OPINIONES 08/11/2016

 

Banco Central con reservas

Mirko Lauer

Aun si la marcha de hoy no resulta tan concurrida como sus organizadores quisieran, la multiplicación de las críticas ha logrado empujar al BCR hacia el centro del escenario político. El conflicto tiene la forma de un pulseo entre la mayoría del Congreso y una coalición espontánea moviéndose entre los medios, las redes y las calles. Los argumentos contra los tres directores elegidos con votos de Fuerza Popular incluyen la calidad moral, la idoneidad profesional y el conflicto de intereses. Aunque ninguno de ellos ha sido sentenciado, dos de ellos traen la carga polémica que a menudo suele producir el paso por el fujimorismo. Julio Velarde, presidente del BCR, ha dado a entender que piensa seguir conduciendo la política del banco como siempre. Una alusión a su propio peso institucional, pero también los no fujimoristas son mayoría en el directorio de siete, y en lo profesional los economistas también, aunque este no es un requisito. El directorio es importante en el BCR, pero el peso combinado de la presidencia y las prestigiosas estructuras técnicas del banco (gerencias y oficinas de estudios) es decisivo. Un motivo adicional para que no exista el peligro de algo así como un fujimonetarismo. Quizás hay más fujimoristas en otros puntos del sistema económico estatal. De otra parte es poco probable que los dos fujimoristas más caracterizados logren imponer puntos de vista capaces de llevar al impasse en el debate de ese directorio. En el caso de José Chlimper o Elmer Cuba, es altamente improbable que quieran hacerlo. En este caso, el pugnaz Rafael Rey está aislado en más de un sentido. Los economistas que hoy van a reforzar la marcha conocen bien todo esto. Probablemente su reclamo es por la manera en que Fuerza Popular ha ido penetrando el aparato del Estado, e intentando modificar políticas públicas desde el Congreso. Un impulso con el cual por momentos colabora el propio gobierno. Hasta el momento los directores cuestionados no han mostrado la menor intención de renunciar, y es poco probable que la mayoría que los eligió se lo permita. Pues el conflicto ya se ha trasladado a un terreno difícil de negociar, el de los márgenes de la legitimidad del propio fujimorismo parlamentario.

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------------------------------------------- De segunda clase (II)

Luis Davelouis

¿Qué hacen allí esos “shipibos”? ¿A qué han venido? Dicen que los trajo Alejandro Toledo para su marcha de los Cuatro Suyos y después se olvidó de ellos. Qué conchudo el cholo ese, los usó para sus fines políticos y los dejó tirados ahí a su suerte; solo para bajarse al chino. ¿Se les quemaron las casas? ¿O sea que están hace 16 años allí instalados como sea invadiendo y todo este tiempo han estado esperando que les regalen casa y les solucionen el problema con nuestros impuestos? Gente conchuda que llega a la ciudad y cree que todo hay que darle gratis: agua, luz, casa… ¿no quieren sueldo también? ¿Y de dónde sale? De los que sí pagamos impuestos, pues, conchudos. Además, ya estaban allí instalados con empresitas informales vendiendo sus cosas y todo, que no digan que eran pordioseros porque es mentira, esa gente tenía televisor y refrigeradora, no son tan pobres, ¿por qué hay que reubicarlos y encima regalarles casa? ¿Y encima no quieren mudarse a las carpas que les ha puesto la municipalidad? Ah, entonces lo que pasa es que no necesitan tanto pues, porque el que necesita y está urgido no le mira el diente al caballo regalado, eso demuestra pues que quieren que todo les den. ¿Por qué no se regresan a su tierra a hacer algo productivo y se dejan de estar viviendo como limosneros y dando pena en Lima? ¿Acaso yo puedo ir a Pucallpa y agarrarme terrenos que no son míos? No, entonces, ¿por qué ellos sí pueden? Y ahora resulta que es culpa del alcalde por hacer un by-pass que sirve para que yo pueda llegar más rápido de San Isidro hasta donde hago mis consultorías. No es justo, ¿no? Ellos ni siquiera son de Lima y quieren casa, parque y todo gratis, no hay derecho, así no es.

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------------------------------------------- Final dramático en EE.UU.

