OPINIONES 03/02/2017

Cae, cae PPK - Marco Sifuentes
Chinchero va - Luis Davelouis
Congresistas exponiéndose - Mirko Lauer
Fiscalía: ¿y cuál es la estrategia? - Santiago Pedraglio
La corrupción sigue vivita y coleando - Augusto Álvarez Rodrich
Un senado el año 2018 - Juan de la Puente
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Cae, cae PPK Marco Sifuentes En estos días estamos viendo cómo dos renombrados hombres de empresa, de perfiles y estilos muy distintos entre sí, están demostrando que, efectivamente, los países no necesitan gerentes, sino presidentes. Donald Trump, en solo ocho días, rompió todos los récords de impopularidad, según Gallup, y alcanzó el 51% de desaprobación. ¿Saben qué otro presidente/gerente también acaba de llegar a esa misma cifra? Nuestro PPK. Obviamente no vamos a comparar a PPK con Trump. Mejor comparémoslo con sus antecesores. A los seis meses de sus respectivos mandatos, iban así: Toledo 32%, Alan 51%, Humala 54% y PPK –según la última encuesta de GFK– 35%. O sea, empate técnico, en el fondo de la tabla, de nuestro actual presidente con Toledo que, en esos primeros meses, tuvo que enfrentar el tremendo Caso Zaraí. ¿Cuál fue el equivalente ahora? Podríamos decir que la Zaraí de PPK ha sido Saavedra. Fue la pésima respuesta del presidente ante la censura al ministro más popular de su Gabinete (no lo olvidemos). Su minúscula bancada se fragmentó y nombres como Vieira, Guía o Sheput aparecían contradiciendo constantemente a su supuesto líder. Sus ministros –entre los que se cuentan algunas con alto perfil político– vieron cómo se dejaba desamparado a uno de sus colegas más renombrados y, en consecuencia, se fueron apocando hasta desaparecer. Finalmente, el grueso de sus votantes de la segunda vuelta terminó de decepcionarse cuando lo vio –en fotografías difundidas a traición– arrodillándose ante quienes encabezaron la defenestración de Saavedra: el poder religioso y la oposición fujimorista. ¿Y todo para qué? Para que, ahora, un congresista ppkausa no solo pida vacancia presidencial sino “insurgencia popular” si el Ministerio de Educación insiste en enseñarle a los niños del Perú que no deben burlarse de ese compañerito del colegio al que le gusta el rosado. Lo de Odebrecht, Chinchero, las inundaciones, todo eso solo han sido las cerecitas de este torpe pastel (recordemos que la encuesta se realizó en la tercera semana de enero, cuando ninguno de esos temas había terminado de germinar, o incluso de existir, ante los ojos de la opinión pública). Todo lo que vino después de la caída de Saavedra solo ha servido para reforzar la sensación de deriva que transmite este gobierno. Los tecnócratas del gobierno insisten en que su objetivo está en el 2021, en la modernización a largo plazo del Estado, en el legado que quiere dejar el presidente. Todo eso está muy bien, por supuesto. Pero basta ya de lugares comunes: un país no es una empresa. No sirve de nada “gerenciarlo” si no se hace política. Hacer política no es aparecer en la tele con la camisa remangada. Eso es creer, otra vez, que gobernar es dirigir una reunión de directorio. Hacer política es jugar al equilibrista. Y así como el problema de Trump es que se ha abierto demasiados frentes de batalla, el de PPK es que no se ha abierto ninguno. Tiene que comprarse un pleito. Uno grande y contra un adversario que vuelva a aglutinar a sus votantes. Si hubiera planteado la cuestión de confianza ante la mayoría fujimorista del siempre impopular Congreso, como se le dijo tantas veces, ahora mismo su aprobación (y, por tanto, su capacidad para seguir gobernando) estaría por encima de la línea de flotación. Demasiado tarde. A partir de ahora, el juego de PPK se llama sobrevivir. Adiós a los sueños de un legado para el 2021. De hecho, ahora el sueño será llegar al 2021. http://elcomercio.pe/opinion/rincon-del-autor/cae-cae-ppk-marco-sifuentes-kuczynski-aprobacion-presidencial-noticia-1965409?flsm=1 _________________________ Chinchero va Luis Davelouis Con idas, venidas, decisiones y convicciones firmes que en realidad no lo eran tanto, consultas de ida y de vuelta, una carta que detuvo el proceso aunque no fuera vinculante y más; la adenda que hace viable la ejecución del proyecto del aeropuerto de Chinchero, se firma