Al diablo tu destrabe - Fernando Vivas
Falsedades del despotismo laboral semiesclavista - Manuel Dammert Ego Aguirre
Peligrosa ultraderecha trumpólatra - Mirko Lauer
Sí, EsSalud sin CAS - Enrique Fernández-Maldonado Mujica
Vieira no tiene la culpa - Augusto Álvarez Rodrich
La ley universitaria - Antonio Zapata
Harta del Poder Judicial - Sigrid Bazán
Pobres con plata - Enzo Defilippi
La victoria de Trump - Gonzalo Portocarrero
Izquierda peruana: cinco esquinas - Gustavo Guerra García
Al diablo tu destrabe
Fernando Vivas
El destrabe
cacareado por el gobierno es necesario pero poca cosa. Tendría que atacar, en
primer lugar, los fundamentos de las trabas, las raíces del mal. No basta
emprenderla contra sus expresiones burocráticas. Nos hace falta, a gritos, un
discurso y un pacto nacional contra la corrupción y el crimen; un pacto más
sólido y explícito que el pacto de gobernabilidad entre Fuerza Popular y PPK.
Un pacto que no solo involucre cúpulas de poder que se mandan señales a
través de voceros, sino un pueblo que se compromete conmovido a combatir las
lacras que nos corroen el alma.
Han lanzado la
campaña Dime Tu Traba a peruanos que ni siquiera pueden responder al pedido
porque están bajo extorsión, miedo, estrés y depresión. Sí, PPK; sí, Keiko:
somos ejemplo de equilibrio macroeconómico desde los paquetes estabilizadores
del gobierno de Alberto Fujimori, y nos han aplaudido por ello el Banco
Mundial, el Fondo Monetario Internacional
y los socios del APEC; pero tenemos alma de perdedores deprimidos,
porque deprime ver todos los días que perdemos la batalla contra el crimen y
la corrupción.
Leí al politólogo
Alberto Vergara fustigar a la ‘teoría de la modernización’ que nos hizo creer
que con el crecimiento económico la institucionalidad se iba a imponer
paulatinamente, como si chorreara. Vergara confiesa que él mismo pecó de
ingenuo al creer tal cosa en un rapto de entusiasmo; pero ahora está
convencido de que antes que preocuparnos en gestionar eficientemente nuestra
modernidad hay que atacar lo que la hace precaria.
En el mismo
sentido, el economista español Ricardo V. Lago me dijo en una entrevista que
el mayor legado de PPK, antes que megaproyectos destrabados, sería una
reforma exhaustiva del sistema de justicia. Pienso lo mismo. Y disculpen que
sea aguafiestas, pero hablar de unificar ventanillas y eliminar trámites me
parece frívolo si a la vez no tenemos en cuenta que no es la ineficiencia
sino la corrupción lo que está en la base. Antes que destrabar tramitología,
destrabémonos la moral, el corazón, las entrañas.
Y como de todas
las instituciones que deben combatir el mal el Poder Judicial es la que
parece más podrida –a ver si nos contradice su presidente interino, Ramiro de
Valdivia, designado sin debate público–, hay que ser radicales y audaces al
hablar de su reforma. Marisol Pérez Tello, ministra de Justicia, tiene una
misión tan o más importante que la de Alfredo Thorne con la economía. Tiene
que convencer al gobierno de tomar la decisión política de comerse el pleito
y presionar al Poder Judicial para que admita su miseria moral y emprenda una
reforma radical. Y Fuerza Popular tiene que coincidir en ello desde el
Congreso. Ese sería un bonito pacto.
http://elcomercio.pe/opinion/rincon-del-autor/al-diablo-tu-destrabe-fernando-vivas-noticia-1948366
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Falsedades del despotismo laboral semiesclavista
Manuel Dammert Ego Aguirre
El diario El
Comercio, en Editorial del 20.11.16, trata de responder a mis críticas al D L
1246, como si fuese una oposición sin razones, solo “porque sí”. Se refiere
al Proyecto de Ley N° 640 que he presentado, y respalda la CGTP, para derogar
el atropello antilaboral semiesclavista incluido en el reciente DL 1246, en
vigencia desde el 11.Nov.2016. Respondo con las razones, la legalidad y los
hechos de este brutal atropello a los trabajadores, similar a la derrotada y
derogada ley Pulpín I.