César Lévano

Hoy se define en los Estados Unidos no solo quién será presidente, sino también el rumbo de una superpotencia en decadencia pero que sigue pesando en los destinos del mundo. Lo curioso es que en las elecciones de ese país no se elige directamente al primer mandatario. No gana el que tiene más votos, sino el que más votos tiene en el Colegio Electoral, donde los estados tienen diversas cuotas. Para ganar la presidencia se necesitan 270 asientos en el Colegio. Otro aspecto insólito del sufragio estadounidense es que las elecciones son en día laboral, lo cual dificulta la concurrencia de obreros y otros trabajadores. Eso gravita en el hecho que con frecuencia vota menos de la mitad de los inscritos. Decisiva en esta jornada va a ser la participación de los latinos. Como se sabe, Donald Trump, el candidato republicano, ofendió a los millones de inmigrantes mexicanos acusándolos de ser violadores y narcotraficantes, y prometiendo construir en la larga frontera con México un muro de concreto que impida el ingreso de drogas y de indocumentados. Muchas mujeres repudian a Trump desde que se difundió un video del 2005 en el cual se jactaba de poder tocar impunemente a las mujeres en sus partes íntimas gracias a que es millonario y famoso. Trump tiene, sin embargo, amplio apoyo en el sector menos educado y entre los racistas. Hillary Clinton, la candidata demócrata, logra en su favor al sector culto de universitarios, sindicatos, afroamericanos, judíos y personas de origen asiático. Un problema que la perjudica es que la gente la ve como integrante de una élite de políticos asociados al poder, las altas finanzas y el conservadurismo internacional. Una encuesta Gallup de junio de este año indicó que apenas 32 por ciento de los ciudadanos tienen confianza en las 14 instituciones mayores del país, incluidos el Congreso, la Corte Suprema, los bancos, los partidos. El 73 por ciento, en cambio, confiaba en el ejército. Lo cual podría convencer a un fascista que en los Estados Unidos ha sonado la hora de la espada, como pronosticaron para América Latina, en los años 20 del siglo pasado, los poetas Leopoldo Lugones y José Santos Chocano. Las elecciones de hoy confirmarán sin duda que el Tío Sam reina en un país confundido y dividido. La analista Peggy Noonan publicó el 11 de febrero de este año en The Wall Street Journal que en ese país de instituciones paralizadas, tensiones racistas, donde los pobres y las clases medias rechazan a las élites, se puede estar incubando una versión soft (blanda) de la Revolución francesa.

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------------------------------------------- Presupuesto 2017: eliminar el artículo 6°

Enrique Fernández-Maldonado Mujica

¿Se puede hablar de una “negociación colectiva democrática” sin cláusulas económicas, esto es, que no incluya acuerdos salariales sino solo “laborales”? La teoría y el derecho laboral indicarían que no. Sin embargo, en el Perú post Fujimori este oxímoron es posible y se da inconstitucionalmente en el Estado peruano. El tema viene del 2013, cuando el Ejecutivo incluyó un artículo (el sexto) y una disposición complementaria final (la 58ª) en la Ley de Presupuesto para el Sector Público (N° 29951). Estos dispositivos legales prohibían, en términos generales: 1) incrementos remunerativos y reajustes a asignaciones o bonificaciones otorgadas unilateralmente por cada pliego o el Estado; 2) incrementos salariales producto de una negociación colectiva; o 3) que resultasen de un laudo arbitral. El argumento fue el mantenimiento del equilibrio presupuestal. Desde entonces, los servidores públicos (que mayoritariamente reciben remuneraciones paupérrimas) solo pueden negociar condiciones de trabajo. ¿Aumento de ingresos? Nones. Como era de esperarse, sindicatos públicos interpusieron demandas ante el Tribunal Constitucional, que resolvió el 2015 la inconstitucionalidad del artículo 6° (interpelando su carácter temporal y contrario a los convenios OIT N° 87 y 98). Asimismo, declaró la vacatio sententiae exhortando al Congreso a legislar en la materia, estableciendo como plazo máximo la primera legislatura ordinaria (2016-2017). No obstante esta sentencia, el MEF de Thorne insiste en mantener las restricciones en el proyecto de ley N° 173-2016-PE. Con lo cual traslada la pelota a la cancha, primero, de la Comisión de Presupuesto –presidida por la congresista fujimorista Cecilia Chacón–, quien elaborará el dictamen considerando –o no– lo resuelto por el TC (el Frente Amplio ya presentó un pedido formal para eliminarlo). Y luego será el Pleno (con mayoría fujimorista) la instancia que aprobará la Ley de Presupuesto, ratificando –o no– los artículos cuestionados. Noviembre es clave en este proceso. Paralelamente, las centrales sindicales estatales vienen trabajado –de manera conjunta– un proyecto de ley para regular la negociación colectiva en el sector público. Esta iniciativa deberá considerar los diferentes niveles de gobierno (en un modelo mixto que centraliza y descentralizada según el caso), atendiendo las diversas fuentes de financiamiento (Tesoro o ingresos propios). Además de institucionalizar un derecho laboral fundamental, como es la negociación de incrementos salariales, este proceso enfrenta un reto mayor: redefinir el complejo modelo de relaciones colectivas en el Estado. Para comenzar, dejando atrás el unilateralismo (cuasi autoritario) que ha caracterizado nuestro sistema de relaciones laborales en la administración pública (Balbín, 2005).

