Legislativo 1251 tiene problemas. Se parte de una visión privada y hasta se establece un Consejo Directivo con 3 miembros que vienen de ese sector. No se trata que hagan buenos negocios. Los objetivos del sistema deben considerar la creación de encadenamientos productivos, proyectos con mayor procesamiento y contenido tecnológico, entre otros. No queda claro el criterio de asignación por el menor costo, por lo cual resulta esencial incorporar el comparador público privado que evalúa si la inversión se debe hacer como APP o como obra pública. Hay otros temas cuestionables. Un tema clave es que todo el sistema de inversión pública y de promoción de la inversión privada debe estar a cargo del CEPLAN, como en Colombia está en el Departamento Nacional de Planeación. ¿ProInversión o el MEF son capaces de determinar las necesidades del país, de las regiones y de cómo priorizar? Por otra parte, hay que fortalecer las capacidades sectoriales del Estado en términos técnicos y financieros para evitar los serios errores que se cometieron. Hay que crear sistemas de bases de datos con parámetros técnicos y económicos para evitar sobrevaluaciones flagrantes. Establecer la obligatoriedad de que cada proyecto se evalúe en términos comparados con otros previos nacionales e internacionales. No se debe permitir licitaciones de un solo postor. Concursos con nivel de detalle de ingeniería reducido o sin estudios de factibilidad. Establecer normas más estrictas para las adendas evitando renegociaciones como Chinchero. Hay que especificar el protocolo detallado para el control previo obligatorio a cargo de la Contraloría General de la República en el caso de los grandes proyectos; homogenizar criterios para registrar pasivos en firme y contingentes. Se requieren evaluaciones ex post para extraer lecciones y transparencia absoluta antes, durante y después de la ejecución de los proyectos. http://diariouno.pe/columna/corrupcion-y-regulacion-app/ ___________________ Cultura de la sospecha Augusto Álvarez Rodrich Un riesgo relevante de este año y, en general, de la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski, es que su gobierno acabe paralizado como consecuencia de las secuelas de los escándalos de corrupción Lava Jato, y se convierta en un lame duck prematuro antes de su primer año. Los destapes de los acuerdos de colaboración de las constructoras brasileras con la justicia de Brasil, Estados Unidos y Suiza llegaron cuando el gobierno de PPK aún busca un esquema de relacionamiento político para hacer viable su mandato, y cuando la economía se sigue enfriando por la contracción de la inversión privada, el empleo y el consumo. Justo cuando se lanzó el paquete de decretos legislativos, que no es reactivador pero mejora el clima de negocios por ayudar a destrabar la inversión, llegaron las noticias de Brasil. Las investigaciones de los sobornos pagados en el Perú por las constructoras brasileras se deben llevar a fondo, caiga quien caiga, pero es obvio, también, que estos procesos van a tener un impacto negativo en la perspectiva económica del país. La postergación del gasoducto implicará poco menos de un punto porcentual del PBI, pero el efecto en la producción puede ser mucho mayor. Esto se explica por la fuerte caída en la confianza empresarial y el desgaste del sistema político que implicarán –como ya está ocurriendo– los destapes de corrupción. Es probable que los procesos fiscales y judiciales vinculados a estos casos de corrupción se desborden afectando la estabilidad política y la evolución económica. Esto podría ocurrir, específicamente en el terreno económico, porque ello va a implicar un incremento de la incertidumbre que va a postergar, en el sector privado, las decisiones de inversión y consumo, y en el sector público, va a introducir una gran lentitud en las decisiones gubernamentales sobre licitaciones, concesiones o adendas a contratos. Los procesos en marcha ocasionarán una pérdida de prestigio de las concesiones y asociaciones público-privadas, creando las condiciones para que se refuerce el papel del Estado en las obras de infraestructura. Cualquier proyecto de inversión que enfrente una decisión ‘opinable’ va a tener dificultad para ser aprobado. Asimismo, cualquier proyecto podría ser detenido por absurdos como que, por ejemplo, ‘la prima del ministro trabajó en un estudio legal que dio servicios a Odebrecht’. La cultura de la sospecha se ha instalado y la desconfianza extendido, y ello afectará las decisiones económicas y el clima de negocios en el país. http://larepublica.pe/impresa/opinion/849174-cultura-de-la-sospecha _______________________ Estados