hoy. El proceso está manchado y eso traerá cola, sin duda. Pero más allá de los aspectos técnicos sobre el terreno y sobre el diseño del contrato original y de la adenda –que de no respetarse le podrían salir muy caros al Estado–, hay un elemento clave que no está siendo considerado. La adenda le juega en contra al Estado, no hay vuelta que darle a eso. El presidente tiene 35% de aprobación y 48% de desaprobación. El asunto del aeropuerto no tuvo nada que ver en ese resultado, pero lo tendrá en el próximo que vendrá peor. La voluntad política ha sido, por lo menos, temblorosa y el gobierno y su bancada se perciben débiles. Escasea el liderazgo. El colmo de esto se muestra en que de su propia bancada –y aunque se haya retractado– un desubicado pidió insurgencia y vacancia. La cosa es que aunque al final saliera más caro, el gobierno –y el presidente– hubiera enviado un mensaje mucho más claro al rechazar la adenda por ser lesiva a los intereses del Estado. “Al Perú no lo chantajea nadie y se sale con la suya”. Tremendo mensaje que hubiera sido para ahora y para siempre. Y hubiera reforzado su imagen de líder que necesita gestos como estos como un bebé deshidratado necesita atención médica. Cuando Kuntur Wasi dice que pondrá cartas fianzas por US$80 millones omite que esto será luego de que el gobierno se comprometa a entregarles a ellos US$265 millones en armadas y así cualquiera. O sea, ganaste la licitación de asociación público privada y no pones nada. Así, hasta el Chavo del 8 la hacía. http://peru21.pe/opinion/luis-davelouis-chinchero-va-2269645 _________________________ Congresistas exponiéndose Mirko Lauer La comisión Lava Jato da la impresión de estar dedicada a pedichear que los demás vayan a contarles sobre lo que están trabajando. El derecho a investigar no significa ir alzando con investigaciones ajenas, lo que en inglés se llama cosechar la fruta que cuelga más bajo. Menos aun pretender hacerlo con permanentes amenazas que no ayudan al proceso judicial. No olvidemos que son políticos los que en buena medida están siendo investigados. Además del carácter reservado de la información entregada a la fiscalía por jueces brasileños, está la cuestión del secreto profesional, indispensable para un buen orden procesal y un fundamental derecho de las personas. Una feria de acusaciones en boca de todos no es una investigación, y puede resultar exactamente lo contrario. El decano del Colegio de Abogados podría decir algo sobre esto. El secreto profesional es una obligación de los abogados, y sus informaciones solo se pueden entregar a pedido del Fiscal, y en su caso con autorización del Juez. Tratar de torcerle el brazo a quienes llevan adelante un proceso ya judicializado es un espectáculo lamentable, al cual el Fiscal de la Nación ha respondido con energía. La furia frente a la reserva y al secreto profesional se explica en el caso de estos congresistas, que realizan la casi totalidad de su trabajo frente a las cámaras y los micrófonos. La publicidad es su segunda naturaleza, y ahora que hay la presunción de políticos en la liza, más. Al grado de llevar a algunos a perder la compostura. El Fiscal de la Nación Pablo Sánchez está diciendo las cosas con modales, pero con creciente aplomo: “Está claro que hay muchos interesados en bloquear la investigación, no los dejaremos. La sociedad debe saber de los políticos corruptos que han engañado al pueblo y han robado al país. Continuaremos con la investigación del caso Odebrecht para acabar con la impunidad. Ni a mí ni a los fiscales que estamos empeñados en esta tarea nos van a quebrar”. A buen entendedor pocas palabras. Los políticos de la comisión Lava Jato tienen derecho constitucional a investigar, pero son los menos indicados para intentar supeditar a todos los demás encargados del tema. Están realizando un baile que tiene cada vez menos gracia. http://larepublica.pe/impresa/opinion/845157-congresistas-exponiendose _________________________ Fiscalía: ¿y cuál es la estrategia? Santiago Pedraglio Se está haciendo cada vez más evidente un conflicto entre el Congreso, en particular la comisión Lava Jato, y la Fiscalía. La tensión aumentó cuando el último miércoles, por decisión del colegiado de la Fiscalía, el encargado de la investigación, el