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------------------------------------------- Exigimos transparencia

Pedro Francke

Hace diez días el Congreso dominado por el fujimorismo eligió “de sorpresa” a tres directores del BCR. No permitió que hubiera debate en el Congreso. Impidió que la ciudadanía se enterara antes y diera sus opiniones. No publicó las hojas de vida y presentaciones de los candidatos. Hasta ahora no tenemos ni idea de qué propuestas tiene Rafael Rey sobre la política monetaria y la gestión del BCR, asunto sobre el cual él mismo ha confesado que recién se pondrá a estudiar. Total falta de transparencia. No es la primera vez. Para la elección del Defensor del Pueblo, tampoco la mayoría fujimorista quiso que los candidatos se presentaran en público y sustenten sus planes de trabajo. Era lógico que así se hiciera; de la misma forma como en una campaña electoral quienes quieren ser presidentes o alcaldes deben decirle a la ciudadanía lo que piensan hacer, lo mismo debe aplicarse a quienes quieren dirigir estos organismos autónomos. Pero en el fujimorismo predomina la repartija y la cuchipanda,el “si tú me apoyas yo rasco tu espalda”, “hoy por ti mañana por mí”. La falta de transparencia llega a límites extremos con el alcalde Castañeda. Gracias a un periodista de investigación nos enteramos que la modificación al contrato que firmó con la constructora OAS dejaba a los shipibos de Cantagallo sin terreno a donde mudarse. Pero eso lo tuvieron totalmente oculto, tanto es así que meses después de firmado ese nuevo pacto, la teniente alcaldesa Patricia Juárez, la mano derecha de Castañeda, les seguía prometiendo a los shipibos que se mudarían a ese terreno cuya venta habían ya comprometido. No solo eso, todo lo relativo al bypass de 28 de Julio ha sido hecho a escondidas, sin que nadie haya visto los planos, permisos y presupuestos respectivos. El único bien enterado era su corruptor favoritos, el dueño de OAS Leo Pinheiro, con quien coordinaban mediante wassap, logrando que muevan su publicidad durante la campaña electoral. No sabemos cuánto nos ha costado esa gracia a todos los limeños. Para tapar sus trapacerías, hacen maña y media. En campaña, Chlimper entregó un audio editado y trafeado con el objetivo de limpiar a Joaquín Ramírez, el secretario general del partido de Keiko Fujimori investigado por narcotráfico. Ahora, Castañeda paga avisos para buscarle cinco pies al gato y echarle la culpa de las consecuencias desastrosas de sus arreglos ocultos a Marisa Glave. Mientrastanto el Congreso fujimorista le pone alfombra roja al “mudo” y se rehúsa a investigarlo, y PPK se enreda defendiendo a economistas involucrados en corrupción. Estos días lo que está en cuestión es la transparencia y la honestidad. Bien por los estudiantes, jóvenes y ciudadanos que salen en defensa de esos valores hoy a las 6 pm desde la Plaza San Martín.

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------------------------------------------- Dongo le dio a borondongo