Al estilo del
despotismo ilustrado, señala El Comercio:“ lo que ha hecho el Gobierno es
apenas eliminar la obligación de registrar físicamente algunos contratos
(temporales, sujetos a modalidad, convenios de prácticas entre otros), en el
MTPE, en la medida que la información relevante sobre dichos contratos ya es
entregada hoy a través de planillas electrónicas ”. Y enfatiza: “podrá ser
supervisada por la Sunafil”. Concluyen: “no flexibiliza el régimen laboral”.
Los ilustrados redactores de estos editoriales saben que esto no es cierto.
Ante todo, no es
un asunto menor. La mayoría de trabajadores del país está en situación de
informalidad y precariedad laboral, en la que abundan estos contratos y sus
modalidades. Y no solo en las mypes, sino también, y crecientemente, en la
mediana y gran empresa.
Los contratos de
trabajos modales son una de las vías claves para arrasar los derechos
laborales en todos los sectores, incluidas las medianas y grandes empresas.
Pretenden el comienzo del fin de los derechos laborales, como dice Javier
Neves. Esta semiesclavitud laboral impuesta a la nación, es lo que El
Comercio defiende.
Sin registro
público de los contratos, informando el empleador solo electrónicamente la
“información relevante”, se impone el despotismo, la desigualdad absoluta a
favor del poder para reclamar derechos. El trabajador, desprotegido, por
temer perder su puesto de trabajo, va a ser sometido a los contratos que
imponga el empleador.
Se deja inerme al
trabajador, sin el contrato de su labor como base en la protección de los
derechos laborales, anulando una garantía de ciudadanía. La autoridad de
trabajo no puede ejercer su función de control, ante informaciones
indeterminadas.
Anulada la
simetría legal que da la Constitución, los trabajadores quedan desprotegidos
ante la voluntad del empleador, pisoteándose la igualdad legal que es parte
de la ciudadanía. Y no solo en las condiciones laborales. Por ejemplo: el
Poder Judicial no podrá identificar a deudores alimentarios morosos, pues el
MT no podrá informar al respecto, como ahora manda la Ley 28970, art 7.
Para redondear su
ilustrada nota, dice “son fiscalizables por la Sunafil”. Directa falsedad.
Saben bien que, además, están matando la Fiscalización del MT y Sunafil. Los
ingresos para fiscalizar los contratos laborales, que no son un alto monto,
dependen en 90% a 95% de las funciones institucionales de la Autoridad
Administrativa de Trabajo. Esta norma las pone en total crisis. Incluso el
cumplimiento de las obligaciones se deja a una “fiscalización posterior”, que
previamente han debilitado hasta anularla.
De esta forma,
desvirtuando una norma sobre “interoperabilidad institucional”, se ha
impuesto un régimen laboral anticonstitucional y violatorio de las normas de
la OIT. El pueblo movilizado logró se derogue la ley Pulpín, que era un
régimen de semiesclavitud laboral. Y no se produjo “porque sí”. Como ahora,
en esta batalla contra otro atropello neo liberal semiesclavista, las razones
están en la lucha por la Patria Hermosa, en afirmación del trabajo digno, la
vida buena y la democracia ciudadana.
http://diariouno.pe/columna/falsedades-del-despotismo-laboral-semiesclavista/
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Peligrosa ultraderecha trumpólatra
Mirko Lauer
Hay una
extremísima derecha estadounidense que está de plácemes. Nunca había
disfrutado del tipo de presencia en medios que hoy surge por su asociación
con una victoria presidencial. En estos días ha salido a saludar a Donald
Trump a voz en cuello, dedicada a su principal actividad: asustar al resto de
la población.
Alt-right, con alt
abreviando la palabra alternative, pero también sugiriendo el significado
alemán de alt: viejo, antiguo, es la expresión para nombrar lo que Wikipedia
viene definiendo como “un grupo suelto de gente con ideologías de derecha y
de extrema derecha que rechazan el conservadurismo convencional”.
Detrás de la
expresión hay un viejo paquete de monstruosidades bien conocidas. Entre
otros, los grupos del supremacismo blanco, el Ku Klux Klan anti-negro, o los
grupos nazis. Todos coinciden en impulsos ideológicos como el
etno-nacionalismo, el antisemitismo o la islamofobia, la homofobia o el
antifeminismo.