Unidos:  ¿La rebelión del Estado contra el Gobierno? Santiago Pedraglio Durante las primeras semanas del gobierno de Donald Trump está sucediendo algo para nosotros sumamente extraño: instituciones del Estado, incluso del propio Ejecutivo, están oponiéndose abiertamente a decisiones del nuevo presidente. La desobediencia se inició con la decisión de algunos jueces de dejar sin efecto la orden de Trump de impedir el ingreso a los EE.UU. de ciudadanos de países “peligrosos” para la seguridad de los ciudadanos norteamericanos. A la decisión de los jueces –y de las cortes– le siguió una del Congreso, que se opuso al nombramiento del secretario de Trabajo, Andrew Puzder; esto, por considerar que había ejercido prácticas antilaborales contra trabajadores de su empresa y hecho declaraciones de la misma naturaleza. La pelea más reciente tiene lugar entre el presidente y su aparato de seguridad, es decir, el núcleo más íntimo del aparato de un Estado imperial como el norteamericano. El mismísimo mandatario ha acusado a los servicios de inteligencia de “dar información ilegalmente” a medios de comunicación, a propósito de los contactos que el general retirado Michael Flynn, renunciado asesor presidencial de Seguridad Nacional (El País, 16.2.17), habría tenido con un diplomático ruso. A estas rebeliones hay que sumarle una más callada, sostenida por el establish-ment o “Estado profundo”, que no solo se resiste sino que lanza contraataques expresados en hechos tan relevantes como la pugna entre Trump y sus organismos de seguridad. Todo esto, sin detallar conflictos como el que mantiene con los medios o a propósito de la reforma de la tradicional política exterior de EE.UU. con Europa y del conflicto palestino-israelí. ¿En qué terminarán esta tensión y la creciente crisis política? Parece que en EE.UU., como en el Perú con Odebrecht y la corrupción múltiple, nadie lo sabe bien. El tema no es poca cosa: ¿se imaginan una especie de golpe de Estado en la principal potencia política y militar del mundo? http://peru21.pe/opinion/santiago-pedraglio-estados-unidos-rebelion-estado-contra-gobierno-2271141 ___________________ La república cleptocrática (I) Agustín Haya de la Torre La vergonzosa fuga de Alberto Fujimori tras la aparición del video Kouri-Montesinos, parecía que ponía fin a una etapa de robo y saqueo del erario público desde el poder. La sentencia ejemplar a 25 años de cárcel por algunos de los delitos cometidos, más la prisión de otrora poderosos generales y ministros, daba la impresión de que el país abría una época no solo democrática, sino de recuperación de la ética y la moral públicas. Grave error. El asalto de las empresas privadas brasileñas a los presupuestos de la nación, a lo largo de media docena de gobiernos, corría bajo la superficie como un magma de podredumbre de tal dimensión, que marcará toda una era de la historia peruana. La última fase de la gigantesca corrupción montada por el capitalismo transnacional, mediante sus “oficinas de operaciones estructuradas”, va de 1998 a la fecha. Las constructoras, lideradas por la compañía Odebrecht, ofrecían el servicio completo. Compraban a los altos funcionarios organizándoles todo el proceso de lavado del dinero en las offshores que ellos mismos ayudaban a crear. El crimen parecía perfecto si no hubiese sido porque los dueños cayeron detenidos, uno tras otro, gracias a la justicia brasileña. El una vez esperanzador Partido de los Trabajadores, promotor de la degradación, acabó fuera del poder. En el Perú, todo indica que vivimos una era cleptocrática, desde 1990 hasta la fecha. Recuerda aquella asociación público privada del siglo XIX, conocida como los consignatarios del guano, que explotó el principal recurso del país de 1841 a 1869. La fase comprendida entre 1847 y la entrega del monopolio a Dreyfus, sumó 22 largos años. El esquema propició desde el poder, la sociedad corrupta con agentes privados a cambio de que usufructúen hasta el 45% de lo extraído y comercializado. Como el Estado necesitaba efectivo, los mismos empresarios le prestaban dinero hasta con 13% de interés. Así aumentó el enriquecimiento de la primera plutocracia republicana, nacida del fétido negociado. La avidez de los nuevos ricos agotó el guano, poniendo en jaque las finanzas públicas. El monopolio, aparte de llenarle los bolsillos a Dreyfus, resultó el preludio de la crisis económica. Como en la época del guano, los intereses particulares deciden tomar por asalto al Estado. Ya no a cambio de un recurso natural sino mediante la construcción de obras públicas, método, dicho sea de paso, muy usado por las mafias italianas. Esta vez cuentan