Augusto Álvarez Rodrich

Mal negocio político el que ha emprendido el presidente Pedro Pablo Kuczynski al entablar un fuego cruzado con su predecesor Ollanta Humala, pues tiene poco por ganar en esa batalla y sí, en cambio, algo por perder. Una recomendación tradicional del que llega a un puesto es echarle la culpa de todo al antecesor. Pero esa arma no funciona bien en la política peruana, salvo que el gobierno previo sea como el primero de Alan García o el de Alberto Fujimori. Un ejemplo reciente de que no funciona es el costo que le significó a Humala pasarse su lustro peleando con Alan García. Al final, los dos quedaron políticamente muy dañados. El mismo riesgo corre hoy PPK si enfoca su estrategia política a pelearse con Humala. La empezó presionado por el fujimorismo cuando este le notificó que el otorgamiento de la confianza al gabinete Zavala pasaba por escuchar, previamente, una crítica fuerte al gobierno nacionalista. Eso hizo, en efecto, el gabinete, y el juego le gustó al punto de profundizar la crítica contra el gobierno de Humala aunque, debe advertirse, con más entusiasmo que acierto, pues pisó algunas cáscaras de plátano. Por ejemplo, con los patrulleros para la policía, que primero fueron vilipendiados por la gestión actual del Ministerio del Interior, pero la semana pasada el propio titular del sector, Carlos Basombrío, anunció que ya están circulando por las calles. Algo parecido ha sucedido con esta discusión sobre el tamaño del déficit fiscal. El actual ministro Alfredo Thorne criticó a la gestión previa por un hueco que sería de cerca de 4% del PBI, y el premier se sumó al cuestionamiento, pero su antecesor Alonso Segura salió a responderle: “Me sorprende que Zavala dé cifras que no son ciertas”, pues la administración previa lo dejó en 3.2. Y así van las cosas. O peor. Manuel Pulgar Vidal dice que el nuevo gobierno “está jugando a cazar pokemones en el parque”; Juan Sheput que los problemas actuales son “la consecuencia de ministros mediocres que se dedicaron a servirle el café a Nadine”; el ex ministro José Gallardo que “el actual gobierno está desinformado, sin visión”; la vicepresidenta Mercedes Aráoz que “hicieron un pésimo gobierno”; y el ex presidente Humala que “no ha escuchado nada” de la gestión de PPK. No es muy claro qué pueda ganar el gobierno en esta batalla, pero sí podría perder algo por el surgimiento de un nuevo bloque opositor que, con el conocimiento de la gestión reciente, se dedique cotidianamente a hacer notar sus errores en los medios.

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------------------------------------------- Un incendio

Nelson Manrique

El incendio desatado en la madrugada del viernes en Cantagallo, en el Rímac, que destruyó más de 400 viviendas y que ha dejado a cientos de familias shipibo-conibo en la calle, saca a la luz lo mejor y lo peor de nuestra sociedad. Por una parte, es alentadora la movilización espontánea de miles de ciudadanos que llegaron a los puntos de acopio apresuradamente instalados para canalizar el apoyo material a los damnificados. No es la primera vez que este tipo de solidaridad debe suplir el apoyo que debiera brindar el Estado, y sobre todo la municipalidad de Lima, la gran responsable del desastre. Por la parte negativa, está la reacción racista azuzada por gente como el periodista Phillip Butters, cuyas declaraciones en su programa en Radio Capital bien merecen un comentario: “Por muy shipibo-conibo que seas, tú no naciste en Lima ¿no es cierto? Tú has venido de otro lado acá. ¿A qué? Es como que vayan limeños allá a Ucayali. Yo no me puedo ir con un grupo de amigos y agarrarme, pues, un local en Ucayali o en Pucallpa”. Butters parece olvidar que la Lima contemporánea es producto de la movilización de millones de migrantes provenientes del campo, de la sierra y la selva, que fue especialmente intensa en la segunda mitad del siglo pasado y que cambió el rostro de la vieja ciudad colonial, construyendo la Lima que hoy vivimos. Es un hecho macizo que la gran mayoría de los pobladores de Lima son migrantes, o sus descendientes (me incluyo, y sería bueno que Butters revise su árbol genealógico). También en su momento estos fueron objeto de discriminación, prejuicios y agresiones como los que menudean estos días en las redes sociales. Así, la demanda de solidaridad con los shipibo-conibo es recibida por expresiones como la siguiente, subida a Facebook: “Es la conchudez en grado extremo la gente de la selva es ociosa en gran mayoría y peor si es hombre”. No hay ni el menor asomo de empatía en Butters ni en el autor de este post infame. Ninguna expresión de solidaridad con las víctimas de un incendio en el cual centenares de familias lo han perdido todo, que ha dejado a un niño con el 50% de su cuerpo quemado. Esta desgracia, que en otros seres humanos moviliza instintivamente ese reflejo de solidaridad que nos permitió sobrevivir como especie, no les dice nada. La desgracia de estas familias constituye simplemente un pretexto para que expresen prejuicios, xenofobia y racismo en su grado de elaboración más primitivo. Aparentemente Butters parece ignorar que Ucayali y Pucallpa, y todos los poblados amazónicos contemporáneos, son producto de la invasión de cientos de miles de colonos provenientes de la costa y la sierra, que despojaron de sus tierras a los pobladores originarios, entre los que se encuentran, por supuesto, los shipibo-conibo que él detesta. Si sigue esta pista probablemente podrá entender mejor por qué la gente abandona sus lugares de origen y migra hacia la capital. El corresponsal de Facebook, por su parte, elabora esos estereotipos totalizadores que descalifican a otros seres humanos como grupo, con un par de fórmulas fáciles como proclamar que “la gente de la selva es ociosa en gran mayoría y peor si es hombre”. Más allá de lo elemental de semejante elaboración intelectual, parece increíble que alguien que maneja así el idioma pueda sentirse con derecho para descalificar a alguien. Detrás de este tipo de argumentos existe la no tan oculta convicción de que los pobladores amazónicos originarios no merecen tener los derechos que la Constitución reconoce a todos los ciudadanos peruanos. Son indígenas, y además amazónicos. ¿Cómo pueden pretender que los traten como a verdaderos peruanos? Esto es lo que nos dice el siguiente post: “Habilitaron carpas para damnificados de Cantagallo pero no quieren ir. ¿No están desesperados? ¿O quieren que los reubiquen en Miraflores?”. Las trapacerías de Luis Castañeda Lossio, el gran responsable de esta tragedia, al liquidar el proyecto que la anterior administración municipal tenía en marcha, de común acuerdo con los shipibo-conibo, para darles viviendas dignas, son encubiertas por el Congreso. Ya Becerril anunció que el fujimorismo se opone a investigar el incendio y el escándalo de la OAS. Algunos medios de comunicación, como Panamericana y su programa dominical estrella, no dicen una palabra del escándalo, y tratan el incendio de Cantagallo como una nota urbana más. Canal N tuvo la feliz idea de preguntar a sus espectadores la misma noche del incendio si creían que la administración Villarán había engañado a los shipibos. Es la hora de la calle.