Cada uno de estos
grupos, algunos incluso grupúsculos, evoca las bandas entre ultraderechistas
y criminales que saltaron al poder en algunos países europeos como
consecuencia de la Primera Guerra Mundial y de la crisis económica de
1928-1930. Fascistas de todo pelaje que, junto al militarismo japonés,
dominaron la escena hasta 1945.
Ahora sus
versiones estadounidenses se han colocado bajo el paraguas antiliberal de
Trump. Es poco probable que el nuevo gobierno los acoja, más allá de uno y
otro personaje salido de esas canteras. Pero quizás el nuevo ambiente
político en Washington les permitirá crecer, como ya está alentando a la
extrema derecha europea.
Alt-right es vista
por la extrema derecha como la puerta conceptual para acercarse más a Trump.
La agenda que los une y los esperanza es sencilla: EEUU necesita lo que Trump
propuso en su campaña, pero en dosis mucho más fuertes. El núcleo de esto es
la postura contra los inmigrantes, un concepto que se extiende hasta las
minorías.
El análisis
político de estos días no ha terminado de comprender al Trump presidente,
ubicado entre sus promesas y la institucionalidad de su país, y en esa medida
el papel de la alt-right tampoco ha podido empezar a definirse realmente.
Pero no hay manera de ocultar que el peligro está a las puertas. Quizás
incluso a un solo nombramiento de distancia.
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Sí, EsSalud sin CAS
Enrique Fernández-Maldonado Mujica
En una columna
publicada en Expreso (17/11/16), el abogado Jesús Carrasco le atribuye
“gruesos errores jurídicos y de técnica legislativa” al dictamen aprobado por
la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso, que establece el paso
de los trabajadores CAS de EsSalud al régimen del D. Leg. Nº 728. Esta es una
demanda del gremio en su conjunto, profesionales y “no profesionales” de la
Salud, en virtud de las precarias condiciones laborales en que se encuentran.
Razón por la cual fue acogida por la presidencia (FA) y la bancada
mayoritaria (FP).
Carrasco basa su
argumentación en tres supuestos. Los dos primeros cuestionan que el dictamen
incluya a trabajadores técnicos y administrativos de la Seguridad Social,
cuando les tocaría pasar a la Ley Servir (N° 30057), según sentencia del
Tribunal Constitucional. En su interpretación, solo al personal “médico” le
correspondería el régimen de la actividad privada. La tercera observación
evidencia la ausencia de una protección legal frente a eventuales despidos, y
que a su vez prohíba expresamente la contratación de nuevos CAS.
Los primeros
supuestos no toman en cuenta la Ley de Creación del Seguro Social (N° 27056),
que establece –en su artículo 16°– que: “El personal de EsSalud se mantiene
en el régimen laboral al que pertenece al momento de la promulgación de la
presente ley. Los trabajadores que pudieran incorporarse a la entidad, se
sujetarán al régimen laboral de la actividad privada”. Esto es, al régimen
728.
Entonces, si esta
ley está vigente, por qué oponerse a que los administrativos y auxiliares
(que forman parte del Sistema de Salud) puedan disfrutar los derechos que
reconoce la norma fundacional de EsSalud. ¿O es que el personal técnico o
auxiliar no es considerado “trabajador” de la institución? ¿Hay alguna razón
para excluirlos?
El argumento de
que la aprobación del dictamen “perforaría a la Ley Servir”, permitiendo que
otros sectores CAS demanden su traspaso al 728, tampoco se sostiene. La
preocupación actual de los servidores públicos va por otro lado: quieren
negociar aumentos salariales, para lo cual es necesario modificar la Ley de
Presupuesto. Y ese es otro canto.
Sobre la tercera
observación, no podemos sino coincidir: el dictamen aprobado en la Comisión
de Trabajo no incluye mecanismos que impidan los despidos ni ampliar la
planilla CAS. ¿Por qué? Porque la mayoría fujimorista los retiró del dictamen
redactado por la Comisión (en base a los proyectos de Ceballos y Tapia),
votando a favor del texto sustitutorio presentado por los congresistas Tapia
y Salazar (FP), que desaparece las disposiciones complementarias que
brindaban estas garantías.