fiscal Hamilton Castro, no asistió a la mencionada comisión. Esta controversia es una manifestación de tres problemas centrales: el respeto y el resguardo de la autonomía y de la independencia del Ministerio Público para hacer su labor; la necesaria coordinación e intercambio de información con otras instancias del Estado, como el Congreso; y la información que la Fiscalía requiere brindar a la opinión pública. La sugerencia de algunos integrantes de la comisión de acusar constitucionalmente al fiscal supremo, Pablo Sánchez, no parece una buena idea, porque aunque es cierto que la Fiscalía está mostrando una gran lentitud para develar avances sustantivos, una decisión como esa llevaría a poner en duda, peligrosamente, la independencia y la autonomía de la futura investigación de la Fiscalía. Y eso sí sería muy grave. Sin embargo, la Fiscalía está obligada a trazar una estrategia de comunicación y de coordinación con el Congreso y también con la Procuraduría. Es imprescindible, igualmente, que organice una comunicación regular con los medios, como lo hacen otros países de la región. Pero también debe precisar sus objetivos. Informar, por lo menos parcialmente, como lo han hecho el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Fiscalía de Brasil, sobre los compromisos adoptados con Odebrecht y, para el futuro, con cualquier otra empresa brasileña investigada. Ofrecer un balance de la situación y anunciar, por ejemplo, si habrá acuerdos multinacionales de cooperación. La Fiscalía debe asumir que está ante un caso con un fuerte efecto mediático y en la opinión pública, y que si quiere sostener su legitimidad y credibilidad, tiene que actuar en consonancia. http://peru21.pe/opinion/santiago-pedraglio-fiscalia-y-cual-estrategia-2269657 _________________________  La corrupción sigue vivita y coleando Augusto Álvarez Rodrich Ojalá que la Corte Suprema corrija el lamentable fallo judicial que absolvió a catorce implicados del ‘caso comunicore’, pues este constituye un nuevo baldazo de agua fría a la urgente demanda ciudadana para que se haga justicia con tantos corruptos que se llenan el bolsillo a costa del Estado –o sea, de todos los peruanos– y casi nunca son condenados y van a la cárcel. Eso, en efecto,  casi nunca ocurre en el Perú, por más clamoroso, probado y contundente que sea el delito por los que se acusa a tanto funcionario, como es el caso de Comunicore. La investigación fiscal empezó hace seis años con el fin de precisar responsabilidades en uno de los escándalos de corrupción más estridentes de los últimos años para beneficio de quienes manejaban el municipio de Lima en los tiempos del alcalde Luis Castañeda Lossio. Todo ocurrió en el 2005, cuando la empresa Relima vendió el derecho de cobrar una deuda con el municipio de Lima por S/35.9 millones por la suma de solo S/14.6 millones, pero la alcaldía sí llegó a desembolsar el monto total de S/35.9 millones, lo cual benefició a una empresa fantasma llamada Comunicore. Primero, el propio Luis Castañeda fue limpiado de polvo y paja, y anteayer, la sexta sala penal para reos libres de la corte de Lima decidió absolver a catorce personas que seguían siendo procesadas: cinco ex funcionarios de municipio, tres empleados de Relima, cuatro de Comunicore, y dos personas que se habrían dedicado a lavar el dinero. La evidencia de la manera como hubo una operación diseñada para llenarle los bolsillos a un conjunto de personas fue muy clara, y para enjuagar todo se realizó un proceso judicial prolongadísimo que terminó concluyendo que este caso de uso de fondos públicos para beneficio particular, que ocurrió hace más de una década, ya había prescrito. La prescripción es uno de los mecanismos más efectivos usados por el poder Judicial para limpiar a los corruptos, y eso es lo que ha vuelto a ocurrir en el caso Comunicore. Se podrá concluir, como suele suceder con las investigaciones anticorrupción en el Perú, que el fallo judicial de absolución por prescripción es una vergüenza –como señala la congresista Marisa Glave– o que “es el peor mensaje para el país”, como comenta el abogado del IDL Carlos Rivera. Pero lo cierto es que los corruptos siguen ganando en el Perú ante la imperiosa pero alicaída necesidad de que haga justicia contra