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------------------------------------------- Rodolfo Stavenhagen ha muerto

Rocío Silva Santisteban

Comiendo una pizza en la avenida Rivadavia, Buenos Aires, mientras reía sin parar de los chistes de los otros contertulios, Rodolfo Stavenhagen no parecía el intelectual severo que yo imaginé leyendo su famoso texto “Siete tesis equivocadas sobre América Latina”. En esos días de 2014 invitados por el intelectual argentino Ricardo Forster coincidimos en el encuentro “Pensar América Latina” y compartimos la mesa de cierre del mismo. Stavenhagen era un hombre menudo, sencillo, con el morral atravesándole el pecho como cualquier joven estudiante universitario, pelado y distinguido, con una mirada extraña y furtiva, realmente durante muchos años cuando leía sus textos tuve una tesis totalmente equivocada sobre este gran intelectual latinoamericano. El 5 de noviembre ha fallecido en su México querido este sociólogo de origen alemán que llegó al DF huyendo de la demencia nazi en 1940 en plena guerra. Stavenhagen ha sido marcado excepcionalmente por esos recuerdos: “Yo vi caer las bombas, fue mi primera conciencia sobre la guerra. Felizmente pudimos salir, a pesar de las bombas, el barco zarpó [de Amberes] por instrucciones superiores… Nos salvó la vida salir la noche en que los alemanes invadieron. Y en cuatro días acabó la guerra, ocuparon Holanda. Algunos parientes no salieron, mis abuelos paternos se quedaron, murieron en un campo de concentración”. Sin duda este origen lo marcó en sus investigaciones y sus compromisos éticos. Personalmente le dedico este pequeño homenaje desde el sur porque considero que Stavenhagen es el paradigma de intelectuales que necesitamos más en Nuestra América. No solo reflexionó sobre la situación de los desprotegidos, de los pobres entre los pobres, no solo dictó clases y dirigió numerosas investigaciones desde el prestigioso Colegio de México sino también fue un activista de los derechos de los pueblos indígenas, y además su gran defensor como relator de Pueblos Indígenas de la ONU. Un hombre humilde, alejado de los fuegos fatuos de la soberbia, felizmente el año pasado en el Congreso de LASA (Latin American Studies Association) en Nueva York se le pudo rendir un homenaje merecido. Como relator de Pueblos Indígenas, Stavenhagen estuvo en Bagua luego de la masacre de policías e indígenas de 2009 y publicó bajo el auspicio de la FIDH un importante reporte. Cincuenta años antes, como parte de una de las famosas tesis del texto mencionado, negó que “La existencia de zonas rurales atrasadas, tradicionales y arcaicas [sea] un obstáculo para la formación del mercado interno y para el desarrollo del capitalismo nacional y progresista”. Es decir, cincuenta años antes de la tesis de Alan García descalificando a los indígenas y nativos como la rémora del desarrollo peruano, ya Stavenhagen había negado con argumentos sólidos esa posibilidad. En esos días del baguazo comentó lo siguiente: “Ese discurso [de Alan García] que busca descalificar a los indígenas causa desasosiego, rabia y frustración. Es un discurso polarizante. Es un lenguaje que no debería tener lugar cuando se buscan soluciones a problemas económicos, sociales y políticos”. Bisbald, Rodolfo Stavenhagen. En serio que lo vamos a extrañar.