Ahora le toca a la
mayoría fujimorista en el Pleno ratificar el dictamen de la Comisión de
Trabajo. No hacerlo (o hacerlo retaceando el dictamen), puede mellar más su
credibilidad. Las organizaciones sindicales y trabajadores de la Seguridad
Social lo tienen claro.
http://diariouno.pe/columna/si-essalud-sin-cas/
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Vieira no tiene la culpa
Augusto Álvarez Rodrich
El congresista
Roberto Vieira se volvió una piedra en el zapato del gobierno, pero la
responsabilidad del problema no es suya sino del partido que lo incorporó en
la lista de candidatos con la que llegó al Parlamento, empezando, por cierto,
por el líder de la agrupación PpK, es decir, del entonces candidato
presidencial y hoy presidente de la república Pedro Pablo Kuczynski.
Luego de pasarse
algunas semanas peleándose –mediante insultos– con sus compañeros de bancada,
y una vez que ya había sido expulsado de ella, Vieira le puso la cereza a su
pastel con un agravio lamentable contra la vicepresidenta Mercedes Aráoz.
Picón porque no
había sido considerado un protagonista de los encuentros con los jefes de
Estado que vinieron a Lima para la cumbre de APEC, Vieira se mandó
–literalmente– con todo contra Aráoz:
“Los congresistas
no tenían pase para la APEC 2016 y sus hijos tampoco pero para la Cortesana
Todopoderosa todo es posible, hasta recibir a Obama”, sentenció en su
twitter.
Obviamente, en
menos de lo que canta un pajarito, la respuesta en las redes contra la
pachotada de Vieira no se hizo esperar, y este no tuvo mejor idea que
responsabilizar por el agravio a su asesor de prensa José Luis Contreras
Jimeno, a quien pasó a despedir de su puesto como una forma de tratar de
salirse del problema.
“No hubo ninguna
intención de ofensa a la Sra. Mercedes Aráoz [que], más allá de su
investidura, es una digna representante de la mujer peruana”, señaló Vieira.
Pero tiene razón
la vicepresidenta Aráoz cuando señala que “uno es responsable de su propio
twitter”.
Y, también, es
responsable del equipo que convoca. Ocurre que Contreras proviene de las
canteras naranjas, donde era conocido por el apelativo de Banzai por su
actuación entusiasta como integrante de las fuerzas de choque del
fujimorismo.
De paso, el fujimorismo
debiera preocuparse por el estilo violento que caracteriza a varios de sus
integrantes de todo rango. Desde sus parlamentarios, como Cecilia Chacón,
quien hizo un papelón con sus agravios al ministro de Educación; o Luis
Galarreta, quien al ingresar al fujimorismo se transformó de un congresista
inteligente, en un barra brava agresivo. Y, también, sus fujitrolls
impresentables en las redes.
Vieira viene de
esas canteras. Pero la culpa del problema que le creó al gobierno no es suya
sino de quienes lo incorporaron en la lista al Congreso, un problema que
sufren casi todos los partidos políticos peruanos por su irresponsabilidad.
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La ley universitaria
Antonio Zapata
En el Congreso ha
comenzado el debate sobre la propuesta del Apra para modificar la Ley
Universitaria. En esencia, plantea que los integrantes de la Superintendencia
de Educación Superior, Sunedu, sean nombrados por los actuales rectores de
las universidades. En la práctica, esta postura implica retornar a la
situación anterior, que la ley buscaba corregir.
En efecto,
anteriormente el sistema universitario era conducido por la Asamblea Nacional
de Rectores, ANR, una reunión de rectores que seleccionaba a uno como cabeza.
Sin embargo, su dificultad para autorregularse había generado que descienda
vertiginosamente la calidad de la enseñanza superior.
Al volverse feudos
casi autónomos, algunas universidades públicas cayeron en manos de argollas
que lucraban más o menos abiertamente con las ilusiones de la juventud. Por
su parte, las universidades privadas, surgidas bajo la ley del fujimorismo,
fueron concebidas como empresas orientadas a producir ganancia y no a generar
conocimiento ni formar profesionales. Algunas son competentes, mientras que
otras no han pasado de estafas masivas y monumentales.
Ante la evidencia
de la degradación de la enseñanza superior, el anterior Congreso asumió que
la recuperación de la calidad obligaba a montar instituciones que regulen a
las universidades e impongan acreditaciones y mecanismos de estandarización.
Gracias al empuje del general Mora y el sostén del ministro Saavedra, salió
adelante una ley que instituye la Sunedu como un organismo externo con
autoridad sobre las universidades. Esta entidad es totalmente necesaria
porque la crisis del sistema universitario solo puede encararse desde fuera
de sus órganos de poder institucional.