ellos. http://larepublica.pe/impresa/opinion/845160-la-corrupcion-sigue-vivita-y-coleando _________________________ Un senado el año 2018 Juan de la Puente Diversos miembros de la bancada de Fuerza Popular se han expresado a favor de la creación del Senado. De hecho, el resto de bancadas se encuentra de acuerdo con reinstalar nuestra histórica bicameralidad, de modo que no habría razones de fondo para que, de aprobarse la respectiva reforma constitucional, los peruanos no elijamos un Senado junto a las elecciones regionales y locales del 2018. Luego de 28 años de la elección del último Senado, en 1990, sería esta la ocasión de una renovación de la representación. Un cuerpo de legisladores con funciones distintas a las de la Cámara de Diputados haría la diferencia –o por lo menos lo intentaría– en un proceso político en el que se necesitan cambios institucionales que refunden el sistema. Cierto que su sola presencia no garantiza nada si el nuevo órgano de representantes no se eleva por encima de la crisis. Pero de eso se trata, de una apuesta que ojalá la actual representación se atreva a realizar. Un Senado territorial pequeño y operativo que realice la revisión legislativa mejoraría la producción de normas y dejaría a la Cámara de Diputados más tiempo y oficio para el control político. Sería, al mismo tiempo, una ruta para relanzar el proceso de descentralización ahora carente de voz en el Parlamento a pesar de que cada región se homologa con los distritos electorales. Finalmente, el país se dotaría en el momento en que más lo necesita de una cámara reflexiva, más unitaria y dialogante, mejorando el equilibrio entre los poderes. Encuentro pocos problemas para que el sistema se dote de un Senado en breve plazo. El primero es de orden social, y se refiere a que todavía un apreciable porcentaje de peruanos se opone a la reinstalación de la bicameralidad. Las razones, siendo principistas, no son necesariamente políticas en el sentido operativo, sino financieras (cuesta mucho) y de confiabilidad (más otorongos). Esta visión ha retrocedido desde el año 2000 pero se mantiene activa en su talante populista y antipolítica. La mejor manera de enfrentar ese discurso es desde la democracia, la transparencia y desde los cambios mismos en otras áreas. Desde ese punto de vista, por ejemplo, tendría poco sentido la elección de un Senado cuyos miembros presenten los mismos problemas de credibilidad de varios de los actuales legisladores. El segundo se encuentra en retroceso luego de que el fujimorismo abandonase su clásica defensa del unicameralismo. Quedan pocos argumentos en favor de esa tesis y crecen las certezas en favor de cambios que acompañen las aspiraciones del Perú como país de renta media y que aspira a ingresar a la OCDE y a mejorar su representación. Del mismo modo, la iniciativa se convierte en un asunto delicado de cara a otras reformas que han sido sugeridas y que recorren desde el ámbito de la formación de la representación hasta el del ejercicio de la representación, además de otras reformas institucionales. Siendo necesario definir el retorno del Senado, será poco conveniente aparcar otras reformas como la electoral, que debate el grupo de trabajo presidido por la legisladora Patricia Donayre, o los cambios en la administración de justicia o en la elección de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Lo peor que podría pasar es que se apruebe el retorno al Senado y nada más. Es necesario que el Congreso vuelva a discutir sus prioridades porque se hace evidente que el marco de la discusión realizado en agosto pasado se ha transformado radicalmente. El juzgamiento de los casos de corrupción y la forma que adopta el juego político dentro y fuera del Congreso hacen necesaria la ubicación de un núcleo de reformas de alto calado que garanticen la gobernabilidad y la transparencia en los próximos años, cambios que deberían ser negociados dentro del Congreso y con los otros poderes del Estado. El diálogo político instalado en enero en el marco del Acuerdo Nacional debería decantarse hacia las reformas políticas macro y quizás sea la hora de que estos cambios sean asumidos por el gobierno como propios. http://larepublica.pe/impresa/opinion/845159-un-senado-el-ano-2018 _________________________