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------------------------------------------- Dos historias de la nueva América

Diego Salazar

Pedro Guardado nació en Washington D.C. hace 34 años, hijo de padres salvadoreños que en 1980 huyeron de la guerra civil que había empezado en su país un año antes. Pedro nació y creció en la capital norteamericana, junto a sus dos hermanas, Wendy y Flora. El señor Guardado, que había sido militar en El Salvador, consiguió trabajo en una imprenta, mientras la señora Guardado trabajaba limpiando casas para que sus hijos tuvieran la educación y seguridad que su país de origen era incapaz de ofrecerles. “Dos trabajadores no altamente cualificados, pero sí muy dedicados y orgullosos”, en palabras de Pedro. Khusrav Mahkamov tiene 22 años y, luego de graduarse en mayo del college, quiere continuar sus estudios en la Escuela de Negocios. Aún no decide en cuál. Llegó a Estados Unidos hace poco más de una década procedente de Kirguistán junto a sus padres. Khusrav, su madre y su hermano menor, nacido en Estados Unidos, se asentaron en una localidad de Illinois, a las afueras de Chicago. Su padre, luego de divorciarse, terminó volviendo a su país de origen. Su madre trabaja como consultora financiera y, según cuenta Khusrav, se ocupa de todo lo que uno podría imaginarse que una madre se ocupa en casa. Pedro se alistó en la Marina en 2010 como técnico en medicina (hospital corpsman). Luego de su entrenamiento en Fort Sam en Houston, estuvo destacado con el ejército en Japón y, en dos ocasiones, en Iraq. Khusrav, un buen estudiante durante toda su vida académica, asistió a la Universidad de Beloit en Wisconsin, donde se graduó con una licenciatura en Economía Política Internacional. En Beloit, además, formó parte del equipo de natación de la escuela y trabajó como instructor de nado y salvavidas. Pedro, ahora, luego de servir al U.S. Navy por seis años y tres meses, quiere ser médico y ha postulado a la universidad. Mientras espera por los resultados de su aplicación, trabaja con la organización Smile Train, que recauda fondos a nivel mundial para operar a niños hijos de familias con pocos recursos que sufren de labio leporino. Me encuentro con él y Khusrav –ambos intentando reclutar transeúntes para su causa– literalmente a medio camino de la Casa Blanca y Donald Trump. O mejor dicho, del hotel que tiene el candidato republicano en District of Columbia. A nuestra derecha se levanta imponente la mansión que ocupó por primera vez en noviembre de 1800 el segundo presidente de este país, John Adams. A nuestra izquierda, el hotel de un hombre que ha dejado claro, mitin tras mitin, que personas como Pedro y Khusrav no son verdaderos americanos, que este país no se construyó para ellos. Khusrav, un residente permanente que aún no adquiere la nacionalidad, no podrá votar este 8 de noviembre. “En las próximas seguro que ya podré”, me dice con algo de pesar. Pedro, que nació aquí, votó hace ya unos días. No es, me dice, una persona particularmente interesada en política, pero “esta vez es importante”. Imaginan por quién ha votado, ¿no?