El problema se
origina en la composición de la Sunedu, puesto que sus integrantes son
seleccionados por concurso público, menos su presidente (a) nombrado por el
ministro de Educación. Es decir, el Ejecutivo controla la institución que
regula el manejo de las universidades.
Ese punto
justifica el proyecto del Apra, porque según su lógica, la ley Mora viola la
autonomía universitaria consagrada en la Constitución y las leyes. En alguna
medida el PAP tiene razón. Si el Ejecutivo nombra al responsable y lo puede
remover cuando lo considera necesario, entonces, la cabeza depende del poder
político. En la historia nacional una situación semejante es propia de
algunos autoritarismos y no se ha presentado en democracia. Por ejemplo,
Leguía y Velasco tuvieron organismos parecidos a Sunedu.
Pero, el Apra
quiere volver a una situación que todos los diagnósticos coinciden en señalar
como pésima. Algunos analistas han destacado que el viejo partido de Alfonso
Ugarte es instrumental al poderoso lobby de las universidades-empresa,
fuertemente representado en el Congreso. Pero, más allá de sus intenciones,
el proyecto del PAP se apoya en el tema de la autonomía para viajar al
pasado.
En la búsqueda de
una solución al dilema, aparece una tercera opción: conformar íntegramente la
Sunedu por concurso público. ¿Cuál es la razón para que su presidente sea
nombrado por el ministerio y todos los demás integrantes por concurso? ¿Qué
impide una Sunedu verdaderamente independiente? Puede serlo, si todo su
directorio nace de la selección transparente de académicos experimentados.
Ninguno le debería nada a la política y podrían asumir libremente el perfil
técnico de su labor.
En el Perú existe
demasiada desconfianza en el poder político. Nadie lo cree independiente y se
teme su vocación totalitaria. Por ello, en la arquitectura del Estado existen
varios organismos constitucionalmente autónomos, que hacen contrapeso a los
gobiernos de turno. Si el Congreso busca revisar la Ley Universitaria, puede
avanzar en esa dirección, en vez de retroceder a un camino comprobadamente
estéril.
http://larepublica.pe/impresa/opinion/824214-la-ley-universitaria
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Harta del Poder Judicial
Sigrid Bazán
Estamos hartos.
Hartos de que dejen en libertad a bandas de sicarios con muchísimas
sentencias acumuladas y en nuestras narices. Hartos de que nos arranchen el
celular en la esquina, de tener miedo cuando somos mujeres y tenemos que
regresar solas a nuestras casas.
En medio de ese
hartazgo, esta semana arrancó la huelga de los trabajadores del Poder
Judicial (PJ). En el norte, trabajadores de La Libertad exigen mejores
sueldos y mayor presupuesto. En el sur, funcionarios de la Corte Superior de
Justicia de Arequipa se crucifican y tiñen de sangre la Plaza de Armas de la
ciudad.
Mientras tanto, el
aumento de los delitos cometidos y la falta de confianza en esta
importantísima institución se juntan ahí donde el 60% de peruanos cree que no
hubo ningún avance en la lucha contra la delincuencia y el 63% desaprueba el
trabajo del Poder Judicial.
No sorprenden
estas cifras cuando se sabe que el actual patrimonio de Ramiro de Valdivia
Cano, presidente interino de este poder del Estado, ha venido aumentando en
440% durante los últimos cinco años. Un juez que ahora va a ser indemnizado
–y verá crecer aún más sus millones– por haber sido separado de su cargo
cuando se descubrió que se había reunido con Vladimiro Montesinos.
Este señor es uno
de los jueces más antiguos en la Corte Suprema. Es una pieza más que
contribuye a esa desconfianza que se convierte en nuestra peor enemiga y que
permite darnos cuenta de que no solo se trata de una persona, sino de todo un
Estado que pide una reforma integral a gritos.
Citando a Pease,
uno de los más férreos promotores de esta reforma, “cuando el violentismo
arraiga en la sensación de abandono y frustración que tienen la mayoría de
ciudadanos, no se trata de responsabilidades coyunturales de un gobierno,
sino de un Estado inoperante que así pongan a Mandrake a gobernar irá mal”.