a su favor con la Constitución de 1993, que debilitó la idea del bien común y el interés general, para colocar el lucro como divisa. Al punto que el Estado, que es de todos, es puesto al servicio subsidiario del interés privado. Tan grosera tergiversación va acompañada con el debilitamiento de los bienes públicos, de las instituciones o los partidos, suplidos por grupos que compran votos, a lo que se añade la masiva captura del Estado por gente que proviene de los negocios particulares. http://diariouno.pe/columna/la-republica-cleptocratica-i/ ___________________ Lo que falta Luis Davelouis El Perú cojea de manera flagrante en el frente regulatorio. La regulación es extensa pero ineficaz. Es decir, todo está regulado, pero de manera deficiente y los organismos encargados de ello no tienen apoyo político ni del gobierno, ni del Congreso. Sus presupuestos son tan magros que no puede retener a su talento, ni siquiera a los especialistas porque no pueden competir con los sueldos que ofrecen sus regulados. Como consecuencia, los organismos reguladores en el Perú funcionan como escuelas de especialización gratuitas para las instituciones reguladas (principalmente empresas privadas proveedoras de servicios) y los estudios de abogados que utilizan a los reguladores como si fueran bolsas de trabajo universitarias. Esto también es muy importante: el Estado de derecho en el Perú es tremendamente precario. El Estado solo funciona y existe para quien puede accionarlo o es lo suficientemente vulnerable. El índice de criminalidad del Perú está a media tabla si se le compara con el de Latinoamérica, pero esta región tiene algunos de los índices de criminalidad más altos del mundo. Esto es resultado del ahuecamiento del Estado, entendido esto como que no puede controlar su propio territorio. El periodista Moisés Naím explicaba que en América Latina existían varios de los que él llamaba “agujeros negros del Estado” y que se repartían a nivel global. Estos eran lugares en los que virtualmente no regía ningún Estado, que geográficamente se encontraban de manera inequívoca dentro del territorio de un país, pero que, sin embargo, eran tierra de nadie. Uno de estos lugares estaba en el Perú, en el Vraem. El tráfico de drogas financia una cantidad innumerable de actividades delictivas que van del sicariato a la prostitución. http://peru21.pe/opinion/luis-davelouis-lo-que-falta-2271131 ___________________ Lula favorito, ¿cómo así? Mirko Lauer Mientras los motores de Lava Jato siguen rugiendo en el Brasil, Inácio Lula da Silva continúa de lejos como favorito para la elección presidencial del 2018. Parte de esto se atribuye al recuerdo de los buenos tiempos económicos, parte a la caída en la aprobación del actual gobierno, parte a una visión mayoritaria de Lava Jato como positivo, pero sesgado. Una encuesta de MDA y la Confederación Nacional del Transporte muestra tres escenarios posibles para esa elección. En uno figura el actual presidente Michael Temer como candidato, cayendo de 5.4% de intención de voto en junio pasado a 3.7% en este mes. Allí Lula sube de 22% a 30.5% en el mismo periodo, y es el único cuyo porcentaje sube. El segundo escenario es sin Temer, y allí Lula salta de 27.6% en octubre pasado a 32.8% este mes. El tercer escenario es una encuesta de hace unos días donde sin Temer ni Aécio Neves, pero con Geraldo Alckmin, todos de la derecha, Lula está en 31.8%. Es decir, la derecha que organizó Lava Jato anda por las patas de los caballos. El problema de esa derecha no es solo Lula. El segundo lugar en intención de voto ahora es consistentemente ocupado por Marina Silva, quien entró tercera en la elección del 2014. La encuesta de tres escenarios busca descubrir si hay algún candidato de derecha sustantivamente mejor que los demás, pero todos funcionan básicamente igual en estos tiempos. Una conclusión que se puede sacar de todo esto es que Lava Jato se ha vuelto un enredo demasiado complicado como para que la población le atribuya un signo político definido. Algo fácil de entender en el Perú, donde desprestigio corruptivo e impopularidad electoral rara vez han ido de la mano. Menos aun cuando el desprestigio toca virtualmente a todos. Es cierto que Lula tiene varias acusaciones. Pero Aécio Neves, el favorito de la derecha, tiene otras tantas. Parecida es la situación de Geraldo Alckmin. No da la impresión de que los jueces que, algunos con la mejor voluntad, desataron la crisis política van a poder remediarla. Tampoco un triunfo electoral de Lula parece la solución al problema de fondo. http://larepublica.pe/impresa/opinion/849169-lula-favorito-como-asi ___________________