http://peru21.pe/opinion/diego-salazar-dos-historias-nueva-america-2261730

------------------------------------------- Defensa del consumidor

Arturo Maldonado

En estas semanas, los consumidores hemos tenido noticias desalentadoras en varios frentes. Una de ellas ha sido el caso de la concertación de precios de medicamentos y de productos de cuidado nutricional de un grupo de cadenas de farmacias (Inkafarma, Arcángel, Fasa, Mifarma y Nortfarma). En este caso, luego de un lento proceso de ocho años, Indecopi ha sancionado a estas empresas. Otro caso de malas prácticas empresariales es el de las cadenas de supermercados (Plaza Vea, Tottus, Wong y Metro) que publicaban un precio en góndola pero terminaban cobrando otro precio más alto en caja. En este caso, Indecopi también ha abierto un procedimiento sancionador (por infracción a las normas de protección al consumidor). Veremos qué tiempo toma llegar a una sanción efectiva, si es que se llegara a una. Ante estos hechos, ha habido iniciativas desde los consumidores, mayormente en redes sociales, para sancionar a estas empresas. En primer lugar, este tipo de campañas busca avergonzar a las marcas implicadas en estas malas prácticas. En teoría, existe una relación de confianza entre un consumidor y una empresa, expresada en la fidelidad que un cliente tiene a una marca determinada. Entonces, si un consumidor pierde la confianza en la empresa, la marca se devaluará y sería probable que la empresa pierda clientes y ventas. En segundo lugar, estas campañas buscan generar un impacto comercial directo en estos negocios. Las campañas piden específicamente que los consumidores no compremos en estos locales. A través de las redes sociales se busca coordinar con los consumidores para provocar un efecto en las ventas de estas empresas. Este tipo de estrategias, sin embargo, no suele tener el efecto esperado. Si bien es cierto que los consumidores se forman una mala imagen de estas empresas y es probable que busquen otras opciones, estas acciones se harían en el corto plazo. En el mediano plazo, cuando las aguas del escándalo hayan amainado, lo más probable es que los consumidores busquen regresar a sus hábitos. Los hábitos buscan soluciones eficientes a problemas cotidianos. En ese sentido, si un supermercado de este grupo timador tiene una ubicación cercana a mi casa, por flojera o costumbre terminaré regresando. Ante una emergencia o la necesidad rápida de aliviar un dolor, una farmacia que esté a la vuelta de la esquina será la opción preferencial, así la empresa haya concertado precios en el pasado. Este tipo de iniciativas no son efectivas porque se necesita la coordinación de un gran número de consumidores sin ningún mecanismo de verificación del cumplimiento, dejando la puerta abierta a la defección individual, lo que lleva al fracaso colectivo de la iniciativa. Una solución a estos problemas de coordinación es la regulación, la supervisión y la sanción desde el Estado. En estos casos, Indecopi ha tomado cartas en el asunto, pero se extraña una mayor celeridad en los procesos sancionadores. Para que sea más efectivo, se requiere darle a Indecopi más músculo para que pueda actuar diligentemente. Una verdadera justicia es la que llega a tiempo y no con casi una década de retraso. Existen mecanismos alternativos como las acciones desde asociaciones civiles. En otras latitudes, por ejemplo, fue una institución de este tipo la que destapó el escándalo de las emisiones de los vehículos de la marca Volkswagen. En el Perú, se extraña un accionar más frontal de las asociaciones de consumidores y usuarios ante estos casos. En general, las instituciones estatales y civiles encargadas de vigilar y sancionar a las empresas que operan en el mercado son una defensa ante la reducida capacidad individual de los consumidores. Es decir, cuando un mecanismo imprescindible de mercado, como la competencia, es violado, la defensa pasa por fortalecer los mecanismos del Estado y de la sociedad civil.

http://elcomercio.pe/opinion/rincon-del-autor/defensa-consumidor-arturo-maldonado-noticia-1944923