Es lo que tenemos, cuando el presidente no tiene ni el más mínimo respaldo
del Congreso, aquel tomado por el fujimorismo y que repite la lógica del
resto de poderes del Estado.
No hay otra manera
de explicar cómo, por ejemplo, una vez más, se busca interpelar al ministro
de Educación, Jaime Saavedra. Ha sido Lucio Ávila, miembro de Fuerza Popular,
el primero en mandarle una carta prácticamente pidiéndole favores para una de
las tantas universidades que ahora son el negocio de nuestros políticos. Y
claro, “si no me ayudas, te interpelo”. Bajo esa lógica, o cedemos en lo que
sería esa “ayudita”, es decir, a negociar con la corrupción y seguir con el
virus que carcome nuestras instituciones, o apuntalamos la reforma. Ojalá
veamos a más gente que, desde todos los frentes, se anime por lo segundo.
http://larepublica.pe/impresa/opinion/824215-harta-del-poder-judicial
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¡Mi negocio no!
Luis Davelouis
Hace algunas
semanas, una investigación de Ojo Público reveló que en los últimos 10 años
el Estado les había dejado de cobrar a las empresas del sector educación un
monto cercano a los S/70 mil millones. Para ponerlo en perspectiva: este año
todos los programas sociales costaron S/5,400 millones. Con lo que dejaron de
pagar las empresas del sector educación, alcanzaría para financiar 13 años de
programas sociales que benefician a casi 5 millones de personas.
La Ley
Universitaria afecta a muchos de esos negocios educativos que gozan de
exoneraciones tributarias a cambio de reinvertir en mejorar las condiciones
que ofrecen a sus estudiantes. Pero es imposible preguntarse adónde se fue
ese dinero que no se le pagó al Estado cuando uno ve que algunas universidades
funcionan en corralones, en segundos pisos de chifas, en garajes, en
depósitos sin ventanas ni baños. O cuando se entera de que algunas de ellas
venden el pase directo a segundo o incluso tercer ciclo si el postulante paga
una matrícula un poco más alta y da un examen.
Esas, entre
muchísimas otras irregularidades, hacen evidente que el dinero que el Estado
dejó de cobrar no ha sido invertido adecuadamente. Eso, sin considerar a
quienes consignan como inversión en infraestructura el auto de lujo que se le
asigna al rector.
El negocio
educativo es tremendamente lucrativo porque tiene beneficios tributarios,
porque al estudiante –y a su familia– le toma al menos 5 años enterarse de si
es que lo estafaron o no con la educación que le vendieron y porque –hasta la
aparición de la Ley Universitaria y la Sunedu– todos ellos se supervisaban a
sí mismos, lo que explica en buena medida el desastre que es esa educación en
algunos casos
http://peru21.pe/opinion/luis-davelouis-mi-negocio-no-2263074
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Pobres con plata
Enzo Defilippi
“No soy un hombre
rico, soy un pobre con plata”, es la frase de Pablo Escobar que utiliza
Alberto Vergara para argumentar que crecimiento económico no implica
desarrollo, en una columna publicada en El Comercio el domingo pasado.
De acuerdo con él,
durante los últimos veinte años nuestros gobernantes han priorizado el
crecimiento económico bajo la creencia de que la modernización genera, casi
espontáneamente, institucionalidad y desarrollo. Y le sorprende que este
gobierno siga el mismo camino a pesar de la abundante evidencia de que las
mejoras económicas no han generado desarrollo. No entiende por qué el
gobierno sigue priorizando la economía cuando lo que el país reclama
priorizar es la construcción de un Estado de derecho.
Concuerdo con
Vergara en varias cosas. Especialmente, en que el crecimiento económico es
insuficiente para generar desarrollo. También que la institucionalidad y el
Estado de derecho no son subproductos del éxito económico, y que deben ser
prioritarios por sí mismos.
Él, sin embargo,
parece creer que no es posible priorizar simultáneamente la economía y la
institucionalidad. Que, parafraseándolo, o buscamos que el PBI crezca un
punto más o nos decidimos a tener un Poder Judicial respetable. ¿Por qué? El
ancho de banda del Estado es limitado, sí, pero alcanza para más de un
objetivo estratégico.
Tampoco estoy de
acuerdo con el peso que le otorga a la ideología. Cualquiera que haya tenido
responsabilidades de gobierno sabe que la ideología no tiene, ni por asomo,
la importancia que él supone, por ejemplo, en la lucha contra la corrupción o
la inseguridad. Para eso, lo importante es la gestión. Luego, la gestión. Y,
por último, la gestión.