------------------------------------------- Discurso sobre el método

Óscar Butteler

El hecho de que Susana Villarán haya sido la más deficiente al­caldesa de Lima no convierte a Lucho Castañeda en el mejor alcalde; aunque su entorno solidario lo diga para eludir las sospechas sobre las negociaciones con OAS y la pésima actuación que tuvo en el incendio de Cantagallo. La forma de gobernar Lima pode­mos llamarla “Método Castañeda”, que consiste en arrejuntar obras viales como puentes, pasos a desnivel y pavi­mentaciones para “hacer obra” y dar la ilusión de un gran trabajo, que se di­funde con un eficiente aparato de re­des y prensa que incluso llega a tener a destacados periodistas como “ase­sores de comunicación” pagados por el municipio limeño y que curiosamen­te defienden al alcalde en sus artículos. Pero estas obras terminan haciendo más caótico el tránsito, porque no for­man parte de un plan de la ciudad, sino de un capricho por construir. El Método también incluye evitar los temas candentes (que restan populari­dad) como el de la seguridad ciudada­na, que preocupa a los limeños, por eso no hemos escuchado de su parte ningún planteamiento y, lo que es peor, nunca coordina con la Policía, el Poder Judicial o los ministerios, pues siempre está au­sente de las reuniones del Comité Re­gional de Seguridad Ciudadana, que él mismo debe presidir. El Método también alimenta mitos urbanos como el de la aprobación de la gestión del alcalde, que algunas encues­tadoras situan entre 55% y 66%. Sin em­bargo, según el barómetro de CPI, hay 6 alcaldes distritales con una aprobación mayor al 70%, es decir, hay alcaldes que lo superan. Pero además, esta aprobación de Cas­tañeda no se expresa de la misma mane­ra cuando, en otra encuesta de CPI (he­cha para un consorcio privado), un 70% de limeños responden que Castañeda ha hecho poco o nada por sus distritos, solo un 26% votaria por él y un 60% quie­re una cara nueva como alcalde de Lima. Si a esto sumamos lo de la última sema­na, tendremos un alcalde más próximo a jubilarse que a reelegirse, pues se puede vender ilusiones a todos por un tiempo, pero no a todos todo el tiempo.

http://exitosanoticias.pe/opinion-oscar-butteler-discurso-sobre-el-metodo/

------------------------------------------- La Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso

Francisco Belaunde

Es un elemento muy importante en la lu­cha contra la co­rrupción. Como se sabe, las altas autoridades del Estado, como el presi­dente de la República, los ministros, los fiscales y jue­ces supremos, y los miem­bros del Tribunal Cons­titucional y del Consejo Nacional de la Magistratu­ra, entre otros, gozan de la figura del antejuicio, es de­cir, no pueden ser procesa­dos por delitos cometidos en el ejercicio de sus fun­ciones sin la venia del Con­greso y, específicamente, de la Sub Comisión de Acu­saciones Constitucionales. En consecuencia, la actua­ción de este grupo, con­formado por 15 parlamen­tarios, tendría que estar sujeta a un estricto escruti­nio por parte de la prensa y de la opinión pública. Lo anterior viene a cuen­to debido a la controversia generada por la designa­ción, por la ministra de Jus­ticia, Marisol Pérez Tello, del exmiembro del Tribunal Constitucional, Gerardo Eto Cruz, como integran­te de una comisión espe­cial que evaluará posibles reformas al Código Pro­cesal Constitucional. Eto Cruz fue denunciado por un colaborador eficaz del proceso seguido contra el exalcalde de Chiclayo Ro­berto Torres de haber re­cibido una coima de 80 mil dólares. En virtud de ello, el fiscal de la Nación, Pa­blo Sánchez, pidió al Con­greso anterior, hace casi un año, el levantamiento de su inmunidad para que pudiera responder ante la justicia. Sin embargo, el pedido fue rechazado, al considerarse, según lo se­ñalado por la ahora mi­nistra e integrante en ese entonces de la Sub Comi­sión, que la declaración de una sola persona no era un elemento de prueba suficiente. La pregunta que cabe ha­cerse es si, en todo caso, no corresponde precisamen­te a las autoridades judicia­les determinar la culpabili­dad o no de un denunciado, y en consecuencia, lo per­tinente era dejar que el ex­magistrado fuera inclui­do en el proceso. Ello, más aún, teniendo en cuenta, que para el momento del pedido de Pablo Sánchez, Eto Cruz ya había dejado el Tribunal Constitucional, y, por lo tanto, no se pertur­baría el funcionamiento de este organismo. El asun­to es ciertamente discuti­ble y deja un mal sabor de boca que se acentúa si se tienen en mente las polé­micas generadas por algu­nas decisiones del letrado cuando despachaba en la Casa de Pilatos y que die­ron lugar a suspicacias en su momento. Por cierto, sería intere­sante saber qué ha pasa­do con otros casos, como el del exfiscal de la Nación Carlos Ramos. En general, la Sub Comi­sión debería notificar pre­viamente a la opinión públi­ca, a través de los medios, cada vez que se reúne y qué expedientes va a tratar, así como, posteriormente, las resoluciones adoptadas. No hay que tenerle miedo a los reflectores. En materia de lucha contra la corrup­ción, son indispensables.

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