¿Por qué el
gobierno no le mete el mismo punche al desarrollo institucional que a la
economía, si como dice él, “somos conscientes de que los grilletes que nos
atan al subdesarrollo no están principalmente en la esfera económica”? En
principio, porque el gobierno no puede construir institucionalidad con la
misma facilidad con la que maneja la política económica. Salvo el presupuesto
y uno que otro misil que venga del Congreso, la política económica la decide
el Ejecutivo. ¿Tiene el gobierno la misma libertad para reformar el Poder
Judicial? No. ¿Para transformar el sistema político? Tampoco. ¿Para
construir, a punta de decretos supremos, un Estado de derecho, una mejor
democracia, una república justa? Menos.
Construir
institucionalidad requiere una firme voluntad política, pero no basta la del
gobierno. Se necesita, al menos, una masa crítica de políticos que hagan
política con P mayúscula. Pero ello no va a ocurrir a menos que los
ciudadanos demandemos institucionalidad con la misma firmeza con la que hoy
exigimos estabilidad macroeconómica. Y allí, en mi opinión, está el error de
Vergara: interpretar la frustración de la gente con la corrupción y la
inseguridad como una demanda por priorizar la construcción de un Estado de
derecho.
¿Es razonable
esperar que demandemos Estado de derecho los mismos peruanos que celebramos
la criollada, parqueamos donde nos da la gana y a quienes nos interesan un
rábano los derechos de los demás? ¿Que exijan institucionalidad quienes
eligen al ‘comeoro’ o a la ‘robacable’? Temo que, aun volviéndonos ricos,
seguiremos siendo pobres mientras la respuesta sea que no.
http://elcomercio.pe/opinion/mirada-de-fondo/pobres-plata-enzo-defilippi-noticia-1948361?ref=portada_home
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La victoria de Trump
Gonzalo Portocarrero
“Lo concreto es
concreto, porque es la síntesis de muchas determinaciones, porque es, por lo
tanto, unidad de lo múltiple”, dice Marx cuando reflexiona sobre el método de
la economía política. La realidad es siempre compleja, de manera que
reconstruirla en el plano del pensamiento requiere de la integración de
muchas líneas de causalidad, de los factores que se encuentran y entremezclan
en la producción de un acontecimiento. Además, a la causalidad hay que
agregar el impacto del azar y la contingencia. El caso de la elección de
Donald Trump representa un evento sorprendente y difícil de explicar pues,
para empezar, las encuestas lo daban como seguro perdedor.
Pero como el
sentido común rehúye el vacío, y desea comprender de inmediato, ya se han
urdido interpretaciones que se postulan como indudables y que parecen, con su
evidencia, clausurar cualquier discusión. La más socorrida es aquella que
señala que la victoria de Trump obedece al malestar de la clase trabajadora
blanca que sufre de un alto nivel de desempleo y de remuneraciones estancadas
hace ya decenios. Un grupo que vería en los migrantes competidores desleales,
y en la globalización un mecanismo para transferir puestos de trabajo hacia
zonas pobres, con salarios bajos y abundantes reservas de mano de obra.
Entonces, la
elección de Trump sería un voto de protesta de una colectividad que se siente
marginada en su propio país. La expectativa sería subir los aranceles y
prohibir –o reducir considerablemente– la inversión en los países donde prima
la mano de obra barata. Resulta difícil ponderar en qué medida esta hipótesis
explica la victoria de Trump. En todo caso, se trata de una perspectiva
economicista que supone que los ciudadanos escogen a sus candidatos solo en
función de evaluaciones sobre su futuro remunerativo.
En realidad, la
economía estadounidense ha logrado sortear con relativo éxito la crisis que
se inició en el 2008. En la actualidad las tasas de desempleo son muy bajas y
el crecimiento económico es mucho más significativo que en otros países
desarrollados. Todo ello gracias a una política keynesiana de bajas tasas de
interés y estímulo de la demanda mediante el aumento del gasto público.
Lo más
sorprendente de esta elección es que ha hecho emerger sentimientos que muchos
daban por superados. Hablamos, desde luego, del racismo y del patriarcalismo.
Lejos de desprestigiar a Trump, el hablar de las mujeres como objetos de goce
y de los migrantes como violadores ha liberado una hostilidad contra los
débiles antes reprimida por la ideología liberal de los derechos humanos.
La victoria
también ha hecho visible el poder de la mentira y la demagogia. A los
votantes de Trump no parece importarles la moralidad de su candidato. En todo
caso, se identifican con sus alardes maníacos y su promesa de transformar a
Estados Unidos en una potencia que, por su riqueza y poder militar, pueda
actuar unilateralmente, imponiendo sus conveniencias sin necesidad de
rendirle cuentas a nadie.
Y en cuanto a la
demagogia, llama la atención lo simple y categórico de su discurso. Más que
un programa estructurado, Trump expone medidas aisladas que capturan la
imaginación de la gente, como la idea de construir un muro en la frontera con
México, o no permitir la entrada de musulmanes a Estados Unidos. O aumentar
los aranceles de importación a los productos chinos. O legalizar la tortura.
O deportar a los migrantes sin papeles.
Guste o no, es
indudable el carisma de Trump. Mucha gente se identifica con su figura de
hombre seguro y llano; sin dudas ni temor a decir lo que piensa, capaz de hacer
lo que sea para cumplir sus aspiraciones políticas. Alguien a quien no le
temblará la mano al momento de ordenar políticas que violen los derechos
humanos. En el fondo, la elección de Trump hace evidente la añoranza, de
muchos en la sociedad estadounidense, por ser una nación homogénea y
excepcional, bendecida por Dios para guiar los destinos del mundo.
Al magnetismo de
Trump, debe agregarse la falta de un horizonte prometedor en los discursos de
Hillary Clinton. En cualquier forma, aún continúa siendo un misterio cómo uno
de los pueblos más ricos y educados del mundo termina votando por un
candidato sin un programa real, que pretende un imposible regreso al pasado.
Vivimos la amenaza de una regresión civilizatoria.
http://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/victoria-trump-gonzalo-portocarrero-noticia-1948355?ref=portada_home
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Izquierda peruana: cinco esquinas
Gustavo Guerra García
Sin contar al
movimiento que proviene de los remanentes de Sendero Luminoso (antes Modavef
hoy FUDEPP), la izquierda está dividida en cinco sectores básicos. El mejor
posicionado es el Frente Amplio, que acaba de dejar de ser un referente
político uno y camina a constituirse en un frente electoral sobre la base
de dos inscripciones: la de Tierra y Libertad, y la del Movimiento por un
Nuevo Perú, liderado por Verónika Mendoza. A pesar de las intensas
contradicciones internas, el Frente Amplio ha logrado mantener la bancada
parlamentaria unida y están transitando a su nueva estructura de común
acuerdo. El Movimiento Nuevo Perú ha implicado algunos reagrupamientos y ha
generado rupturas tanto en Tierra y Libertad como en Sembrar. No obstante,
todos los cambios se han producido al interior del Frente Amplio.
Otro sector
importante de la izquierda es Únete por Otra Democracia. Algunos de los
componentes de este sector solicitaron participar en el Frente Amplio, pero
sus solicitudes no han sido respondidas y las negativas no han sido
explicadas. Este agrupamiento no tiene inscripción y ha decidido concentrar
sus energías en inscribir o articular movimientos regionales y uno local en
Lima hacia las elecciones del 2018. Dos partidos de Únete por Otra
Democracia son los que más anclaje social tienen en sectores sindicales. Los
directivos del Frente Amplio y Únete por Otra Democracia han estado en
conversaciones para tener acuerdos electorales hacia el 2018 y el 2021, pero
los avances aún son muy limitados. Por el norte, corre Gregorio Santos que
está articulando a un sector que ha roto con el MAS y con Patria Roja en
conjunción de fuerzas con el movimiento fonavista, que ahora se denomina
Democracia Directa. Es previsible que Democracia Directa logre preservar su
inscripción nacional y que el popular Goyo lidere su estrategia electoral si
no lo detienen sus problemas judiciales. Y, finalmente, por la sierra
central navega el movimiento del expresidente de Junín, Vladimir Cerrón, que
tiene inscripción legal y algunos aliados regionales y en Lima. Quizás
después de las elecciones del 2018, se pueda prever un panorama más claro
para la izquierda peruana.
http://exitosanoticias.pe/opinion-izquierda-peruana-cinco-esquinas-por-gustavo-guerra-garcia/
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